Asalto a la nación

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 21 de junio de 2007.

Pueden identificarse tres "ausencias" en la andanada contra la nacionalización petrolera que protagonizó la semana pasada Alan Greenspan, el ex encargado de la Reserva Federal de EU: 1) la monumental embestida fiscal de la Secretaría de Hacienda contra Pemex, bajo los auspicios del FMI-Banco Mundial; 2) la mesura y seriedad en torno a datos geológicos sobre el agotamiento de la reserva petrolera y 3) algún vestigio de vergüenza y respeto hacia los mexicanos, su Constitución y su soberanía.

Por enésima vez EU y su quinta columna tratan de remover obstáculos para "ir legalizando" la apertura a la inversión "nacional y/o extranjera", en curso, del portafolio de negocios de Pemex. Los ajustes, incluso de leyes secundarias, dan paso a la privatización de facto y de ahí a la "imperialización" de Pemex-CFE y no a su globalización, como lo atestiguan bancos y ferrocarriles: para la ola neopolka cercana a Calderón, la "hegemonía planetaria de EU es garantía de seguridad energética a largo plazo para México" (sic).

¿El pretexto ahora?: el inminente "colapso" de Cantarell y la "magna crisis fiscal", dada la petrolización presupuestal, por el desplome de la producción de crudo. Se desatiende que Pemex genera recursos suficientes para su expansión y para una reposición razonable de la reserva. El potencial petrolero bajo jurisdicción mexicana es vasto, incluyendo el de aguas someras y profundas del Golfo de México. El problema no es falta de recursos o de tecnología sino el ataque impositivo a Pemex por una oligarquía que, vía privilegios fiscales inadmisibles, incauta la renta petrolera.

Con datos definitivos derivados de los estados financieros de Pemex, José L. Manzo (Pemex: Propuestas para su rehabilitación, www.untcip.net 2005) ilustra el orden de magnitud de este asalto fiscal: mientras entre 1990 y 2004 Pemex generó 347 mil millones de dólares (mmdd) -dólares constantes de 2004-, Hacienda le cobró impuestos por 355 mmdd. Además de confiscar ciento por ciento de las utilidades generadas le cobraron impuestos extras por 8 mmdd.

¿Objetivo? En palabras del BM para este tipo de operativos (textual): "llevar la empresa a un punto de venta". Entre 1990 y 1997 la carga fiscal fue de 92 por ciento, ruinosa para cualquier petrolera. Como Pemex resistió el embate se aumentó la carga, en lo que, con la probable excepción de los atracos bajo Yeltsin, es la mayor, más escandalosa e impune operación perpetrada por camarilla alguna: entre 1998 y 2004 la carga fiscal contra Pemex fue de 110 por ciento, registrándose una "pérdida contable" por 20 mmdd (p.8). La tasa impositiva promedio de esos 15 años fue del orden de 106 por ciento. Lo que contrasta con las obligaciones del sector privado, nacional o extranjero, como lo ilustró hace poco Mario di Costanzo.

Manzo muestra que en 2004 British Petroleum saldó impuestos por 34 por ciento de las utilidades generadas que fueron de 24.3 mmdd. Pagó 8.3 mmdd por impuestos, con una utilidad neta de 16 mmdd: 6.6mmdd para sus accionistas y 9.4 mmdd para financiar su expansión (p.11). En contraste, en 2004 Pemex generó 40 mmdd y pagó impuestos por 42 mmdd, por lo que tuvo una "pérdida" de 2 mmdd y a diferencia de la petrolera inglesa, que retiene utilidades para su expansión, Pemex es despojada por su gobierno de sus utilidades, obligándola además a endeudarse para pagar los impuestos faltantes, "que le fueron cobrados en exceso de las utilidades que generó".

En lo referido a la dotación petrolera del país, el problema, más que geológico, está en la "insuficiencia en la inversión", inducida por el FMI desde Hacienda pues con montos adecuados se podría mitigar la disminución de los niveles de producción del complejo Cantarell, mejorando su explotación y ampliándola en otras localizaciones. En 2004 su producción llegó a 2 millones 125 mil barriles diarios (bd) disminuyendo desde entonces. Según cifras oficiales (ver Fabio Barbosa, Petróleo y Electricidad, enero-marzo 2007) en 2005 la producción del complejo se redujo en 96 mil bd y en 2006 había perdido otros 141 mil bd. Para 2010 se espera una producción de un millón de bd, nivel similar al de 1996. En 2015 bajaría al medio millón bd.

Greenspan -y Calderón- quieren una "cobertura legal" para impugnados contratos y operaciones puestos en marcha unos desde hace años y muchos nuevos. Lo que interesa al aparato estatal-empresarial de EU y algunos grupos locales (v.gr. los contratos con Halliburton, Bechtel, et al y el ingreso de Carso Infraestructura y Construcción en el negocio de la perforación petrolera) es dar cobertura constitucional -o al menos una manita de gato legal- al manejo opaco del "portafolio" de Pemex pactado con el equipo de transición del panista.

El desarme del complejo petro-eléctrico procede "paso a paso", para aminorar resistencias, dirigiéndolo hacia su "continentalización" bajo la égida empresarial y de seguridad de EU, es decir de la ASPAN, del Comando Norte y de un gemelo del plan Colombia.

