Monterrey: ¿terrorismo a la carta?
John Saxe-Fernánez, La Jornada, Jueves 23 de octubre del 2008

Instaurada por Bush como eje de la política exterior y doméstica luego del 11-9, la guerra antiterrorista, junto al programa contra narcotráfico y crimen organizado, pueden ser armas de doble filo en especial si encubren operaciones clandestinas para lograr el control territorial, intensificar el intervencionismo político-electoral, económico y policial-militar o instaurar el estado de excepción en periferia y metrópoli. La carnicería genocida por el usufructo del petróleo en Irak, la guerra por rutas geoestratégicas en Afganistán, la Ley Patriota, Guantánamo y la ampliación del Plan Colombia a México con la Iniciativa Mérida, son expresión de una ofensiva imperial preñada de codicias, contradicciones y riesgos externos e internos.
Es el caso de la campaña del senador McCain y aliados dentro y fuera del aparato de seguridad de EU, que, ante el avance de Barack Obama por la grave crisis económica, lanzan un vasto operativo para vincularlo al terrorismo (La Jornada, 19/10/08, p 27). Usando muestras aleatorias en al menos 10 estados muy disputados en la contienda presidencial, cientos de miles de votantes reciben llamadas telefónicas automáticas (robocalls) bajo auspicios republicanos acusando a Obama de mantener lazos con “terroristas domésticos”. Esos mismos asesores aconsejaron la guerra sucia contra AMLO en 2006 y hoy la campaña de McCain sigue las recomendaciones de un consultor republicano, del primer circulo de Bush, que en 2000 actuó contra el mismo McCain. Por su bajeza la senadora republicana Susan Collis de Maine pidió a John McCain suspender las robocalls en su estado. Esa operación sucia y la riesgosa selección vicepresidencial de McCain fueron mencionadas por el también republicano Colin Powell al apoyar a Obama.
Cuando se saturaba al público de EU con esa cruzada en radio, televisión y centenas de miles de robocalls, en México se supo que en la madrugada del 12 de octubre dos desconocidos dispararon en varias ocasiones y lanzaron una granada de mano –que no estalló– contra el edificio del consulado general de EU en Monterrey en lo que para la Casa Blanca parece ser “terrorismo a la carta”. El comunicado oficial indica que “se desconoce el motivo de la agresión” y el secretario de seguridad pública de Nuevo León apuntó que no hubo reporte de amenazas previas y consideró prematuro plantear que el crimen organizado fuese responsable del ataque, ya que habrían “activado el artefacto o disparado con otro tipo de arma”. Pero a sabiendas de que según las encuestas McCain aventaja a Obama en antiterrorismo, y sin evidencia pericial, el vocero de la Casa Blanca se apresuró a destacar el terrorismo en México y subrayó lo imperioso de la Iniciativa Mérida y del auxilio binacional en asuntos de seguridad: parece un intento de carambola en varias bandas con billares que en noviembre pueden salir por la culata.
Recuérdese que en agosto se supo que el Departamento de Estado licitó servicios de vigilancia en México. Se indicó que “con el fin de incrementar sus medidas de seguridad ante la inminente llegada de decenas de asesores al país en las próximas semanas, como parte de la Iniciativa Mérida”, EU ordenó aplicar medidas para “incrementar la protección de su embajada, consulados y complejos residenciales donde habitan sus trabajadores” (Milenio, 3/8/08). Además renovó un contrato con la empresa Intercon, para “…prevenir accesos no autorizados, proteger la vida, mantener el orden, evitar ataques criminales contra empleados, familiares y propiedades y ataques terroristas contra bienes de Estados Unidos”. Se reveló que Intercon podrá hacer uso de “fuerza letal” si las condiciones de riesgo para el personal diplomático “lo ameritan y como último recurso”.
Coda. Lo de Monterrey e Intercon, además de vulnerar soberanía, territorio y ley, es una probadita de la Iniciativa Mérida: más que operativo del narco o del crimen, parece truco de mapaches con tufo de terrorismo a la carta.

