Guantánamo y la dictadura imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 27 de octubre de 2005.

Cuba enfrenta un arbitrario bloqueo, un abierto programa intervencionista y el acoso político-militar de Bush y el Pentágono (DdD), que, además, utilizan la base de Guantánamo -territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos desde principios del siglo XX- como campo de ensayo para la articulación de lo que es la más profunda usurpación de funciones policial-judiciales experimentada en la historia de EU. Ahí se practica la instauración de "un nuevo orden político-judicial", cuya meta es la suspensión de principios constitucionales cardinales a la impartición de justicia, gestados a lo largo de siglos, en torno a la protección de derechos humanos básicos como el habeas corpus.

El papel de lo que hoy ocurre en Guantánamo, en el proceso de gestación de un régimen dictatorial e imperialista, en su dimensión legal (de consecuencias tan funestas para la humanidad, como la traumática versión sufrida por Alemania durante el régimen nacionalsocialista), fue analizado con nitidez por Jean-Claude Paye ("Guantánamo and the New Legal Order", Monthly Review, mayo, 2005). En su dimensión humana lo que ocurre en Guantánamo está siendo denunciado por medio de huelgas de hambre, lenguaje de la desesperación de prisioneros, torturados y agobiados, sometidos cotidianamente, durante ya tres años, a los más brutales y sistemáticos abusos sicológicos y maltratos físicos, hablando así por todas las víctimas de la dictadura imperial.

En Guantánamo -y en el resto del proliferante sistema carcelario instaurado tanto en Irak como en navíos de guerra o "delegando" los "interrogatorios" a países que practican la tortura- se perfilan las características ominosas de "la dictadura imperial" que opera con la colaboración del gobierno de Blair, bajo el amparo y justificación de la "guerra contra el terrorismo". Aunque muchos fueron liberados, desde el 11-9 más de mil 200 personas han sido arrestadas y detenidas, cuando no secuestradas, sin cargo alguno, por el solo hecho de ser árabes o musulmanes o tener esa apariencia, como sucedió al ciudadano brasileño, ejecutado por la policía inglesa.

Las mismas disposiciones antiterroristas -y la histeria racista-, gestada por los ataques del 7 de julio en Londres, que costaron la vida al brasileño por su mero aspecto, influyeron a los legisladores estadunidenses para renovar y dar permanencia a la Ley Patriota.

En Guantánamo hay cerca de 540 personas, procedentes de poco más de 40 países, a quienes no se les llama "prisioneros de guerra", "detenidos" o "prisioneros políticos". Sólo nueve han sido formalmente acusados.

Guantánamo, por su estatus de territorio ocupado ilegalmente, se usa para que personal de EU se comporte al margen del derecho internacional y de la Constitución, y bajo el estado de excepción de la Ley Patriota. La meta es poner en práctica un régimen de "excepción" en todos los estadios del procedimiento judicial.

La Ley Patriota (aprobada por la legislatura bajo la indignación del 11-9 y días después de unos extraños ataques con ántrax high tech del Ejército, cuya autoría no ha sido clarificada) "formaliza" el estado de excepción y, como recuerda Paye, "autoriza" la detención ilimitada de ciudadanos extranjeros que se sospeche forman parte o son miembros de cualquier organización que el Ejecutivo catalogue de "terrorista". A esta "autorización" de la legislatura, se agrega otra que el Ejecutivo se otorga a sí mismo mediante un decreto presidencial de noviembre 13 de 2001 en el cual se establecen "comisiones militares ad hoc para juzgar a individuos acusados de participar o de apoyar a tales organizaciones". Por medio de ese decreto y al margen del derecho internacional, de la Constitución y de los procedimientos penales, civiles y militares, la camarilla Bush-Cheney-Rumsfeld se autoriza a sí misma para realizar tales juicios en secreto eliminando de paso cualquier apelación civil, mientras dirige la violencia estatal contra "ciudadanos extranjeros", o ciudadanos de EU calificados como "combatientes enemigos".

