¿Hacia una calamidad global?
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 25 de Marzo de 2009.

En medio de los desastrosos efectos socioeconómicos de la crisis de 2008, considerada el peor descalabro económico de EU desde la gran depresión, en criterio de prominentes estudiosos, financieros, ex reguladores federales y economistas, se está incubando otra crisis, "peor que la actual". En un informe realizado para el Instituto Roosevelt por un panel de alto nivel que incluye a Rob Johnson, de la Comisión de Expertos de la ONU sobre finanzas y a Elizabeth Warren, analista del mega-rescate bancario de Bush-Obama y coordinadora del Panel Legislativo de Vigilancia del mismo, se advierte que las reformas y regulaciones propuestas por el gobierno y el poder legislativo son insuficientes para evitar que "los grandes bancos persistan en realizar grandes inversiones de alto riesgo como las que precipitaron el casi-colapso de la economía en 2008" (Mathew Jaffe, ABC News).

Los expertos plantean que esa economía –y con ella la del mundo– podría estar ya inmersa en un "ciclo terminal" ("Doomsday Cycle") en el que los bancos usan el rescate (cercano al billón –millón de millones– de dólares) para pagar jugosos dividendos a los accionistas y multimillonarias compensaciones a la cúpula gerencial bancaria. Bajo los efectos de un masivo subsidio al principio de privatización de las ganancias y socialización de los riesgos, el informe advierte que "la toma de riesgos por parte de los bancos pronto será mayor que nunca". Sin el tipo de regulaciones como las planteadas por Warren et al, queda claro que, como indica Johnson, "será inevitable otra crisis", más amplia y aguda "que debilitará tanto a nuestro sector financiero como a la economía como un todo". El mismo Joseph Stiglitz, jefe de economistas del mencionado Instituto, califica el informe como "un importante punto de arranque del debate para saber dónde estamos en torno a la reforma regulatoria". Más que un comentario, ésta es una elocuente advertencia si se tiene presente que según el informe, "los líderes de nuestro gobierno han mostrado poca capacidad para solucionar las fallas de nuestro sistema de mercado", una reprimenda ante el hecho de que librecambistas como Ben Bernanke, actual jefe de la Reserva Federal y Tim Geithner, el secretario del Tesoro de Obama, "supervisaban la política mientras se inflaba la burbuja". Esta crítica fue endosada por panelitas como Simon Johnson, del MIT, y Peter Boone, del Centre for Economic Performance. Fue unánime la percepción de los panelistas de que “en 2008-2009 estuvimos muy cerca de otra gran depresión. La próxima vez quizá no tengamos tanta suerte. La amenaza del ciclo terminal permanece fuerte y sigue creciendo”.

La frágil estabilidad social en Estados Unidos de posguerra se fundó en 70 años en que su economía creció a un ritmo continuo, generando ingresos y riqueza, aunque de manera decreciente y cada vez más inequitativa. Desde diciembre de 1999 se registró un aumento neto del cero por ciento en la creación de empleo: como destacamos desde estas páginas nunca desde 1940, se tuvo un aumento del empleo menor a 20 por ciento (Neil Irwin, WP 2/I/10, p A01).

Peor aún: la producción creció al promedio más bajo registrado en cualquier década desde 1930 y la Oficina de Impuestos (IRS) indica que el desempleo, subempleo y la polarización social se agravan. En medio de brutales desalojos y subasta de millones de casas, el ingreso promedio de las 400 familias más ricas pasó de 17 a 87 millones de dólares anuales, triplicando su tajada del ingreso total, mientras los impuestos a los privilegiados cayeron 16.6 por ciento. En paralelo se consolida el estado de excepción policial/militar, una línea que se instala dentro y fuera del país.

Cuando los panelistas se plantearon “¿qué pasará cuando nos pegue el próximo shock?”, la advertencia fue tajante: “…nos estamos acercando a la etapa en que la respuesta a este interrogante (justo como ocurrió durante la gran depresión) será: un calamitoso colapso global”.