¿Reserva de EU?
John Saxe-Fernánez
La Jornada, Jueves 9 de octubre del 2008

Desde el gobierno de Jefferson (1801-1809) la clase gobernante de Estados Unidos concibe a América Latina y el Caribe como su reserva estratégica. Además de las cañoneras, el recetario oligárquico-imperial incluye “libre” comercio y desregulación financiera y de la inversión extranjera. En 1908, a finales del porfiriato, William J. Bryan planteó que con estas palancas “antes de 20 años Norteamérica se habrá tragado a México”. Quien cinco años después sería secretario de Estado de Woodrow Wilson, anticipó lo que el Foreign Relations Council sostiene: “La absorción de ese país por el nuestro es necesaria e inevitable por razones tanto económicas como políticas… la absorción de México ha comenzado ya en el sentido comercial”.

La apertura porfirista ofreció a Estados Unidos y sus monopolios una “oportunidad admirable” para, según Bryan, “aumentar nuestra riqueza y nuestra importancia como potencia universal”. Esa “imperialización” fue aplacada por la Revolución de 1910 y las estipulaciones de la Constitución de 1917 en materia de recursos naturales y una política externa que defendió la soberanía y la no intervención. Desde 1982 se restauran desregulación y librecambismo a ultranza en medio de creciente corrupción, entreguismo y más autoritarismo policial y militar. Con el TLCAN se renuncia al desarrollo retrocediéndose en los frágiles, pero significativos, logros del desarrollo estabilizador. La “compra-venta de México” se realiza junto a la capitulación que hicieron Salinas y Zedillo de la política exterior y de seguridad. Con Fox y Calderón se combina lo económico-empresarial con lo policial-militar, según dos diseños de la Casa Blanca: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida. La ASPAN comporta una integración profunda (saqueo) de recursos naturales (gas, petróleo, minerales, agua, biodiversidad), un apartheid laboral y la tajante exclusión de población y legislaturas de la “agenda trinacional”.

Bush, con apoyo del Banco Mundial y el BID, intenta ampliar y “legar” pactos y transas empresariales y policial-militares de ASPAN a América Latina por medio de un engendro dado a conocer el pasado 24 de septiembre como Caminos hacia la Prosperidad de las Américas, que la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) califica como el “Plan B del ALCA”, es decir, un “refrito” del proyecto imperial enterrado en Mar del Plata en 2005 y apoyado por Vicente Fox, el ex gerente de Coca-Cola que ocupó la presidencia mexicana. Como ASPAN el Plan B contiene: a) “una agenda y acuerdos económico-mercantiles y financieros cubiertos bajo los nombres de competitividad y prosperidad”, y b) “una agenda complementaria de carácter militar y policial de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal, etcétera, usando el placebo de la seguridad”. (Documentos y detalles en rmalc@prodigy.net.mx)

Bush lanzó la propuesta desde el Consejo de las Américas/Sociedad Americana, con endosos de presidentes y funcionarios de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Desesperados y decididos a frenar y desactivar coaliciones regionales y de construcción social alternativa como Unasur, Estados Unidos y sus aliados (auténticos unos y bajo coacción o soborno otros) promueven el Plan B, el despliegue de la Cuarta Flota, los Comandos Norte y Sur del Pentágono, con un rosario de bases militares y dos ejes de ocupación territorial, sustentados en terrorismo de Estado y ejércitos mercenarios (outsourcing militar): el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.

La intervención y violencia policial-militar de Estados Unidos y las oligarquías enfrentan creciente resistencia popular mientras Bush deja una debacle humana y estratégica en Irak y Afganistán, y un colapso económico creado por una burbuja especulativa de más de 55 billones (trillions) de dólares que rebasa el mayor rescate bancario de la era moderna.

