Desaciertos mayúsculos


John Saxe-Fernández




La Jornada, México,
28 de febrero de 2008.

En el poder por 26 años, el neoporfiriato lanza ahora un paquete de “reformas estructurales” de corte energético, policial-militar y judicial-penal, que coloca en riesgo las bases de la soberanía. Es parte de un rosario de políticas que fomenta la depredación enriquecedora de una minoría y empobrece, a perpetuidad, a más de 100 millones de mexicanos, desalojados de sus empresas públicas y expulsados de su espacio nacional, a un ritmo anual de más de 600 mil, que migran a EU en busca de empleo.

No es por las fuerzas inexorables de la globalización, sino por el tipo de componendas y esquemas derivados de la torpe negociación de la crisis deudora de 1982 y de los acomodos que siguieron al estallido de 1994 que acentuaron la desnacionalización de la toma de decisiones económicas, que se extiende a Pemex-CFE y al área policial/ militar y judicial/penal. A pesar de que se retiró la polémica decisión de permitir allanamientos de morada sin orden judicial, la reforma judicial contiene regresiones que, como en EU y en Canadá, comprometen los derechos humanos, políticos y civiles de la población, como es el espionaje oficial sobre información privada. Ya el jurista Sergio García Ramírez advirtió sobre éstos y otros elementos que plantean la amenaza de intervención del Estado en las libertades de los ciudadanos porque “los procesos de consignación, orden de aprehensión y la formal prisión se han flexibilizado… Y en estos procesos están en gravísimo trance los derechos humanos; no es razonable despachar con levedad de argumentos una consignación o una orden de aprehensión”. (Proceso, 24/2/08). En su criterio esto es un “desacierto mayúsculo”, porque al aligerarse la carga probatoria previamente al Ministerio Público “significará que en adelante, los obsequios de órdenes de aprehensión y consignación serán muchos” (ibid).

En la antesala de un asalto al patrimonio petroeléctrico de la nación mexicana, estas propuestas, que inciden en la esencia misma del Estado, son auspiciadas bajo la rúbrica de una “integración profunda” de la “América del Norte” y forman parte de una construcción social orientada a la criminalización de la resistencia civil y a la rapiña antinacional. La constitucionalización del Estado policial, bajo el superficial pretexto de “agilizar los procedimientos penales”, ocurre en medio de una desestabilización que acumula más de 25 años de agresión y despojo contra la economía popular y de la clase media (Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, etcétera) y cuando está en puerta la “legalización” de la privatización en curso de Pemex-CFE, empresas vitales para la construcción de un futuro nacional viable.

El paquete de iniciativas sigue los criterios de “integración profunda” impulsados por Washington en las reuniones secretas de la ASPAN, celebradas en Waco, Texas (2005), Banff, Alberta (2006) y en Montebello (2007) con la concurrencia de Bush, Harper y Fox/Calderón, de representantes de los monopolios de EU y sus contrapartes en México y Canadá, así como de la cúpula militar y de inteligencia, todos bajo la batuta de la Casa Blanca. Fueron deliberaciones para establecer un Estado policial-militar, realizadas a espaldas de la población, de las legislaturas y del estado de derecho.

La advertencia de García Ramírez de que se está abriendo “una gran ventana de oportunidades para acomodar a la policía como le convenga a cada estado, o subordinarla a los municipios incluso”, con lo que el MP no tendría la capacidad de “supervisar y sujetar la actuación de la policía durante una investigación, incidiendo en la relación entre el MP, la policía y el ciudadano” adquiere importancia mayor porque en verdad es expresión manifiesta de un desborde del Estado de excepción de EU hacia sus dos vecinos, con auspicio del Pentágono que algunos perciben como un “golpe de Estado en cámara lenta”.

En Canadá se agudiza la pérdida de soberanía territorial. Sin enterar a la opinión pública de ese país, el pasado 14 de febrero su gobierno y el estadunidense acordaron, desde el Comando Norte, establecido por Rumsfeld en 2002, que cada nación pueda enviar tropas al territorio de la otra “durante una emergencia civil”. Tanto este esquema como la Iniciativa Mérida entre EU y México –de la que no se conocen detalles– son parte de la mencionada agenda de la “integración profunda”, cuyo plan de acción incluye (textual) “la homologación y armonización de los procedimientos policial/penales” y “un incremento en la integración militar-policial”. Para abrogar restricciones legales a la privatización en curso de Pemex y CFE se promueve “una estrategia energética común” para la “modulación y desregulación del mercado energético de la América del Norte”. También se mencionan barreras “tarifarias” comunes y la “negociación en bloque” con el “exterior”.