Así un régimen de usurpación electoral finiquitaría la base material y de seguridad de México como nación soberana e independiente.

Entrevista, Revista Contralínea

Nydia Egremy

Contralínea Primera quincena de Junio.

México, 2007.

El gobierno federal fortalece sus programas de seguridad para controlar la creciente conflictividad social; esta estrategia incluye el Plan México, negociado entre el presidente Calderón y el gobierno de Estados Unidos para combatir supuestamente al crimen organizado.

Ante el incremento de los índices de pobreza y marginación, ocasionado por el declive económico, el gobierno federal responde aumentando la influencia de organismos de seguridad propios y extranjeros.Se pretende ampliar el control político-militar de la creciente inconformidad social en México, conforme al esquema previsto hace décadas para el país y América Latina por analistas de seguridad estadounidense que, además, admitían que el combate contra el narcotráfico podría utilizarse contra la insurgencia.

El actual modelo económico profundiza el despojo, no sólo del salario y del bienestar de millones de mexicanos, sino de los recursos naturales y del espacio. En ese marco se insertan la represión en Acteal, Chiapas, y la APPO en Oaxaca, así como las recientes reformas al artículo 139 del Código Penal Federal para combatir al terrorismo, el intento de derogar la Ley de Neutralidad y la creación por decreto del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) este cuerpo especial, bajo mando del Ejecutivo, “coadyuvará en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden”. Sus unidades estarán adiestradas en manejo de “situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden y del Estado de derecho”.Tal como ha ocurrido en Colombia, bajo la cobertura de combate al narcotráfico se monta una estrategia de lucha contra la población y las guerrillas. El Plan Colombia, articulado por Estados Unidos, fue un fracaso que se reeditará como el Plan México contra la delincuencia organizada. Mucha asistencia militar a cambio del control de la disidencia.

En el fondo de esta situación está un sistema económico que se resquebraja. La política que hizo crisis en el gobierno de Ernesto Zedillo es la misma que cruje en 2007.

John Saxe Fernández, académico y coordinador del programa México en el siglo XXI de la UNAM, dice que el esquema económico actual “agrede brutalmente, con los programas de ajuste estructural, a la clase campesina, sobre todo a los indígenas, a los pequeños productores y a la pequeña y mediana industria”.El investigador hace una similitud entre Zedillo y Calderón, y la forma en que ambos enfrentan los problemas financieros y económicos recurriendo al Ejército.“Apenas llegó Zedillo a la Presidencia, su primera medida fue montar una gran ofensiva militar. Llegó muy debilitado al poder, pues era producto del manejo electoral que hizo un usurpador como Carlos Salinas”.

Para Estados Unidos siempre ha sido importante tener en México a un presidente débil, “porque Calderón, como Salinas, también es producto de una usurpación militar”, describe Saxe.

Con Zedillo se hizo el primer reclutamiento de los cuerpos paramilitares en el norte de Chiapas y luego hubo grandes operativos de vigilancia e interdicción de droga. Fue entonces cuando surgieron los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (Gafes) y al mismo tiempo se incrementaron las transferencias de equipo y servicios militares de Estados Unidos a México.Entre 1994 y 1995 aumentó la asesoría militar de kaibiles guatemaltecos y miembros de la ex dictadura argentina al Ejército Mexicano para combatir la rebelión zapatista. En este sentido, Saxe destaca que esas armas y entrenamiento son perfectamente funcionales a las tareas de contrainsurgencia.

“Insisto en la importancia de comprender que el narcotráfico es una cubierta para operativos de contrainsurgencia”.

Pobreza, problema militar

Hoy como hace 20 años, cuando estalló la crisis de la deuda externa en el país, y como hace una década cuando el zapatismo fustigó la firma del Tratado de Libre Comercio, resurgen las fuerzas especiales con la misión de controlar la protesta social.“Ellos están conscientes de que la política económica genera problemas de seguridad y se convierte en un problema militar”, apunta Saxe, experto también en el impacto de la globalización.

Para Gian Carlo Delgado, doctor en Economía Ecológica por la Universidad de Barcelona, “bajo la cubierta de que se combate al narcotráfico, se permite a la nueva legislación categorizar a cualquier disidencia como ‘terrorista’. Como en Colombia, donde los equipos que entrenaron a las fuerzas armadas también formaron a los paramilitares, ahora centran su mirada en el Plan D-N II, el plan de seguridad interior para México”. Sólo una vez el gobierno recurrió a ese plan, en 1994, para combatir al EZLN.

Para ambos analistas la militarización contiene las protestas sociales. Así también lo previó en 1995 el coronel Warren D. Hall III, miembro del equipo del general Warren Mc Caffrey, ex jefe del Comando Sur estadounidense y más tarde responsable de la oficina antidroga en la administración Clinton, en una misiva a su superior:“

Es poco realista esperar que los militares limiten el uso del equipo y operaciones contra los narcotraficantes, a la luz de las habilidades que les transmiten las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en su adiestramiento, para misiones de contrainsurgencia”.Saxe considera que el escenario actual constituye un “estado de excepción de facto que ahora quieren hacer de jure por medio de esta transformación penal, en donde la lucha contra el narcotráfico sirve al objetivo de criminalizar la disidencia política”.

