Morelia 15-S: las hipótesis
John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 25 de Septiembre del 2008

El artero ataque contra la población indefensa de Morelia el 15 de septiembre, con lamentable saldo de muertos y heridos, concita un enérgico rechazo y exige analizar el contexto nacional e internacional en que ocurrió. Sebastián Liera (Rebelión, 2008) recuerda que antes del 15-S de Morelia hubo un 2-O en la Plaza de las Tres Culturas, un 28-J en Aguas Blancas, un 22-D en Acteal, un 14-E en Tlanepantla, un 4-M en Atenco y un 1-N en Oaxaca, en medio de una violencia desatada en la que casi 3 mil personas han muerto entre enero y agosto de este año, aterrorizando a la nación con decenas de degollados. En julio murieron 443 personas cifra mayor, según BBC, a las 360 bajas civiles en Irak ese mes y mucho más que las 540 muertes ocurridas en Afganistán en los primeros siete meses de 2008.
En asuntos complejos que vinculan la seguridad nacional e internacional, la política y la economía, no existen respuestas sencillas, centradas en un factor como narcoterrorismo. El S-15 es un escenario complejo, plagado de sorprendentes fallos periciales, estatales y federales. ¿Su mensaje?: “como en las Torres Gemelas y los ataque en Londres y Madrid, se inician en México agresiones indiscriminadas contra la población”. ¿Por qué ahora? ¿Quién o quiénes, de dentro o fuera del país, se benefician? En este espacio sólo es posible un esbozo preliminar de la matriz de hipótesis que se abren ante nosotros, en medio de un torrente de información periodística y documental, y cuando en el país arrancan tres etapas importantes de su vida económico-constitucional y político-electoral: a) la presentación de dictámenes –¿y votación?– legislativos en torno a la propuesta para la privatización de Pemex; b) los procesos electorales 2008-2009 de fuerte gravitación en la ecuación político-comicial de cara a las presidenciales de 2012; y c) el lanzamiento formal, por parte de Bush y Calderón, de la Iniciativa Mérida: junto al Plan Colombia, pieza clave en la guerra antiterrorista de EU, paralela a la apertura energética, para proyectar poder militar y empresarial estadunidense sobre gas, petróleo y otros recursos naturales estratégicos de México y América Latina.
La tendencia de la derecha al lucro político-electoral con estas atrocidades se advierte en la Casa Blanca de Bush, la Moncloa bajo Aznar, y Los Pinos de Calderón. La camarilla de Bush estuvo a la expectativa, en palabras del documento Rebuilding America´s Defenses, “a que ocurriera algún evento catastrófico y catalizador…que movilizara al público” y Condoleezza Rice, a raíz del 11-S, solicitó al Consejo de Seguridad “… pensar cómo sacar provecho de estas oportunidades para modificar de manera fundamental la doctrina de EU”. El 11-S fue usado a la usanza nazi, como “… una máquina para la manufactura del poder”.
El 15-S sirve de apoyo al excesivo presupuesto de seguridad del panista, quien además busca ventajas político-electorales del evento: “se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no se puede atentar contra el Estado”. Si Aznar mintió y atribuyó el terrorismo de 2004 al nacionalismo vasco de ETA –y le fue como en feria–, Calderón, con igual descaro y riesgo, entretejió los atentados con “quienes quieren vernos divididos” vinculando la tragedia con las fisuras y polarizaciones del país, como si fueran la causa del ataque. Pero la agenda petrolera y de seguridad de EU en México es quizá la principal beneficiaria del S-15: inhibe acciones callejeras y “avala” la Iniciativa Mérida.
Coda: en 2002 se reveló un plan clasificado del Pentágono de 100 millones de dólares anuales (Memoria, julio de 2003) para usar Proactive, Preemptive Operations Group y ejecutar “misiones violentas y secretas, con la meta de estimular reacciones… que provoquen ataques contra gente inocente, y así crear otro pretexto… para cualquier acto de defensa de la seguridad nacional”.

Infraestructura estratégica

John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 11 de Septiembre de 2008

Son ominosos los indicios de la decisión de las cúpulas del PAN y el PRI y algunos de la “oposición” para entregar el petróleo a los intereses de seguridad de Estados Unidos y a poderosos consorcios externos y sus voraces socios locales. Lo hacen en momentos de grave crisis económica mundial y nacional, y cuando la riqueza petrolera del país adquiere más peso geoestratégico por la creciente dificultad mundial en la localización de petróleo convencional. La inconstitucional reforma energética, que ahora Washington tramita por medio de Calderón, es un esquema de largo alcance que contempla el desmantelamiento de los fundamentos de la soberanía y de la integridad territorial mexicana.

Generada por la política económica adoptada por quienes se autocalifican de reformistas, la debacle nacional, en sus manifestaciones más lamentables, corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, es usada como excusa para desmontar los cimientos del proyecto histórico de la nación. La política económica vigente por 26 años: un persistente despojo a la economía popular y de clase media y al patrimonio nacional es el problema central para la seguridad nacional mexicana, que se agrava por el uso policial-represivo de las fuerzas armadas, desgastándolas, minando sus bases logísticas y alejándolas de la función de defensa nacional.

Frente a esta situación, la iniciativa del PRI para adicionar el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, si bien pretende que “el resguardo de las instalaciones estratégicas sea una función cuyo ejercicio corra a cargo de las autoridades del país”, es indiferente a “que la protección de tales inmuebles sea realizada directamente por el Estado o concesionada a particulares” (La Jornada, 5/11/08, p. 13). El problema es que, si bien se indica que por “instalación estratégica” se incluye a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, los caminos y carreteras, los puentes nacionales e internacionales, los puertos, recintos terminales e instalaciones portuarias, los aeropuertos, las instalaciones nucleares o con procesos radiactivos, las fronteras, estaciones migratorias, aduanas y obras de infraestructura hidráulica, y además se puntualiza en la referida ley que los prestadores de servicios deben abstenerse de proporcionarlos “en cualquier instalación considerada estratégica en los términos proyectados en la norma” (ibidem), dichas definiciones pueden cambiar.

El asunto es muy delicado, pues las fuerzas armadas, alejadas de su función de defensa nacional, están comprometidas en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia (tareas propias a cuerpos policiales y de inteligencia), además de que se trata de múltiples instalaciones: sólo en Pemex son varios miles distribuidas a lo largo y ancho del país que necesitan resguardo: como en Colombia, queda así la puerta abierta a firmas (nacionales y extranjeras) tipo Blackwater, SyColeman, DynCorp vinculadas al Pentágono y a la CIA.

El peligro a la integridad territorial del país por la acción de ejércitos mercenarios de Estados Unidos se acrecienta: la Iniciativa Mérida impulsa el contratismo en materia de seguridad mientras el proyecto de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo de Calderón, como advierten Raúl Carrancá, Sergio Cárdenas y Virgilio Caballero, “… reduce y anula tramposamente el significado de área estratégica del Estado sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley y olvida que la Constitución obliga a la exclusividad del Estado sobre estos recursos”.

Si se concede a privados la extracción, almacenaje y distribución de hidrocarburos, entonces los nuevos propietarios de ductos y otra infraestructura contratan a sus propias “firmas de seguridad” (ejércitos mercenarios): es el resguardo de algo que por ley ya no es estratégico, sino suyo y que cubre el territorio nacional.