Es integración “profunda” en petróleo, gas, electricidad, agua, infraestructura, seguridad y política exterior. No desaparece ni el muro ni el apartheid laboral. Lo que se desvanece sería “México” y “Canadá” como entes soberanos.

Pemex: tejiendo su democratización

John Saxe-Fernández

La Jornada, México,
14 de febrero de 2008

Todo en la política tiene sus tiempos, sean acciones electorales, financieras o mediáticas, en especial si son iniciativas legislativas que acarrean fabulosos beneficios para algunos grupos de interés: tal es el caso de los esfuerzos dirigidos a “legalizar” –por la vía de 18 ordenamientos legales– la privatización del patrimonio petrolero y eléctrico de la nación. En este caso esos tiempos están imbricados con el “escudo” que Los Pinos ofrece a las complejas gestiones de ingeniería financiera de este magno despojo. Es toda una hazaña anti-nacional y anti-popular en la que se juega el destino nacional. El sector energético es el principal eje de acumulación y además, la primordial fuente de recursos fiscales del gobierno, en porcentajes cercanos a 50 por ciento del presupuesto federal.

Dado que el llamado “capital político” del calderonismo se agota velozmente ante la desaceleración económica, las calamidades de la temeraria militarización de la campaña contra el crimen organizado –en detrimento de los derechos humanos, legales y políticos de la población–, así como por el brutal asalto del modelo vigente contra la economía familiar, los tiempos para tejer redes financieras se acortan rápido.

Los costos políticos de la iniciativa son muy altos y el calendario electoral legislativo, en 2009, acecha. Por lo que PRI-AN y Prisa tienen prisa para que se abra el sector y se dé cubierta legal a los negocios y contratos en curso. Al inicio mismo de 2008 Prisa sentó las bases del “escenario de línea dura” en radio y televisión en torno al debate “energético” mediante el despido “preventivo” de Carmen Aristegui. Seguro que en la disputa por el petróleo se contempló la necesidad de que imperara la unanimidad de opinión a favor de los privatizadores por lo que los valores, la agudeza analítica y el profesionalismo de Aristegui, expresado en su apertura a un amplio espectro de opiniones sobre cualquier tema, simplemente no “calzara” y les resultó estorboso. La actuación drástica de Prisa es porque en Washignton, Madrid y Los Pinos-Bucareli quieren el negocio “hoy, hoy, hoy”.

El PRI también tiene urgencias. En los albores del año Emilio Gamboa Patrón, su coordinador en la Cámara de Diputados, se apresuró a remachar las argucias usadas por el gobierno y las empresas interesadas en el desvalijamiento: “que por falta de recursos y tecnología era necesario abrir a la participación privada las operaciones de exploración y explotación de petróleo en aguas profundas, y también en la generación de energía eléctrica”, agregando que “no se trata de modificar la Constitución”. No sería una “privatización plena”, sino una “reforma integral”.

En la argumentación de la derecha antinacional, de sus aliados en el PRI y unos adeptos vergonzantes del PRD, se reproduce lo que Carlos Montemayor ve como expresión –patente y patética– del “realismo mágico”, ya que se nos informa, con toda la cara dura del caso, que además de “modernizar”, la “iniciativa” no privatiza sino que “democratiza” a Pemex-CFE, “bursatilizándolas”.

Los registros de intentos similares, realizados en el último tramo del gobierno de Zedillo, indican que es un proceso “democratizador” complejo y poco transparente en el que participa la International Finance Corporation y la Agencia Internacional de Acuerdos Multilaterales, ambas orgánicamente vinculadas al Banco Mundial. Un diseño de ingeniería financiera planteados para Pemex, a cargo de la empresa Agincourt se realizaría por medio del Investors Guaranty Fund LTD (IGF). En La compra-venta de México (Plaza & Janés, 2002, p 353 y ss) describo un diseño de 1997 para crear el Programa Mexicano de Desarrollo por medio de la inversión directa de IGF. El capital se generaría colocando títulos conocidos como “Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements” o MEXDS GIA en dólares, con la participación de bancos internacionales e inversionistas institucionales bajo liderazgo de empresas de solvencia moral, contable y técnica –como Enron–, otras tipo Halliburton y varias de acá.