En la mayoría de los casos, a los prisioneros se les ha negado el derecho de asesoría legal o de demanda judicial. En custodia se les ha maltratado, torturado, prohibido practicar su religión, todo en violación flagrante de la Convención contra la Tortura y Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por EU. Aún más, la realización extraterritorial de arrestos a diestra y siniestra, así como el "reconocimiento" de muchas naciones de este "derecho" (bajo presión económico-política de la Casa Blanca) anuncian el arribo de un nuevo orden político internacional en el que se utiliza el terror de Estado sin contemplación legal alguna, cancelándose las libertades y derechos fundamentales, afectando la esfera pública y privada y, según advierte Paye, marcando..." el fin de la separación formal de poderes al dar al Ejecutivo el tipo de autoridad que se asigna a los jueces: la autoridad de plantear e interpretar la ley: el poder autoritario de la dictadura".

EU: dictadura imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 13 de octubre de 2005.

William Arkin dio a conocer en el Washington Post (WP, 21/9/05) un operativo del Estado Mayor, Granite Shadow, en el que, "sin supervisión ni control civil", el Pentágono (DdD) realiza maniobras de emergencia ante el "terrorismo catastrófico". Ello, aunque la Ley Posse Comitatus de 1878, vigente, prohíbe el uso de los militares en territorio de Estados Unidos y que Bush pide abrogar en su afán por usar cualquier contingencia, real o imaginaria, para ahondar el peso castrense en las decisiones y presupuestos del gobierno federal: "la amenaza del terrorismo catastrófico", dice la Casa Blanca en un documento de Homeland Security, "requiere una revisión completa de las leyes que permiten a los militares actuar dentro de EU". Granite Shadow es uno de varios dispositivos en curso desde el 11/9, que confiere al DdD poderes "extralegales": es el lado "doméstico" de la guerra preventiva en pos de los recursos petroleros de Irak y del Medio Oriente.

En torno a esta "mutación cívico-militar", inducida por el 11/9, Eric Margolis del Toronto Sun recordó que algo similar se presentó en la película Seven Days in May, en la que la derecha en el poder intenta un putch, utilizando una excusa y un dispositivo antiterrorista top secret del Pentágono. Ahora, dice Margolis, "la vida parece imitar a la ficción". David Eisenberg, del Asia Times, discute estas alteraciones "cívico-militares" y evoca que en 1985 Gaspar Weinberger, secretario de Defensa de Reagan, advirtió que "apoyarse en las fuerzas militares para realizar tareas civiles va en detrimento de la capacidad militar y del proceso democrático".

Granite Shadow no es "excepcional", sino parte de una tendencia militarista y autoritaria de Estados Unidos evidente desde los años setenta (Vietnam, Camboya, Chile, Argentina, Uruguay, Watergate), continuado durante los ochenta (Centroamérica, Irán-contras), e intensificado en los noventa por la alarma de firmas petroleras estadunidenses (como Halliburton, enteradas de las condiciones reales de los campos petroleros a nivel global), en torno al perceptible agotamiento de las reservas de petróleo convencional -v.gr. crudo barato y de fácil acceso.

Desde Reagan ya habían huellas de que algo grave ocurría en las relaciones "cívico-militares". Durante Clinton se autorizó la participación del DdD en misiones delicadas del Departamento de Justicia (localización y arresto de personas, incautación de bienes y documentos), así como ante ataques biológicos o químicos, y se promulgaron leyes que autorizan al presidente usar la fuerza armada en EU para "proteger la vida y la propiedad".

