Las visitas de Bush

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 30 de marzo de 2006.

La cantidad de eventos político-militares, legales y constitucionales ocurridos entre la primera y lo que probablemente sea la última visita oficial de Bush a su homólogo mexicano Vicente Fox, hace que parezca como si hubiesen pasado décadas y no años. En febrero de 2001, Bush recién asumía la presidencia. Aquel fue un encuentro que anunció lo que vendría después: apartándose de las formas civilizadas, Bush ordenó, desde México, un ataque aéreo contra Irak. Ahora sabemos que fue una operación para, entre otros motivos, colocarnos como cómplices geopolíticos.

Quedó claro que la Casa Blanca profundizaría la diplomacia de fuerza en el Oriente Medio y en el mundo. Testigos de las deliberaciones secretas del Consejo de Seguridad Nacional, como Paul O Neill (ex secretario del Tesoro) y Richard Clarke, encargado de la campaña antiterrorista, posteriormente dejaron saber que, mientras Bush visitaba a Fox, el Consejo de Seguridad Nacional discutía los planes militares contra Irak y que ya circulaba un plan político-militar "para la crisis en Irak después de Sadam". La ocupación militar de Irak y su vasta reserva petrolera estaba lista.

En El precio de la lealtad (R. Suskind, Océano, 2004) O'Neill indica que Rumsfeld "había puesto toda su atención en analizar "cómo" un incidente podría causar una escalada en la tensión -un incidente como el derribo de un avión estadunidense... y cuál podría ser la respuesta de EU ante dicha contingencia" (p.118). Tal "incidente" no ocurrió en los cielos de Irak, sino de Nueva York y Washington, en horas y minutos en que los principales dispositivos militares a cargo de la seguridad del espacio aéreo, o habían sido desactivados o bien estaban ocupados en ejercicios militares o de protección civil. Cuando Clarke, después de que el primer avión impactó una de las Torres Gemelas pidió auxilio al Comando Aéreo (NORAD) para detener los aviones, se le informó que "estamos a mitad de un ejercicio NORAD, el Vigilant Warrior" y, se le notificó que "los AWACS -aviones radar- "...no están en alerta" (Contra todos los enemigos, Taurus, 2004 p. 20).

Desde Enero de 2001 Clarke pidió audiencia con Bush para activar un programa antiterrorista vasto y agresivo y así neutralizar las operaciones de Al Qaeda y de Bin Laden en Estados Unidos. Con amargura narra que no lo recibiría hasta septiembre. Todas sus iniciativas fueron metódicamente relegadas, degradadas o desactivadas. La política de la Casa Blanca de congelar el programa antiterrorista, "antes" del 11-09 se diseminó a los puestos clave del aparato de seguridad, y de ahí a los rangos medios y operativos.

Abundan evidencias que desarman la explicación oficial sobre la "no prevención" de los ataques, centrada en "fallos burocráticos". El caso más reciente lo ofreció Harry Samit, agente del FBI en Minneapolis, quien testificó bajo juramento en el juicio que se le sigue a Zacarías Moussaoui -el único terrorista vivo que habría sido parte del equipo en los ataques del 11-09-, que "había advertido a sus superiores más de 70 veces" que Moussaoui estaba armado y preparando la captura de aviones. El 18 de agosto de 2001 Samit le informó a la oficina central de la FBI que "Moussaoui intentaba secuestrar un avión" y que según fuentes francesas fue "reclutado por un grupo musulmán de Chechenia vinculado con Osama bin Laden" (The Washingon Post, 21-III-06). Pero Michael Maltbie, el supervisor de Samit, modificó el texto eliminando toda referencia a Osama bin Laden, por lo que él y sus superiores han sido acusados por Samit de "negligencia criminal". A pesar de ello, Maltbie fue promovido y hoy es supervisor en Cleveland. Algo similar le ocurrió al general encargado de la vigilancia del espacio aéreo durante las horas -y minutos- cruciales de los ataques, quien fue nombrado por Rumsfeld como primer encargado del recién establecido Comando de la América Norte.

Bajo el impulso del 11-09, se "justificó" la agresión a Irak, se instauró un Estado de Excepción, formalizado en el Acta Patriota, se aplicó un programa ilegal de espionaje interno, se suspendieron fracciones centrales de la Constitución, y el Ejecutivo se dedicó a usurpar funciones legislativas y judiciales, estableciendo tribunales secretos al margen de la ley criminal y de los códigos militares. Además, por medio de la Doctrina de la Guerra Preventiva, rompió con principios básicos del Derecho Internacional.