Morelia 15-S: las hipótesis
John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 25 de Septiembre del 2008

El artero ataque contra la población indefensa de Morelia el 15 de septiembre, con lamentable saldo de muertos y heridos, concita un enérgico rechazo y exige analizar el contexto nacional e internacional en que ocurrió. Sebastián Liera (Rebelión, 2008) recuerda que antes del 15-S de Morelia hubo un 2-O en la Plaza de las Tres Culturas, un 28-J en Aguas Blancas, un 22-D en Acteal, un 14-E en Tlanepantla, un 4-M en Atenco y un 1-N en Oaxaca, en medio de una violencia desatada en la que casi 3 mil personas han muerto entre enero y agosto de este año, aterrorizando a la nación con decenas de degollados. En julio murieron 443 personas cifra mayor, según BBC, a las 360 bajas civiles en Irak ese mes y mucho más que las 540 muertes ocurridas en Afganistán en los primeros siete meses de 2008.
En asuntos complejos que vinculan la seguridad nacional e internacional, la política y la economía, no existen respuestas sencillas, centradas en un factor como narcoterrorismo. El S-15 es un escenario complejo, plagado de sorprendentes fallos periciales, estatales y federales. ¿Su mensaje?: “como en las Torres Gemelas y los ataque en Londres y Madrid, se inician en México agresiones indiscriminadas contra la población”. ¿Por qué ahora? ¿Quién o quiénes, de dentro o fuera del país, se benefician? En este espacio sólo es posible un esbozo preliminar de la matriz de hipótesis que se abren ante nosotros, en medio de un torrente de información periodística y documental, y cuando en el país arrancan tres etapas importantes de su vida económico-constitucional y político-electoral: a) la presentación de dictámenes –¿y votación?– legislativos en torno a la propuesta para la privatización de Pemex; b) los procesos electorales 2008-2009 de fuerte gravitación en la ecuación político-comicial de cara a las presidenciales de 2012; y c) el lanzamiento formal, por parte de Bush y Calderón, de la Iniciativa Mérida: junto al Plan Colombia, pieza clave en la guerra antiterrorista de EU, paralela a la apertura energética, para proyectar poder militar y empresarial estadunidense sobre gas, petróleo y otros recursos naturales estratégicos de México y América Latina.
La tendencia de la derecha al lucro político-electoral con estas atrocidades se advierte en la Casa Blanca de Bush, la Moncloa bajo Aznar, y Los Pinos de Calderón. La camarilla de Bush estuvo a la expectativa, en palabras del documento Rebuilding America´s Defenses, “a que ocurriera algún evento catastrófico y catalizador…que movilizara al público” y Condoleezza Rice, a raíz del 11-S, solicitó al Consejo de Seguridad “… pensar cómo sacar provecho de estas oportunidades para modificar de manera fundamental la doctrina de EU”. El 11-S fue usado a la usanza nazi, como “… una máquina para la manufactura del poder”.
El 15-S sirve de apoyo al excesivo presupuesto de seguridad del panista, quien además busca ventajas político-electorales del evento: “se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no se puede atentar contra el Estado”. Si Aznar mintió y atribuyó el terrorismo de 2004 al nacionalismo vasco de ETA –y le fue como en feria–, Calderón, con igual descaro y riesgo, entretejió los atentados con “quienes quieren vernos divididos” vinculando la tragedia con las fisuras y polarizaciones del país, como si fueran la causa del ataque. Pero la agenda petrolera y de seguridad de EU en México es quizá la principal beneficiaria del S-15: inhibe acciones callejeras y “avala” la Iniciativa Mérida.
Coda: en 2002 se reveló un plan clasificado del Pentágono de 100 millones de dólares anuales (Memoria, julio de 2003) para usar Proactive, Preemptive Operations Group y ejecutar “misiones violentas y secretas, con la meta de estimular reacciones… que provoquen ataques contra gente inocente, y así crear otro pretexto… para cualquier acto de defensa de la seguridad nacional”.

