TLCAN y el bilateralismo intensivo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 19 de febrero de 2004.

El "bilateralismo intensivo" puesto en práctica por Washington en México desde principios de la década de 1980, fue un ingrediente fundamental en lo que se formalizó como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El fenómeno incluye aspectos históricos, geoestratégicos y aquellos vinculados con los mecanismos de "integración" auspiciados mediante la instauración de un régimen acreedor desde principios de los años 80. Sin embargo, la actual e inusitada insistencia de Carlos Salinas en la promoción de la fracasada política de "reformas estructurales" y privatizaciones auspiciada por el Banco Mundial, lamentablemente adoptada como suya por Vicente Fox, y que ha devastado al sistema bancario, la economía popular y al aparato productivo nacional, muestra la conveniencia de escudriñar brevemente algunos factores coyunturales presentes en la etiología del TLCAN.

Como he indicado en otra oportunidad, aunque Salinas había mostrado escepticismo en torno a un TLCAN (aseguraba que las asimetrías entre las dos economías no hacían deseable entrar en ese tipo de arreglos), en febrero de 1990 dio a The Wall Street Journal una de las noticias más trascendentales de su sexenio: el inicio de pláticas "secretas" con Estados Unidos tendientes a suscribir el TLCAN. El abrupto cambio de opinión amerita atención porque indica la existencia de poderosos instrumentos a disposición del aparato político y de inteligencia estadunidenses para el ejercicio del "bilateralismo intensivo".

En su oportunidad, la periodista Dolia Estévez informó desde Washington que, según Jack Sweeney, de la Fundación Heritage, Bush padre logró "convencer" a Salinas de aceptar los términos del TLCAN con base en el chantaje derivado de informes generados por el aparato de inteligencia en torno al narcotráfico y a la corrupción de la cúpula política. A cambio del tratado, Bush ofreció que le permitiría seguir siendo presidente por medio de una narcoamnistía. Ello convenció a Salinas de las bondades del TLCAN.

Fuentes oficiales de Estados Unidos indican que en 1990, cuando el ex presidente informó a Bush que "siempre sí" quería el TLCAN, "la Casa Blanca ordenó a todas sus agencias y a sus correligionarios en el Congreso guardar en el baúl de los olvidos los temas del narcotráfico y la corrupción". "Washington -dice Sweeney- es cómplice y responsable del aumento del narcotráfico y la corrupción en México, porque se hizo de la vista gorda". Citando otras fuentes, la prensa mexicana informó el 21 de mayo de 1995 que "el narcotráfico, que penetró a niveles nunca vistos en la economía y política mexicanas en el sexenio salinista, fue posible gracias a la complicidad del gobierno republicano que buscaba sacar adelante el Tratado de Libre Comercio (TLC)". La "negociación" secreta incluyó el uso de información privilegiada generada del espionaje telefónico y microfónico, rutinariamente realizado en México por órganos estadunidenses, acerca de las vulnerabilidades del liderato local, aunque también es un arma de doble filo que refleja la corrupción del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, como indican indagaciones de Jack Blum, ex jefe de asesores del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la nación norteña, quien ha estudiado la corrupción y el lavado de dinero, y además dirigió las investigaciones sobre este asunto.

Blum ha demostrado las vinculaciones entre la CIA, el narcotráfico y el bajo mundo. "Durante el gobierno de Bush", dice Blum, "la Casa Blanca estaba convencida de que si la opinión pública estadunidense se daba cuenta que en México las drogas y la corrupción iban en aumento, el TLC jamás se ratificaría... nadie podía decir nada en voz alta porque se iría contra la política oficial".

Un estudio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) intitulado La economía política del comercio de las drogas -elaborado por James Moody, jefe de la Sección Drogas de la División sobre Crimen Organizado y hecho público en México el 9 de mayo de 1995- indica que desde el gobierno de Salinas se puso en marcha un conjunto de incentivos para atraer capital extranjero. Uno de ellos -dice el documento- "es la venta de empresas paraestatales a inversionistas privados, empresas que consisten en importantes instituciones financieras, fábricas y negocios industriales y de servicios de vanguardia con valor de miles de millones de dólares". En ese programa de privatización "hubo corrupción y operaciones de lavado de dinero que involucran a influyentes financieros mexicanos... empresas paraestatales en proceso de privatización fueron compradas por organizaciones de narcotraficantes".

La aplicación del "bilateralismo intensivo" por medio de la acción de instrumentos de proyección de poder estadunidense como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, el Tesoro y los relativos al área policiaco-militar y de inteligencia, prepararon un terreno tan favorable a los negociadores estadunidenses del TLCAN que naturalmente ahora Washington desea ampliar al resto del continente latinoamericano, por la vía del ALCA, versión plus de las concesiones hechas por Salinas en favor del alto empresariado extranjero.