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Pifias imperiales
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 11 de Marzo de 2010.

Horas antes de su reunión con la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, con motivo de su reciente gira en América Latina, el presidente Lula y Celso Amorín, el canciller de Brasil, explicitaron ante los medios su convicción sobre la imprudencia que acarrea “…empujar a Irán contra la pared. Lo prudente es establecer negociaciones”. Expresión de una diplomacia preventiva (y precavida) es otro indicio de cambios en la ecuación mundial y hemisférica de poder que ocurre en medio de una crisis económico-financiera y estratégica de gran magnitud y cuyo manejo exige serenidad y apego a la normatividad internacional vigente.

En buena medida Lula e Itamaratí amortiguaron la intensa campaña diplo-militar y económico-financiera de Estados Unidos en América Latina y el mundo para promover otra ronda de sanciones contra Irán. Parte de un vasto y riesgoso esquema de desestabilización, encaminado a un "cambio de régimen" en Irán, es una beligerancia persistente desde el triunfo de la revolución iraní en 1979, con enorme potencial para inflamar Oriente Medio y más allá.

Otra muestra ominosa de la imprudencia imperial la protagonizó la semana anterior el Grupo de Acción Financiera (Gafi), instancia intergubernamental creada en 1989 y dedicada a combatir el lavado de dinero y la financiación de grupos terroristas, cuando ubicó a Ecuador "en situación de riesgo" por "deficiencias estratégicas" y supuestas "debilidades en la lucha contra el lavado de activos y financiación al terrorismo".

Arbitrariedad ante la que el canciller Ricardo Patiño replicó que su país había dado todas las muestras y hecho “todo lo que corresponde…para combatir el narcotráfico, el lavado de activos, el lavado de dinero de negocios ilícitos y, por supuesto, entre ellos, la financiación al terrorismo”. No sólo fue, dijo Patiño, un "gravísimo error y una ofensa a la dignidad y soberanía", sino también, a decir del presidente Correa, una decisión vinculada a la relación que su país tiene con Irán que data de 1973 y que se mantiene con "todas las precauciones que se haya que tomar en los temas financieros". Cuando se pidió explicación al FMI por su inacción ante ese agravio, argumentó con arrogancia y cara dura, que obedecía ¡al "no sometimiento" ecuatoriano a sus lineamientos !

La bancarrota de la diplomacia de Estados Unidos es patente: investigaciones de su Oficina Auditora General (GAO) muestran que entre 2003 y 2008 las 29 firmas del Pentágono con contratos mayores a mil millones de dólares aumentaron 26 por ciento la creación y uso de subsidiarias en paraísos fiscales (Islas Gran Caimán, Bahamas, Suiza, Antillas Holandesas, Bermuda, Luxemburgo, etcétera) para evadir impuestos, precarizar a los trabajadores de Estados Unidos y evitar el pago de seguro médico.

"Es altamente llamativo", dice un análisis político, "que estos grandes refugios globales para esconder la riqueza corporativa de la oficina de recaudación de impuestos, también hayan sido identificados por cuerpos policiales y otros investigadores, como puntos clave para el lavado de dinero en el comercio internacional de drogas". Según el informe GAO-10-327 en 2008 esos contratistas mantenían casi mil 200 subsidiarias en paraísos fiscales, sin que la Casa Blanca, el FMI o el Gafi digan ni pío, aunque el entonces senador Obama estaba bien enterado al respecto.

Dada la estrecha relación comprobada entre las operaciones encubiertas de la CIA, el tráfico de armas y de drogas, las actividades subversivas de la llamada "comunidad de inteligencia" y las actividades –y ganancias– de esos contratistas (bélico-industriales y de servicios de seguridad), es torpe embestir a Quito y otros miembros de ALBA con acusaciones infundadas: es pifia mayor, ante el escrutinio legislativo y de agencias como Interpol, lanzar esta ofensiva de cara al informe de GAO, circulado en enero de 2010, que apunta a un escándalo como el operativo Irán-contras para derrocar al sandinismo, pero ahora a la décima potencia.