En ese contexto se explica la premura para aprobar las reformas al Código Penal en el Senado de la República el 27 de abril pasado. El objetivo ulterior era rendir cuentas a los legisladores estadounidenses de esas modificaciones, que para grupos defensores de los derechos humanos equiparan la protesta social y política con actividades terroristas.

El 2 de mayo pasado, reunidos en Washington, los líderes parlamentarios del PAN, Santiago Creel; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, llevaron a sus homólogos de Estados Unidos el aval de que México cumplió esa reforma legal para consagrarla en la agenda bilateral que se celebrará el 8 y 9 de junio próximo en Austin, Texas.

Los temas prioritarios para Estados Unidos en esa reunión interparlamentaria son: lucha común contra el terrorismo, combate a la delincuencia organizada y migración. Exactamente los asuntos sobre los que ya funciona el estado de excepción en México.

Guerra global de clases

El vínculo entre el flujo de inversiones y la seguridad, también es un aspecto fundamental para los gobiernos, como lo demuestra la ASPAN. En una dinámica “perversa”, el gobierno maneja la variable de “garantizar la seguridad en la frontera” estadounidense y, de manera similar, “garantizar las inversiones extranjeras”.Así lo afirma la propuesta que lanzó el Instituto Mexicano para la Competitividad, destinada a avalar a las multinacionales que sus inversiones en el país serán respaldadas por el gobierno.

Delgado Ramos recuerda que cuando Calderón firmó el memorándum de compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para recibir los fondos de infraestructura, afirmó: “La fortaleza del país se refleja en que sí tenemos capacidad para recibir esos préstamos”.Es decir, sintetiza Delgado, “ellos están pensando: protejamos la inversión extranjera y de los grandes capitales nacionales (Slim, Azcárraga, Salinas Pliego) y protejamos la seguridad de Estados Unidos. ¿Y la del pueblo? Para eso están las medidas que se vienen aplicando desde 1984”. Eliminar toda disidencia, como ocurrió tras la rebelión zapatista en Chiapas. Riordan Roett, encargado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad John Hopkins, emitió un memorándum secreto que explicaba la necesidad de “liquidar a los zapatistas, pues sólo así, el gobierno de Ernesto Zedillo podría reflejar al mundo y a la población que estaba en control del país”.

Roett no hablaba como académico, sino como asesor del Chase Manhattan Bank y del Foro Económico Mundial. Más tarde, sería consultor del Consejo Nacional de Inteligencia de la CIA.

El escenario que él planteó tiene plena vigencia, cuando el segundo gobierno del partido Acción Nacional pretende combatir al narcotráfico desplegando al Ejército en municipios con mayoría indígena y de alta marginación, justo cuando las cifras oficiales apuntan al incremento en la pobreza de millones de mexicanos.En 2007 millones de mexicanos padecen la contención salarial, la liberación de precios y la apertura unilateral a los productos extranjeros, el escenario económico agrede a la clase campesina mexicana, y se caracteriza por lo que Saxe Fernández llama “un ataque sistemático al aparato productivo, que no genera empleo, desarrollo ni crecimiento y que el economista estadounidense Jeff Faux percibe como una verdadera guerra global de clases (the global crash)”.

Armas contra inconformidad

Al operar el esquema de apertura y desregulación, con Zedillo estalló el esquema económico y el aparato financiero, que ya estaba en situación difícil y no pudo sostenerse más. De ahí el “rescate” de Clinton, sin la aprobación del Congreso estadounidense.

Para Saxe y Delgado, el presidente demócrata vaticinaba que el rescate resultaría en una mayor explosividad social en México y en consecuencia, el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos hacia Estados Unidos.

En consecuencia, se adoptaron mecanismos de militarización sistemática en la frontera, que con George W. Bush se intensificaron, como el llamado “REX 94”, destinado a acondicionar bases militares ya sin uso, como gigantescos campos de detención de migrantes mexicanos.

El vínculo entre el creciente malestar social generado por los recientes gobiernos mexicanos y la influencia de la doctrina militar estadounidense en el país, se observa al examinar la evolución en el comportamiento de las adquisiciones mexicanas de equipo, armamento y apoyo militar a aquel país.

Datos de la Federación Americana de Científicos (FAS), que reúne a varios premios Nobel, muestran que entre 1984 y 1993, México adquirió 10 veces más armas que lo que acumulativamente compró entre 1950 y 1983.

Saxe Fernández revela que se trata de equipo ligero. “No para un Ejército cuya misión es la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales estratégicos y la estabilidad del país. Se trata de un equipo destinado a librar una verdadera guerra de las Fuerzas Armadas dentro de México, de cara al malestar creciente generado por la política económica”, sostiene.Entre 1982 y 1990, la transferencia de equipo militar y de servicios militares del Departamento de Defensa a México, comprendida la adquisición de excedentes y la participación en programas de adiestramiento militar, fue mayor que la registrada en los 30 años previos. Por ejemplo, las ventas de armamento y equipo, entre 1950 y 1978, sumaron casi 30 millones de dólares.

