La espesa nube colonial
John Saxe-Fernández, La Jornada Jueves 28 de Enero de 2010.

La regresión hacia lo que Pedro Henríquez Ureña llamó "la espesa nube colonial" es el meollo del esquema oligárquico-imperial para América Latina y el Caribe, encabezado por Washington, sus cipayos locales y los instrumentos económicos, militares e interamericanos, al inicio de la segunda década del Siglo XXI: algo inadmisible para las grandes mayorías de Latinoamérica que desde las gestas emancipadoras de los Siglos XIX y XX siguen peleando por cimentar su señorío sobre el futuro: 1910 y 1938 en México; desde 1959 en Cuba, Centroamérica, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil.

Hoy la embestida, desde Honduras hasta Haití, también ocurre en medio de magnos cambios en la ecuación mundial de poder y en gran medida es la respuesta imperial a la grave crisis político-económica y hegemónica que abate a la pax americana: la Casa Blanca aprovecha cualquier oportunidad, sea algo tan solemne como la gran tragedia y dolor ocasionados por el terremoto que devastó Haití, para poner en marcha lo que Ángel Guerra considera “la primera ocupación militar del poder ‘inteligente’”(La Jornada, 17-I-10 p17).

El Departamento de Estado dice que es una operación humanitaria "por tiempo indefinido" pero las tropas y el equipo desplegado indican que se realiza en función de sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en el estratégico Caribe, con Cuba y Venezuela en la mira. Según comunicado oficial se incluyen efectivos de una unidad de intervención anfibia estacionada en Nassau, islas Bahamas, y del 24 cuerpo expedicionario de los marines.

Son días de "preocupación imperial" ante la creciente relación comercial entre Asia, Europa y Brasil. De ahí el interés de Estados Unidos por un mayor dominio sobre las líneas de comunicación marítima hacia el Atlántico norte y sur. Aunque Estados Unidos aprovecha la tragedia haitiana para remozar al sistema interamericano y a las "instituciones financieras internacionales" (Ifis) –Banco Mundial, FMI, BID– conocidos instrumentos de la Casa Blanca, muy vinculados con sus operaciones con el aparato policial-militar y de inteligencia, el énfasis mayor, como lo indican las iniciativas del presupuesto del gobierno de Obama, en estricta continuidad con su antecesor, se centra en fortalecer la fuerza naval, aérea y terrestre del Comando Sur.

La militar es la carta fuerte que también se usa en puntos clave (Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, etcétera); presente en las 4 mil bases en Estados Unidos y 800 más en ultramar. Es una militarización y "sobre extensión" que caracteriza a las hegemonías en declive. Así lo ilustran los 33 mil millones de dólares (mmdd) solicitados por Obama, además de los 708 mmdd para el gasto militar de 2011: un récord según informa la Ap, en medio de notas sobre la "presencia humanitaria" de Estados Unidos en Haití. Los 33 mmdd extra se usarán en 2010 para ampliar la guerra en Afganistán donde la Casa Blanca, bajo el Nóbel de la Paz 2009, decidió un aumento de 30 mil tropas.

En el programa militar hasta 2015, conocido como "Quadrennial Defense Review", se plantean como misiones clave el antiterrorismo, la contrainsurgencia y el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Especiales, así como de vuelos de aviones no-tripulados (Predator y Reaper) para más ejecuciones extrajudiciales contra terroristas o insurgentes en Irak, Afganistán, Pakistán y Yemen.

Éstas son abiertas violaciones al derecho humanitario e internacional ordenadas por la Casa Blanca y realizadas por la CIA, de las que a diario da cuenta la prensa. Desde 2009 van más de 600 bajas civiles por lo que el 13 de enero pasado la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) presentó petición formal al Pentágono, los Departamentos de Estado y Justicia y la CIA, bajo la Ley de Libertad de Información, sobre la legalidad de "estas matanzas": "el público tiene derecho a saber si esas operaciones son consistentes con el derecho internacional. El gobierno de Obama amplió ese programa, pero no ha explicado al público su base legal".