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El "abrazo simbiótico"
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 25 de Febrero de 2009.

En "The Great Financial Crisis" (Monthly Review, 2009), John Bellamy Foster y Fred Magdoff arrojan luz sobre las causas y consecuencias del grave trance que enfrenta la economía de Estados Unidos y del mundo. Los autores actualizan líneas de análisis e interpretación ofrecidas por Paul Sweezy, Harry Maggdof y Paul Baran. Lo hacen de manera concisa y sugerente, permitiéndoles captar las tendencias de fondo de las vicisitudes que a diario informa la prensa, como "el abrazo simbiótico" entre estancamiento y explosión financiera, reconocido aún en medios empresariales.

Como la gama de temas presentados es amplia y compleja me centraré un algunos asuntos de interés inmediato, como el problema clave del crédito que los autores retoman, y la especulación en el proceso de absorción de excedentes recordando cómo, en vena autocrítica, décadas después de publicado El capital monopolista, Sweezy enfatizó (en 1994) que lo único que podía afirmar con confianza “…es que sólo será posible lograr una mejor compresión de la sociedad del capitalismo monopólico de hoy, sobre la base de una teoría más adecuada de la acumulación capitalista, con énfasis especial en la interacción entre la dimensión real y financiera que ahora posee”. De aquí que se traiga a la memoria que ha sido la coexistencia entre la perceptible tendencia al estancamiento que caracteriza la evolución del capital monopólico desde finales del siglo XIX y la hipertrofia financiera, centrada en la especulación, resultado de las decrecientes oportunidades para la apropiación de excedentes en el aparato productivo, que gesta lo que se conoce como "la hipótesis de la inestabilidad financiera".

Planteada por Hyman Minsky, resulta de la tendencia de las economías centrales hacia estructuras financieras cada vez más frágiles que, sin apoyos en el aparato productivo, generan crisis cuya extensión e intensidad se va incrementando.

En criterio de Harry Magdoff, ya desde la reaparición del estancamiento a mediados de los sesenta, resultaba crucial aclarar no sólo el papel del crédito y la especulación en la expansión y contracción de los excedentes, sino también la interrelación entre Estados Unidos como banquero mundial, el dólar como moneda internacional, las dificultades en la balanza de pagos y la naturaleza internacional de la economía de Estados Unidos. "No hay duda", dicen los autores, de "que el capital monopólico-financiero requiere de más intervención en la vida económica y social de los países pobres, para extraer aún más excedentes de la periferia. El tercer mundo ha vivido por largo tiempo una enorme transferencia neta de excedentes."

Ese fenómeno fue estudiado y calibrado por Pablo González Casanova (PGC), autor de un índice compuesto de transferencia neta de excedentes de la periferia a los países capitalistas centrales. Demostró que el neoliberalismo aceleró "las transferencias a favor del centro y en detrimento de la periferia" y lo sustentó en fuentes estadísticas oficiales. En La Explotación Global (Ceiich/UNAM 1999) además propuso y analizó los efectos de las transferencias de excedentes de los asalariados a los no asalariados, "fenómeno que originalmente afectó a los trabajadores de la periferia y cada vez más afecta a los del propio centro".

Hasta 1995 las pérdidas acumuladas –en 23 años– por los países pobres fueron poco más de 4.5 billones de dólares, una proeza oligárquico-imperial a base de bayonetas y reformas estructurales. Se pone de manifiesto, con Marx, que "la acumulación de la miseria es una condición necesaria que corresponde con la acumulación de la riqueza": y también la relación entre las crisis del capital monopólico-financiero, el imperialismo, el estado de excepción y de guerra.

Como el abrazo simbiótico ahoga la capacidad del sistema para superar sus contradicciones, resulta imposible plantear una alternativa, como dice PGC, sin afrontar "las relaciones de dominación y apropiación, depredación y explotación".

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Otoño imperial
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 11 de Febrero de 2009.