Siguiendo sus costumbres Agincourt seleccionó a las Bermudas como base jurisdiccional de operación por “su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y en especial de los servicios financieros” de Wall Street. Estos son los paraísos financieros –y fiscales– escogidos en el pasado reciente como ideales para “democratizar” a Pemex y tejer la ingeniería financiera-especulativa que le permita a los gobernantes, legisladores, sus socios y cabilderons, “flexibilidad” para hacer sus negocios: los impulsores de la iniciativa deben informar desde cuál paraíso fiscal van a “no-privatizar” y “democratizar” a Pemex, arrojando la renta petrolera y el futuro de la nación, al piso de remates de Wall Street. Esperaríamos que nos recuerden desde sus villas en la Costa Azul. Como diría Roberto Hernández, “allá los mexicanos que se hagan bolas”.

Retozando en el Pérsico

Retozando en el Pérsico

John Saxe-Fernández

La Jornada, México

jueves 17 de enero de 2008

Las noticias no pueden ser más inquietantes: como en 1929, la crisis de la economía estadunidense y mundial se profundiza y los inversionistas, en busca de refugio, se vuelcan al oro y a la compra de acciones del sector bélico-industrial, receptor de grandes subsidios, ya que acapara 70 por ciento del presupuesto del Departamento de Defensa (DdD). Y mientras el proceso comicial en EU procede según lo establecido, la camarilla gobernante se aferra al poder al profundizar su belicismo: Bush se desplazó a Oriente Medio para promover una paz y estabilidad sui generis, auspicia la carrera armamentista mientras siembra cizaña al incitar a los árabes a “aislar” a Irán y genera más tensión diplomilitar: el 14 de enero la prensa informó que EU presentó queja diplomática formal porque, según el DdD, botes de alta velocidad de la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán habrían efectuado “maniobras agresivas” en el estratégico estrecho de Ormuz, “amenazando”, desde los altavoces de sus rápidas lanchas, con “hundir las naves de EU”. El incidente fue aprovechado por la Casa Blanca para incitar a una guerra contra Irán, tan ansiada por la dupla Bush-Cheney bajo el supuesto beneficio electoral para el Partido Republicano. Sin dilación, Washington presentó a Irán como un peligroso agresor. Stephen Hadley, asesor de seguridad nacional, dijo que el episodio “estuvo a punto de ocasionar un cruce de fuego” y Bush añadió que “si Irán atacaba barcos estadunidenses” habría “serias consecuencias”, reiterando su aserto de que esa nación es “una amenaza a la paz mundial”.

Pero de súbito la escenografía bélica se desplomó ante una atónita opinión pública cansada de las mentiras y fraudes informativos típicos de este lamentable gobierno antes durante y después del 11/9, otro suceso usado para hacerse de poderes de guerra, desmontar la Constitución y “justificar” la petroguerra y ocupación colonial de Irak. Información recabada por el New York Times y Gareth Porter revela que los archivos electrónicos con las presuntas amenazas iraníes fueron alterados sugiriendo además exageración y manipulación oficial de los eventos. En su edición del jueves el rotativo mencionó el escepticismo de ex oficiales navales sobre la “versión dramática” y las graves inconsistencias en las cintas usadas como evidencia. Poco después, según difundió la BBC, dos analistas del diario Navy Times de la Marina confirmaron que en el audio “no aparece el ruido de fondo que un equipo de transmisión de radio normalmente captaría en la superficie de una embarcación”.

Pero el encadenamiento de pifias no cesó: ahora la Marina investiga la posibilidad de que un bromista, conocido por los capitanes de barco que operan en la región con el apodo de Mono Filipino, haya interferido sus sistemas de comunicación durante el percance, lo que coloca a la Casa Blanca en una posición en extremo insostenible y al “comandante en jefe” en el ridículo.

El revés de Bush en Ormuz sería irrisorio, si no fuera porque están en juego incontables vidas, la paz y la economía mundiales, así como una colosal devastación. Es temerario retozar en el estrecho de Ormuz, considerado por décadas punto neurálgico de cualquier escenario de la “tercera guerra mundial”: como se advierte en JS-F Petróleo y estrategia (Siglo XXI, 1980) el problema central que impacta la agresividad de Washington en el Oriente Medio es el peligroso orden de probabilidad con que un conflicto militar ahí –dado el carácter vital del petróleo para el funcionamiento de la economía mundial– se podría agravar “escapando a todo control”. Esta línea de análisis, presente en estudios realizados en EU y Rusia, tiene como uno de sus escenarios centrales precisamente el estrecho de Ormuz, que conecta al golfo Pérsico con el Índico y es ruta del petróleo hacia los mercados del mundo.

