John Saxe-Fernández
La Jornada.
29 de marzo de 2007.
Me referiré sólo a la primera conclusión, de considerable importancia, porque explica (textual), "que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista"-las negritas son mías.
Al escarbar en la masa de hechos, manejos informativos y deformaciones que han rodeado el conflicto en Oaxaca se observa de manera nítida que el esquema de corte jurídico-policial-penal y militar no se limita a la vigilancia, intimidación y desactivación de la resistencia civil pacífica -participe o no en partidos opositores-, sino que va más allá: los datos ofrecidos por este bien logrado registro de un fenómeno complejo, así como las observaciones provenientes de otras fuentes de análisis, ponen al descubierto fuerzas y procesos de orden mayor, que se proyectan desde el ámbito local al nacional e internacional.
Es necesario colocar el mencionado encadenamiento de hechos violentos y procesos represivos en el contexto de lo que se conoce como la "estrategia de la tensión". Como se recordará, ese mecanismo, centrado en el viejo recurso de la provocación, fue utilizado en el ascenso nazi y también puesto en operación de manera intensa durante la guerra fría. En Italia, el ex primer ministro Guilio Andreotti estremeció a la opinión pública de su país cuando dejó constancia ante el Parlamento de los frecuentes operativos de provocación (asaltos, balaceras, incendios, ataques terroristas, asesinatos, etcétera), atribuidos a grupos progresistas o fuerzas y partidos izquierdistas, con objeto de justificar y lanzar sobre ellos la represión oficial.
Luego se dejó saber que para esas operaciones "clandestinas" se utilizaban las "fuerzas especiales" (de corte para-militar y para-policial) del aparato de seguridad del Estado, con la participación de contrapartes del exterior, como la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el sector de inteligencia militar de la OTAN.
Pero no es necesario ir muy lejos en busca de "eslabones" en el contexto de la estrategia de tensión. Recuérdese que luego del fallido intento del PRI y del PAN por rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el IFE lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando un asalto multifacético contra el líder opositor y los partidos políticos que lo respaldan, devastando la integridad y credibilidad comicial, instaurándose, de nuevo en la historia nacional otro régimen de usurpación electoral, como en 1988. Todo ello, con el "respaldo" de operativos de seguridad y de provocación y de una represión de inusitada intensidad y violencia para atemorizar a la población, como en Atenco y en la Siderurgia Lázaro Cárdenas, como lo ilustré desde estas páginas.
Sobre el vandalismo que se suscitó el 25 de noviembre de 2006 en el que se registró la destrucción de varios inmuebles, entre ellos nada menos y más simbólico que el edificio del Tribunal Superior de Justicia y la sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, y "que los dirigentes de la APPO niegan haber realizado", el periodista Miguel A. Granados Chapa (La Voz de Michoacán, 6-XII-06) indica que la operación "parece haber sido cuidadosamente planeada para asestar el golpe final a esa organización y consolidar al gobernador Ulises Ruiz" y agrega significativamente, que, "guardadas todas las proporciones, el acontecimiento recuerda el incendio del Reichstag de Berlín por los nazis".
Que algo similar se detecte en Oaxaca después de las elecciones indica que la "estrategia de la tensión" -y la correspondiente suspensión de garantías, propias a un "estado de excepción", se adopta como método de gobierno. Dado el cuadro de criminalidad y violencia oficial a ultranza, de arbitrariedad judicial-penal que documenta la CCIODH, conviene advertir sobre su proyección a nivel nacional, protagonizada por el arresto del liderato de la APPO y la reciente razzia perpetrada contra sus oficinas -una acción realizada con el aval y la participación del gobierno perredista del DF-, por lo que no es riesgoso afirmar que existe un sensible deterioro en la vigencia del estado de derecho, fundamento de la paz social. Es algo de gravedad extrema.
La Jornada.
29 de marzo de 2007.