“El proceso político de Estados Unidos está tan quebrado como el sistema financiero.” Así respondió Paul Volcker, ex jefe de la Reserva Federal (Fed) y presidente del Consejo Económico de Obama cuando se le preguntó si el aparato político era capaz de reparar un sistema financiero con gran poder y fuera de control (Businessweek, 11/1/2010, p.13). Lo rotundo de la réplica indica malestar porque la Casa Blanca pone oídos sordos a sus planteos para restablecer regulaciones básicas (como la Ley Glass-Steagal de 1933, que separa la banca comercial de la de inversión), hechas trizas por la "reaganomics" que alcanzó el delirio con Bush II y, además, evidencia el temor a la gran ruina económica y socio-política que acarrea un empeoramiento de la grave crisis en curso.

Las advertencias y urgentes propuestas de Volcker llaman la atención por venir de quien lideró la Fed que, consistente con sus orígenes, sigue siendo el cabildo de la oligarquía financiera: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Bank of America, CityGroup, etcétera y que se sume a otros economistas de primera línea y funcionarios con posturas similares. Entre ellos Sheila Bair, de la Corporación Federal de Seguros a Depósitos; Simon Johnson, del MIT, y Robert Boss, de la ONU. Todos claman por la reforma y regulación de Wall Street: "en las últimas dos décadas", dijo Bair en enero a una comisión legislativa sobre la crisis financiera, "ha imperado una visión de que los mercados, por su propia naturaleza, se auto-regulan y auto-corrigen"… "ahora sabemos que este fue un periodo de grandes excesos", mientras Johnson advierte que “…es urgente un cambio significativo de las regulaciones ahora…porque ésta es la ventana de oportunidad para hacerlo”.

En vena similar el 8 de febrero Boss planteó la necesidad de una reforma financiera y advirtió sobre una caída del dólar, que pende de que los países asiáticos, encabezados por China y Japón, sigan dispuestos a financiar la colosal deuda de Estados Unidos. Ello mientras Obama amplía la guerra de Irak y Afganistán a Yemen y Pakistán; amenaza con costosos despliegues antibalísticos alrededor de China y Rusia cuyo gasto militar combinado es 10 por ciento del de Estados Unidos y Dennis Blair, director de 16 entes de inteligencia, con un presupuesto de 75 mil millones de dólares, define a China –junto a Venezuela, Rusia e Irán– como principales "amenazas" en América Latina, África y el mundo.

Los riesgos de mayores crisis aumentan por el impacto de la hipertrofia financiera y militar sobre la economía real y el empleo. Mientras Main Street sucumbe, Wall Street frena toda regulación efectiva: la Fed sigue como inductora y protectora de fraudes; se aplacan impulsos de la Securities Exchange Comission por evitar abusos a inversionistas y se desactivan leyes y agencias que protegen a los consumidores de servicios financieros. La regulación de "derivados" se esfumó por presiones de los bancos arriba mencionados: ¡en 2009 lograron con ellos ganancias por más de 35 mil millones!

Desde los 90 y gracias a tretas de bancos y de chicos de Wall Street bien colocados (Rubin, Greenspan, Bernanke, Summers, etcétera) el parasitismo financiero se amplió y con ello la debacle de la economía real. La creación de empleo, base de la estabilidad social, colapsó. Abruma la magnitud del destrozo: por 70 años la economía generó mayores ingresos y riqueza pero declina desde los años 70 y 80. La última década "ha sido la peor" para los trabajadores. Según Neil Irwin, del Washington Post (2/1/2010, p A01), “desde diciembre de 1999 se registró un aumento neto del cero por ciento en la creación de empleo” (¡0%!). Irwin nota que "en ninguna década desde la de 1940, se tuvo un aumento del empleo menor a 20 por ciento. Y la producción económica creció al promedio más bajo registrado en cualquier década, desde 1930".

En este contexto cabe recordar con Giovanni Arrighi que la financiarización, además de madurez de procesos de acumulación, es síntoma inequívoco del otoño de las hegemonías.

