El interregno
John Saxe-Fernández La Jornada, Jueves 20 de Noviembre del 2008

Mientras el 4 de noviembre se realizaban los comicios en Estados Unidos, el New York Times advirtió al electorado sobre los graves riesgos que entrañan los 77 días que faltan para el comienzo del nuevo gobierno, en manos de Bush, Cheney y compañía. La admonición, vertida en un insólito editorial institucional –“Tan poco tiempo, tanto daño” (p. A/34)– denuncia medidas que, como “bola de demolición”, son lanzadas en lo que resta a ese lamentable régimen que padece el mundo, en particular las familias de más de 1.2 millones de muertos iraquíes, una ocupación y carnicería que Bush desea prolongar tres años más. La camarilla de los grandes monopolios en la Casa Blanca busca ropajes jurídico-temporales para tapar sus crímenes de guerra e intenta cerrar espacios y colocar candados.

La letanía de desgracias que Bush intenta legar a su sucesor mencionadas por el NYT, en modo alguno exhaustiva, incluye cambios en reglas y otras medidas que se agregan a un cúmulo de leyes, violaciones constitucionales y de derecho penal internacional como la Ley Patriota; la abrogación de la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al Ejecutivo el uso de las fuerzas armadas en territorio nacional; la nueva Ley Marcial, que otorga poderes al Ejecutivo, como el uso de la Guardia Nacional sin autorización de gobernadores y legislaturas estatales; la suspensión del habeas corpus, todo ello –y mucho más– gestado bajo el arrastre del 11/9, aprovechado, además, para justificar la agresión y ocupación petromilitar de Irak y Afganistán.

Como en la Alemania nazi, también en Estados Unidos el funcionamiento del orden jurídico, a nivel nacional e internacional, se sustenta en el estado de excepción, confundiendo la excepción con la regla: “todavía no conocemos todas las formas en que el gobierno ha violado los derechos ciudadanos con la excusa de luchar contra el terrorismo”, dice el NYT al revelar que el fiscal Michael Mukasey lanzó nuevas reglas para permitir que agentes de la FBI utilicen temerarias técnicas violatorias de la privacidad para obtener información, “aun si no hay evidencia de fechoría”. Se avala el uso de espías “para infiltrar a grupos legales, dedicarse a la vigilancia física prolongada y mentir acerca de su identidad al realizar interrogatorios a los vecinos, familiares o compañeros de trabajo” de algún inocente “sospechoso”, así como el uso de éstas y otras técnicas de vigilancia en grupos identificados por su raza, etnia o religión.

En giro reciente, Bush se retractó y decidió no cerrar Guantánamo y además insiste en arrebatarle a los venezolanos soberanía y petróleo mediante un golpe contra Chávez, luego de las elecciones regionales que se realizarán en Venezuela el 23 de noviembre. El periodista José Rangel informa de las actividades de oficiales de Estados Unidos para entrenar “a personas de la oposición en tácticas subversivas”. Los operativos en Guantánamo y Venezuela son expresión del tumulto de “desechos innobles” que deja Bush a Obama en las cloacas de la burocracia de seguridad. Otro objetivo suyo: debilitar normas para limpiar aire, agua y proteger especies en riesgo de extinción, todo a favor de monopolios petroleros, mineros, del carbón y químico-farmacéuticos.

En septiembre se tomaron “pasos perturbadores” para restaurar la condonación de impuestos a bancos que incurrieron en grandes pérdidas por otorgar préstamos chatarra. Dice el NYT que JP Morgan Chase y otras firmas “planean usar el rescate para realizar fusiones y compras, transacciones muy beneficiadas por el nuevo subsidio impositivo”. El alcahueteo de los talibanes de las finanzas fue llevado al G-20 bajo el principio bushiano de, como dice Elmar Altvater, “sacar buenos dineros de la mierda chorreante”, un sueño de alquimistas medievales que trataron de convertir “materiales innobles en reluciente oro”.