En contraste, entre 1982 y 1990, cuando los programas de ajuste estructural erosionaban la economía doméstica, Estados Unidos transfirió a México, “ayuda militar” por 500 millones de dólares. De 94 helicópteros que se tenían al comenzar 1994, al entrar en vigor el TLCAN, se adquirieron nuevos helicópteros Bell y Blackhawk.Además, Estados Unidos transfirió a México 7 mil blindados Hummer para transporte de tropas y 78 helicópteros más, 74 aviones de ala fija, mil 615 ametralladoras, así como 3 mil 300 lanzadores de llamas “para incinerar a la gente”, explica Saxe; 360 mil granadas y 266 pinzones eléctricos “para interrogatorio, es decir para tortura”.

Un año después, en 1995, William J. Perry, secretario de Defensa estadounidense, expresó en México la posibilidad de llevar a cabo maniobras conjuntas para extender el programa International Military Education and Training (IMET), con un costo de 500 mil a un millón de dólares. El general, especialista en materia prima estratégica, promovía así su doctrina del “Tercer Vínculo”, es decir, una relación más estrecha entre el aparato militar mexicano y el de su país.

Esto dio origen al llamado Plan Chiapas 1994, elaborado por la Sedena, con varios objetivos: acelerar la creación de grupos paramilitares, neutralizar” a los zapatistas, censurar a los medios de comunicación y, finalmente, controlar los efectos negativos generados por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.Fue entonces cuando se montó la estrategia de guerra de baja intensidad, con el aparato de inteligencia de Estados Unidos totalmente involucrado. Esto favoreció el ingreso al país de mercenarios para adiestrar a las policías y tuvo como resultado la represión a los altermundistas en Guadalajara.

Diez años después, el gobierno estadounidense reeditó esa misma estrategia, cuando lanzó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN), en marzo de 2005, un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, que es un dispositivo de seguridad detrás del TLCAN, y que entró en vigor sin la aprobación de los Congresos de los tres países.

En Banff, la reunión con el título “Integración Energética”, asistieron asesores de Felipe Calderón, ya como presidente electo, como Juan Camilo Muriño, miembros de la cúpula empresarial mexicana, el ex secretario Pedro Aspe y un delegado del gobernador de Michoacán.

De acuerdo con Michel Chossudovsky, académico de la Universidad de Ottawa, y especialista en problemas de globalización, en esa ocasión participó de manera destacada Ronald Rumsfeld, a la sazón secretario de Defensa de Estados Unidos, a quien acompañaron representantes de empresarios del petróleo y sus cabilderos, como la Chevron y Suncor Energy, así como de la paraestatal Petróleos Mexicanos.Advierten los especialistas que si la agenda aprobada en Banff buscó mantenerse lejos de los reflectores, igual ocurrirá en la reunión que se celebrará próximamente en Calgary, Canadá, y cuya temática lleva como título: “La continentalización de los recursos naturales”.“En el fondo, se intenta moldear a las legislaciones nacionales para que faciliten programas de inversión sobre recursos estratégicos: agua y petróleo”, reitera Delgado Ramos, quien apunta el riesgo de que el gobierno federal considere al agua como cuestión de seguridad nacional.

Banco Mundial. Una mirada a México

John Saxe-Fernández - Gian Carlo Delgado

IADE-Realidad Económica.

Argentina, 11 de mayo de 2007.

Es notable en los grupos progresistas, tanto la fuerte permeabilidad de la versión "simplificada", como la falta de información sobre la naturaleza real de instituciones tan centrales al funcionamiento del capitalismo, especialmente en su proyección de poder imperial hacia la periferia, como lo son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

En Imperialismo Económico en México: las operaciones del BM en nuestro país (Arena. México, 2005) hemos mostrado que desde su concepción en Bretton Woods (1944), estas instituciones fueron pensadas, desde el Norte, como sustitutos del colonialismo formal de modo que, sin esos ropajes políticos, se pudiera mantener y extender el control, explotación y saqueo de los recursos naturales, los mercados y la fuerza de trabajo de Asía, África y América Latina.

En virtualmente todos los sectores estratégicos de nuestros países están presentes esos organismos. Se les somete a su dinámica expoliadora y sus impactos económico-políticos, sociales y ambientales siguen siendo tan amplios como los observados en las administraciones de la época colonial, e incluso, en algunas áreas son más pronunciados.

Esta tendencia se acentuó de manera notable como resultado de la crisis deudora de 1982, cuando se impuso un régimen acreedor a ultranza derivado del desvío masivo de la inversión pública a gastos no-productivos, fundamentalmente, en ese momento, hacia el servicio de la deuda. Se generaron así enormes boquetes presupuestales que estas instituciones se aseguraron cubrir con préstamos y fondos altamente condicionados.

Con la complicidad y la complacencia de sus aliados de clase en el país, el proceso desemboca en una paulatina pero sistemática y creciente subordinación y desnacionalización del proceso de toma de decisiones domésticas en áreas cruciales, afectando de manera grave la economía popular, el interés público nacional (entendido como el interés de la mayoría de la población mexicana), la soberanía y la seguridad nacional.