Desde que Bush nos visitó, se han registrado más de 150 mil bajas iraquíes (incluyendo mujeres y niños), 2 mil 300 soldados de Estados Unidos muertos y más de 15 mil efectivos, heridos y mutilados. De Guantánamo a Abu Ghraib, y desde una vasta red de prisiones en mar y tierra, se practican sistemáticamente atrocidades y torturas. La debacle moral y política es profunda. Como bien lo sintetizó William Pfaff ( Harpers Nov. 2005 ) la Casa Blanca de Bush "autorizó a los oficiales de Estados Unidos cometer actos por los que los aliados de la Segunda Guerra Mundial colgaron a oficiales de la Gestapo y de la SS, así como a comandantes japoneses de los campos de prisioneros".

Agro, agua y seguridad nacional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 16 de marzo de 2006.

Es notable la continuidad de Salinas y Fox: en relación al manejo bancario (IPAB-Fobaproa), el agua, el agro y energía, el sexenio foxista siguió el recetario socialmente explosivo del FMI-Banco Mundial-BID, implantados por Salinas-Zedillo, cuya "política agraria" y "reforma" al 27 constitucional desgarró el tejido social de la nación, agredió a la población indígena y campesina y desembocó en la mayor crisis de la agricultura mexicana desde 1910. Salinas, además de usurpar la Presidencia, dejarnos sin bancos y vender más de mil 200 empresas públicas, muchas operando con números negros, despojó y lanzó a la calle, a las ciudades y a la frontera norte, a millones de mexicanos, provocando una vasta desestabilización que afecta al país y su relación migratoria con EU. Para contener la explosividad que se generó, el BM elaboró el Procampo, un programa que nació, según los asesores de la embajada estadunidense, "como un instrumento creado a la luz del TLC para opacar el dolor del campesinado (ante) un mercado abierto... la (orientación)... del campo hacia el sector privado ha tenido consecuencias abruptas y catastróficas para la población rural mexicana, que pocas posibilidades tiene de modernizarse para competir en el marco del TLC". Salinas pontifica sobre "estabilidad"desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Pero los asesores del embajador advierten que su política agraria contribuyó "a fomentar la inestabilidad social y, por lo tanto, a impulsar" movimientos guerrilleros.

Después de que De la Madrid modificó en 1983 la Constitución para descentralizar a estados y municipios los servicios de agua potable y drenaje, la "reforma" de Salinas al 27 constitucional permitió otorgar a extranjeros concesiones de explotación de agua, mientras la Ley de Aguas de 1992, por su parte, facilitó su explotación, observándose desde entonces la privatización de 20 por ciento de la explotación del vital líquido en favor de multinacionales como Suez-Ondeo (con) Peñoles, Vivendi-Veolia (con) ICA, Biwater, Herat Tech Inc, Aguas de Barcelona y su subsidiaria Inter Aghar, entre otras, según datos recabados por M.Barlow y T. Clarke ("La Lucha por el agua en América Latina", 2004; citados en Proceso, 12 de marzo de 2006, pp. 56-61). Al abrigo de Fox, el BM-BID y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) crean el Programa para la Modernización de las Sociedades de Administración del Agua (Promagua) con un cañonazo de 250 millones de dólares de la Federación y el BM para acelerar la privatización de la distribución del agua y el control de los servicios acuíferos de los centros urbanos más importantes y zonas turísticas "dejando al gobierno los municipios menos poblados y, por lo tanto, mucho menos lucrativos" (p. 60). Ahora, esas grandes multinacionales se aprestan, por conducto del cuarto Foro del Agua, a promover sus operaciones todavía de manera más agresiva (Coca-Cola quiere aumentar el control de fuentes de agua en Chiapas, principal zona de recarga acuífera de México), que ya causan malestar por abusos en tarifas, deficiencias en servicio, etcétera.