Infraestructura estratégica

John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 11 de Septiembre de 2008

Son ominosos los indicios de la decisión de las cúpulas del PAN y el PRI y algunos de la “oposición” para entregar el petróleo a los intereses de seguridad de Estados Unidos y a poderosos consorcios externos y sus voraces socios locales. Lo hacen en momentos de grave crisis económica mundial y nacional, y cuando la riqueza petrolera del país adquiere más peso geoestratégico por la creciente dificultad mundial en la localización de petróleo convencional. La inconstitucional reforma energética, que ahora Washington tramita por medio de Calderón, es un esquema de largo alcance que contempla el desmantelamiento de los fundamentos de la soberanía y de la integridad territorial mexicana.

Generada por la política económica adoptada por quienes se autocalifican de reformistas, la debacle nacional, en sus manifestaciones más lamentables, corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, es usada como excusa para desmontar los cimientos del proyecto histórico de la nación. La política económica vigente por 26 años: un persistente despojo a la economía popular y de clase media y al patrimonio nacional es el problema central para la seguridad nacional mexicana, que se agrava por el uso policial-represivo de las fuerzas armadas, desgastándolas, minando sus bases logísticas y alejándolas de la función de defensa nacional.

Frente a esta situación, la iniciativa del PRI para adicionar el artículo 32 de la Ley Federal de Seguridad Privada, si bien pretende que “el resguardo de las instalaciones estratégicas sea una función cuyo ejercicio corra a cargo de las autoridades del país”, es indiferente a “que la protección de tales inmuebles sea realizada directamente por el Estado o concesionada a particulares” (La Jornada, 5/11/08, p. 13). El problema es que, si bien se indica que por “instalación estratégica” se incluye a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, los caminos y carreteras, los puentes nacionales e internacionales, los puertos, recintos terminales e instalaciones portuarias, los aeropuertos, las instalaciones nucleares o con procesos radiactivos, las fronteras, estaciones migratorias, aduanas y obras de infraestructura hidráulica, y además se puntualiza en la referida ley que los prestadores de servicios deben abstenerse de proporcionarlos “en cualquier instalación considerada estratégica en los términos proyectados en la norma” (ibidem), dichas definiciones pueden cambiar.

El asunto es muy delicado, pues las fuerzas armadas, alejadas de su función de defensa nacional, están comprometidas en la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia (tareas propias a cuerpos policiales y de inteligencia), además de que se trata de múltiples instalaciones: sólo en Pemex son varios miles distribuidas a lo largo y ancho del país que necesitan resguardo: como en Colombia, queda así la puerta abierta a firmas (nacionales y extranjeras) tipo Blackwater, SyColeman, DynCorp vinculadas al Pentágono y a la CIA.

El peligro a la integridad territorial del país por la acción de ejércitos mercenarios de Estados Unidos se acrecienta: la Iniciativa Mérida impulsa el contratismo en materia de seguridad mientras el proyecto de reformas y adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo de Calderón, como advierten Raúl Carrancá, Sergio Cárdenas y Virgilio Caballero, “… reduce y anula tramposamente el significado de área estratégica del Estado sobre el petróleo, hidrocarburos y petroquímica, al referir el significado de área estratégica a lo que disponga la propia ley y olvida que la Constitución obliga a la exclusividad del Estado sobre estos recursos”.

Si se concede a privados la extracción, almacenaje y distribución de hidrocarburos, entonces los nuevos propietarios de ductos y otra infraestructura contratan a sus propias “firmas de seguridad” (ejércitos mercenarios): es el resguardo de algo que por ley ya no es estratégico, sino suyo y que cubre el territorio nacional.