El documento elaborado por la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos (CCIODH), producto de una amplia y cuidadosa investigación y observación en torno a los acontecimientos que cimbraron a la nación a finales de 2006 desde Oaxaca y cuyos elementos dinamizadores siguen hasta hoy presentes, es un aporte de gran alcance que amerita, en todos y cada uno de sus apartados (ricos en testimonios y análisis sobrios), la mayor atención y reflexión. Es un texto turbador y no por ello menos sólido y sustentado en un amplio programa de entrevistas que incluyó de manera manifiesta a los sectores involucrados en el conflicto.
Me referiré sólo a la primera conclusión, de considerable importancia, porque explica (textual), "que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista"-las negritas son mías.
Al escarbar en la masa de hechos, manejos informativos y deformaciones que han rodeado el conflicto en Oaxaca se observa de manera nítida que el esquema de corte jurídico-policial-penal y militar no se limita a la vigilancia, intimidación y desactivación de la resistencia civil pacífica -participe o no en partidos opositores-, sino que va más allá: los datos ofrecidos por este bien logrado registro de un fenómeno complejo, así como las observaciones provenientes de otras fuentes de análisis, ponen al descubierto fuerzas y procesos de orden mayor, que se proyectan desde el ámbito local al nacional e internacional.
Es necesario colocar el mencionado encadenamiento de hechos violentos y procesos represivos en el contexto de lo que se conoce como la "estrategia de la tensión". Como se recordará, ese mecanismo, centrado en el viejo recurso de la provocación, fue utilizado en el ascenso nazi y también puesto en operación de manera intensa durante la guerra fría. En Italia, el ex primer ministro Guilio Andreotti estremeció a la opinión pública de su país cuando dejó constancia ante el Parlamento de los frecuentes operativos de provocación (asaltos, balaceras, incendios, ataques terroristas, asesinatos, etcétera), atribuidos a grupos progresistas o fuerzas y partidos izquierdistas, con objeto de justificar y lanzar sobre ellos la represión oficial.
Luego se dejó saber que para esas operaciones "clandestinas" se utilizaban las "fuerzas especiales" (de corte para-militar y para-policial) del aparato de seguridad del Estado, con la participación de contrapartes del exterior, como la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y el sector de inteligencia militar de la OTAN.
Pero no es necesario ir muy lejos en busca de "eslabones" en el contexto de la estrategia de tensión. Recuérdese que luego del fallido intento del PRI y del PAN por rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el IFE lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando un asalto multifacético contra el líder opositor y los partidos políticos que lo respaldan, devastando la integridad y credibilidad comicial, instaurándose, de nuevo en la historia nacional otro régimen de usurpación electoral, como en 1988. Todo ello, con el "respaldo" de operativos de seguridad y de provocación y de una represión de inusitada intensidad y violencia para atemorizar a la población, como en Atenco y en la Siderurgia Lázaro Cárdenas, como lo ilustré desde estas páginas.
Sobre el vandalismo que se suscitó el 25 de noviembre de 2006 en el que se registró la destrucción de varios inmuebles, entre ellos nada menos y más simbólico que el edificio del Tribunal Superior de Justicia y la sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, y "que los dirigentes de la APPO niegan haber realizado", el periodista Miguel A. Granados Chapa (La Voz de Michoacán, 6-XII-06) indica que la operación "parece haber sido cuidadosamente planeada para asestar el golpe final a esa organización y consolidar al gobernador Ulises Ruiz" y agrega significativamente, que, "guardadas todas las proporciones, el acontecimiento recuerda el incendio del Reichstag de Berlín por los nazis".
Que algo similar se detecte en Oaxaca después de las elecciones indica que la "estrategia de la tensión" -y la correspondiente suspensión de garantías, propias a un "estado de excepción", se adopta como método de gobierno. Dado el cuadro de criminalidad y violencia oficial a ultranza, de arbitrariedad judicial-penal que documenta la CCIODH, conviene advertir sobre su proyección a nivel nacional, protagonizada por el arresto del liderato de la APPO y la reciente razzia perpetrada contra sus oficinas -una acción realizada con el aval y la participación del gobierno perredista del DF-, por lo que no es riesgoso afirmar que existe un sensible deterioro en la vigencia del estado de derecho, fundamento de la paz social. Es algo de gravedad extrema.
