Contextos binacionales

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 26 de Agosto de 2010.

Los impactos socio-políticos y de seguridad, acumulados por las políticas económicas en vigor desde los años 70 para amainar los efectos de la crisis capitalista (una guerra de clase encabezada por Reagan/Thatcher y sus sucesores, para frenar la caída de la tasa de ganancias) se hacen sentir en México y Estados Unidos con fuerza en la primera década del siglo XXI, por la guerrade Calderón al narco y el manejo de Bush-Obama de la gran crisis financiera que estalló en 2008, resultando en mayor concentración de privilegios y riqueza a favor de ambas clases gobernantes; de los sectores bancario, financiero, agregándose, en Estados Unidos, un magno subsidio a la industria bélico-industrial y a entes públicos y privados de seguridad.

La conflictividad social se acentuó: sólo por la guerra al narco se registran 28 mil bajas, sin perspectivas de cambio con el Prian y tampoco en la persistencia de la explotación de campesinos, trabajadores y sectores medios en México, mientras en Estados Unidos se desploma el aparato productivo, el empleo y las condiciones de vida de una población que sufre un prolongado colapso y despojo económico.

Aquí la ofensiva de clase la desplegó la Casa Blanca, con aval de Los Pinos y de una depredadora oligarquía, utilizando al Departamento del Tesoro y sus unidades subrogadas (FMI, Banco Mundial –BM– y BID). Esto se realiza con préstamos cuyas condiciones son a favor de la inversión externa, desmantelando procesos de transformación, a veces incipientes y otros avanzados, como en la petroquímica, traspasando actividades sustantivas de Pemex a contratistas extranjeros, registrándose un desplome en la producción de crudo por el sometimiento a la política de máxima extracción impuesta por Estados Unidos: un acatamiento derivado del papel de sobornización de las jugosas comisiones por el manejo de los préstamos del BM, cuya condicionalidad sigue definiendo, a pesar de las consecuencias, el accionar de las secretarías del ramo que así han desmontado agricultura, la industria de bienes de capital, los astilleros del país y un largo etcétera, agrediendo a sindicatos y contratos colectivos, precarizando al trabajo y preparando los fundamentos, bajo la modernización gerencial, del desmembramiento y subasta de Ferrocarriles Nacionales de México, con mira a lo mismo en Pemex, CFE y LFC, ya liquidada.

Para sostener el esquema anti-popular y anti-nacional se aplicaron préstamos y programas en áreas de administración de justicia y seguridad, los últimos para mutar la función de defensa nacional en policial, con programas que facilitarían la adopción de esquemas de intervención y ocupación del tipo ensayado por Estados Unidos en Colombia: en la base de la Iniciativa Mérida está la binacionalización de la seguridad interna. Se somete la política exterior a Estados Unidos y la guerra de Calderón desgasta las bases logísticas de las Fuerzas Armadas. Y la defensa nacional, ¿la asume el Comando Norte? ¿Transitamos al protectorado de facto? Además de la capitulación económica y jurisdiccional, ¿no se preparan procesos de absorción paulatina separatistas, como con la homologación de la administración de justicia (juicios orales)?

Desde los años 90 aumenta la presión sobre los estados norteño: con el TLCAN se agudiza la integración silenciosa, es decir de vínculos económicos, sociales, culturales e industriales creados a través de los años como parte de la interacción normal de intereses de los estados del sur de Estados Unidos con la economía y la sociedad norteñas de México. Es una fusión sui géneris, explosiva, con muros, militarización fronteriza y racismo anti-mexicano y procesos que tienden a desvincular el norte de México del resto del país en lo económico y en la administración pública, tales como los patrocinados por el BM en 37 municipalidades mexicanas que lindan con Estados Unidos. Se trata de la restructuración de la administración municipal mexicana, siguiendo el patrón de funcionamiento de los condados típicos de Estados Unidos.

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EU: mendacidad de Estado

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 12 de Agosto de 2010.

La colisión entre la retórica del gobierno de Estados Unidos para encubrir sus diseños de intervención y ocupación en América Latina (guerra al terrorismo, al crimen organizado o al narco) y los eventos que se observan día a día, es tan incontrovertible y pública que sólo la noción de esquizofrenia permite analizar lo que a todas luces es una criminal mendacidad de Estado.