Con la privatización y extranjerización de la gestión del vital líquido Salinas y Fox juegan con lo social y políticamente explosivo y con la soberanía, ya que su paquete entreguista incluye la infraestructura relacionada, presas, acueductos, hidroelectricidad, alcantarillado, sistemas de distribución, plantas de tratamiento y potabilización, vitales para la seguridad nacional mexicana por el stress acuífero de grandes regiones y sectores de la población, rural y urbana. En Agua y seguridad nacional (Debate, 2005), Gian Carlo Delgado ofrece un encuadre histórico-conceptual y una investigación de primer nivel, necesaria para el análisis serio de una temática urgente y crucial para el país. La gestión del agua es un asunto que, como el de la energía, el petróleo y el agro no deben dejarse en manos de mercachifles en hábito de servidores públicos. Dedicados a los negocios de "la compra-venta de México" y ante un escenario electoral adverso, despotrican desde Los Pinos o del MIT, contra quien cuestione sus transas en los jugosos negocios de los energéticos y el agua. Salinas y Fox siguen dedicados a servir a quienes hacen grandes negocios por medio del "acceso, gestión y usufructo" de esos recursos "en un mercado global", provocando, por medio del BM-BID-BERD, una catarata de proyectos y contratos para privatizar petróleo y agua, como se ilustra en Imperialismo económico en México (Debate, 2005). Son recursos vitales transformados por Salinas y Fox en una explosiva y delicada oportunidad para la rapiña empresarial.

A decir de Gérar Mestrallet, director ejecutivo de Grupo Suez, una de las mayores empresas del ramo, "el agua es un producto eficiente... es un producto que normalmente sería gratuito, y nuestro trabajo es venderlo. Pero es un producto que es absolutamente necesario para la vida" (p. 99). El cuarto Foro Mundial del Agua es un operativo dedicado a promover el lucro con lo que es central para la paz social, por ser "absolutamente necesario para la vida".

La Casa Blanca: matriz de Fox

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 2 de marzo de 2006.

Ante crecientes evidencias de que el electorado mexicano se inclina por un gobierno de centro-izquierda que impulse el interés público nacional y los fundamentos socioeconómicos formalizados en la Carta Magna, el régimen foxista, apoyado en la plutocracia doméstica y en los instrumentos de proyección de poder de la Casa Blanca -el FMI, el BM y el BID- se esfuerza por formalizar un "maximato", que permita prolongar el esquema que por 24 años devastó el aparato productivo, la economía popular y transformó el patrimonio nacional en botín. Como se ilustra en el libro de Guillermo Zamora, 2006: el año de la izquierda en México (Colibrí, 2006), no quieren soltar el poder ni las jugosas movidas que desde ahí se realizan. Después de la maniobra para desactivar a AMLO mediante el desafuero, ahora tratan de acotar su capacidad para ejercer la Presidencia ante un escenario electoral que le es favorable con 35 meses como puntero en las encuestas.

A Fox le ocupan y preocupan los negocios y los contratos, sean de sus allegados o de las grandes empresas extranjeras. Lo público es espacio y oportunidad para hacer negocios. Está ahí para "amarrar" oportunidades, mercantilizar la educación pública y privatizar, desde el petróleo, el gas y la electricidad hasta el servicio del agua o el muy lucrativo manejo de aduanas: los filones, las gangas y las usuras están por doquier: en la ley de agua, en la perforación y mantenimiento de pozos petroleros, a favor de Halliburton y Bechtel, en la asignación de contratos de servicios múltiples, en la autogeneración de la Comisión Federal de Electricidad con Pemex, en la privatización de puertos, aeropuertos y líneas aéreas, en las "magníficas" oportunidades del Fobaproa-IPAB y la Comisión del Agua -manejada por otro ex empleado de la Coca-Cola como él. Sigue "la hoja de ruta" del BM, la "ingeniería financiera", elaborada por Enron para Pemex.

No le importa si la "nación" deviene "colonia": es dócil ante la extraterritorialidad de la ley Helms Burton, como en el Sheraton, saliendo a la defensa del hotel frente a las medidas administrativas que tomó la autoridad delegacional y sin considerar lo fundamental: si se va a permitir que un poder externo dicte la política interna pasando por encima de la Constitución.

Fox sigue la política de "dotar de autonomía" al Servicio de Administración Tributaria (SAT) -medida impulsada por la gerencia del FMI y por el titular del SAT, quien negó que ello reste autoridad al próximo Presidente. Pero lo que está de por medio son las reformas al Código Fiscal de la Federación, la distribución de los excedentes petroleros y la donación de activos para los estados y municipios. Bush y "su" FMI pretenden que Fox, su desacreditado portavoz para América Latina y el Caribe, elija y nombre a quienes desvincularían la administración gubernamental de la recaudación de impuestos y el manejo de aduanas. Alfonso Ramírez Cuéllar acierta al advertir que con tal medida, el SAT "adquiriría carácter de organismo supranacional, ajeno a las necesidades del país. Además, esa condición impediría auditar al SAT y frenar la corrupción en Aduanas" (La Jornada, 24/2/06, p. 30).