En este contexto, resalto la diferencia esencial entre el despliegue por parte de la Casa Blanca de Johnson, de operaciones encubiertas en el golfo de Tonkin en agosto de1964, para lograr poderes de guerra y “justificar” la intensificación de la agresión contra Vietnam del Norte y los operativos navales que se detectan ahora en el estrecho de Ormuz: el primer operativo ocurrió en un entramado básicamente táctico y regional en su impacto militar directo. El segundo, que impulsa Bush, se da en un medio global afectado por variables independientes y estratégicas: como señala Michael T. Klare en Blood and Oil (Penguin, 2004) por el estrecho de Ormuz transitan al mercado internacional más de 14 millones de barriles de petróleo diarios, siendo por eso un punto nodal en las operaciones de monitoreo del Comando Central a cargo de las operaciones del DdD en el Oriente Medio. El general Tommy Franks, encargado de ese Comando en 2002, sintetizó el asunto así: “68 por ciento de las reservas probadas del planeta están en la región del Golfo y 43 por ciento de las exportaciones de petróleo del mundo pasan por el estrecho de Ormuz”. Con el barril a casi 100 dólares, el más leve atasco del flujo petrolero tendría efectos globales ruinosos.

Geopolítica del desalojo

John Saxe-Fernández

La Jornada, México,

3 de enero de 2008.

“Imperialización” y no “globalización” es la categoría adecuada para explicar lo que ocurre en la economía y la política del país. La privatización y extranjerización sigilosa e inconstitucional de Pemex-CFE y la apertura total a la producción subsidiada de maíz, frijol, caña de azúcar y leche en polvo de EU, al entrar en vigor el capítulo agropecuario del TLCAN en 2008, son ejemplos de un fenómeno de larga data, cuya intensidad y ritmo se acelera. Es, además, un “diseño demográfico” que expulsa anualmente a 600 mil connacionales, centrado en una guerra de clase desplegada en nombre de la tasa de ganancias desde el Banco Mundial (BM), el FMI y el BID, con las desleales complicidades empresarial-gubernamentales de acá. Pero no es un proceso lineal: la imperialización sucede bajo una dinámica compleja con una atroz ruina de la economía popular y de la clase media, que incluye una “geopolítica del desalojo”, en medio de agudas contradicciones y, paradójicamente, de una “crisis oligárquico-imperial” con fuertes impactos constitucionales y en los equilibrios cívico-militares.

La historia del país muestra que desregulación bancaria, aperturismo comercial, especulación financiera, explotación de la fuerza de trabajo y depredación de los recursos naturales desembocaron en ciclos de guerra civil que cobraron poco más de un millón de vidas. El subdesarrollo, el desempleo y la polarización, lejos de aminorar, se acrecientan con el TLC, gestado bajo impulso, préstamos y recetas del BM-FMI y del BID, parte de un “bilateralismo intensivo” que ahora Bush, con el aval de Calderón, amplía a la “seguridad nacional”, el derecho penal y el Poder Judicial.

El proceso, con nombres y apellidos, emana de una red de complicidades, intereses y transas de clase acentuadas desde la crisis de 1982 y del sometimiento neoliberal a las ambiciones y lucros del capital monopolista de dentro y de fuera, consignados en Forbes y en el portafolio de negocios de Pemex. Ello con su cauda de despidos –cientos de miles de ferrocarrileros, trabajadores y técnicos de Pemex-CFE, “desalojados” de sus puestos de trabajo– y del desarme de los contratos colectivos.

El “modelo”, lejos de conducirnos al primer mundo, como proclamaban tecnocracia e intelectuales “anexos”, ahogó al país y su vital sector agropecuario en más desempleo, sometimiento y subdesarrollo, “expulsando” a millones, en su mayoría hombres entre los 15 y 45 años, forzados a migrar. El BM, promotor de la apertura, reconoce que el campo expelió a un cuarto de su población en 10 años. En EU ya residen 29 millones de mexicanos, 19 millones de ellos nacidos allá.