Con la intensidad de la crisis estructural y hegemónica aumentan las contradicciones entre las proclamas oficiales por fortalecer el estado de derecho frente a la criminalidad y los hechos derivados de la codicia empresarial, del masivo desvío de fondos públicos al complejo bélico-industrial, a los órganos de espionaje y a la oligarquía financiera, mientras se recorta el gasto federal, estatal y de condados, con incontable pérdida de plazas y de partidas para obra pública, salud, servicios sociales, etc.

Esto ocurre junto a una inusitada y costosa militarización, paramilitarización y mercenarización de la política exterior, mientras se agudiza en lo interno el dilema entre cañones y mantequilla, y en lo externo la esquizofrenia imperial, con fuerte inclinación genocida (Irak, Afganistán, etc). Estados Unidos es el mayor exportador de armas –domina el comercio mundial–, por lo que no es difícil percibir el fondo del choque entre la guerra antiterrorista y antinarco y la reticencia del presidente Barack Obama por controlar el monumental flujo de armas de bajo y alto calibre a los cárteles al sur del Bravo.

Ante ese negocio y el fabuloso manejo bancario/financiero de la droga, los 28 mil mexicanos muertos en la guerra antinarco no son relevantes para Estados Unidos. Menos para una Casa Blanca que, al contrario, promueve la flexibilización de normas para agilizar las exportaciones armamentistas, según Obama, con miras a duplicar las ventas en 2015. Así, dice el diputado D. Manzullo (R) de Illinois, podremos salir de esta recesión.

La siniestra mendacidad es palpable en el informe anual de la Oficina para el Contraterrorismo del Departamento de Estado (DE) conocido la semana pasada. Ahí se señala que “la cooperación de Venezuela con Estados Unidos en materia de terrorismo ha sido reducida a un mínimo absoluto, y se censura que Caracas realice sus esquemas de seguridad sin guía de Estados Unidos –como corresponde a una nación soberana–, por lo que no es un socio fiable en el antiterrorismo y, en anacrónico arranque monroista, el DE se queja, como hizo Clinton en persona, de que Caracas, Brasilia y otras naciones del sur ¡mantengan relaciones con Irán! A esta arrogancia se agrega la hipocresía de un Estados Unidos practicante, como pocos, del terrorismo de Estado: en abril pasado se difundió un video suprimido, clasificado como secreto del Departamento de Defensa (DdD), en el que desde sus helicópteros Apache se matan civiles y dos camarógrafos de Reuters en Bagdad. Son asesinatos colaterales que el lector puede presenciar en Wikileaks.

A la hipocresía se agrega la infamia, evidente en la devastadora masa de más de 90 mil archivos top secret de la guerra en Afganistán (la mayor fuga de seguridad en la historia militar), obtenidos y diseminados por Wikileaks, que muestran, entre otros horrores, cómo el DdD, la OTAN, sus aliados británicos y decenas de miles de contratistas y fuerzas especiales han eliminado cientos de civiles en acciones no reportadas. En un programa de asesinatos del gobierno Bush/Cheney se documentan múltiples ejecuciones extrajudiciales del liderato talibán, realizadas por unidades secretas bajo la instrucción de matar o capturar. Toda la documentación, que The Guardian publica en su edición electrónica, muestra cómo las fuerzas de la coalición usan, con mayor frecuencia, aviones no tripulados Reaper para cazar y matar a los talibanes, a control remoto desde una base en Nevada, actividad que según la prensa persiste y se acentúa con Obama/Clinton, con cientos de bajas, en quebranto abierto y cotidiano al Derecho Penal Internacional.

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Frente al tsunami popular

John Saxe-Fernández, La Jornada Jueves 29 de Julio de 2010.

Con la economía bajo gravitación depresiva, el empleo de largo plazo en aumento, los salarios en deflación y una reforma financiera que no evade riesgos sistémicos, el gobierno de Obama intensifica, como lo hizo su antecesor con resultados desastrosos para los derechos humanos y alto riesgo para la paz mundial, el uso de la carta militar para contrarrestar el deterioro hegemónico y la vulnerabilidad económico-estratégica por su inusitada dependencia de recursos naturales esenciales, en especial de combustibles fósiles que importa al 65 por ciento.