El maximato opera desde dos pivotes que fundamentan la "nueva corrupción" que aflige al país: a) que "el gobierno es un negocio y los negocios son el gobierno" y b) socializar los costos y privatizar los beneficios. Como bajo el FMI-BM-BID, el gobierno se transforma en máquina generadora de tributación colonial y de lucro para oligarcas, cuyo combustible es la corrupción y, además, no se genera empleo, la ilegitimidad se generaliza mientras la informalidad económica se expande, robándole futuro a las nuevas generaciones.

El saqueo es magno y la política económica en vigor deviene en problema nodal para la seguridad nacional. Una situación que se agudiza porque Fox, más que "Presidente" de una nación soberana, se comporta como gerente-administrador de una empresa-colonia, cuya casa matriz está en Washington.

Como quien vende Coca-Cola, jabones o desodorantes, "gobernar" es saturar al electorado con espots radiales y televisivos, violando las reglas de neutralidad de los servidores públicos. Su "gobierno" se basa en la "autocracia mediática" que padece nuestra incipiente democracia, sometida al uso y abuso presidencial del poder de un duopolio televisivo que se trata de mantener incólume durante el próximo sexenio por medio de la llamada ley Televisa, otra gestión para preservar el poder de esa dictadura electrónica. Incluso se pretende que quienes se encarguen del manejo y asignación de los espacios radiofónicos y televisivos en los próximos años y sexenios sean nombrados por Fox.

En éste y otros rubros medulares el ocupante de Los Pinos acata fielmente la línea de Washington, su casa matriz, para prolongar "un maximato" empeñado en mantener los compromisos y negocios derivados de la incautación del salario y del pillaje del caudal energético, acuífero, minero y forestal. En territorio nacional, Fox no tiene matriz.

Fox: la sombra de Polk

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 16 de febrero de 2006.

No debe sorprender a nadie decir que Vicente Fox es un neopolko, término utilizado por don Manuel Buendía, el asesinado periodista de Excélsior, para referirse a la nueva camada de tecnócratas desnacionalizados que tomaron el poder en 1982, cuando se instauró el régimen acreedor auspiciado por Estados Unidos desde el Banco Mundial, el FMI y el BID.

La falta de una respuesta oficial, inmediata y enérgica ante la expulsión del hotel Sheraton de 16 ciudadanos de Cuba, integrantes de una delegación que realizaba negociaciones con empresarios estadunidenses, acción ordenada desde Washington, no es un asunto menor, o "administrativo" como lo presentan algunos analistas. Es una "expresión operativa" de la extraterritorialidad de la ley Helms Burton, que se observa desde hace algún tiempo, y un corolario de la doctrina Monroe, la cual sostiene que la soberanía estadunidense se extiende a la propiedad y a los contratos de sus empresas.

La aplicación extraterritorial de las leyes estadunidenses en México ocurre en medio del deterioro de los fundamentos de la estabilidad y del equilibrio sociopolítico. No se genera empleo y mientras la economía informal crece de manera desorbitada, millones de compatriotas son "desalojados" de su patria, de su hogar y de su parcela, por obra y gracia del neoliberalismo. Ellos presencian, con asombro y disgusto, cómo desde las más altas esferas del poder político y económico se desmantela el agro, la industria y el mercado nacional.

En medio de este deterioro acumulativo se generan tendencias e incidentes complejos y riesgosos para la soberanía y la seguridad nacional, como los que se protagonizan en la frontera con Estados Unidos, con la aparición de fuerzas militares "irregulares", de presuntos integrantes del Ejército Mexicano que incursionan en territorio de la nación norteña. Aunque las secretarías del ramo han negado la participación de soldados mexicanos, el embajador estadunidense, personajes derechistas y voceros de la Casa Blanca insisten en una campaña diplomático-propagandista montada en operativos "irregulares", de corte polkista, aparentemente para promover las iniciativas de "criminalización" de la inmigración, auspiciadas por la Casa Blanca.