La “geopolítica del “desalojo”, que envía al norte a millares de personas para que se desempeñen como nannies, cocineros, domésticas, jardineros, recolectores de basura, etcétera, se intensificará 10 por ciento en 2008, dejando en el camino miles de “indocumentados”, perseguidos, rechazados, muertos o ingresados en campos de detención. Lo que es acompañado de un asimétrico flujo migratorio “de norte a sur”, como detectó Mike Davis (TomDispatch.com 12/10/07), compuesto de masas de estadunidenses que ingresan a México “para gozar de retiros gloriosos de bajo presupuesto y de segundos hogares comprables en México”. Según Davis, el número de “gringos” que viven en México creció con el TLCAN “de 200 mil a un millón (una cuarta parte de todos los expatriados de EU)”. Y con más de 70 millones de ellos “aguardando expectantes su retiro dentro de las próximas dos décadas, los expertos predicen una marejada de inmigración barata buscando climas cálidos… La demanda de tierra está subiendo el valor de la propiedad en detrimento de los habitantes locales, que junto a sus niños terminan viviendo en tugurios o simplemente se ven forzados a emigrar al norte, mostrando el lado de la medalla del aumento de la invasión”.

Debe concitar atención el magno desalojo de mexicanos de su espacio nacional y la mencionada “invasión” (silenciosa), como otro motivo de fondo de la política económica, demográfica y de seguridad de EU, impulsada desde Los Pinos y Hacienda. Las consecuencias geopolíticas, perceptibles en Baja California, son extensivas a todo México. No es algo nuevo, como apreciará quien recuerde el papel de los “colonos” en la anexión de Texas a EU: Davis advierte que la generación de baby-boomers (nacidos entre 1946 y 1964) no está sólo preparando “un retiro eventual”, sino que “está especulando cada vez más en propiedades y condominios mexicanos llevándose sus tiendas tipo Hooters, Burger King y Starbucks”. Si no es frenado, este asimétrico dinamismo “migratorio”, de ida y vuelta, “probablemente produzca una marginalización social intolerable y la devastación ecológica”.

Ya docenas de grupos campesinos, de trabajadores y derechos humanos y los comercializadores agrícolas (La Jornada, 31/12/07, p. 7) advierten que este esquema provocará “una catástrofe económica y social para la mayoría de los productores, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad para la seguridad y gobernabilidad” del país.

Acoso estratégico

John Saxe-Fernández

La Jornada, México,

20 de diciembre de 2007.

“Si este sistema de misiles se pone en funcionamiento lo hará automáticamente como parte de toda la infraestructura nuclear de Estados Unidos. Será parte integral de la capacidad nuclear de EU.” Vladimir Putin describió así la médula de la iniciativa del gobierno de Bush para instalar sistemas antibalísticos, interceptores y radares en Polonia y la República Checa. Hecha ante Europa –y el mundo–, en la Conferencia sobre Política de Seguridad que se celebró en Munich a principios de año, los eventos demostraron que no fue una declaración menor: al colocar las fuerzas balísticas y nucleares estadunidenses en las puertas mismas de Rusia, la Casa Blanca intenta crear una capacidad de “primer ataque nuclear”. El propósito de corto plazo es paralizar a Rusia, por ejemplo, ante un eventual ataque de Bush-Cheney contra Irán, nación poseedora de la segunda reserva petrolera del planeta.

Pero después de que 16 agencias de inteligencia de EU dieron a conocer hace poco que Irán había cancelado su programa nuclear militar desde 2003, en contradicción con los dichos de la Casa Blanca, se derrumbó la justificación para la guerra y para el “escudo antimisiles”, erigido, según Bush, “para proteger a Europa” de un ataque iraní con cohetes. Así lo enfatizó la prensa checa y polaca en encabezados de primera página. Pero el Pentágono persiste con el “escudo antimisiles”, haciendo ostensibles dos designios de la ultraderecha militar (neocon): uno interno, centrado en grandes negocios derivados de jugosas subvenciones bélico-industriales del “escudo” y en los presuntos beneficios electorales de otra guerra durante los comicios presidenciales; y otro externo: para frenar el desplome hegemónico de EU, propiciando el control militar sobre la principal cuenca petrolera (y un insostenible “patrón petróleo-dólar”); acorralando a Moscú y China desde la OTAN y azuzando conflictos euroasiáticos, cruciales al ascenso hegemónico de EU durante el siglo XX.