El Cáucaso: polvorín geoestratégico

John Saxe-Fernández
La Jornada, Jueves 28 de Agosto de 2008

El ataque contra Osetia del Sur ordenado por Mijail Saakashvili, presidente de Georgia, fue atroz: mató a mil 500 civiles, destruyó la capital Tsjinvali, demolió barrios residenciales, la universidad, los hospitales y provocó 100 mil refugiados en la zona. La respuesta rusa no se hizo esperar, por lo que el aliento de la Casa Blanca a esa agresión concita la atención de las cancillerías de Europa y su liderato militar, en especial el francés, inglés y alemán. Ello por las graves amenazas a la paz en una región de fuerte gravitación geoestratégica, las cuales confirman cuán mortal sería aceptar a Georgia en la OTAN. Fue un golpe al equilibrio euroasiático, producto de un complicado cálculo georgiano. Porque, además de una homicida provocación, fue un operativo comicial: al calor de la reacción rusa provocada por Tiflis, John McCain repuntó en las encuestas cuatro puntos sobre Obama.
Según Pat Buchanan, ex consejero de Nixon, Ford y Reagan, el manejo tras bambalinas lo hizo Randy Scheunemann, principal consejero de política exterior de McCain, que cabildea por el ingreso de Georgia a la OTAN. Buchanan revela que Randy recibe jugosos pagos de Saakashvili, quien dice estar en contacto de “hasta dos veces al día” con el candidato republicano. Esa ventaja electoral bajó al empate cuando, al interrogársele en público, McCain no pudo enumerar las muchas casas que posee: desliz electoral que es pecado mortal en tiempos de grave crisis hipotecaria.
Lo que queda es la conflictividad entre Europa y Rusia, instigada por Bush desde Tiflis en un escenario que incluye operativos antirrusos, encabezados por Sarkozy, el penoso sucesor de Blair en estas tareas. Permanece también una estridente campaña de propaganda impregnada de una rusofobia que evoca atmósferas y episodios infames de la guerra fría: Rusia es la agresora y Occidente debe defender a la caperucita georgiana desde una OTAN que, a decir de Robert Gates, jefe del Pentágono, está “en grave riesgo de implosión en Afganistán”.
Desde la caída soviética, la OTAN sufre la ausencia de un enemigo estratégico, cemento de la Alianza. Pero ya la Casa Blanca fabricó una nueva guerra fría por medio de una peligrosa y multifacética instigación estratégica que puede costar cientos de millones de vidas. Por ejemplo, después de oponerse, la opinión pública polaca azuzada por el operativo en Osetia, presentado como agresión rusa contra Georgia, apoya el Sistema Nacional Antibalísitico de Estados Unidos (SNA) en su territorio. El SNA fue acordado por Estados Unidos y Polonia en medio del rugir de los cañones, en las narices de una Rusia que, usando sus recursos humanos y naturales, flexiona su poderío económico, militar y energético como potencia mundial: ya advirtió a Washington que si usa armamento convencional de alta precisión, responderá con armas nucleares tácticas. Es un ascenso que Estados Unidos trata de frenar y, como antaño, incita las precondiciones de guerra general en Eurasia de cara a su atasco militar en Irak. Por lo que, junto al provocador despliegue del SNA, Estados Unidos incita la desactivación geoestratégica de Rusia. Como recuerda Michael T. Klare en su lúcido Blood and Oil (Metropolitan, NY, 2006; hay versión española), se concretó en el endoso de Clinton y luego de Bush, al oleoducto que va desde Bakú, en Azerbayán, a Cyhan en Turquía, atravesando Georgia. ¿Objetivo?: romper “… el actual monopolio ruso sobre el flujo energético del Caspio y facilitar futuros envíos –de crudo– hacia Estados Unidos” (p. 119). ¿Existe una nueva ecuación de poder en esa región? Moscú contesta con ironía diplomilitar (y Kosovo en mente), reconociendo la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, y por los diputados de la Duma, Boris Gryzlov sintetizó: “El Cáucaso siempre ha sido y será la zona de los intereses estratégicos de Rusia”.
El riesgo de guerra es serio: esto ocurre en medio de las aventuras diplomilitares de líderes poco cautelosos en Washington y París. Y el Cáucaso es un polvorín geoestratégico.