En el interregno Bush, Paulson y Bernanke se esfuerzan por convertir el colapso económico en un desastre peor que la Gran Depresión.

El lastre imperialista
John Saxe-Fernández La Jornada, Jueves 6 de noviembre del 2008

“Quiero comunicarles, es una decisión personal, a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA (Drug Enforcement Administration) estadunidense”. Este anuncio hecho en la localidad de Chimoré en el centro de Bolivia por Evo Morales, el primer presidente indígena de esa nación, ante decenas de cocaleros, jefes militares y policiales es crucial para Latinoamérica y para su frontera norte: México, un país pronto a quedar inmerso en una vorágine entreguista sobre su reserva petrolera y también de intervención policial, militar y de operativos mercenarios impulsados bajo la Iniciativa Mérida de Estados Unidos.
Mientras Morales se sacude del lastre colonial-imperial de Estados Unidos, Calderón impulsa, como nunca antes en la historia, una desleal capitulación de jurisdicción territorial a monopolios extranjeros y contratistas ávidos de explotar nuestra reserva de crudo.
El boliviano aseguró que la DEA alentó acciones opositoras destinadas a atentar contra las vidas del mandatario y de otras autoridades y acciones conspirativas apoyando y financiando a grupos de opositores que entre agosto y septiembre llevaron adelante un frustrado “golpe civil” para destituirlo.
Las evidencias son sólidas. Desde finales de septiembre Jorge Mansilla, embajador boliviano en México, presentó pruebas del operativo orquestado contra Morales desde el Consejo de Seguridad de Bush: entre ellas actos terroristas con cargas de dinamita en un hotel de la Paz; intentos de ingresar al país municiones en un operativo que involucró a intermediarios vinculados al coronel James Campbell, agregado militar de Estados Unidos; el uso de la empresa Casals & Associates, asentada en Santa Cruz de la Sierra, que “transfirió 13.3 millones de dólares a organizaciones opositoras”, registrándose poco después “un atentado dinamitero contra la residencia de médicos cubanos en Santa Cruz”; la transferencia de 120 millones de dólares de la AID y la inefable National Endowment for Democracy a favor de organismos dedicados a la desestabilización por medio de campañas de descrédito contra gobierno y movimiento indígena, paros y bloqueos “cívicos”, tiroteos, allanamientos y llamados para derrocar a Morales.
Al mando de Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos, de larga experiencia en incentivar procesos de balcanización, el operativo además de decenas de muertes y heridos indígenas conllevó el sabotaje del flujo de gas a Brasil y Argentina. Sin dilación Morales lo declaró “persona non grata”.
Hace años que Phillip Agee y John Stockwell, ex miembros de la CIA, ofrecieron un caudal informativo sobre este tipo de criminalidad de Estado, parte de las herramientas de política exterior de Estados Unidos. Los archivos de seguridad nacional abiertos por la Ley de Libertad de Información siguen documentando toda la brutalidad de golpes de Estado, asesinatos, terrorismo y corrupción sin límite que las caracteriza.
En The Big White Lie (NY, Thunder’s Mouth Press 1993) el ex agente Mike Levine demostró la atmósfera de ilegalidad, fraude y desprecio a la opinión pública de la campaña antidroga. Además de FBI-CIA la DEA es instrumento de intervención-corrupción tipo Irán-Contras, con traficantes, criminales, narcos actuando como sus “assets” o fichas.
Cuando Morales anunció la “suspensión indefinida” de la DEA, Radio Francia, en abandono de toda objetividad periodística, acusó al presidente de provocar a Estados Unidos mientras Alain Touraine, con igual impudor, dijo a Carmen Aristegui de CNN, que era Chávez el que pretendía “apoderarse de Bolivia”. ¿Abandonará Estados Unidos su lastre imperialista? La cercanía de Otto Reich a McCain no deja duda sobre sus inclinaciones. ¿Y Obama? Cuando se le preguntó a Dan Restrepo, uno de sus principales asesores, sobre la posición del demócrata ante el narcotráfico y la colaboración con México respondió: “…el senador de Illinois cree que la Iniciativa Mérida es un paso importante, pero sólo un primer paso para arreglar el problema”.