Se implanta entonces lo que se puede calificar como una guerra de clases a partir de la implementación de un vasto programa que incluye, de manera prominente, la desregulación, las privatizaciones, la apertura comercial unilateral, la reducción del gasto público, la liberación de precios a la par de la incautación de los salarios, entre otras cuestiones. De manera crónica, el esquema está diseñado para favorecer especialmente al alto empresariado doméstico e internacional, acentuando de manera espectacular la distribución regresiva del ingreso y el desempleo y con ello vulnerando la paz social y el futuro generacional.

Esto, y más, es lo que en abstracto algunos llaman "neoliberalismo", quienes al no identificar los actores, intereses e instituciones concretas involucradas, son presa fácil de la versión Disney que proyecta la imagen de que se trata de instituciones financieras "multilaterales" o "internacionales" dedicadas a fines nobles como "combatir la pobreza".

Ello podría explicar parcialmente la paradoja que se registra cuando testificamos que ciertos sectores de la izquierda establecen agendas comunes y/o vínculos profesionales con entes como el BM, al tiempo que se colocan en pie de lucha contra el "neoliberalismo", el fraude electoral o la corrupción y en pro de la transparencia. La otra explicación sería que son propensos a los sobornos, tal y como ya se ha detectado públicamente en algunos casos.

Todo indica que dejan en el baúl de los olvidos el hecho de que el ejecutivo de Estados Unidos (EUA) tiene gran preponderancia en la toma de decisiones del BM que opera bajo el principio de "un dólar un voto". Tan es así, que es bien conocido que Washington y Europa históricamente se reparten las posiciones clave de control del BM y el FMI.

Como lo ha mostrado Paul O’Neil (El precio de la lealtad. Taurus. Barcelona, 2004), ex-secretario del Tesoro de George W. Bush, la Casa Blanca hace y deshace con esas instituciones. Las usa a su arbitrio,sea para implantar una veda de créditos a estados que suele categorizar como "delincuenciales" (rogue states), e.g. Venezuela; o bien para inducir la privatización de empresas o instituciones codiciadas por el alto capital, como las del sector energético, de transporte o el científico-tecnológico/educativo.

Y es que vincularse al BM no es asunto menor. Se trata de una institución que no solamente tiene fuertes vínculos con los sectores monopólicos y oligopólicos cuyos intereses auspicia, sino que además los tiene también con el aparato de seguridad de EUA y su cambiante red de alianzas. Lo ilustra nítidamente la presidencia del ex-secretario de Defensa Robert McNamara, uno de los responsables de la guerra de Vietnam, hasta la de Paul Wolfowitz, ex-subsecretario de Defensa y actual presidente del BM, quien es uno de los principales exponentes del neo-conservadurismo estadounidense y arquitecto, junto a Ronald Rumsfeld, de la petroguerra que asola a la población iraquí y afgana en abierto rompimiento con los fundamentos del Derecho Internacional y de la normatividad derivada de los Juicios de Nuremberg.

Poder Judicial: Implicaciones y efectos de los condicionamientos del BM

A pesar de tener un polvorín social a punto de estallar (e.g. Oaxaca, Chiapas) el BM y sus aliados de clase en México, insisten continuar en la misma dirección arriba descrita. Para ello ha sido imprescindible, como nunca antes, garantizar la continuidad transexenal, misma que, entre otros mecanismos, es delineada desde el BM a través de los Country Strategy Papers.

Y es que en el BM están conscientes de la centralidad que adquirió desde 1996 el Poder Judicial. No es casual que en ese año se otorgara el derecho constitucional a la Suprema Corte de Justicia de revisar las leyes electorales federales y estatales.

Así, el Judicial se aseguró un rol esencial en la calificación de los procesos electorales y se perfiló como un potencial garante de la mencionada continuidad en las elecciones de 2006. No sorprende entonces encontrar ingentes esfuerzos del BM por la vía de "asesorías", préstamos y fondos para la "modernización" precisamente del Judicial.

A través del State Judicial Modernization Supporting Access to Justice Project (Reporte No. 27946-MX. Washington, junio de 2004), el BM cubre específicamente el periodo transexenal al extenderse de 2005 a 2009 con un monto inicial de 37.5 millones de dólares y que no incluye recursos de otros donadores internacionales (véase más adelante).

En el documento se nos informa que, "...el gobierno de Fox asignó una alta prioridad a las instituciones judiciales y pidió al BM su ayuda en una junta con Wolfensohn [entonces presidente del BM]". El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, interesado no sólo en la mencionada continuidad, sino también en la permanencia de la impunidad del sistema tras haber sido pieza clave en la multimillonaria transacción de compra-venta/desnacionalización de Banamex al avalar un precio formidablemente inflado de 12, 450 millones de dólares [1] en comparación de su precio de privatización de 3, 000 millones de dólares (ya de por sí inflado 2.6 veces su valor en libros), precisó entonces al BM que, "...la reforma económica más importante que México necesita es la reforma judicial".