Petróleo: soberanía y territorio

John Saxe-Fernández

La Jornada, Jueves 14 de agosto de 2008

Fue lamentable la ausencia de la geopolítica y de la seguridad nacional e internacional en la agenda del debate senatorial sobre la reforma energética. Ello por el papel crucial del Senado en política exterior; porque México y Pemex son “asuntos de seguridad nacional” para EU y además porque desde finales de 2007 supimos que se contemplaba usar empresas de seguridad (mercenarios) de esa nación para “proteger” la infraestructura de Pemex-CFE. Después, siguiendo el guión de Washington Calderón anunció el Plan México rebautizado Iniciativa Mérida (IM) en intento vano por desvincularlo del Plan Colombia (PC), plagado de masacres y despojos oligárquico-imperiales.
El PC y la IM fueron pactados en 2000 y 2008. Recuperar la experiencia colombiana es de gran valor: PC e IM fueron concebidos en función de intereses monopólicos y geoestratégicos de EU. Su objetivo es reorganizar la matriz territorial y explotar enormes riquezas naturales estratégicas. Son acciones privatizadoras y diplomilitares para conservar a Latinoamérica como reserva estratégica. Más ahora que escasean recursos vitales y EU importa 60 por ciento del crudo que consume. Como dice Ignacio Ramonet en el prólogo de El terrorismo de Estado en Colombia, Caracas 2007, de Hernando Calvo: el entramado oligárquico-imperial impulsa el desalojo de quienes viven “en territorios inmensamente ricos. Sus tierras pasan a manos de terratenientes, jefes paramilitares y poderosos intereses económicos”. Se trata de tierras, gas y petróleo; minería, forestas, biodiversidad y agua.
Según Carlos Lozano, de la Comisión de Notables para el Proceso de Paz, “el PC fue una decisión del gobierno de EU, elevada a política de Estado mediante la aprobación del Congreso. El texto original… fue en inglés… Para que los congresistas (conocieran) su contenido… tuvo que ser traducido”. En EU la aprobación legislativa la logró Clinton, movilizando a Madeleine Albright, secretaria de Estado, y al general Barry MacCaffrey, zar antidrogas y ex jefe del Comando Sur. Sorprendió la ausencia del gobierno colombiano entre quienes discutieron y defendieron el proyecto ante el subcomité de la Cámara baja del Congreso estadunidense. Con MacCafrey comparecieron: el jefe del Comando Sur, dos ex embajadores de EU en Colombia y Lawrence Mariage, vicepresidente de Occidental Petroleum.
El historial del PC muestra que el combate al narco, crimen o terrorismo sirve para encubrir y justificar la proyección y ocupación militar de EU en Colombia y que la IM hace lo propio acá y en Centroamérica. Su andamiaje, como ilustra Calvo ad nauseam, se concreta en “una guerra privatizada con mercenarios legalizados”. Mariage sintetizó la intención así: “El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en ese país y por eso el paquete de ayuda por mil 574 millones debe ser aprobado cuanto antes…” Solidarios con Mariage: British Petroleum, Caterpillar, Bechtel & Pfizer, US Columbia Business y nueve petroleras de EU, casi todas contratistas de Pemex.
El interés en el petróleo de Colombia, México y Venezuela se percibe claro: Bogotá es el séptimo exportador a EU y el tercero en América Latina después de Venezuela y México. Así lo explicó el almirante James Stavidris, jefe del Comando Sur: “La energía es otro factor involucrado en los vínculos hemisféricos. Tres de las cuatro principales fuentes de energía de EU están en el hemisferio: Canadá, México y Venezuela… y en las próximas dos décadas EU aumentará su consumo de petróleo y gas natural en 31 y 62 por ciento, respectivamente… Debemos asegurar estos recursos energéticos y la infraestructura de apoyo…”
Coda: senadores y diputados de los principales partidos han sido agasajados por la embajada de EU con giras al Comando Norte. Ahí platican sobre estos asuntos con Stavidris o Víctor Renuart Jr., jefe del Comando Norte. Ante esta artillería diplomilitar, ¿por qué no debatir aquí “petróleo, soberanía e integridad territorial”?