La ecuación internacional de poder, impactada por la crisis de acumulación capitalista, el cambio climático y el peak oil (¡en 25 años la demanda mundial de energía aumentará 49 por ciento!), agudiza su multipolarización: vivimos en otra constelación histórica que en América Latina se expresa en incipientes y novedosos mecanismos para fortalecer la soberanía y seguridad regionales, como la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y significativos procesos de construcción social alternativa, apoyados por amplios movimientos sociales inclinados a tomar en mano propia el manejo de recursos, economía, moneda, defensa y con políticas exteriores favorables a la resolución pacífica de conflictos.

Es un tsunami de soberanía y seguridad popular y regional que interfiere con arreglos oligárquico-imperiales y que EU y sus lacayos combaten a sangre y fuego: del petróleo en aguas profundas del Golfo de México a las arenas bituminosas de Canadá y el petróleo convencional y super-pesado de Venezuela, sin importar costos socio/ecológicos, el Pentágono y las grandes petroleras se aprestan a la toma del botín.

Con la economía y recursos de México y Canadá en el bolsillo imperial, el objetivo inmediato es la revolución bolivariana y su petróleo. Así lo evidencia un mensaje desde EU en que se advierte al presidente Chávez de otra maniobra contra él y la revolución: la fase de preparación de la comunidad internacional, con ayuda de Colombia, está en plena ejecución (con la ofensiva de Uribe contra Venezuela en la OEA, respaldada, como en Honduras, por la Casa Blanca) agregándose que lo que se vive es parte del plan integral...la operación militar va...la realizarán los del norte, pero no quieren entrar directamente en Caracas.

También se revela que se aceleró la fase de ejecución, unido a una fuerza de contención, desde Estados Unidos ...hasta Costa Rica, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico (por el despliegue de 18 mil marines y guardacostas gringos endosado por la presidenta tica Norma Chinchilla y la diputación del Partido Liberación Nacional).

Los altos cargos que ejecutan el operativo anti-bolivariano dicen que los colombianos solos no pueden ejecutar la operación en corto tiempo por lo que decidieron involucrarse directamente, cuando el conflicto se dé. La agresión contra la Venezuela que toma posesión soberana de su renta petrolera viene desde Bush/Cheney. Obama la intensifica usando el smart power que incluye el poder duro contra las coaliciones regionales (Unasur/Alba) fortaleciendo las Fuerzas Especiales y la Cuarta Flota, orquestando el golpe en Honduras, desplegando las bases en Colombia y ocupando con fuerza castrense a Costa Rica; y el poder suave, por medio de vastos subsidios a ONGs, partidos políticos, líderes y montajes de guerra sicológica y política con una enorme ofensiva publicitaria desde medios periodísticos, radiofónicos, televisivos y la red: New York Times, Newsweek, CNN, etcétera, siempre dispuestos a des-informar sobre la región, Venezuela o Chávez.

CNN lo hace con desmedro ético-profesional: ajusta noticieros y análisis económicos a la línea anti-Chávez de la comunidad de inteligencia. Igual de significativo: en Estados Unidos se palpa una veda informativa de la desorbitada militarización e intervención de Estados Unidos en la región, acompañada por el despliegue antipopular de fuerzas especiales en 19 naciones latinoamericanas.

Incluso portaaviones enfrentarán a lanchas rápidas de traficantes: Permisos para “patrullaje conjunto” despiertan repudio

Escrito por EDUARDO RAMÍREZ FLORES, El Semanario Universidad, 14 al 20 de Julio 2010. (erflores@semanario.ucr.ac.cr)