La suma de todos los miedos

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 5 de febrero de 2004.

"Invertiré en la tecnología del futuro para evitar que los estadunidenses tengan que morir por el petróleo iraquí". Con estas palabras el senador John Kerry, puntero en la contienda por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, sacó del clóset un tema ampliamente discutido en el ámbito internacional, tabú para los medios de comunicación estadunidenses: el peso de los intereses de la industria del gas y del petróleo en la guerra de conquista desatada por Bush contra Irak.

Lo dicho por Kerry cobra importancia porque se da en medio de una profunda crisis de credibilidad del gobierno debido, primero, a la revelación del ex secretario del Tesoro, Paul O' Neill, de que la decisión de atacar Irak se tomó meses antes del 11/9, y segundo, a las declaraciones de David Kay, de la CIA y ex jefe de inspectores de armas de destrucción masiva, sobre la inexistencia de esos arsenales en Irak.

Si bien Kay aseguró que Hussein destruyó los arsenales en 1991 y que nunca fueron sustituidos, lo cierto es que abrió una puerta de escape a Bush, Cheney y el resto del equipo de la Casa Blanca, al plantear que todo se debió, no a una manipulación deliberada del Congreso y del público por parte de Bush, sino a "errores de los servicios de inteligencia" en cuanto a la existencia de esas armas en Irak.

La creación de comisiones en Estados Unidos e Inglaterra para "indagar esas fallas" es, como expresó hace pocos días a la BBC Marcos Roitman, un intento para "lavarse la cara". Bush no sólo se opuso terminantemente a la labor de los inspectores de Naciones Unidas, que habrían llegado a la misma conclusión de Kay mucho antes, sino que alegó la existencia de una amenaza inminente para desatar una masacre de iraquíes, seguida por persistentes bajas de Estados Unidos. Además de desactivar a los inspectores de la ONU, Bush y Blair reprimieron las pruebas recabadas por sus servicios de inteligencia que pusieron en tela de duda la existencia de arsenales prohibidos. Como develó O'Neill, el objetivo predeterminado de Bush fue desencadenar la guerra, por lo que puso a un lado todo indicio que cuestionara un brutal operativo "preventivo", en el que los principales beneficiarios han sido precisamente grandes empresas de la construcción, del área de servicios petroleros y otros importantes contratistas militares, todos vinculados con la Casa Blanca en general y con el vicepresidente Cheney en particular. Un estudio del Centro por la Integridad Pública indica que incluso la desprestigiada Enron -uno de cuyos funcionarios preparó el esquema de "reforma" petroeléctrica de Fox-, por medio de su gerente general y su Comité de Acción Política continúa apoyando la campaña de Bush. Bajo presión del Senado y de la Cámara baja, el presidente finalmente cedió a la propuesta de crear una comisión independiente sobre las presuntas fallas de los servicios de inteligencia, pero, siguiendo su notable inclinación a burlar a la opinión pública, se ha asegurado de que los resultados de tales investigaciones se conozcan "después" de concluidos los comicios presidenciales.

En un medio internacional adverso, debido al "empantanamiento mesopotámico" en el que la resistencia iraquí ha sumido a la campaña militar de la "superpotencia delincuencial" dirigida por Bush, así como a condiciones domésticas que indican un potencial deterioro electoral por la incapacidad de los programas gubernamentales para generar empleo mientras impulsan un déficit fiscal y de cuenta corriente sin precedentes, la propensión del presidente y su equipo a recurrir al miedo como pieza central para lograr su relección se cierne como uno de los grandes peligros para la sociedad estadunidense y el mundo, especialmente si se tiene presente su proclividad por la manipulación de la opinión pública mediante el "manejo" de la información y de maniobras encubiertas.

Al discutir las ventajas que las encuestas daban a Kerry sobre Bush en la eventualidad de que los comicios se celebraran ahora, fue precisamente un estratega republicano quien expresó desde la CNN que la situación "podría revertirse rápidamente de ocurrir alguna acción terrorista espectacular". En este contexto cobran relevancia los ataques de ricina contra el Senado y dos quejas planteadas por los demócratas: sólo 3 por ciento de todos los contenedores que ingresan diariamente a Estados Unidos por vía marítima reciben una inspección de seguridad, mientras, en contradicción con la retórica oficial sobre la proliferación nuclear, el gobierno de Bush obstaculiza los esfuerzos internacionales por monitorear y controlar la circulación de uranio enriquecido. Con Bush en el poder conviene pensar lo impensable: un escenario como el planteado en la película La suma de todos los miedos -un hipotético ataque terrorista nuclear contra una ciudad-, que aseguraría la "relección" y consolidaría el regime change en Estados Unidos al sustituir permanentemente a la Constitución con la nueva versión de la Ley Patriota.