jueves, 16 de junio de 2011

Movilización ciudadana
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 16 de junio de 2011.
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l fin de la estrategia de guerra, la desmilitarización de las funciones policiacas, la cancelación de la Iniciativa Mérida y otros proyectos castrenses con Estados Unidos, son parte del Pacto Nacional Ciudadano, planteado en Ciudad Juárez por la Caravana por la paz y grupos de esa entidad (La Jornada (J), 11-6-2011 p.2). Poco después, en Los Ángeles, California, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó a connacionales a unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y advirtió que los problemas binacionales no se resolverán “con militarización,razzias, deportaciones, discriminación racial y violaciones a derechos humanos”(J,13/6/2011p.9).

En El Paso, un grupo de texanos y los mexicanos ahí refugiados, desalojados con violencia de su país junto a otros 240 mil a lo largo y ancho de esa gran y codiciada franja del territorio nacional, recibían a la Caravana. Una defensora de derechos humanos, exiliada a pesar suyo en Texas, preguntó a Javier Sicilia: En qué momento perdimos nuestro México? (J. 12/6/2011p.6). La respuesta, centrada en cómo recuperar el tejido social, socavado por la “guerra al narco” auspiciada por Estados Unidos desde Los Pinos, se desahogó durante esa movilización ante el dolor de las miles y miles de víctimas de la guerra y de la militarización de la seguridad pública. El narcotráfico, dijo Sicilia a los texanos, ...no es un asunto de seguridad nacional, sino de salud pública. Tienen que impedir ese Plan Mérida, que alimenta la violencia o serán cómplices de ese crimen de lesa humanidad en México.

Mientras la Caravana avanzaba hacia Ciudad Juárez, visibilizando a las víctimas y las tragedias familiares, diputados del PRI afines a Peña Nieto, su aspirante presidencial, impulsaban una Ley de Seguridad Nacional que, para abatir el hedor de autocracia y sometimiento, legaliza la militarización de la seguridad pública, eje de la agenda de Estados Unidos en México, centrada en el anexionismo castrense, que nos muta en protectorado al cancelar la función de defensa nacional a favor de su Comando Norte, que la captaría por el desgaste de las Fuerzas Armadas en la guerra al narco donde el enemigo está entre los civiles. La meta es arribar a Los Pinos dando continuidad trans-sexenal, con cobertura legal, a esta atroz carnicería entre mexicanos. ¡Seis años más!. Así lo recomendó en octubre, desde Toluca, John D. Negroponte, ex director del National Intelligence Council, máximo ente del espionaje de Estados Unidos.

En contraste, AMLO abogó por una relación de respeto con Estados Unidos, donde la cooperación sea por el desarrollo y no militar y advirtió que México nunca será base militar, protectorado ni colonia de ningún país extranjero. En lugar del Plan Mérida y de que nos entreguen armamento y helicópteros necesitamos reactivar la economía, crear empleos y evitar que nadie, por necesidad, tenga que verse obligado a emigrar. Este mensaje y el de Ciudad Juárez cobran urgencia en el contexto de crisis general y múltiple del capitalismo y el inminente riesgo de un estado policial-militar instaurado en función de la depredación de monopolios y oligarquías (proyecto 2030).

Los de alto ingreso no pagan impuestos en Estados Unidos. Aquí tampoco. Lo hace Pemex, mientras el abultado gasto militar, el dispendio y la polarización socio/económica se amplían. Allá está en curso algo mayor que la crisis de los años 30, con graves secuelas acá: la caída inmobiliaria es peor que entonces; el desempleo crónico no cesa y según los economistas Anna Schwartz, James Galbraith y Nouriel Roubini, si en los 1930 los bancos enfrentaron una crisis de liquidez, hoy son totalmente insolventes. Como insolventes son los rescates billonarios de Wall Street y luego del 11/9, los diseños policial/militares para apoyar lo insostenible.

