Perú: genocidio y petróleo

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 18 de Junio de 2009.

Aunque consistente con su actuación histórica, es deplorable la complicidad de la oligarquía peruana y su régimen con los ambiciosos esquemas de reconfiguración territorial de Estados Unidos y los monopolios mineros y petroleros, por medio de políticas económicas y de seguridad que desembocaron en la masacre perpetrada la semana pasada por el gobierno de Alan García contra la población indígena. Dicha población, ocupante legítima de la vasta y rica región amazónica del Perú, ha venido protestando por varios decretos legislativos inducidos con jugosos préstamos del Banco Mundial, bajo el régimen de concesiones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos.

Los decretos atentan contra la Amazonia: al reducir la definición de patrimonio forestal, dejan en el aire unos 45 millones de hectáreas, 60 por ciento de los bosques de Perú, o bien permiten la disponibilidad de áreas naturales para facilitar concesiones forestales, mineras, petroleras y gaseras. Éstas y muchas otras son iniciativas que se vienen gestando desde la década de 1920 (Finer, Jenkins et al, 2008), pero ahora el acelerado agotamiento de recursos naturales que se detecta a nivel mundial, encabezado por los hidrocarburos y una gama cada vez mayor de minerales críticos y estratégicos, acrecentó la apetencia corporativa sobre una vasta e intacta región: la Amazonia occidental, que engloba partes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el occidente de Brasil y que ya fue dividida en 180 bloques para la explotación de gas y petróleo en unos 700 mil kilómetros cuadrados incrustados en zona de gran biodiversidad, por siglos habitada y cuidada por culturas de honda tradición y conciencia ecológica.

En Ecuador y Perú, indígenas y residentes locales han tomado acción legal contra petroleras de Estados Unidos por haber lanzado miles de millones de litros de basura tóxica en las forestas. Ahora al menos 35 grandes empresas de gas y petróleo ya están operando en bloques que literalmente se clavan en la Amazonia occidental. El año pasado había 48 bloques en Perú y Alan García estaba a punto de entregar 16 más cubriendo 72 por ciento de la Amazonia peruana. Once bloques se localizan en las Zonas de Reserva Comunal. En torno a la matanza de García et al, el botín no es menor: ya empezaron a explotarse hallazgos recientes en Perú y en su frontera con Ecuador estimados en 500 millones de barriles de petróleo y en la región de Camisea hay cerca de 15 billones (trillions) de pies cúbicos de gas (op cit).

Se giraron órdenes de reprimir y matar: según Gregor McLennan, del programa Amazon Watch, todos los testigos dicen que las Fuerzas Especiales abrieron fuego sobre manifestantes pacíficos y desarmados, incluyendo ataques desde helicópteros, matando e hiriendo a decenas, en un intento orquestado de desbloquear los caminos. No fue un encontrón, dice McLennan, sino una coordinada redada con los policías disparando contra los manifestantes desde ambos lados de los retenes. En entrevista radiofónica con Amy Goodman, McLennan estimó que unos 500 elementos armados sorpresivamente abrieron fuego contra los manifestantes en el bloqueo carretero, cuando algunos de ellos todavía dormían. El gobierno y la CNN en español (¿Colonial News Network?) encubren o deforman el genocidio; docenas de cadáveres fueron lanzados al río Marañón y hay silencio total sobre los arrestados; así lo indican abogados defensores de los derechos humanos. Personal del hospital de Bagua Chica y Bagua Grande corroboró que el gobierno trasladó docenas de cuerpos a un lugar desconocido.

Con esta proeza, Alan García asienta su presencia en esa larga lista de carniceros del alto capital en América Latina. García es el cuchillo, porque los que llevan la batuta están en Washington y tienen como medios básicos para esta magna operación sobre la Amazonia occidental al Comando Sur, al Banco Mundial/BID y a cipayos locales que por sobornos, ejecutan y son cómplices de crímenes de lesa humanidad.

El puño visible del mercado

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 4 de Junio de 2009.

