Fox-Abascal: debacle institucional

John Saxe-Fernández,
La Jornada,
México 23 de noviembre 2006.

Al entreguismo, represión y turbulencia político-social, así como a la acentuada fragilidad de los parámetros básicos de la economía real es necesario agregar la grave degradación institucional, como legado del sexenio del Presidente del "cambio" y su secretario de Gobernación, quienes en ningún momento dejaron de fungir como country managers del ávido aparato empresarial y bancario extranjero y de la voraz oligarquía criolla.Desde que AMLO decidió lanzar su candidatura a la Presidencia, Fox et al. actuaron de manera facciosa y arbitraria. Antes, durante y después del proceso comicial acoplaron el aparato de seguridad al "plan de juego" del alto capital nacional y extranjero y sus secuaces de cuello blanco en la cúpula hacendaria. Fue un esquema basado en una "estrategia de tensión", en la que con persistencia se enlazó la provocación presidencial con la articulación de operativos represivos. El objetivo fue detener a toda costa a quien planteaba la recuperación del proceso de toma de decisiones en materia económica. Las riendas nacionales fueron enajenadas, a la usanza colonial, por 24 años de gobiernos sometidos a la condicionalidad del FMI-Banco Mundial, atada a todas las líneas de crédito, gestándose una economía tributaria que entrega el ahorro nacional, recursos finitos como el petróleo y empresas estratégicas, a la oligarquía y sus socios externos.En contraste con recientes andanadas de Fox y Abascal contra AMLO por su asunción el 20 de noviembre como presidente legítimo, la manipulación de las instituciones fundamentales de los tres poderes de la Federación realizada por el foxismo, las han dañado severamente ("Fox: aniquilador de Instituciones", Memoria, noviembre 2006). Así lo podrá comprobar quien analice los sucesos de este atroz sexenio, desde lo que fue el fallido intento para rescindir los derechos políticos de AMLO, creando gran desmérito al Poder Judicial, que adquiriría un orden todavía mayor de ignominia por la actuación comicial de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mancillando de paso a la Cámara de Diputados y lo que entonces eran sus principales fracciones: la del PRI y el PAN, junto a sus presidentes y coordinadores de bancada, hasta las severas violaciones a los derechos humanos, políticos y laborales en San Salvador Atenco, en la Siderurgia Lázaro Cárdenas y ahora en el desate de la violencia oficial antipopular en Oaxaca.Como muestra Adalberto Saldaña Harlow (Teoría democrática de la Constitución Política ­Lecturas III­, México, Anaya 2006) en el juicio de procedencia que desembocó en el desafuero de AMLO, Fox actuó como el acusador principal. Fue un irresponsable lance político en el que utilizó, de manera arbitraria a la PGR, involucró a la oficina presidencial, al órgano de procuración de justicia nacional y a la Secretaría de Gobernación, comprometiendo todo el Poder Ejecutivo federal. La aventura del desafuero contra AMLO, respaldada por la oligarquía y sus poderosos instrumentos de difusión televisiva, radiofónica y periodística, con su cauda cortesana de "editorialistas", "articulistas", "analistas" y "locutores", arrastra a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial, confirmándose, como apunta Saldaña, algo inusitado en la historia nacional: "una asociación delictuosa de los tres poderes para desacreditar y desaforar a AMLO", lo que en términos legales es una "coalición de servidores públicos" penada por el artículo 216 del Código Penal Federal" (p. 295).

La inusitada movilización popular contra el desafuero y el riesgo de un juicio político de esta naturaleza probablemente están en el fondo de la decisión de Fox de no continuar con el proceso penal contra AMLO. Ante la incongruencia, la ilegalidad y la desproporción de acusar, procesar, desaforar y después exonerar, un escándalo reconocido por la opinión pública nacional e internacional, las instituciones nacionales y el régimen jurídico de México, incluyendo el régimen de rendición de cuentas, quedan seriamente "disminuidos". Pero el comportamiento y los operativos desplegados por el Ejecutivo, el Consejo Coordinador Empresarial y sus adeptos en la Suprema Corte de Justicia y el TEPJF, durante el proceso comicial propiamente dicho, llevarán tal "disminución" y descrédito de los poderes públicos, al menoscabo y la humillación institucional que padece la nación después de la usurpación electoral. Es indudable que tanto en el caso del desafuero como en los procesos comiciales, de los que, insisto, Fox es formalmente responsabilizado por el TEPJF de poner en riesgo, él y servidores públicos como Abascal incurrieron en actos que, como argumenta Saldaña Harlow, "han ocasionado daños mayores a los intereses públicos fundamentales previstos en el artículo 109-1, pudiendo quedar incluido como un ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno y una infracción a la Constitución que causa perjuicios graves a la sociedad y motiva trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones" (p.197).

saxe@servidor.unam.mx

Con el aval de Fox, el BM financia plan para influir en el Poder Judicial

* Afecta la soberanía, acusan John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado

JUAN ANTONIO ZUÑIGA (periodista). La Jornada. México, 19 de noviembre de 2006:11.