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La espesa nube colonial
John Saxe-Fernández, La Jornada Jueves 28 de Enero de 2010.

La regresión hacia lo que Pedro Henríquez Ureña llamó "la espesa nube colonial" es el meollo del esquema oligárquico-imperial para América Latina y el Caribe, encabezado por Washington, sus cipayos locales y los instrumentos económicos, militares e interamericanos, al inicio de la segunda década del Siglo XXI: algo inadmisible para las grandes mayorías de Latinoamérica que desde las gestas emancipadoras de los Siglos XIX y XX siguen peleando por cimentar su señorío sobre el futuro: 1910 y 1938 en México; desde 1959 en Cuba, Centroamérica, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil.

Hoy la embestida, desde Honduras hasta Haití, también ocurre en medio de magnos cambios en la ecuación mundial de poder y en gran medida es la respuesta imperial a la grave crisis político-económica y hegemónica que abate a la pax americana: la Casa Blanca aprovecha cualquier oportunidad, sea algo tan solemne como la gran tragedia y dolor ocasionados por el terremoto que devastó Haití, para poner en marcha lo que Ángel Guerra considera “la primera ocupación militar del poder ‘inteligente’”(La Jornada, 17-I-10 p17).

El Departamento de Estado dice que es una operación humanitaria "por tiempo indefinido" pero las tropas y el equipo desplegado indican que se realiza en función de sus intereses geopolíticos y geoeconómicos en el estratégico Caribe, con Cuba y Venezuela en la mira. Según comunicado oficial se incluyen efectivos de una unidad de intervención anfibia estacionada en Nassau, islas Bahamas, y del 24 cuerpo expedicionario de los marines.

Son días de "preocupación imperial" ante la creciente relación comercial entre Asia, Europa y Brasil. De ahí el interés de Estados Unidos por un mayor dominio sobre las líneas de comunicación marítima hacia el Atlántico norte y sur. Aunque Estados Unidos aprovecha la tragedia haitiana para remozar al sistema interamericano y a las "instituciones financieras internacionales" (Ifis) –Banco Mundial, FMI, BID– conocidos instrumentos de la Casa Blanca, muy vinculados con sus operaciones con el aparato policial-militar y de inteligencia, el énfasis mayor, como lo indican las iniciativas del presupuesto del gobierno de Obama, en estricta continuidad con su antecesor, se centra en fortalecer la fuerza naval, aérea y terrestre del Comando Sur.

La militar es la carta fuerte que también se usa en puntos clave (Irak, Afganistán, Pakistán, Yemen, etcétera); presente en las 4 mil bases en Estados Unidos y 800 más en ultramar. Es una militarización y "sobre extensión" que caracteriza a las hegemonías en declive. Así lo ilustran los 33 mil millones de dólares (mmdd) solicitados por Obama, además de los 708 mmdd para el gasto militar de 2011: un récord según informa la Ap, en medio de notas sobre la "presencia humanitaria" de Estados Unidos en Haití. Los 33 mmdd extra se usarán en 2010 para ampliar la guerra en Afganistán donde la Casa Blanca, bajo el Nóbel de la Paz 2009, decidió un aumento de 30 mil tropas.

En el programa militar hasta 2015, conocido como "Quadrennial Defense Review", se plantean como misiones clave el antiterrorismo, la contrainsurgencia y el fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Especiales, así como de vuelos de aviones no-tripulados (Predator y Reaper) para más ejecuciones extrajudiciales contra terroristas o insurgentes en Irak, Afganistán, Pakistán y Yemen.

Éstas son abiertas violaciones al derecho humanitario e internacional ordenadas por la Casa Blanca y realizadas por la CIA, de las que a diario da cuenta la prensa. Desde 2009 van más de 600 bajas civiles por lo que el 13 de enero pasado la Unión por las Libertades Civiles (ACLU) presentó petición formal al Pentágono, los Departamentos de Estado y Justicia y la CIA, bajo la Ley de Libertad de Información, sobre la legalidad de "estas matanzas": "el público tiene derecho a saber si esas operaciones son consistentes con el derecho internacional. El gobierno de Obama amplió ese programa, pero no ha explicado al público su base legal".