El panorama nacional y "fronterizo" es explosivo, por lo que resulta todavía más sorprendente e inadmisible la persistencia de Fox de proceder con la privatización y extranjerización de actividades claves de Pemex abriendo el ingreso de empresas y contratistas extranjeros, precisamente en las fronteras terrestres y marítimas de México con EU, donde se han detectado importantes yacimientos de gas y petróleo: en la Cuenca de Burgos y en aguas profundas del Golfo de México. Para EU, las concesiones a sus empresas son una extensión de su soberanía.

En medio de los ecos del desmembramiento territorial de 1848, el desprecio de Fox por la Constitución, que juró defender, es inaceptable. Recuerdo que su inasistencia al cónclave del Castillo de Chapultepec, convocado por la plutocracia local, se debió a que realizaba una gira por Calgary, capital petrolera de Canadá, para promover la participación de empresas de ese país en el sector energético. Es una actitud de colaboracionismo neopolkista con intereses externos, que burla la Carta Magna y que se disemina entre sectores político-empresariales que esperan beneficios de estas operaciones.

En el encabezado de una nota de la revista Petróleo (dic 05-ene 06, p. 44), un número que dedica espacio a los contratos de servicios múltiples para aguas profundas, puede leerse: "Mientras se aprueban cambios constitucionales que abran la industria petrolera en México a la iniciativa privada, Petróleos Mexicanos prepara el camino con las grandes multinacionales para concretar alianzas estratégicas".

Ahí se informa que hasta ahora los mismos funcionarios foxistas que profundizan acciones administrativas, técnicas y hacendarias encaminadas a inducir la quiebra financiera y productiva de Pemex -principal fuente de recursos fiscales del país- ya han firmado convenios de "colaboración" con ExxonMobil, Shell, ENI, BP, TotalFina y Petrobras que "comprometen recursos prospectivos oficialmente estimados en 54 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente".

Son los mismos hacendistas sometidos al BM-BID y la Casa Blanca, que promueven las "reformas estructurales" mientras sangran a la empresa, desfinancian su mantenimiento adecuado o niegan recursos para ampliar las operaciones y adquirir la tecnología y financiamiento disponibles en el mercado internacional a fin de realizar, por cuenta propia, las operaciones en el Golfo y en la Cuenca de Burgos. Es una agresión sistemática, puntualmente analizada por José Luis Manzo en "Soberanía energética" (Memoria, enero 2006).

Para Fox, por encima de la Constitución están los negocios y los contratos, como los que auspició con Halliburton y su subsidiaria Kellow Brown and Root, muy vinculadas con la Casa Blanca, valorados en 2005, en mil 220 millones de dólares. Fox vulnera la soberanía y la seguridad nacional mexicana.

EU: el predicamento constitucional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 2 de febrero de 2006.

La sospecha generalizada de que con la excusa de la guerra contra el terrorismo se asentó una "dictadura" en la Casa Blanca es algo que ya incomoda a George W. Bush, inquieta a personajes como Albert Gore, preocupa al Legislativo y a la prensa, y debe alarmar a la opinión pública mundial.

La sensibilidad de Bush al respecto es aguda: en una entrevista de diciembre 2005, impactada por la revelación del New York Times (NYT) sobre un vasto programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) contra ciudadanos estadunidenses y sin autorización judicial, se le preguntó sobre el aparente poder irrestricto (unchecked power) que refleja ese operativo.

En ese momento, "el tono usualmente relajado y jocoso del presidente cambió a uno enojadizo", y blandiendo por los aires su índice replicó: "decir 'poder irrestricto' es básicamente adscribir alguna suerte de posición dictatorial al presidente, algo que yo rechazo enérgicamente".

Bush se muestra, más que quisquilloso, amenazado por el rechazo público ante los amplios poderes que acumula al utilizar la tragedia del 11/9 y el posterior -e inexplicado- terrorismo con ántrax, como una máquina para generar poder y usurpar funciones judiciales y legislativas. Bajo el impulso de esos ataques se instauró el Estado de excepción, formalizado en la Ley Patriota, que Bush busca consolidar derechizando la Suprema Corte, dándole carácter permanente, aunque hay resistencia legislativa.