Monterrey: ¿terrorismo a la carta?
John Saxe-Fernánez, La Jornada, Jueves 23 de octubre del 2008

Instaurada por Bush como eje de la política exterior y doméstica luego del 11-9, la guerra antiterrorista, junto al programa contra narcotráfico y crimen organizado, pueden ser armas de doble filo en especial si encubren operaciones clandestinas para lograr el control territorial, intensificar el intervencionismo político-electoral, económico y policial-militar o instaurar el estado de excepción en periferia y metrópoli. La carnicería genocida por el usufructo del petróleo en Irak, la guerra por rutas geoestratégicas en Afganistán, la Ley Patriota, Guantánamo y la ampliación del Plan Colombia a México con la Iniciativa Mérida, son expresión de una ofensiva imperial preñada de codicias, contradicciones y riesgos externos e internos.
Es el caso de la campaña del senador McCain y aliados dentro y fuera del aparato de seguridad de EU, que, ante el avance de Barack Obama por la grave crisis económica, lanzan un vasto operativo para vincularlo al terrorismo (La Jornada, 19/10/08, p 27). Usando muestras aleatorias en al menos 10 estados muy disputados en la contienda presidencial, cientos de miles de votantes reciben llamadas telefónicas automáticas (robocalls) bajo auspicios republicanos acusando a Obama de mantener lazos con “terroristas domésticos”. Esos mismos asesores aconsejaron la guerra sucia contra AMLO en 2006 y hoy la campaña de McCain sigue las recomendaciones de un consultor republicano, del primer circulo de Bush, que en 2000 actuó contra el mismo McCain. Por su bajeza la senadora republicana Susan Collis de Maine pidió a John McCain suspender las robocalls en su estado. Esa operación sucia y la riesgosa selección vicepresidencial de McCain fueron mencionadas por el también republicano Colin Powell al apoyar a Obama.
Cuando se saturaba al público de EU con esa cruzada en radio, televisión y centenas de miles de robocalls, en México se supo que en la madrugada del 12 de octubre dos desconocidos dispararon en varias ocasiones y lanzaron una granada de mano –que no estalló– contra el edificio del consulado general de EU en Monterrey en lo que para la Casa Blanca parece ser “terrorismo a la carta”. El comunicado oficial indica que “se desconoce el motivo de la agresión” y el secretario de seguridad pública de Nuevo León apuntó que no hubo reporte de amenazas previas y consideró prematuro plantear que el crimen organizado fuese responsable del ataque, ya que habrían “activado el artefacto o disparado con otro tipo de arma”. Pero a sabiendas de que según las encuestas McCain aventaja a Obama en antiterrorismo, y sin evidencia pericial, el vocero de la Casa Blanca se apresuró a destacar el terrorismo en México y subrayó lo imperioso de la Iniciativa Mérida y del auxilio binacional en asuntos de seguridad: parece un intento de carambola en varias bandas con billares que en noviembre pueden salir por la culata.
Recuérdese que en agosto se supo que el Departamento de Estado licitó servicios de vigilancia en México. Se indicó que “con el fin de incrementar sus medidas de seguridad ante la inminente llegada de decenas de asesores al país en las próximas semanas, como parte de la Iniciativa Mérida”, EU ordenó aplicar medidas para “incrementar la protección de su embajada, consulados y complejos residenciales donde habitan sus trabajadores” (Milenio, 3/8/08). Además renovó un contrato con la empresa Intercon, para “…prevenir accesos no autorizados, proteger la vida, mantener el orden, evitar ataques criminales contra empleados, familiares y propiedades y ataques terroristas contra bienes de Estados Unidos”. Se reveló que Intercon podrá hacer uso de “fuerza letal” si las condiciones de riesgo para el personal diplomático “lo ameritan y como último recurso”.
Coda. Lo de Monterrey e Intercon, además de vulnerar soberanía, territorio y ley, es una probadita de la Iniciativa Mérida: más que operativo del narco o del crimen, parece truco de mapaches con tufo de terrorismo a la carta.