Debe aquí notarse que tal solicitud se realiza a poco más de dos años antes de las elecciones presidenciales, teniendo como objeto explícito el de subsumir al Judicial bajo los intereses del empresariado nacional e internacional como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial. El mecanismo operativo, indica el BM, se sustenta en una serie de programas de reforma, modernización, monitoreo y evaluación de las Cortes Estatales y ciertamente de la Corte Federal. Interesa incidir, se puntualiza, en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y en la reorganización de las Cortes Estatales, de su área de jurisdicción y de su personal con ayuda de actores como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CNTSJ) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Otras entidades públicas, donadores internacionales (agencias de cooperación principalmente), ONG y entidades académicas son invitadas -y pagadas en su caso- para que realicen actividades de "adiestramiento" de personal y "monitoreo y evaluación", entre otras. La intención: legitimar la "nueva" reestructuración y subordinación del Judicial, es decir de la revisión y monitoreo de cerca de los 6mil jueces del país en todos sus rangos y funciones (magistrados, etc)!

Banobras, entonces a cargo de Luis Pazos de la Torre de conocida trayectoria ultra derechista, agrega el BM, "...ha decidido abrir una línea de crédito para asistir a los Estados en el fortalecimiento de las instituciones judiciales (Programa de Crédito). Éste ha tomado la dirección en el desarrollo de acuerdos para asistir las ramas judiciales en la mejora de su actuación". Tal programa de crédito debe leer se correctamente como un programa clientelar de actores puntualmente reconocidos en el documento del BM como "gobernadores, jueces, la academia, empresarios, etcétera". El Banobras, un ente que desde la década de1980 gestiona los fondos del BM en el país, se perfila entonces como el caballo de Troya, desde el cual no sólo se influye políticamente y se genera el clientelismo, ahora hacia adentro del Judicial, sino que se induce a escenarios de gran corrupción o, como lo ha precisado el ex-jefe de economistas del BM, Joseph Stiglitz, de "sobornización". Todo contradictoriamente bajo la cubierta de promover la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción .

El Judicial y la sobornización y legitimización de la actuación del BM

El proceso de sobornización y legitimización de la actuación del BM y sus aliados de clase en México es altamente ambicioso, por lo que se contempla su extensión a un periodo de entre 10 a 15 años con un gasto adicional que va de los 200 a los 250 millones de dólares. En este escenario, el BM considera como instrumento estratégico el desarrollo de la capacidad de Banobras en lo que se asume como "un nuevo sector"a financiar (el Judicial), por ejemplo a través de la colaboración entre la CNTSJ y otros organismos, así como mediante el desarrollo de "un proceso de aprendizaje" impulsado desde la investigación y evaluación de experiencias desde entes como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En otras palabras, el BM contempla la adjudicación de una importante ‘masa crítica’ de académicos y expertos que legitimen su actuación, mismos que adicionalmente se podrían vincular a través de la creación de Centros de Información y Documentación Judicial y de Oficinas de Orientación Ciudadana. Estos últimos, cuestionables tarjetas de presentación ante ciudadanía.

Los ejemplos de co-participación son numerosos. Por ejemplo, en 1999 el ITAM realizó un estudio sobre "La Administración de Justicia de las Entidades Federativas Mexicanas a Partir del Caso de la Cartera Bancaria", en 2000, otro en la "Justicia Civil y Mercantil en las Entidades Federativas" y, en 2002, uno más sobre "Indicadores de Calificación de la Administración y Justicia Local en las Entidades Federativas Mexicanas". De modo similar, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación de EUA - USAID (considerada por algunos como el brazo derecho del aparato de inteligencia de ese país), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un estudio de "Diagnóstico sobre la Administración de Justicia en las Entidades Federativas".

Asimismo, el CIDE finalizó en 2002-2003 un estudio sobre "Juicios Ejecutivos Mercantiles".

La desnacionalización del Judicial queda nítidamente develada con el rol de la USAID en el financiamiento, con unos 55 millones de dólares anuales, de, por ejemplo la "asistencia técnica" para recomendaciones de acciones que se puedan implementar sin la necesidad de reformas legislativas (sic), para el entrenamiento directo de jueces, para el financiamiento de grupos de trabajo y de mediación -lo que sea que ello signifique- con la participación activa de la American Bar Association, etcétera.

Se unen esfuerzos similares, informa el BM, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),la Agencia de Cooperación Alemana (Gtz) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

Así que, en un área tan sensible para la soberanía nacional como lo es la estructura y dinámica del poder judicial y en un momento en que EUA levanta muros fronterizos y extiende su jurisdiccionalidad políciaco-militar hacia México y Canadá por medio de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN), también Wolfowitz et al, por medio del BM y con el respaldo implícito de la mencionada ‘masa crítica’, logran una gran incidencia en una cuestión que en cualquier lugar del mundo es exclusivamente doméstica. Más grave: lo que tenemos es la presidencia imperial de EUA, por medio de Wolfowitz, impactando la balanza entre los tres poderes, a favor del Ejecutivo y en detrimento del Poder Legislativo y Judicial. Ello revigoriza la autocracia presidencial que hemos padecido por más de 70 años con el Partido Revolucionario Institucional y, ahora, como resultado del magno fraude electoral avalado por el TEPJF, con la inminente instauración de un régimen de facto panista.