En un llamado para restaurar la legalidad, el ex vicepresidente Albert Gore expuso en el Congreso que la Constitución está en grave peligro: "muchos de nosotros hemos venido aquí, a la sala de la Constitución -localizada en el Congreso-, para tratar de colocar a un lado las diferencias partidistas y escuchar el sonido de alarma". Una aprensión compartida por el establishment mediático. Bajo el título de La presidencia imperial en acción (15-01-06), el New York Times advierte "... la urgencia de que el Congreso acote la expansión de poder del señor Bush. No existe nada en el consenso nacional para combatir el terrorismo después del 11/9 que justifique la redefinición de más de 200 años de tradición y de legalidad, por parte de un presidente dedicado a una cruzada ideológica".

Además de la Constitución, la Casa Blanca quebranta los ordenamientos legales. Según el Servicio de Investigación Legislativa, la Ley de Seguridad Nacional exige que el Ejecutivo informe a todos los miembros de los comités de inteligencia cualquier actividad de espionaje interno, como el de la NSA sobre teléfonos y correos electrónicos. El 6 de enero pasado se informó que ese servicio concluye que "las justificaciones esgrimidas por el gobierno contradicen la legalidad vigente".

Como los demócratas y un número sustancial de republicanos coinciden con la juez federal Sandra O'Connor y la American Civil Liberties Union de que el estado de guerra no justifica que el presidente viole la Constitución y los derechos civiles, sobre Bush se cierne la sombra de Nixon y Watergate, y la amenaza del desafuero. Según el ex fiscal Ramsey Clark, (www.impeachbush.org) hay pruebas sólidas para ese procedimiento, según los términos del artículo II, inciso 4, de la Constitución.

Entre otras menciona: 1) la toma del poder para desatar guerras de agresión en violación de la Constitución, la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el derecho internacional, realizando un asalto masivo y la ocupación de Irak, país que no amenazaba a Estados Unidos, resultando en la muerte y mutilación de decenas de miles de iraquíes y de cientos de soldados estadunidenses; 2) mentir a la población estadunidense, al Congreso y a la ONU para justificar la guerra; 3) autorizar y condonar ataques directos sobre civiles, la infraestructura -salud, agua, electricidad, etcétera- y lugares donde eran inevitables las bajas civiles; 4) autorizar, ordenar o condonar asesinatos, ejecuciones sumarias, detenciones secretas e ilegales, la tortura y coerción física y sicológica de prisioneros en violación de la primera, cuarta, quinta, sexta y octava enmiendas de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5) actuar para despojar a civiles de EU de sus derechos constitucionales y legales ordenando la detención indefinida de ciudadanos, sin acceso a defensa legal, sin cargos y sin la oportunidad de presentarse ante una corte civil, todo ello con base en poderes discrecionales y designando como "combatientes enemigos" a los inculpados; 6) autorizar tribunales militares secretos y ejecuciones sumarias de personas que no son ciudadanos, acusados a discreción del Ejecutivo, que actúa como juez, fiscal y única alternativa de apelación; 7) rehusar hacer públicas las identidades y localización de personas arrestadas y detenidas por el gobierno; 8) realizar arrestos secretos de personas dentro y fuera de Estados Unidos, negando el derecho a juicios públicos; 9) instaurar la práctica de efectuar perfiles raciales y religiosos y desplegar el espionaje doméstico contra la población sin autorización judicial.

La explotación global

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 19 de enero de 2006.

Durante el periodo posrenacentista, pero de manera más intensa desde mediados del Siglo XIX, la "explotación global", como rasgo central del fenómeno imperialista, ha sido el eje alrededor del cual se ha tejido la cada vez más enmarañada trama de las relaciones económicas, fenómeno que, como lo ha investigado y analizado Pablo González Casanova -en un libro bajo el mismo título- impacta hoy de manera amplia a vastos sectores de la población mundial, dentro y fuera de los países capitalistas centrales. Dejando a un lado el discurso eufórico y determinista del "globalismo pop" y en un valioso esfuerzo exploratorio hacia un nuevo paradigma en la ciencia social contemporánea, advierte que obviar en los análisis el problema del intercambio desigual, de la relación centro-periferia, la dependencia económica y la explotación es desconocer que el empobrecimiento implacable de nuestra población es en esencia una condición del proceso de internacionalización del sistema económico de la competencia imperialista que comenzó a tejerse cinco siglos atrás.