¿Reserva de EU?
John Saxe-Fernánez
La Jornada, Jueves 9 de octubre del 2008

Desde el gobierno de Jefferson (1801-1809) la clase gobernante de Estados Unidos concibe a América Latina y el Caribe como su reserva estratégica. Además de las cañoneras, el recetario oligárquico-imperial incluye “libre” comercio y desregulación financiera y de la inversión extranjera. En 1908, a finales del porfiriato, William J. Bryan planteó que con estas palancas “antes de 20 años Norteamérica se habrá tragado a México”. Quien cinco años después sería secretario de Estado de Woodrow Wilson, anticipó lo que el Foreign Relations Council sostiene: “La absorción de ese país por el nuestro es necesaria e inevitable por razones tanto económicas como políticas… la absorción de México ha comenzado ya en el sentido comercial”.

La apertura porfirista ofreció a Estados Unidos y sus monopolios una “oportunidad admirable” para, según Bryan, “aumentar nuestra riqueza y nuestra importancia como potencia universal”. Esa “imperialización” fue aplacada por la Revolución de 1910 y las estipulaciones de la Constitución de 1917 en materia de recursos naturales y una política externa que defendió la soberanía y la no intervención. Desde 1982 se restauran desregulación y librecambismo a ultranza en medio de creciente corrupción, entreguismo y más autoritarismo policial y militar. Con el TLCAN se renuncia al desarrollo retrocediéndose en los frágiles, pero significativos, logros del desarrollo estabilizador. La “compra-venta de México” se realiza junto a la capitulación que hicieron Salinas y Zedillo de la política exterior y de seguridad. Con Fox y Calderón se combina lo económico-empresarial con lo policial-militar, según dos diseños de la Casa Blanca: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida. La ASPAN comporta una integración profunda (saqueo) de recursos naturales (gas, petróleo, minerales, agua, biodiversidad), un apartheid laboral y la tajante exclusión de población y legislaturas de la “agenda trinacional”.

Bush, con apoyo del Banco Mundial y el BID, intenta ampliar y “legar” pactos y transas empresariales y policial-militares de ASPAN a América Latina por medio de un engendro dado a conocer el pasado 24 de septiembre como Caminos hacia la Prosperidad de las Américas, que la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) califica como el “Plan B del ALCA”, es decir, un “refrito” del proyecto imperial enterrado en Mar del Plata en 2005 y apoyado por Vicente Fox, el ex gerente de Coca-Cola que ocupó la presidencia mexicana. Como ASPAN el Plan B contiene: a) “una agenda y acuerdos económico-mercantiles y financieros cubiertos bajo los nombres de competitividad y prosperidad”, y b) “una agenda complementaria de carácter militar y policial de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal, etcétera, usando el placebo de la seguridad”. (Documentos y detalles en rmalc@prodigy.net.mx)

Bush lanzó la propuesta desde el Consejo de las Américas/Sociedad Americana, con endosos de presidentes y funcionarios de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Desesperados y decididos a frenar y desactivar coaliciones regionales y de construcción social alternativa como Unasur, Estados Unidos y sus aliados (auténticos unos y bajo coacción o soborno otros) promueven el Plan B, el despliegue de la Cuarta Flota, los Comandos Norte y Sur del Pentágono, con un rosario de bases militares y dos ejes de ocupación territorial, sustentados en terrorismo de Estado y ejércitos mercenarios (outsourcing militar): el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.

La intervención y violencia policial-militar de Estados Unidos y las oligarquías enfrentan creciente resistencia popular mientras Bush deja una debacle humana y estratégica en Irak y Afganistán, y un colapso económico creado por una burbuja especulativa de más de 55 billones (trillions) de dólares que rebasa el mayor rescate bancario de la era moderna.