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La inmoralidad mayor
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 14 de Enero de 2010.

La inclusión de Cuba en la lista de países que el Departamento de Estado califica de "patrocinadores del terrorismo internacional", a la que congresistas de derecha quieren agregar Venezuela, además de arbitraria e injusta, como afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, es otro indicio de que con Obama persiste y se amplía lo que C. Wright Mills llamó "la inmoralidad mayor". Es decir, el ascenso de la cúpula castrense que, en medio de la crisis que abate la economía imperial, hace de la guerra y el narcotráfico el mejor de los negocios, convirtiéndose en un estrato capitalista que engrana intereses del alto capital con la política del sector militar, a la vez que acentúa el papel castrense en las decisiones de política exterior y de seguridad nacional.

La cincuentenaria y renovada embestida contra Cuba se inscribe en una amplia gama de operaciones del Consejo de Seguridad de Obama: esquemas de guerra psicológica de corte propagandístico-electoral contra fuerzas progresistas y nacionalistas de Latinoamérica, que incluyen la activa participación de grandes firmas (como la que protagonizó Halliburton de México durante el mandato Bush/Cheney en la campaña contra AMLO en 2006); de fundaciones, ONGs y del National Endowment for Democracy, vinculado al aparato de inteligencia, que también opera en la región con un notorio aumento presupuestal que, de 53, pasó a poco más de 300 millones de dólares, lo que dice mucho en tiempos de penuria económica.

El variado menú imperial contra gobiernos de centro-izquierda tiene platillos del poder "suave" y "duro" que incluyen intimidaciones como las de Clinton contra los que osan seguir políticas domésticas y externas soberanas, que recuerdan oscuras épocas de la diplomacia mundial, y también atroces operativos de terrorismo de Estado: ataques a civiles inermes usando "tropas no oficiales"; golpes de Estado, como en Honduras (integrante de la ALBA) seguidos de brutal represión policial-militar y, como en Afganistán, con su dosis de ejecuciones extrajudiciales. Agréguese la proliferación de bases en Colombia y Panamá; la profundización de la campaña contra Venezuela y las violaciones de su espacio aéreo, así como frecuentes "manoseos" en las relaciones cívico-militares sudamericanas por parte del Comando Sur, y se tendrán pistas sólidas de la continuidad con el atroz régimen Bush/Cheney. Se trata de una tendencia estructural signada por la aguda militarización de la política exterior y sus operaciones "diplo-militares", integrando los programas de intervención y ocupación que realizan el Comando Norte en México y Canadá, y el Comando Sur en América Central y Sudamérica: de ahí la semejanza con las operaciones de terror de Estado en Irak, Afganistán y Pakistán donde, como ocurre con el Plan Colombia, son endémicas las masacres de la población civil usando fuerzas paramilitares y ejércitos mercenarios que operan como "firmas de seguridad".

El asunto es grave: Estados Unidos es una potencia militar bajo fuerte crisis económico-financiera, energética, ambiental y de acceso a recursos naturales estratégicos, con inclinación a recurrir a los instrumentos castrenses para neutralizar su debilitamiento hegemónico, monetario y la competencia de otros polos industriales y geopolíticos en Europa y Asia, también ávidos de mercados y recursos naturales. Lo que coloca a la "inmoralidad mayor" como amenaza de primer orden a la estabilidad y seguridad internacional, y por tanto en primer lugar de la agenda de las naciones, empezando por las de América Latina y el Caribe y de la Corte Penal Internacional.

Además de cerrar filas con Cuba y Venezuela, es crucial exigir el ingreso de Estados Unidos a la comunidad civilizada de naciones: los crímenes de guerra (Irak, Afganistán, Colombia…) se castigan bajo jurisdicción internacional. Para empezar, que Estados Unidos respete el derecho internacional y se someta, como el resto del mundo, a las Convenciones de Ginebra.