Negocios y rendición incondicional

John Saxe-Fernández

Jueves 31 de Julio de 2008



Primero son los jugosos contratos a favor de los socios de fuera y de dentro postergando los intereses de la ciudadanía: independencia, soberanía, desarrollo y paz social. Hoy, como ayer, las cúpulas del PAN y PRI impulsan una involución mayor del proyecto nacional, esperando superar la hazaña que protagonizaron en 1995, cuando Estados Unidos, al calor de la macrocrisis financiera fraguó el rescate conocido como el Acuerdo Marco para la Estabilización de la Economía Mexicana, que, como acotó María Fernanda Campa Uranga, “más que una carta de intención solicitada a un prestamista exigente por un deudor moroso, parece una carta de rendición incondicional al término de una guerra”.
Esta puntualización atiende el hecho de que esa operación, orientada en realidad a salvar a grandes inversionistas estadunidenses, exigió el aval-factura a futuro por exportaciones de crudo que aún se encontraba en el subsuelo, lo que, además de magna irregularidad jurídico-constitucional, transformó la riqueza petrolera mexicana en reserva estratégica de facto de EU. Según expliqué en La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002), el entreguismo fue –y es– de gran alcance: el 29 de abril de 1995 Zedillo logró con los votos del PRI y del PAN modificar la ley que regula el artículo 27 constitucional para proceder con la apertura a la inversión privada, nacional y extranjera, de la transmisión, almacenaje y distribución del gas natural. Ése fue el diktat imperial para desmonopolizar y hacer competitivo a Pemex. Oil and Gas Journal, la conocida revista del ramo, celebró así la proeza antinacional de Zedillo: (la medida) “representa la primera y más importante modificación de la Constitución mexicana en relación con la industria del gas natural y del petróleo efectuada desde su nacionalización en 1938” (número 19, vol. 93, mayo 1995, p. 83.)
Es lo mismo que ahora proponen PRI y Calderón, con arrebato traidor, pero esta vez para todo Pemex. Al igual que ayer poco les preocupa el riesgo de una grave crisis político-constitucional como advierten economistas y juristas de amplio espectro ideológico o el deterioro socioeconómico, jurisdiccional y de seguridad que acarrea el despojo de la renta petrolera. Lo que vale para ellos es coparticipar con extranjeros, en el filón de dejar a Pemex como administradora de contratos, paso previo a su finiquito formal. Por medio de la autonomía de gestión, su director y consejo administrativo pueden manejar a su gusto el portafolios de negocios por lo que es vital una desregulación que abra espacio al ejercicio pleno e impune de la criminalidad de Estado: un sexenio es poco para el pillaje de tan magno botín. Por eso desaparecen los órganos internos de control. Y también los contralores de la Secretaria de la Función Pública, quienes por ley participan en todo acto de Pemex (Fortuna: abril, 2008). Se trata de instaurar una regulación sui géneris que cancele todo intento por hacer público el contenido de los contratos, los juicios por conflicto de interés o el tráfico de influencias.
La prioridad de La Casa Blanca y Los Pinos es dejar los negocios amarrados, comprando o extorsionando el voto legislativo. Constitucionalizar la privatización de facto de Pemex es un regalo de Bush y sus cómplices para Halliburton, Slumberger, y muchas otras firmas, que operarían a su gusto con las empresas filiales estratégicas de Pemex, que, como alertó Mario di Costanzo al comentar la iniciativa priista, gozarían “de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria”, así que no importa si se las define como “propiedad de Pemex”, ya que “no existe impedimento para que se asocien en cualquier actividad de la cadena productiva, exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etcétera, con socios nacionales o extranjeros, y en cualquier porcentaje de participación”.
La meta es privatizar ganancias y socializar costos y riesgos. Hasta que el país estalle, otra vez.