La dinámica entre armas, negocios y drogas sirve como excusa a Estados Unidos para intervenir en otros países, afirma el analista John Saxe-Fernández. Los permisos legislativos para que un centenar de embarcaciones artilladas y más de 18.000 oficiales de la marina y del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, puedan desplazarse en la lucha contra el narcotráfico por el territorio costarricense en los próximos seis meses, desató el repudio de diversos sectores, no solo por la desproporción del contingente, sino por el trámite violatorio de la Constitución Política. Aunque ha venido ocurriendo desde hace varios años, un mayor irrespeto permitido ahora por la Asamblea Legislativa a los términos en que se pactó el convenio de patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos en 1999, desató las críticas y el malestar de numerosas organizaciones sociales y políticas del país. La polémica se disparó entre el 30 de junio y el 1 de julio, cuando diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Movimiento Libertario (ML) se dieron la mano para renovar los permisos de patrullaje que se realizan desde 1999, al amparo de la ley número 7929. Pese a que la ratificación de estos permisos semestrales se había vuelto un asunto de mero trámite legislativo en los últimos años, la aprobación reciente provocó una fuerte oposición de un grupo de diputados, en vista de que ese órgano legislativo fue más allá de lo que estipula el convenio y no solo autorizó la participación tradicional de los barcos del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, sino que avaló la entrada de 46 embarcaciones de guerra de la marina de ese país, entre ellas portaaviones. Sumado a lo anterior, legisladores que se opusieron al trámite cuestionaron la vigencia del convenio, suscrito por las partes por un periodo de 10 años, sin que se haya formalizado su prórroga. Además de las aparentes violaciones a la Constitución Política en la tramitación de dichos permisos, algunos sectores objetan la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el mar patrimonial costarricense, al considerar que lejos de disminuir el tráfico de drogas, más bien ha aumentado en los últimos años, y porque este patrullaje más bien es una excusa para los propósitos geopolíticos norteamericanos. Esta intención de Estados Unidos la tiene muy clara el especialista en estudios latinoamericanos John Saxe-Fernández, nacido en Costa Rica y ciudadano mexicano, coordinador del programa "El Mundo en el Siglo XXI", del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Saxe-Fernández dijo a este Semanario, que “la militarización de la campaña antidrogas, en México y ahora en Costa Rica, es en realidad un esquema imperial de intervención y ocupación de 'espectro amplio'. Es decir, por medio de operativos aéreos, navales y terrestres, que –sépanlo los irresponsables que abrieron las puertas del infierno desde la Asamblea Legislativa– gesta ya en México un gran trauma con más de 22 mil muertos e incontables tragedias”. El experto agregó que “es la 'guerra' fallida de Calderón (Felipe, presidente de México) que ahora hace suya Chinchilla (Laura, presidenta de Costa Rica), mientras el aparato de seguridad y el sistema bancario y grandes firmas de inversores sacan jugo con la dinámica entre el tráfico y consumo, sin control de drogas y la venta de armas en Estados Unidos” (véase recuadro “La excusa del narcotráfico”). APROBACIÓN ¿INCONSTITUCIONAL? Vale recordar que el 30 de junio pasado, con 34 votos a favor y 13 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó el permiso para que en los próximos seis meses puedan participar en el patrullaje conjunto contra el narcotráfico 53 embarcaciones y aeronaves del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, según lo contemplado en el referido convenio. Un día después, el Poder Legislativo autorizó también para que puedan sumarse a las labores de patrullaje 46 barcos artillados de la marina estadounidense, entre los cuales hay portaaviones y otras naves que han participado en conflictos bélicos. Solo se reportaron tres no artilladas. Al gestionar los permisos la embajada de Estados Unidos, aclaró que no todas las embarcaciones surcarán las aguas nacionales y “solamente lo harán aquellas que necesiten hacer visitas cortas”. De acuerdo con la capacidad máxima de tripulación de las 99 embarcaciones con permiso tramitado, podrían transitar por territorio de Costa Rica de aquí a diciembre, 18.317 oficiales estadounidenses, los cuales en conjunto superan el número de las fuerzas policiales costarricenses. Hace algunos días el ministro de Seguridad Pública, José María Tijerino, mencionó que bajo su cargo hay un poco más de 13.000 policías. En cuanto a los permisos aprobados, varios diputados los combatieron con fuerza, al estimar que se irrespetaba la Carta Magna; entre ellos estaban Luis Fishman (Unidad Social Cristiana –PUSC-), Juan Carlos Mendoza (Acción Ciudadana –PAC-) y José María Villalta (Frente Amplio). Este último informó a UNIVERSIDAD que a más tardar el lunes 12 de julio presentaría una acción de inconstitucionalidad contra lo acordado, ya que en su