El grado de injerencia metropolitana es de tal magnitud que como se ilustra en la siguiente cita, no se deja nada a la imaginación: sobrepasa en mucho el tipo de administración practicada por Europa en la época colonial. El BM en el documento aquí discutido, precisa que entre los riegos importantes a la continuidad transexenal, está el hecho de que: ...con muchas elecciones estatales pendientes, la posibilidad de cambio en la afiliación partidista en las gobernaturas es real. Los Estados mexicanos tienden hacia una dinámica de balanza de poder, al menos entre las ramas Ejecutivas y Legislativas. El sostenido apoyo, tanto a nivel Federal como Estatal,ayudaría a asegurar un soporte político a la agenda de modernización, así como a la continuidad de la misma por parte de las respectivas secretarías de finanzas.

Además, la "continuidad y compromiso con la modernización" se vería afectada por, ...victorias electorales por parte de partidos de oposición en algunos Estados [y desde luego a nivel federal!] que podrían resultar en un debilitamiento de la continuidad y compromiso con la modernización. Esto debería de mitigarse por medio del involucramiento del plenario del Tribunal Supremo en la elaboración de planes de modernización de la rama judicial de los Estados. Los magistrados y las autoridades públicas estatales también se involucrarán en la implementación del proyecto. La metodología participativa del diseño de este último igualmente debería de coadyuvar en esta dirección. Los aparatos judiciales de los Estados deben ser alentados a buscar colaboración de la Corte Federal y deben compartir actividades de conocimiento y adiestramiento. Tal colaboración ayudaría a mitigar fricciones Estatal-Federales o competencias, y promover la independencia judicial. Banobras mantendrá un diálogo continuo con los Estados" (las negritas son nuestras).

Tal "diálogo continuo", que se refleja en la compra de todo un abanico de state holders, ha resultado, entre otras cosas, en la conformación de un grupo de asesores externos del BM para la implementación exitosa de este plan de "modernización" del Judicial.

Llama la atención que éste sea integrado en buena medida por académicos de instituciones de prestigio como la UNAM. El grupo esta constituido por: Ana María Alvarado del ITESM, Cecilia Azar de la American Bar Association, José Antonio Cavallero del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, José Luis Caballero de la Iberoamericana, Hugo A. Concha del IIJ-UNAM, Angélica Cuellar de la FCPS-UNAM, Héctor Fix Fierro del IIJ-UNAM, Alfonso Fragoso de la Iberoamericana, Omar Guerrero de la FCPS -UNAM, Ana Laura Magaloni del CIDE, José Ovalle del IIJ-UNAM, Miguel Olguín (asesor del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco), Luis Pásara del CIDE, Miguel Sarre del ITAM y Guillermo Zepeda del CIDE.

La destacada participación de la UNAM quedó planteada de modo extendido en el Country Assistance Strategy 2002-2006 cuando se precisaba, ya desde ese entonces, la necesidad de establecer un "laboratorio anti-corrupción". Esa medida se materializó desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con la formal apertura del "Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia",establecido "con el apoyo de una donación del BM" (http://www.corrupcion.unam.mx/).

No deja de ser paradójico que el BM, una institución percibida internacionalmente como una de las más"opacas" y con un récord deplorable de rendición de cuentas (incluyendo aspectos sobre corrupción interna), logre reclutar a grupos o personalidades de izquierda y, desde la UNAM y otras instituciones,pontifique sobre la transparencia y "mejores prácticas de combate a la corrupción". Máxime que su papel ha sido fundamental en el auspicio de la desregulación y de los programas de privatización a ultranza en México y otros países, aspectos identificados por analistas como Oscar Ugarteche y Mario DiConstanzo, como combustible principal de la ‘nueva corrupción’, la del rango de los miles de millones de dólares; es decir la ampliación exponencial de un fenómeno de tráfico de influencias de lo público a lo privado y de lo privado a lo público que además, para su funcionamiento, requiere fuertes dosis de "sobornización" avalada desde el poder.

Sería conveniente que al menos los sectores progresistas, parte de esa ‘masa crítica’ financiada por el BM, se decidieran aplicar los principios de transparencia y de rendición de cuentas con respecto a los compromisos formalizados con el BM, incluyendo las eventuales condiciones pactadas (sobre todo cuando esta de por medio el prestigio de algunas de las principales instituciones académicas del país).

También, convendría reflexionar en el sentido de que al formalizarse estos lazos con el BM et al, de manera implícita y explícita tales sectores avalan y fortalecen, desde la izquierda, la presencia y la incidencia en el país de una institución cuyos programas de "ajuste estructural" han tenido un impacto tan lacerante en nuestra población que es del orden del "democidio".

Notas:

[1] Equivalente al precio reportado por la venta de los 18 bancos privatizados por Salinas y al 58% del precio total de las 228 entidades privatizadas por ese gobierno (Del Villar, Samuel. Agravios Nacionales. Oceano. México, 2006: 79)*John Saxe-Fernández. Profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. Realizo estudios sobre Ciencias Políticas en Estados Unidos, donde fue profesor. Es autor de numerosos libros y artículos, como Petróleo y Estrategia, El futuro de América Latina y La compra y venta en México. En septiembre de 2000 brindo el Seminario Estados Unidos y América latina: aproximaciones estratégicas invitado por IADE-Realidad Económica.Fuente: RCCI.net / CADTM.org - 28.03.2007

El polvorín de Bush

John Saxe-Fernández

La Jornada.