Es claro que el escudo “antibalístico” de Bush es, en verdad, “una declaración de guerra de facto” contra la Federación Rusa, pues es como si Rusia hiciera lo mismo en Chihuahua y Alberta. Se induce así otra guerra fría con su carrera armamentista, la competencia por el dominio de áreas de alta tecnología –microelectrónica, espionaje satelital, “nano y bio tecnología”, etcétera– y su secuela de guerra propagandística y fortalecimiento de redes de espionaje. Pero la actual guerra fría difiere de la anterior en al menos tres aspectos: 1) el crudo antagonismo geopolítico en torno a asuntos demográficos y de recursos naturales estratégicos (petróleo, minerales, agua, biodiversidad) sustituye la confrontación ideológica; 2) con el colapso medioambiental en curso se crean otros conflictos –y oportunidades de intervención–, y 3) existe una probabilidad mayor de que, en los tiempos del peak oil, la nueva guerra fría mute en “guerra general termonuclear” (GGT) de manera vertiginosa. La inestabilidad e incertidumbre creadas por el “acoso antibalístico” son riesgosas. Yuri Baluyevski, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Rusia, se refirió la semana pasada a la moratoria impuesta por Moscú al Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE). Adujo la desventaja militar que ocasiona porque EU y la OTAN lo usan para presionar a Rusia y consideró necesario “recordar”, no en estricto sigilo –nótese–, sino urbe et orbi, que el “escudo” que EU intenta desplegar en Europa “podría provocar una respuesta con un proyectil balístico intercontinental”. Luego agregó: “el lanzamiento de un proyectil antimisiles desde Polonia podría ser considerado por el sistema autómata de Rusia como el lanzamiento de un misil balístico, lo que podría provocar un asalto en respuesta” (La Jornada, 16/12/07, p. 25).

El “sistema autómata” mencionado se refiere a una postura estratégica y capacidad operativa (balística-satelital-computacional) conocida como Launch-on-Warning (LoW), desarrollada por EU, la URSS y Rusia. Aunque la documentación desclasificada es escasa, documentos del Archivo de Seguridad Nacional indican que en el otoño de 1969 Georgy Arbatov, del Instituto de Estudios sobre EU y Canadá de Moscú, comentó a Helmut Sonnenfeldt del Consejo Nacional de Seguridad de EU sobre las dificultades estratégicas de LoW. Irónico dijo que “no había problema”, porque “ninguno de los dos esperaría en caso de recibir advertencia de un ataque. En lugar de ello, vaciarían sus silos lanzando un contrataque de manera inmediata”. Años después H. Kissinger, irresponsable y con calculada ambivalencia, “aceptó y desestimó” los altos riesgos de GGT “accidental” o por una “falsa alarma” del LoW. Son contingencias advertidas por Robert McNamara y Fred Ikle con aprensión y alarma comprensibles: EU y Rusia cuentan con 13 mil armas nucleares y unos 4 mil 400 cohetes en estado de máxima alerta desde que EU anunció que ampliaría su infraestructura nuclear a Polonia y la República Checa.

El de Bush es un corrupto “acoso estratégico” con alto riesgo de catástrofe humana y ecológica terminal.

BM: Pilatos previsor

John Saxe-Fernández

La Jornada, México,

jueves 6 de diciembre de 2007.

La crisis institucional de la pax americana se suma, junto con la energía, la pobreza y el calentamiento global, a la agenda contemporánea. Nuevas opciones financieras regionales (arreglo Chi Mai o el Banco del Sur), así como la pérdida de 88 por ciento de la cartera de préstamos del FMI desde 2002, y de 42 por ciento que afectó al Banco Mundial (BM) desde 1996, así lo indican. Agréguese la debacle moral y de derecho penal internacional, por más de un millón de bajas civiles en Irak y crímenes de guerra a granel, y se comprende lo difícil que es ocultar una criminalidad de Estado en la cual el BM, la CIA, el Pentágono y el FMI han sido pieza central.

En México, cual Pilatos previsor, el BM se lava las manos de cara a 2008. Dice que “le preocupa” la polarización social (La Jornada, 4/12/07, primera plana) y días antes se alarma por el “índice de desestabilización”. Los “índices”, parte de sus herméticos manejos estadísticos, no apantallan a una opinión pública que padece los resultados de los programas privatizadores, de ajuste estructural y de apertura comercial impulsados por el BM y sus country managers que operan desde Los Pinos y Hacienda. El lobo se dice inquieto por el bienestar y la seguridad de Caperucita, días antes de la cadena de zarpazos de 2008 pactados en el TLCAN contra millones de productores de maíz, leche, carne y frijol.