Después del 11/9 se formaliza el putch, ya que: 1) se suspenden apartados clave de la Constitución y de los derechos civiles y judiciales, instaurándose un "estado de excepción" por medio de la Ley Patriota y la creación de tribunales militares secretos. La sección 104 de esa ley autoriza el uso de las fuerzas militares en todo tipo de urgencias, en "caso de ataques con armas de destrucción masiva", mientras en Guantánamo se experimenta con y se "institucionaliza" la tortura sistemática; 2) se acelera el "uso no militar" de los militares, acaparando el DdD funciones y capacidades técnicas realizadas por las diversas burocracias "civiles", desde los servicios de inteligencia y de entes como los laboratorios del Departamento de Energía, hasta los servicios y presupuestos de salud y del Departamento de Home Land Security. En una de las más recientes manifestaciones de militarización, discutida al detalle por Michel Chossudovsky ("Ley Marcial y la pandemia de gripe aviar", globalresearch.ca) la Casa Blanca militariza la "salud pública", ya que elabora, por medio del DdD y no del Departamento de Salud, los principales mecanismos de prevención médica, incluyendo la operación de la Ley Marcial y la elaboración de una vacuna antiviral, esta vez con motivo de la amenaza de esa pandemia que, según la OMS, podría afectar a todo el planeta; 3) Bush y Cheney, como apuntó Kitty Kelley en el New York Times del lunes pasado, se protegieron borrando las huellas por medio del Decreto presidencial 13233 (noviembre de 2001), que les permite controlar la información desde el gobierno de Reagan y Bush padre, hasta nuestros días, en temas como el Irán-contras, las guerras por el petróleo del Golfo, la autorización de la tortura, el escrutinio del 11/9 o de Katrina y los magnos contratos sin licitación, como los recibidos por Halliburton en Irak.

Ya que México y Canadá fueron incorporados al recién creado Comando Norte, cabe notar que, según el WP, el ultrasecreto Granite Shadow se articula desde ahí como un operativo "autónomo" y es parte de un esquema mayor que incluye comandos y "fuerzas de choque", que operan dentro y fuera de Estados Unidos, bajo una "autoridad especial" otorgada por Bush y Rumsfeld, para realizar "actos terroristas preventivos" o "provocativos", con apariencia similar a la operación "autónoma" y ultrasecreta -con 19 terroristas suicidas reclutados en Arabia Saudita- que presenciamos el 11/9.

San Lázaro y el tsunami petrolero

John Saxe-Fernandez
La Jornada.
México 29 de septiembre de 2005.

No es la mano invisible del mercado la que inspira el "decálogo energético" de Fox. Es una reiteración de propuestas del aparato de seguridad de Estados Unidos y del alto empresariado internacional y sus socios locales, para dar cobertura constitucional al despojo en curso del sector petroeléctrico. La iniciativa ahora se promueve desde un Banco Mundial (BM) presidido por Paul Wolfowitz, uno de los principales arquitectos de la agresión militar por el petróleo iraquí. El BM opera junto con el aparato diplomático y de seguridad de EU en México y, como en Venezuela e Irak, lo hace bajo la instigación del "choque petrolero", un tsunami, que se gesta al calor de dos procesos que se retroalimentan: a) la persistente negativa de la Casa Blanca para impulsar un vasto programa para amortiguar el derroche energético y b) una creciente incapacidad física de los productores, debido a límites geológicos en la extracción de petróleo convencional, ante una mayor demanda mundial, cuellos de botella en la capacidad de refinación, con la correspondiente volatilidad en los precios.

Ahora se refuerza la iniciativa privatizadora con cabilderos armados de maletas repletas de vidrios y espejos para la compra de la conciencia legislativa. Es parte de una campaña de "presión diplomático-empresarial" para sacar adelante "el decálogo" a como dé lugar.

Dado que durante este sexenio el proceso privatizador de facto de funciones vitales de Pemex y la CFE en beneficio de grandes petroleras fue amplio, ahora los inversionistas y el aparato de seguridad estadunidense, ante el "tsunami petrolero", se esfuerzan por "constitucionalizar" el despojo en curso. Lo hacen por medio de Fox, quien lo gestiona ante el Legislativo con la obediencia y diligencia propia de un ex gerente de Coca-Cola cumpliendo instrucciones de su "casa matriz".

Con la Constitución mutilada, se dejaría el camino libre a los esquemas ya elaborados de "ingeniería financiera" -en varios paraísos fiscales- para lanzar el patrimonio petroeléctrico del país directamente al piso de remates de Wall Street y de la Bolsa Mexicana de Valores .

En La compra-venta de México (Plaza y Janés, 2002, p. 353) ilustré uno de esos diseños: el de Investors Guaranty Fund Ltd (IGF), bajo la coordinación de la International Finance Corporation, organismo vinculado orgánicamente al BM, e instancia central en los mecanismos para la gran subasta del sector energético del país. La propuesta se centró en alentar las exportaciones de petróleo y electricidad, mediante la inversión directa de IGF. Según los documentos, el capital necesario se generaría a través de la venta de Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rate Guaranteed Investment Agreements (MEXDS GIA), títulos en dólares con el respaldo de "bancos internacionales de desarrollo" (sic): BM-BID.