México 7 de junio de 2007.

Aunque "más de lo mismo" es la receta para el desastre político-electoral del Partido Republicano en 2008, tal es el curso que siguen Bush et al en Irak y en otros renglones vitales como la desestabilización estratégica global, impulsando temerarios despliegues antibalísticos en Polonia y la República Checa, en medio de amenazas bélico-nucleares contra Irán que concitan el rechazo de la opinión pública mundial, incluyendo la polaca y checa; el sabotaje a medidas efectivas contra el cambio climático y de programas vinculantes en el marco de la ONU, en momentos en que los científicos dan la alerta y la población exige acciones fuertes. Asimismo, la designación de Robert Zoellick por parte de Bush muestra la continuidad del perfil neoconservador del Banco Mundial (BM).

Con la guerra contra Irak encabezando las encuestas en el rechazo a Bush, es curioso que el encargado de Defensa afirme que esa ocupación castrense podría prolongarse por "50 años", ¿los necesarios para que las grandes petroleras se sirvan con la cuchara grande el crudo iraquí? Esta bofetada al electorado, militarmente insostenible, ocurre cuando la Auditoría General (GAO) detecta graves anomalías en el plan de "estabilización y reconstrucción de Irak", un esquema similar a lo practicado antaño por la Oficina de Colonias del Imperio Británico: se trata de desfalcos multimillonarios de contratistas cercanos al Ejecutivo.

El papel del BM en los diseños de "estabilización y reconstrucción" es crucial. Recuérdese que Zoellick, a más de ser uno de los endosantes de la postura del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano a favor de la unilateralidad militar en la política exterior y de las operaciones contra Irak, estuvo a cargo de negociaciones comerciales en América Latina, fue integrante de la junta directiva de Enron, campeona mundial en lo que se refiere a fraudes, artimañas contables y corrupción sin freno, habiendo tenido a su cargo, a últimas fechas, la influyente firma Goldman Sachs & Co, que, junto al Grupo Carlyle, Citygroup y Morgan Stanley están interesadas en hacer negocios con la infraestructura del TLCAN, vía mayor explotación de los trabajadores mexicanos y del petróleo, gas y agua. El BM y el BID, como es usual, dan impulso a esos intereses en México, el Caribe y Centroamérica.

En materia ambiental, el presidente de EU, primer emisor mundial de contaminantes, le apuesta al "cambio tecnológico", pretende irse por la libre y llegar a componendas en la materia al margen de la ONU y sin acuerdos vinculantes, en oposición a la postura europea en la cumbre del G-8 en Alemania, por un pacto sucesor de Kyoto que vence en 2012, para combatir el cambio climático. En esta materia y en la militar, la Casa Blanca de Bush-Cheney articula a ultranza los intereses del cabildo bélico-industrial, del petróleo y del gas, del carbón y de la máquina de combustión interna.

Por su parte, el programa de "defensa balística" de Bush desestabiliza de manera tajante y riesgosa el equilibrio estratégico global, ya que intenta restar capacidad de segunda respuesta aniquilatoria a Rusia ante un hipotético primer ataque de EU. Como lo advirtió el presidente Putin, el despliegue de interceptores y radares en Europa del este por medio de la OTAN, transforma la región en un polvorín: es algo equivalente a que Rusia, para "defender" a Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe llenara de armas y equipos de "defensa balística" a Chihuahua, Nuevo León y Alberta. El escenario de Bush es de guerra fría: se acerca al de la crisis balística de 1962, que nos llevó al borde de una guerra general termonuclear.

Ante el acoso de Bush, Rusia adoptó respuestas intercontinentales y de alcance medio para apoyar la disuasión. Son "respuestas", no "agresiones". EU, además, está induciendo una nueva carrera armamentista que favorece a su sector bélico-industrial, con Eurasia como campo de pruebas. El asunto es muy grave, ya que se están agregando a la ecuación estratégica internacional niveles sumamente peligrosos de "incertidumbre" en contextos tan complejos y explosivos como los de 1962, dada la centralidad del Oriente Medio en materia de energía global, por el agotamiento del petróleo convencional.

Cabe mencionar, además, los jugosos contratos de la "desregulada" Agencia de Defensa Antibalística (MDA) de Estados Unidos, donde participa una treintena de las principales 500 firmas estadunidenses y algunas europeas. Es un negocio grande y opaco. Según la GAO, las prácticas de la MDA son arbitrarias, similares a las de los años 80: no están sujetas a normas de revisión y evaluación técnica independientes. Con un monto total acumulado de 107 mil millones de dólares, las irregularidades abundan en medio de tal "excepcionalidad". La "defensa antibalística" es un monumental saqueo del erario que juega con el futuro humano.

En síntesis, es como si la camarilla de Bush considerara escenarios de excepción en los que los comicios de 2008 quedarán impactados por un "11/9 plus", sometida la población a un "estado de conmoción" militarizado, previsto en la nueva Ley Marcial en vigor.