Con el aval del gobierno federal, el Banco Mundial (BM) impulsa y financia desde 2004 un plan transexenal con el propósito de influir en el Poder Judicial de México, que "se sustenta en una serie de programas de reforma, modernización, monitoreo y evaluación de las cortes estatales y ciertamente de la corte federal", advierten John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado, especialistas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Este plan afecta "una de las áreas más sensibles para la soberanía nacional, como es la estructura y el dinamismo del Poder Judicial", e incluye la adopción de intelectuales como "asesores externos", procedentes de instituciones académicas de educación superior, para que legitimen la injerencia del BM en México.De acuerdo con el documento State Judicial Modernization Supponing Access to Justice Project, clasificado como Reporte No. 27946-MX. Washington, junio de 2004, al BM le interesa influir "en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y en la reorganización de las cortes estatales, de su área de jurisdicción y de su personal, con ayuda de actores como la comisión nacional de tribunales superiores de justicia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", describen.El documento preveía posibles afectaciones en "la continuidad y compromiso con la modernización" del aparato judicial, por "victorias electorales de partidos de oposición en algunos estados (y a escala federal, acotan los investigadores), que podría resultar en un debilitamiento de la continuidad y compromiso con la modernización".Esto, continúa el texto reproducido por Saxe y Delgado, "debería mitigarse por medio del involucramiento del plenario del tribunal supremo en la elaboración de planes de modernización de la rama judicial de los estados".El BM, explican, cubre un periodo transexenal al extenderse de 2005 a 2009, con un monto inicial de 37.5 millones de dólares que no incluye recursos de otros donadores internacionales.El documento revela que "... el gobierno de Fox asignó alta prioridad a las instituciones judiciales y pidió al BM su ayuda en una junta con (James) Wolfensohn", entonces presidente del organismo. En aquella reunión, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, precisó al BM que "la reforma económica más importante que México necesita es la reforma judicial".Saxe-Fernández y Delgado destacan que esa solicitud se realizó poco más de dos años antes de las elecciones presidenciales, "teniendo como objeto explícito el de subsumir al (Poder) Judicial bajo los intereses del empresariado nacional e internacional, como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial".El reporte del BM señala que Banobras, en aquel entonces a cargo de Luis Pazos de la Torre, "... ha decidido abrir una línea de crédito para asistir a los estados en el fortalecimiento de las instituciones judiciales (programa de crédito) y que éste ha tomado la dirección en el desarrollo de acuerdos para asistir las ramas judiciales en la mejora de su actuación".Según los especialistas, ese plan de crédito "debe leerse correctamente como un programa clientelar de actores puntualmente reconocidos en el documento del BM, como 'gobernadores, jueces, la academia, empresarios, etcétera'". Agregan: "Banobras, un ente que desde la década de 1980 gestiona los fondos del BM en el país, se perfila entonces como el caballo de Troya desde el cual no sólo se influye políticamente y se genera el clientelismo, ahora hacia el interior del (Poder) Judicial, sino que se induce a escenarios de gran corrupción 0, como ha precisado el ex jefe de economistas del BM, Joseph Stiglitz, de 'sobornización'. Todo, contradictoriamente, bajo la cubierta de promover la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción".Consideran que este proceso de "sobornización" y legitimación de la actuación del BM "es altamente ambicioso, porque contempla su extensión a un periodo de 10 a 15 años, con un gasto adicional que va de los 200 a los 250 millones de dólares".En este escenario, apuntan, el BM considera instrumento estratégico el desarrollo de la capacidad de Banobras en lo que se asume como un nuevo sector a financiar, el judicial, con colaboración entre la comisión nacional de tribunales superiores de justicia y otros organismos.Pero también mediante el desarrollo de "un proceso de aprendizaje", impulsado desde la investigación y evaluación de experiencias "desde entes como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana (UI) y la UNAM". El BM, opinan los investigadores, prevé "la adjudicación de una importante 'masa crítica' de académicos y expertos que legitime su actuación".Los ejemplos de coparticipación son numerosos: en 1999 el ITAM realizó un estudio sobre "La administración de justicia en las entidades federativas mexicanas a partir del caso de la cartera bancaria", y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un "Diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades federativas", con financiamiento de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos de América (USAID, por sus siglas en inglés), "considerada por algunos como el brazo derecho del aparato de inteligencia de ese país".Así, "la desnacionalización del (Poder) Judicial queda nítidamente develada con el rol de la USAID en el financiamiento, con unos 55 millones de dólares anuales, de la 'asistencia técnica'" para recomendar acciones que se puedan implementar sin necesidad de reformas legislativas (sic), el entrenamiento directo de jueces, el financiamiento de grupos de trabajo y de mediación con la participación directa de la American Bar Association, etcétera", asientan.