A lo largo de 25 años, el BM y FMI han jugado un papel central en la inducción de condiciones micro y macroeconómicas que afectan al aparato productivo, el empleo y el bienestar social, lo que, según Joseph Stiglitz, ex economista jefe del BM, se realiza en cuatro etapas (Memoria, junio de 2002): el paso uno “… puede llamarse con más precisión la sobornización”, es decir, el uso de empréstitos y otros dispositivos “para lograr la adhesión de presidentes y ministros para que, en lugar de oponerse a la venta de las grandes empresas estratégicas de gas, electricidad, petróleo, puertos o ferrocarriles, se inclinen a liquidarlas alegremente”.

Con las exigencias del FMI como excusa, “podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión de 10 por ciento, pagada en cuentas suizas, por el simple hecho de haber bajado unos cuantos miles de millones el precio de venta de los bienes nacionales” (p. 15). La venta de garage salinista (que algunos taimados “de izquierda” aconsejan seguir en Pemex por medio de contratos riesgo), valorada entre 23 y 26 mil millones de dólares, superó las privatizaciones de Yeltsin, hechas bajo impulso de EU en medio de “oleadas oligárquico-etílicas”, rematando grandes empresas energéticas, ahora recobradas.

Al segundo paso Stiglitz lo denomina “el ciclo del dinero caliente”, o sea, la “desregulación” del sector financiero, pactada por Salinas y Zedillo con el FMI para que especuladores y empresas extranjeras puedan repatriar dólares a su gusto. Así se prepara el terreno para grandes despojos, usando además instrumentos “novedosos” como el “mercado mexicano de derivados”. El Plan Brady, por su parte, facilitó a Wall Street inflar el “mercado emergente mexicano” mutando decenas de miles de millones de dólares de dudosos bonos de la deuda en valores comerciales “respetables”, al amparo de papeles del Tesoro estadunidense a 30 años: para Salomón Brothers, Meryll Lynch, Citibank, J.P. Morgan et al, las ganancias fueron fabulosas en medio de risas y champaña. La hilaridad fue mayor cuando el secretario Gurría afirmó, días antes de la macrocrisis de 1994, que la Ronda Uruguay “y la firma de acuerdos comerciales de México, en particular el TLC… ofrecerán a nuestro país un entorno favorable que debe aprovechar para sustentar el crecimiento futuro en el comercio y la inversión, alejando con ello la amenaza de otra crisis de sobrendeudamiento”. Lo cierto es que en cada ciclo “neoliberal” aumentan desempleo, despojo del patrimonio y millones migran a EU en busca de empleo.

El paso tres consiste en una desestabilización sociopolítica tal cual, pues con políticas recesivas se ataca la economía popular al alentar desempleo e “informalidad económica”, con su sector punta: el crimen organizado y el narcotráfico. A sabiendas de las consecuencias se reduce la inversión pública social y productiva, se retiran subsidios a la agricultura, se arrasa con los contratos colectivos, acelerando los despidos y acentuando la distribución regresiva del ingreso, se impulsa el alza en el precio de los combustibles (gasolinazo) y se ataca la canasta básica. Esto da lugar al paso “tres y medio” de Stiglitz: “los disturbios sociales inducidos por el FMI”.

Paso cuatro: con la nación “caída y en desgracia”, el FMI y el BM “se aprovechan y le exprimen hasta la última gota de sangre. Incrementan el calor, hasta que la olla entera explota”. (p. 15-17). En este contexto, con aval de Calderón, EU despliega sobre territorio nacional su sombrilla de seguridad (ASPAN-Iniciativa Mérida-contratistas/mercenarios), mientras sus empresas, con nuevos apoyos, se lanzan sobre “los bienes restantes” (petróleo, electricidad) “… a precios de remate”.

EU: la crisis








John Saxe-Fernández
La Jornada, México,
22 de noviembre de 2007.