Cuando un ejecutivo de Exxon-Mobil ingresa a una junta en cualquier lugar del mundo, dice un conocido economista de Estados Unidos, no está solo: detrás de él está la Sexta Flota y la CIA. Más que ironía, el aserto indica algo profundo en la evolución del capitalismo en general y en las relaciones entre la superpotencia en crisis y la población de los Estados del tercer mundo en general, y de América Latina en particular, con jurisdicción sobre vastos territorios y recursos naturales. Me refiero a la simbiosis Estado-empresa y su relación con la creciente militarización, para-militarización e intervencionismo –abierto y clandestino– de la política exterior de Estados Unidos del Bravo a la Pagatonia, después de la Segunda Guerra Mundial.

Encubrir el imperialismo de operaciones realizadas desde las instituciones de Bretton Woods (FMI-Banco Mundial, etc.) se tornó más difícil porque conllevan la acción conjunta del aparato de seguridad (Pentágono, CIA, etc.) primero al amparo del anticomunismo de la doctrina de seguridad nacional y su enemigo interno. Luego del colapso de la URSS el disfraz mudó a campaña contra narcotráfico, crimen organizado y a cruzada antiterrorista –por el 11-09– con la guerra preventiva y la doctrina de las fronteras flexibles, que ya se expresó el primero de marzo de 2008 en el atropello de la soberanía ecuatoriana en Sucumbíos, perpetrado bajo el Plan Colombia por el Comando Sur (CS). En la Estrategia para 2016 del CS se alientan esfuerzos conjuntos entre actores estatales y privados, designación que incluye a empresas y ONG favorables a los intereses de Estados Unidos en un teatro de operaciones en el que destaca la participación de fuerzas especiales, es decir, instrumentos de Estado de corte paramilitar que realizan atroces operativos de terror que hacen trizas el derecho penal internacional.

La experiencia colombiana en torno a la simbiosis Estado-empresa adquiere relevancia ante la negativa de Ecuador de renovar la autorización para la base de Manta, por lo que se consideran contratos para una nueva en Colombia con más capacidad para intervenir a lo largo de casi toda América Latina. Además, con la Iniciativa Mérida, Estados Unidos financia e incita la extensión del brutal modus operandi del Plan Colombia hacia México y Centroamérica. Aunque la criminalidad de Estado y sus vínculos con el mercado (empresas) no es algo nuevo en la región, destacan sus expresiones recientes como la consignada en un juicio en Alabama del bufete Conrad & Scherer, en el que acusa a Drummond Company Inc –carbonífera que explota yacimientos en el norte de Colombia– de transferir millones de dólares a un grupo paramilitar definido como terrorista por Estados Unidos. Según Nadja Drost, de Global Post, se trata del Bloque Norte de las derechistas Fuerzas Colombianas de Autodefensa (FCA) contratadas para ofrecer servicios de seguridad de su línea férrea, por ataques de guerrillas izquierdistas. Según Conrad & Scherer, las FCA aterrorizaron a las comunidades a lo largo de esa vía, usada en el transporte de carbón hacia un puerto de exportación y realizaron múltiples atrocidades, incluidas masacres y ejecuciones sumarias cuyas víctimas han sido arrojadas a fosas comunes, provocando el éxodo de miles de familias de territorios de colosal valor y riqueza.

Los abogados de Conrad & Scherer dicen que este financiamiento le permitió a estos grupos paramilitares crecer exponencialmente y ejercer poder sobre las poblaciones cercanas al ferrocarril; documentan que entre 1999 y 2006 los paramilitares asesinaron a cientos de civiles para proveer de seguridad a Drummond y ofrecen testimonios de participantes directos en las reuniones entre el alto mando paramilitar y ejecutivos de alto nivel de esa empresa, para la ejecución de las matanzas y el asesinato de tres líderes sindicales ordenado por la cúpula de Drummond. Se han realizado juicios similares contra los monopolios Dole Food Company de California y la bananera Chiquita.