El silencio del Pentágono

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 29 de Enero de 2009.

Desde hace años las concepciones del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) de EU sobre los problemas primarios de “seguridad nacional” en México, el Caribe y América Latina se centran de manera exclusiva e interesada en los efectos y no en las causas de la “inestabilidad”. No es por miopía conceptual. Tampoco es asunto menor si se recuerda que cuando sus docentes del Colegio de Guerra han señalado que los programas de ajuste estructural del “consenso de Washington” (auspiciados por el Comander-in-Chief desde el Banco Mundial –BM–, el BID y el FMI) están en la raíz del problema de seguridad nacional en México, se les margina y hasta se les castiga con el cese fulminante de sus cargos.

Y es que su desacato no fue menor: desarticulan y desautorizan las premisas de las hipótesis y justificaciones para las operaciones clandestinas y/o de intervención y ocupación militar, como migración ilegal, narcotráfico y criminalidad. El asunto cobra trascendencia cuando nos enteramos, gracias a datos y análisis ofrecidos por Jorge Luis Sierra, que en las hipótesis de guerra del Pentágono en México se prevén acciones militares “ante la posibilidad de que en los próximos 25 años, el Estado mexicano ‘se derrumbe´, como resultado del embate prolongado y cada vez más intenso del narcotráfico” (El Universal, 24/1/09). Se indica que los escenarios del Comando de Fuerzas Conjuntas del DoD, ubican a México “en el contexto mundial de los estados débiles, cuyo fracaso puede presentar ‘desafíos muy serios’ a los planificadores estratégicos y operacionales de la fuerza militar de EU” (ibid).

Se presentan así amenazas graves a la jurisdicción e integridad territorial mexicana, ya que el DoD utiliza estos argumentos “para planificar el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la relación EU-México”. En todo esto lo que más llama la atención es el silencio del Pentágono sobre el papel tan activo de EU en el auspicio de las condiciones básicas de esos “juegos de guerra” en los últimos 26 años al impulsar desde el FMI-BM-BID el retiro del Estado mexicano de sectores estratégicos desregulando y desnacionalizando bancos, ferrocarriles, petróleo, electricidad, infraestructura, agricultura, agua, etcétera, y propiciando el desequilibrio sociopolítico por medio de la rigurosa aplicación (con el concurso de sus empleados en Los Pinos, Hacienda y Economía) de un guión basado en una drástica reducción del gasto público; la anulación de subsidios al campo, a los alimentos, al transporte para los sectores populares; la promoción de despidos masivos de burócratas, técnicos y trabajadores de las empresas privatizadas; la desregulación en beneficio de banqueros y comerciantes; la eliminación de límites a ganancias y al capital especulativo; la supresión del control de precios, devastando más el ingreso familiar con los topes salariales; la promoción de la apertura total e indiscriminada a la inversión extranjera y a las mercancías y capitales del exterior, socavando empleo y aparato productivo; el auspicio de los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo, instaurando una política cambiaria muy flexible que permite la entrada y salida irrestricta de capitales nacionales y extranjeros, es decir, con “libertad para saquear a un país si en otro hay mayor seguridad o mayores tasas de ganancia” (Ver Arturo Ortiz W., Política económica de México, 1982-1995, Nuestro Tiempo,1994). Hasta hoy EU considera básica la libre oportunidad para especular en bolsas de valores y paraísos fiscales donde se bursatilizan y rematan nuestros activos estratégicos.

Tal es el recetario para la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico. El Pentágono sabe que el estallido social está en curso y es de largo alcance: sin cambio de rumbo siguen balcanización e incautación del país.

El legado
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 15 de Enero del 2009

Ante el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, en medio de la más grave crisis humanitaria y económica desde la Gran Depresión, es hora de elaborar, de manera preliminar al menos, un inaplazable “corte de caja” ya que llega a su fin la primera década del siglo XXI con la pax americana en serio aprieto. La economía de Estados Unidos experimenta lo que sólo puede calificarse de “colapso integral” después de ocho años de aplicación de la más implacable guerra de clase a nivel doméstico e internacional, en la que se usaron como nunca antes instrumentos de Estado, civiles, militares y de seguridad, para favorecer intereses del capital monopólico/financiero bajo la sombrilla del free trade.
Linda J. Bilmes y Joseph E. Stiglitz (Harper’s, enero/2009) muestran que Bush/Cheney entregan al gobierno entrante una catástrofe económica estimada en 10 billones (trillions) de dólares, registrándose los mayores déficit fiscal, comercial y de deuda en la historia estadunidense e inusitados aumentos en desempleo e inflación, el desplome del ahorro y un debilitamiento de encadenamientos industriales de enorme magnitud, mientras el costo final de la genocida petroguerra y ocupación de Irak, según esos cálculos llega a los 3 billones: un descalabro económico con repercusiones históricas que acompaña la hecatombe humana, financiera y bancaria.
Vivimos un cambio de época que se acelera sin aparente límite de velocidad, y sin que la conciencia se percate de manera cabal del orden de magnitud de los vertiginosos procesos y acontecimientos y su vinculación con crímenes de lesa humanidad y eventos económicos y del entorno ecológico (calentamiento global) condición sine que non para el despliegue de los sucesos históricos sobre la corteza: el “momento monopolar” en la estructura de poder mundial gestado por el derrumbe de la URSS se desvaneció, aún antes de la catástrofe humana y militar desatada por la Casa Blanca de Bush/Cheney sobre la población iraquí y afgana.
El quebranto también es jurídico: ocurre en medio de un imperdonable cataclismo con más de un millón 200 mil bajas civiles en Irak. Ese ataque se hizo bajo las premisas de la “guerra de autodefensa anticipatoria”, anidada en la Doctrina Carter cuando éste proclamó en enero de 1980 ante el Congreso y el mundo que su país tenía “derecho” al uso de toda medida, incluso de la fuerza, para garantizar sus “intereses vitales”. Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad de Carter, sabía que aquello era una réplica de la blitzkrieg nazi con los recursos naturales y humanos de Europa y Rusia en la mira.
La guerra contra Afganistán e Irak es, además, una debacle estratégico-militar y económica que, con la “guerra al terror” hizo añicos los anhelos de la Paz de Westfalia (1648) en el orden internacional y en especial de la normatividad gestada en torno al habeas corpus especificado en la Carta Magna inglesa hace 796 años, así como en los ordenamientos de los Juicios de Nuremberg y las convenciones de Ginebra. La ofensiva nazi-fascista persiste impune, en la tortura y en la implicación de Bush en la criminal agresión perpetrada por Israel contra el pueblo palestino: en ambos casos Obama debe deslindarse, empezando por girar una orden ejecutiva para cerrar Guantánamo. Fueron ocho años de ataque a la Constitución y el estado de derecho, en Estados Unidos y el orbe. Corresponde a la Corte Penal Internacional juzgar los crímenes de guerra de Bush/Cheney et al. En esto coinciden árabes y occidentales, con el endoso del público al gesto –zapatazo– del periodista Al-Zaidi para recordar a Bush los huérfanos y viudas de su carnicería en Irak.
Harold Pinter, en su conferencia magistral por el Nobel de 2005, con exactitud calificó ese genocidio como “un acto de bandolerismo, un acto de abierto terrorismo de Estado, que demuestra el desprecio absoluto por el concepto mismo del derecho internacional… un acto que intentó consolidar el control militar y económico de Estados Unidos sobre Oriente Medio”.