Tanto en el caso del petróleo mexicano como en el de Venezuela -que posee la principal reserva probada de petróleo convencional del hemisferio occidental, estimada en 70 mil millones de barriles, sin incluir vastos yacimientos de crudo pesado- las grandes empresas del ramo siempre actúan con el respaldo del aparato de Estado y en nombre de la "seguridad nacional" de EU.

Un ejemplo reciente de la "amalgama" entre las empresas, el Congreso y el Ejecutivo (el "triángulo de hierro") lo ofrece una convocatoria realizada por Securing America's Future Energy (SAFE) y la National Commission on Energy Policy (NCEP) para analizar diversos escenarios energético-empresariales y de seguridad. Un proceso que se realizó bajo el título de Oil Shockwave (el choque -o tsunami- petrolero) en el que participaron importantes ex miembros de la industria petrolera, analistas y comerciantes de petróleo, como David Frowd, de Royal Dutch/Shell&, así como personajes del mundo militar, legislativo y de seguridad nacional, como por ejemplo los senadores Richard Lugar (republicano) y Joe Lieberman (demócrata); Robert Gates y James Wollsey, ex directores de la CIA; el general P. X. Kelley, ex comandante del cuerpo de Marina, Frank Kramer, etcétera.

Según el comunicado de prensa, se elaboró un escenario en el que sólo se reducían 3.5 millones de barriles (mdb) de los 83 mdb consumidos anualmente por el mundo. Las consecuencias serían: precios de 5.74 por galón de gasolina, elevación en el precio del petróleo a 161 dólares por barril, incremento de 12.6 por ciento del índice de precios, desplome de 30 por ciento en el índice de confianza del consumidor, aumento del déficit de cuenta corriente a poco más de un billón (trillón) de dólares. Habría un ascenso significativo en el orden de probabilidad de recesión.

En el contexto del "decálogo de Fox", llama la atención que, entre las varias medidas consideradas "del lado de la oferta", el grupo plantea aumentar la disponibilidad de petróleo en el mercado mundial, "promoviendo el desarrollo de las reservas de crudo convencional en naciones que actualmente no permiten la inversión privada, utilizando para ello una acción diplomática intensa". No en Los Pinos, sino donde cuenta: en San Lázaro.

Halliburton, Irak y Katrina

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 15 de septiembre de 2005.

La "no prevención" de catástrofes que tipifica al gobierno de Bush, es "maná del cielo" para Halliburton -y su subdidiaria Kellog, Brown and Root (KBR)-, la gigantesca firma de servicios petroleros encabezada por Dick Cheney hasta que asumió la vicepresidencia de EU.

Sean calamidades creadas por mano humana, como el 11/09 y su secuela en Irak, o por fuerzas naturales, como el devastador huracán Katrina, los contactos -y la simbiosis- de la empresa con la cúpula político-militar de la presidencia imperial, le permiten aprovechar esas adversidades para hacer buenos negocios.

Si se revisan los detalles pronto se develan los mecanismos y operaciones que permiten y facilitan este proceso. Los principales contratos gubernamentales de Halliburton se realizan con el Pentágono, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ACE, por sus siglas en inglés) o de la Marina, bajo una modalidad conocida como Logistics Civilian Augmentation Program (LOGCAP), un esquema de privatización -y "mercenarización"- de las funciones de "logística" del Pentágono iniciado en 1985, que permite a cientos de firmas suplir servicios y suministros como transporte, habitación, construcción de cárceles, preparación y distribución de alimentos y combustible, interrogatorio (sic) de prisioneros, limpieza, lavandería, etcétera, "liberando" a miles de tropas que son usadas en el frente de batalla.

El LOGCAP no logró gran aliento sino hasta que Dick Cheney, como secretario de Defensa de Bush padre, lo impulsó y generalizó en 1992 por medio de un estudio que contrató precisamente con KBR para determinar si los contratistas podían hacerle frente a las necesidades logísticas "básicas" del Pentágono.