Desastre continuista ¿hay alternativas?

John Saxe-Fernández
La Jornada, México,

9 de Noviembre de 2006.

Aunque después del fraude electoral del 2 de julio Felipe Calderón no cuenta ni con legitimidad ni con mandato para ahondar el esquema económico que lacera la integridad económica de millones de hogares mexicanos y depreda el patrimonio nacional, son abundantes sus declaraciones que revelan un insensato intento por proseguir con los compromisos pactados con los grandes intereses monopólicos de dentro y de fuera del país. Desde 1910 no han sido tan graves los riesgos para la estabilidad y la paz social de México como hoy, con la industria y sus encadenamientos desarticulados por 24 años de aperturismo comercial unilateral, y con un campesinado y su agricultura abandonada, desfinanciada, desmecanizada y arruinada y la autosuficiencia alimentaria hecha añicos. Agréguese a esto una notoria capacidad del "modelo" para generar desempleo, pobreza e informalidad, así como más polarización del ingreso y se percibirá por qué la continuidad del programa oligárquico-imperial es ya un asunto policial militar. San Salvador Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca son señas irrefutables de que ingresamos a una zona crítica de turbulencia sociopolítica grave.

Los bombazos recientes muestran la vulnerabilidad ante grupos armados reales u operaciones negras de "provocación-represión" del aparato de Estado. Los escenarios son potencialmente desastrosos, ya que existen signos claros de que la economía de Estados Unidos se desacelera, afectando la generación de empleo mientras aumentan los millones de mexicanos expulsados del país que se topan con una ofensiva antimigratoria que se acrecienta con el atasco económico previsto. Calderón asegura la continuidad de la incapacidad para generar empleo, alimentos y seguridad. La fórmula explosiva incluye la continua desregulación de los flujos de capital, más empréstitos y el aperturismo comercial y a la inversión extranjera directa (IED) especialmente en el vital sector petroeléctrico. Todo ello parte nodal del recetario del FMI-Banco Mundial (BM). Las privatizaciones de cientos de empresas públicas y de los bancos, y las fusiones y alianzas estratégicas de las firmas privadas nacionales con corporaciones foráneas no han sido sino el mecanismo y estación de paso para su sumisión económica y tecnológica al extranjero.

Proponer que la continuidad del esquema impulsado por la oligarquía y el BM-FMI nos sacará del atolladero, y peor, la falacia de que es la vía para lograr el "desarrollo", carece de sustento ante en desastre ya generado y de cara a la experiencia histórica.Calderón asevera que la IED es necesaria "porque es una inversión física que genera empleo" y que, "con la excepción de Corea del Norte"... "así proceden los países del mundo para desarrollarse". Pero no es así: no es lo que hicieron ni Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, etécetera, o los países de industrialización reciente como Corea del Sur, Taiwán, Singapur y China. Despegaron a base del ahorro interno ­que aquí se despilfarra en rescates y en una brutal tributación a favor de países como Estados Unidos y España­, protegieron y ampliaron sus mercados internos, y jamás con recetas como las del FMI-BM. Menos desregulando y privilegiando a la IED, como con torpeza se formalizó en el TLCAN. Es urgente el cambio de política económica, por otra orientada a fortalecer el mercado interno, a proteger el aparato productivo y a restablecer y ampliar los enlazamientos productivos para garantizar la expansión del empleo.Chalmers Johnson, cuya obra sobre el capitalismo asiático en los sesentas y setentas es consulta obligada, muestra que, en los hechos, los países desarrollados protegieron sus mercados domésticos usando barreras arancelarias y no-arancelarias. Nos recuerda, por ejemplo, que Inglaterra aceptó el libre mercado hasta la década de 1840 cuando ya era potencia industrial dominante y que Estados Unidos, entre 1790 y 1940, fue la economía más protegida del mundo. Y qué decir de Corea del Sur, el otro país de la península coreana no mencionado por Calderón, que, sin una gota de petróleo, tiene, junto con Japón, más capacidad de refinación petroquímica que todos los países de la OPEP. En las décadas de 1970 y1980, dice Johnson, "Corea del Sur fue el único país del mundo donde no circulaba un solo automóvil japonés", ya que el gobierno, junto al empresariado, protegía y nutría su propia automotriz.Esos países han sido exitosos porque no aplicaron el diseño neocolonial del FMI-BM, sino, grosso modo: el control a las importaciones, a los flujos de capital y a la IED y su participación en la bolsa de valores; usaron subsidios y créditos, incluso a tasas de interés negativas a favor de industrias claves; aplicaron fuertes subsidios en especial a las exportaciones, así como una política muy activa de apoyo estatal al desarrollo científico-tecnológico; promovieron y abrigaron a conglomerados industriales nacionales en áreas estratégicas (automovilística, electrónica, etcétera), y usaron de manera amplia guías administrativas para auspiciar, coordinar y evaluar la acción de las firmas.