La guerra antiterrorista o al narcoes, en realidad, guerra irregular al pueblo mexicano y su nación, por lo que urge la movilización ciudadana a todo nivel y ante diputados y senadores.


viernes, 3 de junio de 2011

Economía y estado de excepción
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 2 de junio de 2011, p.33
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El desborde hacia México y Canadá del estado de excepción instaurado en Estados Unidos después del 11/9 con la Ley Patriota (renovada el pasado jueves), la Ley de Comisiones Militares que conlleva la abrogación del habeas corpus y la ley marcial que permite al Ejecutivo el uso de los militares en ta- reas de seguridad pública tiene como trasfondo el sur del Bravo la explosividad social y la informalidad económica de la cual la delincuencia y el narcotráfico son expresiones cruciales, gestadas al calor del manejo clasista de la política económica del FMI-Banco Mundial-BID y las secretarías del ramo, en vigor en centro y periferia capitalista por tres décadas, ante una crisis estructural que persiste, se amplía y se agudiza desde 2007.

Agréguese la incapacidad del alto capital, en especial de los sectores financiero, bélico-industrial, de seguridad y de los intereses vinculados a la quema de combustibles fósiles, para enfrentar colapsos como el desempleo crónico, los retos ambientales y los límites geológico/atmosféricos (peak oil y calentamiento global) del patrón energético y se confirmará el aserto de Istvan Mézáros a Lucien Goldman, durante la rebelión estudiantil parisina en 1968, de que la crisis que se perfilaba entonces, haría aparecer la gran depresión como una tarde de té en la vicaría.

Ese es el trasfondo de la protesta del otro mundo es posible del Foro Social Mundial; del estamos hasta la madre y del Movimiento de Regeneración Nacional en México, que lleva a cientos de miles (y a millones detrás de ellos) a las plazas y calles, de San Cristóbal al Zócalo y a Ciudad Juárez; del Cairo a Madrid y a Madison: son respuestas, cada vez más extensas e intensas de trabajadores, sindicatos de entes públicos y privados, campesinos, indígenas y de amplias fracciones de la clase media, ante la agresión económica y policial-militar, de esquemas oligárquico-imperiales de intervención/ocupación, saqueo y explotación, que operan bajo la militarización de la guerra al narco, al crimen organizado o al terrorismo, conestímulo presupuestal y diplo-militar de la Iniciativa Mérida (IM) de Estados Unidos en México y Centroamérica. Estados Unidos no está exento. Aún el conservador Instituto Cato detecta, a raíz del 11/9, una perturbadora militarización de las operaciones de seguridad pública civil, así como un aumento dramático en el uso de unidades policiacas paramilitarizadas en labores policiales rutinarias, a lo que se agrega un muy extenso e ilegal espionaje electrónico de la ciudadanía por la Agencia de Seguridad Nacional. Jack Balking de Yale, percibe lanormalización y legitimación bipartidista de un estado de vigilancia nacional (New Yorker, 23/5/11 p.48):desde el 11/9 surgió una vasta y nueva burocracia de seguridad en la que se emplea al menos dos millones y medio de personas con autorización para manejar información confidencial, secreta o de secreto máximo; cuentan con inmensos fondos para la vigilancia electrónica, retorciendo la ley para hacerlo, así como arreglos público/privados, que han transformado a la industria contraterrorista en un poderoso cabildo. Y Obama, advierte Balkin,ha adoptado sistemáticamente políticas consistentes con lo que se hizo durante el segundo gobierno de Bush. Es un estado orwelliano policial-militar, con aval de Bush (y ahora de Obama) bajo la noción, inconstitucional, de la primacía del Ejecutivo sobre Legislativo y Judicial como comandante en jefe de la guerra anti terrorista.

En México con la Ley de Seguridad Nacional se alienta algo similar: un estado de excepción a la sombra de una creciente montaña de 40 mil cadáveres. Es un diseño dictatorial impulsado por PRI y PAN paralegalizar la inconstitucional militarización de la seguridad pública. A Estados Unidos le importa dar continuidad al actual esquema de intervención, aun a costa de prolongar la masacre en curso entre mexicanos. ¿Será una exigencia que ya Peña Nieto negoció a cambio de la presidencia?