El estudio, clasificado, concluye que un LOGCAP generalizado beneficiaría al gobierno con "la ventaja" de que las empresas no están sometidas al código militar, por ejemplo en materia de atrocidades -caso de los contratistas del Pentágono en Colombia-. En agosto de 1992 Cheney otorgó el primer contrato "ampliado" de LOGCAP a favor de KBR y poco después, en 1995, fue nombrado presidente de Halliburton. Este tráfico de influencia y manejo presupuestal, Estado-empresa (pork and barrel) y de personal (revolving door) es parte del modus operandi del capital monopolista.

En 1997 la Auditoría General detectó irregularidades y Halliburton fue sustituida por DynCorp, pero mantuvo un contrato sin licitación por cinco años para reconstruir los campos petroleros de Irak. En 2001, con Cheney en la Casa Blanca, KBR logró un contrato LOGCAP por 10 años y hoy domina el 90 por ciento de todo el LOGCAP en Irak, pasando de 320 millones de dólares en junio de 2003 a 2 mil millones (mm) en septiembre de ese año. Según Lolita Baldor de AP, entre 2003 y 2004 Halliburton realizó contratos en Irak valorados en 10.7 mm, pero éstos pueden llegar a los 18 mm, sin incluir otros LOGCAP de KBR en decenas de países como la construcción de las cárceles en Guantánamo y Afganistán o los 1.22 mm de Halliburton con Pemex, empresa estatal sujeta a iniciativas del Banco Mundial para su desmantelamiento (divestiture) y extranjerización, intensificadas por Fox. Halliburton está sometida a "auditorías" y se detectan copiosas anomalías ("sobornos" al por mayor, cobro de 10 mil comidas diarias que no sirvió, sobreprecio en la gasolina para el Ejercito, uso de alimentos con un año de caducidad, etcétera). Aún así, la prensa informa que en julio pasado el Ejército le asignó 5 mm a Halliburton para el apoyo logístico de las tropas en Irak hasta julio de 2006, un aumento de mil millones por los mismos servicios.

En 2003 se dijo que la guerra costaría 60 mm. En marzo de 2005 la erogación de las operaciones militares llegó a 135.3 mm, de un total de 250 mm. Se gastan 6 mm al mes y en cinco años la cifra acumulada se calcula en más de 1.3 billones.

Malo para el mundo y los contribuyentes, bueno para Halliburton, el principal entre cientos de contratistas militares en Irak que, además, se beneficia de los desastres naturales: una de sus subsidiarias acaba de recibir un contrato de 500 millones de dólares de la Marina para realizar reparaciones de emergencia en instalaciones navales dañadas por Katrina. En julio de 2005, KBR Services Inc obtuvo un contrato para prestar servicios de emergencia, retiro de escombros y basuras, en caso de desastres naturales.

La Casa Blanca tenía una idea clara y precisa del impacto que tendría un huracán de categoría 3, 4 o 5 proveniente del Sur-Sureste de Luisiana sobre Nueva Orleáns. Así se lo hizo saber hace un año la Agencia Federal de Gestión de Crisis que pidió a la Casa Blanca, por medio del secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, tomar medidas para mitigar el desastre, incluyendo el reforzamiento y ampliación de los diques de protección al Norte de la ciudad. El ACE estimó su costo en 14 mm. Ante el drenaje presupuestal de la "reconstrucción" de Irak sólo se asignaron 700 millones. Se habrían salvado miles de vidas. Pero las utilidades empresariales, por la "no prevención" de estas tragedias humanas, son fabulosas.

La quinta columna imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 1 de septiembre de 2005.

No quitan el dedo del renglón y menos ahora que los productores de petróleo experimentan una creciente incapacidad física para enfrentar la creciente demanda mundial de crudo: las empresas del petróleo, el gas y la electricidad y los instrumentos del Estado imperial, desde el Pentágono y la CIA hasta el Banco Mundial y el BID, insisten en impulsar "reformas estructurales" e implantar "mecanismos de integración energética", encaminadas a la privatización y extranjerización del complejo petroeléctrico mexicano, Petróleos Mexicanos (Pemex) Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza.