opinión estos permisos son “un cheque en blanco” para Estados Unidos y con ellos se viola –entre otros aspectos– el artículo 12 de la Constitución Política, que establece que “solo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares” (…). Villalta recordó que la entrada de barcos militares fuera del marco del convenio no es nueva, pues se produce desde la administración del mandatario Abel Pacheco, con la anuencia de la Asamblea Legislativa y la oposición de algunos diputados. “Como ellos (Estados Unidos) ven que el país lo ha ido permitiendo, cada vez se abusan más del convenio”, acotó. Además de Villalta, el convenio fue impugnado en los tribunales de justicia por diputados del PUSC, por el abogado Roberto Zamora Bolaños, y por el ciudadano Yeudy Blanco Vega. Asimismo, han protestado contra la Ley 7929 organizaciones como la Comisión Nacional de Enlace, el Centro de Amigos Cuáqueros para la Paz, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, y el Concejo Municipal de San Ramón de Alajuela. Respecto de la vigencia del convenio, el tres veces diputado José Miguel Corrales aseguró que ya está vencido desde octubre del año pasado, en vista de que era por diez años y hasta la fecha las partes firmantes no ha formalizado su prórroga, tal como lo establece el acuerdo. De igual manera, el exlegislador sostiene que es inconstitucional que se permita la participación de fuerzas militares en la lucha contra el tráfico de drogas, que es una tarea eminentemente policial. Corrales es de la tesis de que este convenio se enmarca en estrategias de Estados Unidos como el Plan Mérida y el Plan Colombia, de lucha contra la guerrilla de ese país, y de enfrentamientos geopolíticos con gobiernos que no le son afines, como el de Venezuela. “Costa Rica tiene una posición geográfica estratégica en el continente y por eso muchos desean usar su territorio, para poder controlar las operaciones de otros países”, comentó. Una opinión coincidente con Villalta y Corrales expresaron los abogados Nicolás Boeglin y Óscar Hernández , profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Boeglin –experto en derecho internacional público- y Hernández –hasta hace poco asesor legislativo por más de 20 años, en donde analizó el citado convenio– son del parecer que el aval de la Asamblea Legislativa para que participen en el patrullaje fuerzas militares estadounidenses deviene en inconstitucional, dado que el combate contra las drogas se debe hacer bajo principios policiales y no bélicos, como son los que rigen para los miembros del ejército. Hernández enfatizó en que el artículo 12 de la Constitución deja claro que “para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesaria”, lo cual en su criterio excluye a las fuerzas militares para reprimir la criminalidad común y por eso de la participación del Servicio de Guardacostas estadounidense, que está adscrito al Ministerio de Transporte de ese país y no al ejército. La excusa del narcotráfico “La campaña antinarco en México, Colombia, Centroamérica y el Caribe, no ataca las raíces ni los pilares de la criminalidad y del tráfico de drogas: o los deja intactos o los acicatea. Eso sí, los utiliza como excusa para intervenir en tierra, aire y mar, junto al despliegue de bases, esquemas portuarios y empresariales de dominio económico-territorial sobre recursos humanos y materiales”. Esta es la contundente opinión del especialista en estudios latinoamericanos John Saxe-Fernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al analizar el contexto internacional en que se da la participación de Estados Unidos, en la lucha contra el narcotráfico más allá de sus fronteras oficiales. Al ser consultado por este Semanario, Saxe-Fernández criticó desde Ciudad México las políticas económicas de Estados Unidos que, mientras profundizan la pobreza en América Latina, “auspicia a los inversionistas foráneos como piedra angular del modelo”, el cual promueve la informalidad económica, la criminalidad y el narcotráfico. Frente a esta coyuntura internacional, el experto sostiene que “Washington y su Pentágono saben que el estallido social está en curso y es de largo alcance y que muchos de nuestros pueblos están reaccionando a la crónica embestida de clase, de corte oligárquico-imperial y antinacional, tomando el mando de su destino, de su economía, de sus recursos, comercio y moneda, en mano propia. De ahí la reactivación de la Cuarta Flota (que incluye a la Marina de Guerra y a los Guardacostas de EE.UU.), el despliegue de bases en Colombia, y a un año del golpe en Honduras, la militarización de Costa Rica”. Según Saxe-Fernández, “el manejo que hace Washington de la dinámica entre armas, negocios (bancos, empresas de inversión, petroleras, mineras, etc) y drogas, es central en la promoción del caos y la inestabilidad. Es la base y excusa para la intervención y ocupación militar, en curso en México y -por lo que veo- también en Costa Rica. Todo el mundo sabe que el instrumento militar no es central en cualquier diseño antinarco, que la información, la investigación policial, el control del sistema financiero y del flujo de armamento, sí son los rubros esenciales”.