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Estado y guerra
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 31 de Diciembre de 2009.

Ya son más de 16 mil bajas. El sexenio termina su tercer año empapado en sangre por la hipertrofia militar de la "guerra" al narcotráfico y el crimen organizado y aplicando, en medio de la matanza y la peor crisis económica de los últimos 80 años, el recetario pro cíclico/extractivista del FMI-Banco Mundial-BID: "lo último que se hace en estas circunstancias", según un premio Nobel. De ahí el creciente mar de pobreza, desempleados y su ocupados; la ruina del mercado interno y el aparato productivo (¡ya ni la informalidad económica crece!): se ataca con igual saña a la sociedad civil y a la demanda agregada, cortejando más desastres. El país se desestabiliza a ritmo preocupante.

Sin noción de la razón de Estado ni presencia de la gesta de Independencia; del despojo formalizado en 1848; de la centralidad del 27 constitucional; de la nacionalización petrolera y eléctrica; sin piso electoral, Calderón abrazó la Iniciativa Mérida, hija del Plan Colombia.

Por el diseño imperial de guerra al narcotráfico que se centra en la fuerza militar, en la oferta de drogas y desatiende aspectos cruciales de corte fiscal, socioeconómico y de salud y transforma el territorio nacional (y no el de Estados Unidos), en campo de batalla, Calderón abandonó la soberanía nacional afectando la esencia y función del Estado-nación mexicano: esa guerra y su "estado de excepción", donde la violación a los derechos humanos y específicamente a las convenciones de Ginebra, con sus ejecuciones extrajudiciales, matanzas y los ataques indiscriminados a la población civil son la "norma", es la cubierta bajo la que opera un diseño contrainsurgente, imperial-empresarial de ocupación territorial-jurisdiccional.

Su primera manifestación fue en Colombia (1999), traduciéndose hoy en la entrega de bases y del espacio aéreo, marítimo y terrestre al Pentágono y en la apoplejía constitucional de esa nación: Uribe, al mando del Poder Ejecutivo, en los hechos capitula desnacionalizando el monopolio de la violencia física legítima sobre territorio colombiano, a decir de Max Weber (et. al.), elemento esencial del Estado.

En México, Carlos Pascual, el embajador estadunidense y especialista en estados fallidos, dijo que a partir de 2010 operará una "instancia binacional", una suerte de estado mayor de la mencionada "guerra" para la que Estados Unidos cuenta con mil 400 agentes en territorio nacional. Es la guerra que Calderón adoptó como suya y no es otra cosa que un equivalente, al lado sur de la frontera imperial, del diseño elaborado por el país vecino para el control y usufructo en Colombia, Irak y Afganistán/Pakistán de los recursos naturales bajo jurisdicción ajena a la suya.

La "binacionalización" del "uso de la violencia legítima" sobre territorio mexicano se realiza en paralelo a la desnacionalización y extranjerización del estratégico sector petroeléctrico del país en cuya operación diaria se involucra a enormes complejos económico-territoriales que se despliegan por todo el espacio nacional: culmina así el tercer año de un gobierno de cuestionada legitimidad de origen sin que la embajada de Estados Unidos y Los Pinos den a conocer la puesta en marcha de otra instancia "binacional" en territorio estadunidense para que nuestros oficiales y especialistas les ayuden en esa "guerra".

Después de todo, como se reconoce en investigaciones realizadas por el Colegio de Guerra de esa nación, allá está la gran masa de consumidores; ahí se realiza el negocio en grande gracias a su sistema bancario, empresas y nexos oficiales que dan sustento operativo al narcotráfico. Es ahí donde están las fábricas y miles de distribuidoras, a lo largo de la frontera, de las armas de todo calibre que, como río de plomo, transitan a México sin mayor dificultad (como el Colorado sobre el Gran Cañón): son armas imprescindibles para la masacre de mexicanos y mexicanas que abarrotan las morgues del país. ¿O es que sólo Estados Unidos reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima en su territorio?

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