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La inmoralidad mayor
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 14 de Enero de 2010.

La inclusión de Cuba en la lista de países que el Departamento de Estado califica de "patrocinadores del terrorismo internacional", a la que congresistas de derecha quieren agregar Venezuela, además de arbitraria e injusta, como afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, es otro indicio de que con Obama persiste y se amplía lo que C. Wright Mills llamó "la inmoralidad mayor". Es decir, el ascenso de la cúpula castrense que, en medio de la crisis que abate la economía imperial, hace de la guerra y el narcotráfico el mejor de los negocios, convirtiéndose en un estrato capitalista que engrana intereses del alto capital con la política del sector militar, a la vez que acentúa el papel castrense en las decisiones de política exterior y de seguridad nacional.

La cincuentenaria y renovada embestida contra Cuba se inscribe en una amplia gama de operaciones del Consejo de Seguridad de Obama: esquemas de guerra psicológica de corte propagandístico-electoral contra fuerzas progresistas y nacionalistas de Latinoamérica, que incluyen la activa participación de grandes firmas (como la que protagonizó Halliburton de México durante el mandato Bush/Cheney en la campaña contra AMLO en 2006); de fundaciones, ONGs y del National Endowment for Democracy, vinculado al aparato de inteligencia, que también opera en la región con un notorio aumento presupuestal que, de 53, pasó a poco más de 300 millones de dólares, lo que dice mucho en tiempos de penuria económica.

El variado menú imperial contra gobiernos de centro-izquierda tiene platillos del poder "suave" y "duro" que incluyen intimidaciones como las de Clinton contra los que osan seguir políticas domésticas y externas soberanas, que recuerdan oscuras épocas de la diplomacia mundial, y también atroces operativos de terrorismo de Estado: ataques a civiles inermes usando "tropas no oficiales"; golpes de Estado, como en Honduras (integrante de la ALBA) seguidos de brutal represión policial-militar y, como en Afganistán, con su dosis de ejecuciones extrajudiciales. Agréguese la proliferación de bases en Colombia y Panamá; la profundización de la campaña contra Venezuela y las violaciones de su espacio aéreo, así como frecuentes "manoseos" en las relaciones cívico-militares sudamericanas por parte del Comando Sur, y se tendrán pistas sólidas de la continuidad con el atroz régimen Bush/Cheney. Se trata de una tendencia estructural signada por la aguda militarización de la política exterior y sus operaciones "diplo-militares", integrando los programas de intervención y ocupación que realizan el Comando Norte en México y Canadá, y el Comando Sur en América Central y Sudamérica: de ahí la semejanza con las operaciones de terror de Estado en Irak, Afganistán y Pakistán donde, como ocurre con el Plan Colombia, son endémicas las masacres de la población civil usando fuerzas paramilitares y ejércitos mercenarios que operan como "firmas de seguridad".

El asunto es grave: Estados Unidos es una potencia militar bajo fuerte crisis económico-financiera, energética, ambiental y de acceso a recursos naturales estratégicos, con inclinación a recurrir a los instrumentos castrenses para neutralizar su debilitamiento hegemónico, monetario y la competencia de otros polos industriales y geopolíticos en Europa y Asia, también ávidos de mercados y recursos naturales. Lo que coloca a la "inmoralidad mayor" como amenaza de primer orden a la estabilidad y seguridad internacional, y por tanto en primer lugar de la agenda de las naciones, empezando por las de América Latina y el Caribe y de la Corte Penal Internacional.

Además de cerrar filas con Cuba y Venezuela, es crucial exigir el ingreso de Estados Unidos a la comunidad civilizada de naciones: los crímenes de guerra (Irak, Afganistán, Colombia…) se castigan bajo jurisdicción internacional. Para empezar, que Estados Unidos respete el derecho internacional y se someta, como el resto del mundo, a las Convenciones de Ginebra.