Por medio de un índice compuesto de transferencias de excedentes de la periferia a los centros de poder económico, González Casanova demostró que, con la aplicación de los recetarios impulsados por Estados Unidos (EU) desde el binomio FMI-BM, se aumentó considerablemente la transferencia de riqueza a favor del centro y en detrimento de la periferia, ofreciendo, por medio de datos de las mismas instituciones financieras involucradas en el expolio, un cotejo estadístico sobre el orden de magnitud del fenómeno: entre 1972 y 1976 fueron transferidos desde los países pobres a los ricos 441 mil 735 millones de dólares (mdd), cifra que se triplica para el quinquenio 1991-1995, cuando alcanza un millón 364 mil 405 mdd, para sumar un total mundial de 4 millones 528 mil 281 mdd en pérdidas acumuladas a lo largo de 23 años.

Para González Casanova existen dos evidencias para indagar en torno a esto: "las que hacen imposible pensar en la historia pasada del hombre sin las relaciones de explotación... y las que hacen imposible pensar en una política de libertad, igualdad y fraternidad, o en una política de democracia, sin una política contra la explotación y por el poder necesario para acabar con las relaciones de explotación como sistema global dominante en las distintas regiones y países".

Ahora José Gandarilla, en el puntual ensayo América Latina en la conformación de la economía-mundo capitalista (Ceiich-UNAM 2005), premiado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, indaga los pormenores de la actual arremetida "neoliberal", develando las argucias conceptual-propagandísticas, no menos que algunos de los principales mecanismos utilizados en un drenaje de la periferia al centro que, sólo por el servicio de la deuda externa -uno de los seis rubros del mencionado índice compuesto-, equivale, según estimaciones de Eric Toussaint, a poco más de 50 "planes Marshall" en favor de los países ricos.

Se identifican a cuatro procesos involucrados en el incremento de la explotación global que, como lo señala Gandarilla, constituyen un "verdadero estado de imposición tributaria": a) el sobrendeudamiento externo en la periferia; b) el deterioro de los términos del intercambio; c) la creciente actividad de las corporaciones multinacionales que operan en el Tercer Mundo, y d) los procesos de desestabilización financiera y monetaria asociados al comportamiento de los capitales de corto plazo. Los mecanismos del sistemático "saqueo" son analizados de manera precisa, destacándose el papel de las "instituciones financieras internacionales" o "multilaterales" en la imposición de políticas fiscales regresivas, "propuestas u orquestadas desde el Departamento del Tesoro de EU, a través del Banco Mundial y el FMI, promoviendo los objetivos de los inversionistas de Wall Street" (p 93 y ss). La descripción es exacta y el análisis impecable. Las revelaciones que se han hecho en torno a los dispositivos para mantener y acelerar el despojo (como el plan Brady) y procedimientos usados para, por medio de las privatizaciones, "demoler" los pocos mecanismos para frenar en algo la transferencia de la riqueza hacia fuera, no sólo comprueban sus asertos, sino que hacen que el lenguaje empleado aparezca moderado y "caballeroso", a la luz de los develamientos de los insolentes esquemas de explotación y apropiación impulsados por el Tesoro de EU desde el FMI-BM-BID, en menoscabo del aparato productivo y del empleo y a favor de empresas, bancos y contratistas extranjeros (Halliburton-KBR, Citibank, Bechtel, Monsanto, BBVA, Mobil-Exxon, GE, Wal-Mart, GM, etcétera) con la complicidad del gobierno y la plutocracia local.

En la explotación de la fuerza de trabajo y en la rapiña de recursos como el petróleo, el agua, los minerales y la riqueza biológica, se incluyen operativos militares y de criminalidad de Estado, como lo ejemplificó el fallecido senador José Angel Conchello sobre el crudo en aguas profundas del Golfo de México y el insólito atraco del Fobaproa.

Bolivia: los ''mecanismos'' de Wolfowitz

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 5 de enero de 2006.

Poco después del triunfo de Evo Morales en Bolivia, Paul Wolfowitz, ex subsecretario de Defensa y actual presidente del Banco Mundial (BM), indicó que esa institución "está dispuesta a ayudar al futuro gobierno de Bolivia". Interrogado sobre la explotación del gas y del petróleo, Wolfowitz -arquitecto con Rumsfeld de la atroz petroguerra contra Irak- dijo que esos recursos "pueden ser una bendición para el pueblo" y que el BM "puede ayudar con mecanismos que aseguren inversiones transparentes, responsables e inteligentes". (Afp, 10/12/05).