Ocupación benevolente

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 15 de Julio de 2010.

Es preferible que transiten por el país soldados de Estados Unidos antes que sicarios o traficantes de drogas, señaló Mauricio Bo- raschi, el zar antidrogas del gobierno de Costa Rica, encabezado por Laura Chinchilla (La Nación (N) 3/7/10), ratificando así la intención de fondo de la cruzada antidrogas (Iniciativa Mérida) estadunidense: la intervención y ocupación militar de América Latina, que percibe como su reserva estratégica (petróleo, gas, minerales, forestas, etc).

Esta meta fue avalada por Calderón en la junta del alto mando de seguridad nacional EU-México el 23 de marzo pasado. Al día siguiente de esa junta, Janet Napolitano, de la Seguridad Interior de Estados Unidos, en pretendida indiscreción reveló a la National Public Radio que Calderón dijo a Robert Gates y a Michael Mullen, jefe del Estado Mayor, “que estaba abierto a la posibilidad de aceptar la presencia en México de soldados (de Estados Unidos) …se sugirió que él la habría pedido” (Universal 5/4/10). Poco después, el subsecretario de Defensa estadunidense para el hemisferio confirmó el envío a México de asesores militares. El acato de Calderón a esos diseños de seguridad está presente en su fallida guerra contra el narco y en su intento por derogar (en 2007) la Ley de Neutralidad de 1939, que obstaculiza la presencia de buques, submarinos y aeronaves de guerra en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos.

En Chinchilla la capitulación es por igual, nítida y patética: se da en medio de informes de la complicidad de grandes bancos y firmas de inversión de Estados Unidos (Wachovia de Wells Fargo, Citigroup, Western Union, etc) en el lavado de dinero y la notoria laxitud oficial; de la ineptitud del gobierno estadunidense en el control de la demanda de drogas y de su extraña reticencia para abatir el colosal flujo de armas de alto poder hacia los cárteles al sur del Bravo.

La presidenta tica niega la militarización de la lucha antidrogas, pero solicita y logra de la Asamblea Legislativa (bajo un Convenio de Patrullaje Conjunto) autorización para el ingreso al país de más de 7 mil marines en los próximos seis meses, a bordo de 46 naves de la Armada, para combatir al narcotráfico y como no vienen de paseo filantrópico, pide, a decir de José M. Villalta, diputado del Frente Amplio, que el gobierno de Costa Rica renuncie a presentar cualquier reclamo por daño, pérdida o destrucción de la propiedad de otro, lesiones o muerte del personal de ambos que surgieran de las actividades.

Luis Fishman, de la Unidad Social Cristiana, quien firmó ese convenio cuando fue ministro de Seguridad Pública hace 10 años, consideró que la actual solicitud lo viola por ilegal e inconstitucional y demandó respeto a la soberanía nacional. El convenio, aclaró, permite el ingreso de naves del Servicio de Guardacostas (SG) pero no de la Marina de Guerra, que no están preparadas para combatir el narcotráfico sino para otro tipo de conflictos y enfrentamientos militares.

Una vez abierta una rendija, Estados Unidos la interpreta como convenga a su interés empresarial y necesidad geoestratégica, por ejemplo, el control de la principal reserva petrolera del hemisferio, localizada en Venezuela.

Juan L. Sánchez B (Royal Military College), ejemplifica: “el USS Makin Island es un portaviones de asalto anfibio, portador de lanchas de desembarco, helicópteros y aviones de ataque y 1024 marines, y el USS Freedom es nave portamisiles, con capacidad antibuque y antisubmarina… ¿Será que se intentan operaciones encubiertas de inserción de tropas en naciones vecinas para neutralización de objetivos del narco?” (N.7/7/10).