Según Jan Hatzius, de Goldman Sachs, las consecuencias macroeconómicas de la crisis hipotecaria “podrían ser bastante dramáticas”. Pocas horas después, John Stumpf, CEO de Wells Fargo, advirtió que la situación del mercado de bienes raíces “es la peor desde la Gran Depresión”. Hay riesgos de orden mayor: además de “hipotecaria”, la crisis es bancaria, bursátil, de liquidez y, en el fondo, de hegemonía. En el aparato productivo su impacto es extenso: al contraerse la inversión en bienes raíces se afecta a la industria de la construcción, gran generadora de empleo, vinculada con otras actividades: cemento, acero, vidrio, plásticos, etcétera. Por el impacto tan amplio del sector vivienda, el “contagio” de la crisis es asunto potencialmente grave, dentro y fuera de EU: incrementos mayores del desempleo conllevan más oleadas antinmigrantes, racismo y represión contra nuestra población. Y las disminuciones en los volúmenes de importaciones afectan la relación de EU con Asia y de manera especial con México: la asimetría estructural con EU es notoria: 90 por ciento de nuestras exportaciones van al otro lado del río Bravo mientras sólo 15 por ciento de las suyas se destinan a México.

La crisis hipotecaria no es pasajera y sin impacto sociopolítico. Jeff Faux advierte que esta situación difiere del desplome que se dio en el mercado accionario, que no afectó a las familias “porque tenían pocas o ninguna acción”. Pero ahora “el precio de la vivienda en picada sería un desastre prolongado”, como ocurrió en Japón desde 1991 (Global Class War, New York, John Wiley, 2006, p. 198. De próxima publicación por la UACM).

Ya se registran quiebras bancarias y en fondos especializados en la industria de la construcción. De interrumpirse la cadena de pagos la situación sería explosiva en un escenario macroeconómico deteriorado por el costo de la petro-ocupación de Irak y Afganistán, entre otros desatinos de Bush: sus déficit fiscal y de cuenta corriente crecen sin control y como en 1975 hay riesgos de inflación con estancamiento (estagflación). Según Hatzius, un cálculo “conservador” de las pérdidas de los inversionistas –unos 200 mil millones de dólares– se traducirían en recortes en la inversión por 2 billones (trillions) de dólares. Es decir, más desempleo, rebajas en las tasas de interés y mayor déficit comercial. Y con ello un deterioro todavía mayor del dólar, con fuertes pérdidas para inversionistas y tenedores de la divisa.

Estudios del Instituto Levy, citados por Faux, indican que en 2008, “para evitar que el desempleo siga, el gobierno tendría que aumentar de manera sustancial su gasto deficitario por encima de su déficit federal proyectado en 2.3 billones de dólares para la década”, lo que “mandaría volando la deuda externa e interna a 100 por ciento del PIB, y después vendría más”. Y a mayor inyección de liquidez, mayor “estagflación”.

El contexto difiere del de 1975, ya que desde entonces ocurrió un cambio profundo en la estructura de poder del aparato monetario internacional. El dólar no tiene más el monopolio como divisa de reserva: existen otras opciones sostenidas por políticas macroeconómicas que inversionistas y bancos centrales consideran más “responsables”, de cara al desorbitado gasto de “seguridad” de EU, estimado en un billón de dólares en 2007. Para gobiernos e inversionistas los títulos en dólares no son confiables y mantener sus monedas atadas al dólar resulta una operación riesgosa. En noviembre el desplome que registró el dólar se debió tanto a la crisis hipotecaria como a las declaraciones de un funcionario chino de que su país “tiene un plan bien definido” para diversificar sus reservas monetarias. (China tiene reservas cercanas al billón de dólares.)

La diversificación monetaria y de portafolios se generaliza: en India la caída del dólar ante la rupia llegó a los tabloides: publicaron que la súper modelo Gisele Bündchen no acepta dólares como pago a sus servicios. Mientras para ingresar a museos y monumentos como el Taj Majal, el ministerio de cultura dejó de obligar a los turistas a pagar en dólares. Ahora se usa la rupia, más estable. Los ingresos de Bündche o los del ministerio de cultura son ínfimos comparados con los de los jeques de la OPEP, quienes en la última cumbre rehusaron dejar constancia de “preocupación” por el desplome del dólar, como sugirieron Irán y Venezuela. Eso sí, diversifican “poco a poco” sus portafolios y reservas monetarias: desde mayo Kuwait “desató” su moneda del dólar. Igual plantean los Emiratos Árabes Unidos (EAU): una desvinculación gradual por medio de una canasta de monedas. El Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a Kuwait, los EAU, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein y Omán, tratará el asunto en diciembre.

La crisis hipotecaria es síntoma de agravamiento de una crisis histórica: si Vietnam fue un fracaso táctico, Irak es un desastre tanto estratégico-militar como “monetario” y “fiscal”: el Pentágono debilita, no apuntala al dólar. Es la crisis de la pax americana: momento de incertidumbre, de oportunidad y de gran riesgo a la paz mundial.