Este tipo de "mecanismos" tienen una doble naturaleza: "castrense y de mercado" y, para el caso de Bolivia, tres objetivos centrales: a) mantener una presencia y capacidad del aparato militar y de inteligencia, como "carta de negociación" ante el gobierno de Morales; b) conservar e incluso incrementar el endeudamiento y, por tanto, su sumisión y dependencia; y c) inducir la privatización de organismos, recursos naturales o servicios públicos, a favor de empresas y contratistas extranjeros, en especial de EU.

Wolfowitz encarna la dualidad de esos mecanismos, ya que el Grupo del BM y el Pentágono (DdD) son instrumentos medulares para intervenir en la toma de decisiones y el curso de los acontecimientos. Por medio de la "asistencia militar", el DdD influye sobre el aparato castrense y de inteligencia local, usualmente bajo la cubierta de la guerra antinarcóticos. Por ejemplo, para inducir al presidente Rodríguez y al ministro de Defensa Méndez, a "desaparecer" 28 misiles tierra-aire MHN-5 de fabricación china, entregados a EU para ser desactivados, según denunció Evo Morales, (redvoltaire.com), evidenciándose así que el DdD podría desatar una operación militar con cualquier excusa.

Otro, entre varios "mecanismos" utilizados por la diplomacia imperial lo ofrece la llamada Fuerza Expedicionaria (FE), unidad "irregular" originalmente integrada por mil 500 ex soldados y ex oficiales bolivianos, financiada, adiestrada y equipada por el DdD para operar en lugares como la selva de Chapare, parte del programa de "erradicación de la coca". Además de ser una "fuerza" mercenaria, paramilitar e ilegal, ha sido denunciada por grupos de derechos humanos en Bolivia y EU por su violencia antipopular. Según Anthony Faiola del Washington Post, la embajada de EU conduce el reclutamiento y maneja las maniobras de la FE, cuyos salarios los distribuye la sede diplomática a través de una empresa financiera privada. Faiola indica que los "comandantes" de la FE, adiestrados por el DdD, reciben su paga del Ejército Boliviano, mientras que la embajada, usando su Oficina sobre Narcóticos se encarga del resto de las erogaciones, estimadas en cerca de 200 mil dólares mensuales.

Estos programas castrenses, que incluyen despliegues de bases y militares en la región -por ejemplo en Paraguay, a escasos 200 kilómetros de Bolivia-, se utilizan para "respaldar" los "mecanismos de mercado"-empréstitos- que otorgan a EU y sus monopolios gran peso por medio de las "condiciones" atadas a todos los préstamos del BM, y para asegurar la docilidad derivada del endeudamiento.

Como en México, las operaciones del BM en Bolivia son extensas y cubren los principales entes y rubros de la gestión pública en áreas que van desde servicios básicos como salud, educación, agua, saneamiento, etcétera, hasta los lineamientos de la política macroeconómica y por rama. Ello se realiza por medio de amplias -y gravosas- líneas de crédito, invariablemente orientadas a la "privatización" y desnacionalización de sectores de interés para las empresas extranjeras. Son operaciones promovidas a través de esquemas publicitarios tan embaucadores -e hilarantes-, como la "nueva" Estrategia de Asistencia para el País (EAP), encaminada, según Marcelo Giugale, director del BM para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, a la "sostenibilidad" (sic) y al impulso de la gestión de servicios públicos "eficientes y regulados".

El BM dice que la EAP, con líneas de crédito de 300 mdd (2004-2005) es para "mantener la estabilidad macroeconómica y reducir las desigualdades" en el acceso a servicios básicos. Es una retórica tramposa utilizada ante la debacle del programa privatizador del BM en Cochabamba, cuyo servicio de agua, "liberalizado" por obra y gracia de un préstamo de 19 mdd del BM a su alcaldía, fue concesionado a Aguas Tunari, subsidiaria de la poderosa Bechtel de California. Ahora Wolfowitz intenta aplicar este diseño a otro recurso fundamental: los 52 billones (trillions) de pies cúbicos de gas natural de Bolivia, la segunda reserva más importante de América del Sur. En el nuevo "guión" Wolfowitz aprovecha y fomenta, con la carnada de los préstamos, las vulnerabilidades gestadas por la política de Washington.

Alrededor de estos gigantescos recursos los monopolios del ramo tejen una amplia red de negocios y complicidades, en Chile, México y California. Tal es el motor de los "mecanismos" y tramas empresariales y "geoestratégicas" de Wolfowitz en Bolivia.