jueves, 21 de diciembre de 2006

EU-Pinochet: colapso moral


John Saxe-Fernández.
La Jornada.
México, 21 de diciembre de 2006.


La muerte de Augusto Pinochet, ese "cuchillo" de la oligarquía chilena y del aparato empresarial y de seguridad de EU, fue comentada por los portavoces del alto capital, entre ellos el Washington Post (WP), el New York Times (NYT) y el Financial Times (FT). Aunque con énfasis varios, la tónica de los editoriales se orquestó alrededor de dos aspectos nodales: primero, ignorando el papel central y dinámico de la Casa Blanca de Richard Nixon y Henry Kissinger, de la CIA, el Pentágono y empresas como la ITT, las cupríferas y las automovilísticas en las distintas etapas del proceso que, aunque culminó con el golpe del 11 de septiembre de 1973, dio inicio años antes.

La criminalidad empresarial y de Estado fueron centrales en el esfuerzo de Nixon-Kissinger, primero, para evitar el ascenso electoral de Salvador Allende ­usando todos los medios legales e ilegales: desde el soborno, el terrorismo y la propaganda negra hasta el asesinato­, y tras su victoria electoral, para derrocarlo e instaurar el terrorismo de Estado desatando la violencia sádica y metódica que traumatizó a la nación. En un vital documento desclasificado de la época, el aparato de seguridad coordinado por Kissinger plantea al jefe de la CIA en Santiago que: "... es nuestra política firme y continua que Allende sea derrocado por medio de un golpe... Vamos a continuar generando la presión máxima hacia la consecución de este fin, usando todos los medios disponibles... Es imperativo que estas acciones sean aplicadas de manera clandestina y segura de tal suerte que la mano del gobierno de EU permanezca bien oculta".

Esto para encubrir la corrupción y los crímenes de Estado perpetrados por la Casa Blanca en Chile, como los de "conspiración para secuestrar, asesinar o matar en el extranjero" entre 1970 y 1973, violando el Código del Distrito de Columbia, sección 22-105, y el Código del Estado de Virginia, sección 18.1-15-3. Asimismo, Kissinger et al son responsables de realizar en Chile "acciones coordinadas y conspiraciones contra un gobierno extranjero con el cual EU mantenía relaciones pacíficas (1970-1973) en violación del Código de EU (USC), sección 960". Eso para no mencionar las brutales violaciones a las Convenciones de Ginebra y al derecho internacional.El colapso moral, constitucional y legal en que incurren WP, NYT y FT se vincula de manera orgánica con su "racionalización" económica del estado de excepción que ahora el alto capital, por su medio y sus instrumentos de proyección de fuerza (Pentágono-CIA-FMI-BM-BID) nos están recetando a los pobladores desde Alaska a la Tierra del Fuego.El segundo ingrediente es la reiteración del mito de que la dictadura "evitó" el síncope económico con el arribo de los Chicago boys y sus pupilos criollos, y que su sometimiento a las recetas del FMI-Banco Mundial y BID saneó la economía colocando a Chile como "modelo" regional. Cabe mencionar que las cifras macroeconómicas que ofrece el Banco de Chile son impresionantes, con altos crecimientos del PIB. Pero también es cierto que sólo pueden analizarse de manera cabal, como insiste Oswaldo Sunkel, en el contexto político y social incluyendo la dimensión histórica y cultural y en ese sentido el panorama no es nada halagador.El golpe auspiciado por EU y la oligarquía local se orientó a detener en seco el intento allendista de nacionalización y recuperación de los recursos naturales e impulsar una redistribución progresiva de la renta nacional, el ariete para generar empleo por la vía de un esfuerzo por agregar valor a esos recursos. La embestida oligárquico-imperial ahogó en sangre esa gestión para, en su lugar, mantener la explotación extranjera y el manejo clasista de los recursos privilegiando la actividad primaria, como la pesca, el sector agropecuario-silvícola y el minero, con fuertes impactos ambientales.

Como ilustran cifras recabadas por Marcel Claude (Red Voltaire), si bien las manufacturas crecen, el sector se caracteriza por un uso muy intensivo de recursos naturales y la generación de bienes con escaso valor agregado. Este es uno de los puntos esenciales del "modelo" de corte colonial que impulsa EU en América Latina por medio del BM-FMI-BID y de chacales tipo Pinochet. Interesa la preservación de la región como "reserva", tanto de fuerza de trabajo barata, como de los vastos ­pero finitos­ recursos naturales estratégicos enfatizando su especialización como región tributaria.

El aval dado por los mencionados editoriales de la semana pasada al destrozo de la constitucionalidad chilena perpetrado en 1973 para celebrar el "pinochetismo económico" es irresponsable y riesgoso en momentos en que ese mismo aparato de seguridad, ahora al amparo de los todavía inexplicables ataques terroristas del 11-9, despedaza el derecho internacional, la Constitución y los derechos civiles en EU, instaurando un estado de excepción, reflejo quizá de la acelerada crisis hegemónica y de la todavía más riesgosa propensión a una "salida policial-militar" que en el siglo XX desembocó en dos grandes conflagraciones.


saxe@servidor.unam.mx

jueves, 7 de diciembre de 2006

De Guantánamo a Oaxaca: ausencia de ley.