Morelia 15-S: las hipótesis
John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 25 de Septiembre del 2008

El artero ataque contra la población indefensa de Morelia el 15 de septiembre, con lamentable saldo de muertos y heridos, concita un enérgico rechazo y exige analizar el contexto nacional e internacional en que ocurrió. Sebastián Liera (Rebelión, 2008) recuerda que antes del 15-S de Morelia hubo un 2-O en la Plaza de las Tres Culturas, un 28-J en Aguas Blancas, un 22-D en Acteal, un 14-E en Tlanepantla, un 4-M en Atenco y un 1-N en Oaxaca, en medio de una violencia desatada en la que casi 3 mil personas han muerto entre enero y agosto de este año, aterrorizando a la nación con decenas de degollados. En julio murieron 443 personas cifra mayor, según BBC, a las 360 bajas civiles en Irak ese mes y mucho más que las 540 muertes ocurridas en Afganistán en los primeros siete meses de 2008.
En asuntos complejos que vinculan la seguridad nacional e internacional, la política y la economía, no existen respuestas sencillas, centradas en un factor como narcoterrorismo. El S-15 es un escenario complejo, plagado de sorprendentes fallos periciales, estatales y federales. ¿Su mensaje?: “como en las Torres Gemelas y los ataque en Londres y Madrid, se inician en México agresiones indiscriminadas contra la población”. ¿Por qué ahora? ¿Quién o quiénes, de dentro o fuera del país, se benefician? En este espacio sólo es posible un esbozo preliminar de la matriz de hipótesis que se abren ante nosotros, en medio de un torrente de información periodística y documental, y cuando en el país arrancan tres etapas importantes de su vida económico-constitucional y político-electoral: a) la presentación de dictámenes –¿y votación?– legislativos en torno a la propuesta para la privatización de Pemex; b) los procesos electorales 2008-2009 de fuerte gravitación en la ecuación político-comicial de cara a las presidenciales de 2012; y c) el lanzamiento formal, por parte de Bush y Calderón, de la Iniciativa Mérida: junto al Plan Colombia, pieza clave en la guerra antiterrorista de EU, paralela a la apertura energética, para proyectar poder militar y empresarial estadunidense sobre gas, petróleo y otros recursos naturales estratégicos de México y América Latina.
La tendencia de la derecha al lucro político-electoral con estas atrocidades se advierte en la Casa Blanca de Bush, la Moncloa bajo Aznar, y Los Pinos de Calderón. La camarilla de Bush estuvo a la expectativa, en palabras del documento Rebuilding America´s Defenses, “a que ocurriera algún evento catastrófico y catalizador…que movilizara al público” y Condoleezza Rice, a raíz del 11-S, solicitó al Consejo de Seguridad “… pensar cómo sacar provecho de estas oportunidades para modificar de manera fundamental la doctrina de EU”. El 11-S fue usado a la usanza nazi, como “… una máquina para la manufactura del poder”.
El 15-S sirve de apoyo al excesivo presupuesto de seguridad del panista, quien además busca ventajas político-electorales del evento: “se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no se puede atentar contra el Estado”. Si Aznar mintió y atribuyó el terrorismo de 2004 al nacionalismo vasco de ETA –y le fue como en feria–, Calderón, con igual descaro y riesgo, entretejió los atentados con “quienes quieren vernos divididos” vinculando la tragedia con las fisuras y polarizaciones del país, como si fueran la causa del ataque. Pero la agenda petrolera y de seguridad de EU en México es quizá la principal beneficiaria del S-15: inhibe acciones callejeras y “avala” la Iniciativa Mérida.
Coda: en 2002 se reveló un plan clasificado del Pentágono de 100 millones de dólares anuales (Memoria, julio de 2003) para usar Proactive, Preemptive Operations Group y ejecutar “misiones violentas y secretas, con la meta de estimular reacciones… que provoquen ataques contra gente inocente, y así crear otro pretexto… para cualquier acto de defensa de la seguridad nacional”.