La embajada de Estados Unidos y el gobierno alegan que las naves vienen bajo el mando del Servicio de Guardacotas y responden a esas autoridades, no a la Armada. Según su vocero, los motivos del vasto despliegue son humanitarios, médicos y educacionales. Los helicópteros, dijo, vendrán esta vez con ropa y sistemas de filtración de agua para donarlos a las comunidades y con mil ositos de peluche. Menos mal.

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El Macondo del Golfo

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 1 de Julio de 2010.

L

a codicia de British Petroleum (BP) por el crudo del yacimiento Macondo en el Golfo de México, llamado así por la novela de García Márquez, pudo más que las advertencias sobre la inestabilidad subyacente para proceder con su explotación en aguas profundas: los datos sismológicos mostraban que había gran cantidad de metano debajo y alrededor de Macondo. Aunque el peligro de explosión era alto, BP instaló la plataforma Deep Water Horizon, semisumergible de aguas ultra-profundas (hasta 10 mil 685 metros) de posicionamiento dinámico, propiedad de TransOcean y de Anadarko Petroleum, dueña del 25 por ciento.

Tras su estallido y la muerte de 11 trabajadores el 20 de abril, los testimonios técnicos ante el Congreso de EU mostraron que BP, responsable de la operación, se manejó con doblez al privilegiar el abatimiento de los costos por encima de todo, colocando en serio riesgo la integridad estructural del pozo. Jim Hackett, gerente de Anadarko acusó a BP de “negligencia mayor o intencionada mala administración”, cuando rehusó responsabilidad alguna por el accidente, que además de las bajas, provocó un mega-desastre ecológico cuya dimensión rebasa la imaginación al aumentar el conocimiento científico sobre sus impactos ambientales, pese a la resistencia de BP a informar.

BP fue acusada de ocultar la verdadera dimensión del desastre y a la Casa Blanca se le cobra la desregulación de las perforaciones offshore antes del accidente. El Centro de Diversidad Biológica amenaza con enjuiciar al gobierno por saltarse regulaciones y aprobar 300 nuevas operaciones de este tipo desde enero de 2009, sin los permisos relacionados con la protección de mamíferos marinos.

Quienes han estudiado los videos del derrame lo calculan en 13 millones de litros diarios, 14 veces más que lo reconocido por BP. Peor aún: el petróleo de Macondo contiene 40 por ciento de metano, comparado con 5 por ciento hallado en los depósitos típicos. Científicos de universidades de la región han hallado bolsones a gran profundidad, de casi 20 kilómetros de largo, desplazándose a 32 kilómetros al sudeste de Macondo, con una concentración de metano 10 mil a 100 mil veces mayor de lo normal y con niveles de destrucción del oxígeno de 30 por ciento o más, amenazando con aniquilar los microorganismos y con ello la vida misma y formar más zonas muertas en el Golfo, lo que llevó a John Kessler, oceanógrafo de la Texas A&M University y estudioso del impacto de ese gas en el derrame, a exclamar: “es la erupción de metano más vigorosa registrada en la historia humana moderna”.

Algunos vinculan la presencia de esos bolsones a que BP inyectó en el foco del derrame grandes cantidades del dispersante Corexi/9500, fabricado en Illinois, con vínculos empresariales con BP. Por ser altamente tóxico está prohibido en Europa. El The New York Times señala que la Agencia Ambiental de EU lo acepta, pero no es el dispersante menos tóxico ni el más efectivo. Se usa a gran profundidad, según algunos, para ocultar la magnitud del flujo, coagulando ahí parte del petróleo. Por los huracanes el calor y la evaporación, su efecto en mar y tierra es en potencia, devastador.

En medio del drama, humor: el mimo Andy Borowitz dijo al Huffington Post que “Goldman Sachs (GS) endosó unasubstancial apuesta financiera contra el Golfo de México según correos electrónicos de Fabrice Tourrene”. Aunque es una broma, Tourrene es el ejecutivo de GS demandado por presunto fraude, mentir y ocultar datos a los inversionistas. Por lo que el chiste de un Tourrene supuestamente diciendo que “con sólo que una plataforma petrolera caiga estaremos nadando en lana”, “suck it, fishies and birdies”, capta la esencia de la tragedia de hoy.