John Saxe-Fernández.
La Jornada.
México, 7 de diciembre de 2006.


De Guantánamo a Oaxaca, el ejercicio de la violencia de Estado, incluyendo la tortura, la suspensión del habeas corpus, principio garantizado por la Constitución y las convenciones de Ginebra, se realiza en medio de un "vacío de ley", pivote del Estado de excepción auspiciado en EU por la Casa Blanca desde el 11-9 por medio de la Ley Patriota, la Ley de Comisiones Militares, la Ley Marcial y varios decretos. Con la guerra antiterrorista de Bush este fascismo se vuelca al resto del orbe y hacia México y Canadá, a través de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte. Al sur del Bravo se da como una radicalización de la "mano dura" que, en nombre de la "legalidad" y con el manejo y manipulación monopólicos de los medios electrónicos, reprime a las fuerzas sociales desatadas por el neoliberalismo, sofoca los derechos humanos y políticos e inhibe el desahogo no violento de los conflictos.

Con la debacle institucional parida por las graves anomalías de los poderes Ejecutivo y Judicial en las pasadas elecciones se presenta ahora un mayor deterioro del estado de derecho: "Desde el 25 de noviembre", afirma el sacerdote Romualdo Mayrén, apoderado legal de la arquidiócesis de Oaxaca, "aunque no se decretó, en Oaxaca se ha vivido un estado de excepción y realmente están suspendidas las garantías" (La Jornada, 3/12/06, p. 4).

Mayrén describe un entramado vacío de ley y repleto de provocación, represión y violencia oficial, una riesgosa "estrategia de tensión" que se catapulta a nivel nacional con el arresto en el Distrito Federal del liderato de la APPO. Lo que la derecha en el poder está ampliando es una inusitada suspensión de facto del estado de derecho que se expresa en el arresto y traslado arbitrario de más de 149 detenidos enviados a cárceles de alta seguridad, porque se les considera "reos de alta peligrosidad", y un saldo, hasta ahora, de 24 muertos, 232 presos políticos y 64 desaparecidos.Son numerosas las evidencias que indican la presencia e infiltración, en la resistencia pacífica de la APPO, de provocadores y francotiradores y un modus operandi sospechosamente análogo en el incendio de varios edificios. Aunque elementos dentro de la APPO actuaron sin control, las provocaciones sirven para "justificar" la represión. El analista Granados Chapa no duda en plantear un símil entre este escenario y la quema nazi del Reichstag, y Mayrén equipara la represión desatada por el gobernador Ulises Ruiz con el fascismo genocida del guatemalteco Ríos Montt.

En Oaxaca y en el esquema de Bush y sus prisiones de alta seguridad, como Guantánamo, el objetivo es la "suspensión" de la ley, en nombre de una "legalidad" de excepción (la no ley). Varios de los detenidos por la CIA relatan que para aterrarlos les afirmaban que los conducían a algún país "sin estado de derecho". El uso de empresas privadas para el "interrogatorio" de prisioneros coadyuva en el auspicio de áreas "vacías de ley". Crear "zonas de anomia" es una vieja práctica totalitaria disfrazada con coartadas huecas de legalidad. La ex general de Brigada Janis L. Karpinski, a cargo de 17 cárceles en Irak, incluyendo la de Abu Ghraib, participante por la fiscalía en el juicio que el Tribunal Supremo alemán le sigue a Donald Rumsfeld por crímenes de guerra, afirma que la violación de los derechos humanos y la tortura empeoraron con el concurso de los "contratistas" privados: "Estos interrogadores tenían experiencia en Afganistán y/o en Guantánamo y fueron enviados por (Geofrey) Miller (comandante de la prisión de Guantánamo), para participar en los interrogatorios. La ley no les importaba, operaban en un entorno sin ley... vi un memorando firmado por Rumsfeld sobre el empleo de estos métodos de interrogatorio, (quien) al margen ponía: 'asegúrense de que esto se cumpla'" (El País, 25/11/ 06, p.5).Algo así se dio en la Alemania de Hitler como lo argumentó en "Guantánamo y la autocracia imperial" (Prokla, 143, Berlín. Junio, 2006). Guantánamo como campo de prueba juega un papel central para la instauración de zonas sin más ley que las instrucciones arbitrarias del Ejecutivo estadunidense y su Secretaría de Defensa.El operativo de Guantánamo se orienta a establecer un arreglo seudo judicial sometido al Ejecutivo y al alto capital, en territorio cubano, ilegalmente ocupado: una zona de anomia en la que actúa la violencia de la autocracia imperial burlando la jurisdicción de las Cortes.
En su libro Estado de excepción, (A.H editora, Buenos Aires, 2004), Giorgio Agamben discute los intentos del poder estatal por anexarse la anomia a través del estado de excepción. En verdad, el estado de excepción, tal como fue develado por Walter Benjamín, "es una fictio iuris por excelencia, que pretende mantener el derecho en su misma suspensión como fuerza de la (no) ley". En Oaxaca las acciones de provocación-represión de los altos mandos anulan cualquier nexo entre el ejercicio de la violencia de Estado y el derecho. Un modo de gobierno por la vía de la coerción-anulación de la oposición civil.


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