Infraestructura estratégica

John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 11 de Septiembre de 2008

Son ominosos los indicios de la decisión de las cúpulas del PAN y el PRI y algunos de la “oposición” para entregar el petróleo a los intereses de seguridad de Estados Unidos y a poderosos consorcios externos y sus voraces socios locales. Lo hacen en momentos de grave crisis económica mundial y nacional, y cuando la riqueza petrolera del país adquiere más peso geoestratégico por la creciente dificultad mundial en la localización de petróleo convencional. La inconstitucional reforma energética, que ahora Washington tramita por medio de Calderón, es un esquema de largo alcance que contempla el desmantelamiento de los fundamentos de la soberanía y de la integridad territorial mexicana.

Generada por la política económica adoptada por quienes se autocalifican de reformistas, la debacle nacional, en sus manifestaciones más lamentables, corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, es usada como excusa para desmontar los cimientos del proyecto histórico de la nación. La política económica vigente por 26 años: un persistente despojo a la economía popular y de clase media y al patrimonio nacional es el problema central para la seguridad nacional mexicana, que se agrava por el uso policial-represivo de las fuerzas armadas, desgastándolas, minando sus bases logísticas y alejándolas de la función de defensa nacional.

Frente a esta situación, la iniciativa del PRI para adicionar el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, si bien pretende que “el resguardo de las instalaciones estratégicas sea una función cuyo ejercicio corra a cargo de las autoridades del país”, es indiferente a “que la protección de tales inmuebles sea realizada directamente por el Estado o concesionada a particulares” (La Jornada, 5/11/08, p. 13). El problema es que, si bien se indica que por “instalación estratégica” se incluye a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, los caminos y carreteras, los puentes nacionales e internacionales, los puertos, recintos terminales e instalaciones portuarias, los aeropuertos, las instalaciones nucleares o con procesos radiactivos, las fronteras, estaciones migratorias, aduanas y obras de infraestructura hidráulica, y además se puntualiza en la referida ley que los prestadores de servicios deben abstenerse de proporcionarlos “en cualquier instalación considerada estratégica en los términos proyectados en la norma” (ibidem), dichas definiciones pueden cambiar.

El asunto es muy delicado, pues las fuerzas armadas, alejadas de su función de defensa nacional, están comprometidas en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia (tareas propias a cuerpos policiales y de inteligencia), además de que se trata de múltiples instalaciones: sólo en Pemex son varios miles distribuidas a lo largo y ancho del país que necesitan resguardo: como en Colombia, queda así la puerta abierta a firmas (nacionales y extranjeras) tipo Blackwater, SyColeman, DynCorp vinculadas al Pentágono y a la CIA.

El peligro a la integridad territorial del país por la acción de ejércitos mercenarios de Estados Unidos se acrecienta: la Iniciativa Mérida impulsa el contratismo en materia de seguridad mientras el proyecto de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo de Calderón, como advierten Raúl Carrancá, Sergio Cárdenas y Virgilio Caballero, “… reduce y anula tramposamente el significado de área estratégica del Estado sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley y olvida que la Constitución obliga a la exclusividad del Estado sobre estos recursos”.

Si se concede a privados la extracción, almacenaje y distribución de hidrocarburos, entonces los nuevos propietarios de ductos y otra infraestructura contratan a sus propias “firmas de seguridad” (ejércitos mercenarios): es el resguardo de algo que por ley ya no es estratégico, sino suyo y que cubre el territorio nacional.