En Macondo realidad y ficción son una: como Wachovia Corp., de Wells Fargo y el banco UBS, GS cedió acciones de TransOcean y vendió 44 por ciento de su portafolio de BP por 250 millones de dólares antes de la explosión. El capitalismo cuida la lana, no la vida del trabajador o la integridad de la biosfera.

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El Estado subrogado

John Saxe-Fernández

La Jornada, a Jueves 18 de junio de 2010.

L

a base macroeconómica del diseño vigente desde 1982, ahora bajo el Proyecto 2030 de Calderón, urdido con mente de Estado fallido y su mutación en protectorado de facto de EU, al inducir la subrogación o extinción de funciones esenciales para una nación soberana, como las de seguridad interna, defensa nacional y política exterior, se ha sustentado en la austeridad fiscal, el abatimiento inflacionario y del déficit, promovidos por el FMI-BM-BID y aplicados selectivamente por los hacendistas locales. Los resultados fueron ruinosos: un cálculo moderado registra en 2009 una colapso del –7 por ciento del PIB, de los peores del mundo, y la mayor generación de pobreza de América Latina, para no mencionar más desempleo, informalidad económica, criminalidad y la devastación de la clase media. Aún así, ¿por qué se profundiza el modelo sostenido 28 años por EU (FMI-BM-BID) y los gobiernos del PRI-AN?

El Executive Board del FMI, al autorizar en 2009 una Línea de Crédito Flexible (LCF) por 48 mil millones de dólares (mmdd), renovada en 2010, (PR 10-114) nos da la respuesta. En la LCF, un arreglo cautelar, se afirma que el gobierno mexicano ha mantenido un récord de políticas económicas sanas y tiene fundamentales y marcos de referencia muy sólidos (sic), gracias a “la austeridad y la estabilidad presupuestal. El FMI anuncia su diktat a México a los cuatro vientos y sin rubor:Este arreglo sucesor de la LCF continuará jugando un papel cardinal en apoyo de la estrategia macroeconómica de las autoridades (¿mexicanas?) y para sostener la confianza, hasta que las condiciones mejoren, complementando el financiamiento de otras multilaterales(sic).

A Hacienda la persuade más la LCF que advertencias de decenas de especialistas del más alto nivel: en medio del peor huracán económico mundial en 80 años, el mensaje de la LCF es: ¡no toquen el recetario de austeridad ni la desregulación financiera!; ¡aumenten el gasto en seguridad interna (y luego subróguenla). Cuando la economía estalle, ¡vendan todo, criminalicen la protesta social y subroguen el sistema carcelari! Ello porque la fijación anti-inflacionaria, el rigor fiscal y el abatimiento del déficit en un contexto en que a nivel mundial el riesgo es deflacionario (Bloomberg/BW 6/VI/2010) son medidas óptimas para ahondar el saqueo oligárquico-imperial del país, como se explicita en el Plan 2030, que marcha al finiquito del proyecto nacional por la vía de la privatización y extranjerización económica, la extinción sindical y de los entes públicos estratégicos, el ahogo presupuestal de la demanda agregada y del sector productivo, de la educación media-superior y superior: cuando se recorta el gasto público y se acota el ingreso del consumidor (vía aumentos al IVA, gasolinas, etcétera), se azuza la recesión, el cierre de empresas y más desempleo, gestándose el círculo vicioso que induce una reducción drástica de los ingresos fiscales –con aumentos en el déficit–, la especulación y la privatización. Los recortes del déficit durante una contracción, dice Mike Whitney”,… crean más déficit, desempleo y recesión… país que siga el recetario del FMI… sufre una mini-depresión: al debilitar al Estado, el sector privado y los especuladores esperan apoderarse de empresas públicas a precio vil e inducir la privatización de los servicios públicos: esos son los objetivos reales detrás de la austeridad”.

No sólo se impulsan así las privatizaciones a todo nivel. También sesujeta a México en el perímetro de seguridad de EU, por medio del Comando Norte/Iniciativa Mérida y se induce el Estado subrogado: aquel donde se hace el outsourcing de todo lo que huela a negocios, incluyendo el futuro del país. Ya la codicia por el estratégico sector petro-eléctrico lo hizo con el destino de más de 44 mil familias del SME y la irresponsabilidad e incompetencia lo hicieron con el de miles de mineros y el de los 49 infantes calcinados en la subrogada guardería ABC.

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