gran crisis financieraque estalló en 2008, resultando en mayor concentración de privilegios y riqueza a favor de ambas clases gobernantes; de los sectores bancario, financiero, agregándose, en Estados Unidos, un magno subsidio a la industria bélico-industrial y a entes públicos y privados de
seguridad.
La conflictividad social se acentuó: sólo por la guerra al narco se registran 28 mil bajas, sin perspectivas de cambio con el Prian y tampoco en la persistencia de la explotación de campesinos, trabajadores y sectores medios en México, mientras en Estados Unidos se desploma el aparato productivo, el empleo y las condiciones de vida de una población que sufre un prolongado colapso y despojo económico.
Aquí la ofensiva de clase la desplegó la Casa Blanca, con aval de Los Pinos y de una depredadora oligarquía, utilizando al Departamento del Tesoro y sus unidades subrogadas (FMI, Banco Mundial –BM– y BID). Esto se realiza con préstamos cuyas condiciones son a favor de la inversión externa, desmantelando procesos de transformación, a veces incipientes y otros avanzados, como en la petroquímica, traspasando actividades sustantivas de Pemex a contratistas extranjeros, registrándose un desplome en la producción de crudo por el sometimiento a la política de máxima extracción impuesta por Estados Unidos: un acatamiento derivado del papel de sobornización de las jugosas comisiones por el manejo de los préstamos del BM, cuya condicionalidad
sigue definiendo, a pesar de las consecuencias, el accionar de las secretarías del ramo que así han desmontado agricultura, la industria de bienes de capital, los astilleros del país y un largo etcétera, agrediendo a sindicatos y contratos colectivos, precarizando al trabajo y preparando los fundamentos, bajo la modernización gerencial, del desmembramiento y subasta de Ferrocarriles Nacionales de México, con mira a lo mismo en Pemex, CFE y LFC, ya liquidada.
Para sostener el esquema anti-popular y anti-nacional se aplicaron préstamos y programas en áreas de administración de justicia y seguridad, los últimos para mutar la función de defensa nacional en policial, con programas que facilitarían la adopción de esquemas de intervención y ocupación del tipo ensayado por Estados Unidos en Colombia: en la base de la Iniciativa Mérida está la binacionalización de la seguridad interna. Se somete la política exterior a Estados Unidos y la guerra de Calderón desgasta las bases logísticas de las Fuerzas Armadas. Y la defensa nacional, ¿la asume el Comando Norte? ¿Transitamos al protectorado de facto? Además de la capitulación económica y jurisdiccional, ¿no se preparan procesos de absorción paulatina
separatistas, como con la homologación de la administración de justicia (juicios orales)?
Desde los años 90 aumenta la presión sobre los estados norteño: con el TLCAN se agudiza la integración silenciosa, es decir de vínculos económicos, sociales, culturales e industriales creados a través de los años como parte de la interacción normal de intereses de los estados del sur de Estados Unidos con la economía y la sociedad norteñas de México. Es una fusión sui géneris, explosiva, con muros, militarización fronteriza y racismo anti-mexicano y procesos que tienden a desvincular el norte de México del resto del país en lo económico y en la administración pública
, tales como los patrocinados por el BM en 37 municipalidades mexicanas que lindan con Estados Unidos. Se trata de la restructuración
de la administración municipal mexicana
, siguiendo el patrón de funcionamiento de los condados típicos de Estados Unidos
.