El Cáucaso: polvorín geoestratégico

John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 28 de Agosto de 2008

El ataque contra Osetia del Sur ordenado por Mijail Saakashvili, presidente de Georgia, fue atroz: mató a mil 500 civiles, destruyó la capital Tsjinvali, demolió barrios residenciales, la universidad, los hospitales y provocó 100 mil refugiados en la zona. La respuesta rusa no se hizo esperar, por lo que el aliento de la Casa Blanca a esa agresión concita la atención de las cancillerías de Europa y su liderato militar, en especial el francés, inglés y alemán. Ello por las graves amenazas a la paz en una región de fuerte gravitación geoestratégica, las cuales confirman cuán mortal sería aceptar a Georgia en la OTAN. Fue un golpe al equilibrio euroasiático, producto de un complicado cálculo georgiano. Porque, además de una homicida provocación, fue un operativo comicial: al calor de la reacción rusa provocada por Tiflis, John McCain repuntó en las encuestas cuatro puntos sobre Obama.
Según Pat Buchanan, ex consejero de Nixon, Ford y Reagan, el manejo tras bambalinas lo hizo Randy Scheunemann, principal consejero de política exterior de McCain, que cabildea por el ingreso de Georgia a la OTAN. Buchanan revela que Randy recibe jugosos pagos de Saakashvili, quien dice estar en contacto de “hasta dos veces al día” con el candidato republicano. Esa ventaja electoral bajó al empate cuando, al interrogársele en público, McCain no pudo enumerar las muchas casas que posee: desliz electoral que es pecado mortal en tiempos de grave crisis hipotecaria.
Lo que queda es la conflictividad entre Europa y Rusia, instigada por Bush desde Tiflis en un escenario que incluye operativos antirrusos, encabezados por Sarkozy, el penoso sucesor de Blair en estas tareas. Permanece también una estridente campaña de propaganda impregnada de una rusofobia que evoca atmósferas y episodios infames de la guerra fría: Rusia es la agresora y Occidente debe defender a la caperucita georgiana desde una OTAN que, a decir de Robert Gates, jefe del Pentágono, está “en grave riesgo de implosión en Afganistán”.
Desde la caída soviética, la OTAN sufre la ausencia de un enemigo estratégico, cemento de la Alianza. Pero ya la Casa Blanca fabricó una nueva guerra fría por medio de una peligrosa y multifacética instigación estratégica que puede costar cientos de millones de vidas. Por ejemplo, después de oponerse, la opinión pública polaca azuzada por el operativo en Osetia, presentado como agresión rusa contra Georgia, apoya el Sistema Nacional Antibalísitico de Estados Unidos (SNA) en su territorio. El SNA fue acordado por Estados Unidos y Polonia en medio del rugir de los cañones, en las narices de una Rusia que, usando sus recursos humanos y naturales, flexiona su poderío económico, militar y energético como potencia mundial: ya advirtió a Washington que si usa armamento convencional de alta precisión, responderá con armas nucleares tácticas. Es un ascenso que Estados Unidos trata de frenar y, como antaño, incita las precondiciones de guerra general en Eurasia de cara a su atasco militar en Irak. Por lo que, junto al provocador despliegue del SNA, Estados Unidos incita la desactivación geoestratégica de Rusia. Como recuerda Michael T. Klare en su lúcido Blood and Oil (Metropolitan, NY, 2006; hay versión española), se concretó en el endoso de Clinton y luego de Bush, al oleoducto que va desde Bakú, en Azerbayán, a Cyhan en Turquía, atravesando Georgia. ¿Objetivo?: romper “… el actual monopolio ruso sobre el flujo energético del Caspio y facilitar futuros envíos –de crudo– hacia Estados Unidos” (p. 119). ¿Existe una nueva ecuación de poder en esa región? Moscú contesta con ironía diplomilitar (y Kosovo en mente), reconociendo la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, y por los diputados de la Duma, Boris Gryzlov sintetizó: “El Cáucaso siempre ha sido y será la zona de los intereses estratégicos de Rusia”.
El riesgo de guerra es serio: esto ocurre en medio de las aventuras diplomilitares de líderes poco cautelosos en Washington y París. Y el Cáucaso es un polvorín geoestratégico.