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Estado y guerra
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 31 de Diciembre de 2009.

Ya son más de 16 mil bajas. El sexenio termina su tercer año empapado en sangre por la hipertrofia militar de la "guerra" al narcotráfico y el crimen organizado y aplicando, en medio de la matanza y la peor crisis económica de los últimos 80 años, el recetario pro cíclico/extractivista del FMI-Banco Mundial-BID: "lo último que se hace en estas circunstancias", según un premio Nobel. De ahí el creciente mar de pobreza, desempleados y su ocupados; la ruina del mercado interno y el aparato productivo (¡ya ni la informalidad económica crece!): se ataca con igual saña a la sociedad civil y a la demanda agregada, cortejando más desastres. El país se desestabiliza a ritmo preocupante.

Sin noción de la razón de Estado ni presencia de la gesta de Independencia; del despojo formalizado en 1848; de la centralidad del 27 constitucional; de la nacionalización petrolera y eléctrica; sin piso electoral, Calderón abrazó la Iniciativa Mérida, hija del Plan Colombia.

Por el diseño imperial de guerra al narcotráfico que se centra en la fuerza militar, en la oferta de drogas y desatiende aspectos cruciales de corte fiscal, socioeconómico y de salud y transforma el territorio nacional (y no el de Estados Unidos), en campo de batalla, Calderón abandonó la soberanía nacional afectando la esencia y función del Estado-nación mexicano: esa guerra y su "estado de excepción", donde la violación a los derechos humanos y específicamente a las convenciones de Ginebra, con sus ejecuciones extrajudiciales, matanzas y los ataques indiscriminados a la población civil son la "norma", es la cubierta bajo la que opera un diseño contrainsurgente, imperial-empresarial de ocupación territorial-jurisdiccional.

Su primera manifestación fue en Colombia (1999), traduciéndose hoy en la entrega de bases y del espacio aéreo, marítimo y terrestre al Pentágono y en la apoplejía constitucional de esa nación: Uribe, al mando del Poder Ejecutivo, en los hechos capitula desnacionalizando el monopolio de la violencia física legítima sobre territorio colombiano, a decir de Max Weber (et. al.), elemento esencial del Estado.

En México, Carlos Pascual, el embajador estadunidense y especialista en estados fallidos, dijo que a partir de 2010 operará una "instancia binacional", una suerte de estado mayor de la mencionada "guerra" para la que Estados Unidos cuenta con mil 400 agentes en territorio nacional. Es la guerra que Calderón adoptó como suya y no es otra cosa que un equivalente, al lado sur de la frontera imperial, del diseño elaborado por el país vecino para el control y usufructo en Colombia, Irak y Afganistán/Pakistán de los recursos naturales bajo jurisdicción ajena a la suya.

La "binacionalización" del "uso de la violencia legítima" sobre territorio mexicano se realiza en paralelo a la desnacionalización y extranjerización del estratégico sector petroeléctrico del país en cuya operación diaria se involucra a enormes complejos económico-territoriales que se despliegan por todo el espacio nacional: culmina así el tercer año de un gobierno de cuestionada legitimidad de origen sin que la embajada de Estados Unidos y Los Pinos den a conocer la puesta en marcha de otra instancia "binacional" en territorio estadunidense para que nuestros oficiales y especialistas les ayuden en esa "guerra".

Después de todo, como se reconoce en investigaciones realizadas por el Colegio de Guerra de esa nación, allá está la gran masa de consumidores; ahí se realiza el negocio en grande gracias a su sistema bancario, empresas y nexos oficiales que dan sustento operativo al narcotráfico. Es ahí donde están las fábricas y miles de distribuidoras, a lo largo de la frontera, de las armas de todo calibre que, como río de plomo, transitan a México sin mayor dificultad (como el Colorado sobre el Gran Cañón): son armas imprescindibles para la masacre de mexicanos y mexicanas que abarrotan las morgues del país. ¿O es que sólo Estados Unidos reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima en su territorio?

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