En febrero de 2005 David J. O'Reilly, presidente del Consejo (CEO), de Chevron-Texaco, no dejó duda sobre el trance energético: "planteado de manera simple, la era del fácil acceso a la energía ha concluido. En parte esto es así porque estamos experimentando la convergencia de la dificultad geológica con la inestabilidad geopolítica". Es un asunto urgente para grandes empresas y los gobiernos de las naciones productoras o importadoras de crudo.

A consecuencia de la segunda revolución industrial, el uso e impacto del petróleo se siente en virtualmente todos los sectores de la economía, la sociedad y la política, en todas las sociedades del mundo, acrecentándose de manera inconmensurable con el arribo y la producción en masa de la máquina de combustión interna tanto para el sector civil como el militar, de la petroquímica con decenas de miles de productos que forman parte del estilo de vida actual, incluyendo los fertilizantes, esenciales para la producción agrícola mundial, del transporte masivo -terrestre, aéreo y marítimo- y, en el caso de México, ni más ni menos, como ingrediente de gran peso en el conjunto de fuentes para la generación eléctrica.

No extraña entonces que de cara a las próximas elecciones presidenciales, la CNN, conocida en América del Sur como Tv Bush por su alineamiento con las políticas de la Casa Blanca, se incorpore a una embestida privatizadora que opera desde lo que ya es un sistemático y paulatino desmantelamiento de las mencionadas empresas públicas. Es una tarea en la cual es imprescindible el sometimiento, la complicidad y la colaboración de una voraz oligarquía y su cúpula gubernamental, históricamente inclinada a entregar al capital extranjero el patrimonio nacional y las principales operaciones económicas, a cambio de una coparticipación en la apropiación del excedente. La política "energética", en cuyo diseño participó, además del BM y varias consultoras, la fallida y escandalosa Enron, con toda su agudeza gerencial, no menos que delincuencial, cede la parte operativa de Pemex a Halliburton, Bechtel, Degollar McNaughton, Scotia Group, Dosel International, entre otras, con jugosos contratos y las convierte en su brazo técnico.

Es una inconstitucional y desleal operación perpetrada desde "adentro" por una quinta columna que ya "se asume" como tal. En una entrevista con Carmen Aristegui, difundida por CNN, el director de la CFE se declaró abiertamente contra la empresa. Al plantear su apoyo a la "apertura eléctrica" reconoció lo sorprendente que podía parecer su actuación cuando, siendo su director, atacó los fundamentos constitucionales de la CFE. Es algo insólito porque tanto él como Fox están comprometidos jurídicamente ante la nación a defender la Constitución y la integridad de las empresas bajo su responsabilidad.

La arremetida del director de la CFE contra la CFE se hizo desde una televisora de EU que promueve "reformas estructurales" que benefician a empresas de ese país, esta vez por medio de una entrevista interrumpida por espots de Fox en sus momentos estelares de entreguismo. Con una Aristegui light en materia eléctrica, el resultado fue un gran "promocional" contra el principio de "México para los mexicanos", esa herejía del general Cárdenas ante la doctrina Monroe y el destino manifiesto.

En la mira está la riqueza petrolera localizada en aguas profundas del Golfo de México. Al respecto el director de Pemex dijo ante el Senado que "es urgente legislar" (v.gr modificar la Constitución) para no perder los negocios que se presentan ahí: "No podemos desarrollar un proyecto de esta naturaleza eficientemente si no nos asociamos con las gentes que lo han hecho durante 30 o 40 años". Según el senador Manuel Bartlett, del PRI, "la presión ahora está sobre la riqueza del Golfo de México, donde se realizan gestiones para que hagamos alianzas, que son además contratos de riesgo (inconstitucionales) para explotar el Golfo debido a la desvergüenza de este gobierno al decir 'no podemos, no tenemos tecnología' ".

EU quiere dar continuidad y "constitucionalidad" al despojo. El titiritero necesita una nueva marioneta y el PRI ya se apuntó para tan magna encomienda: con miras al 2006-2012 desvinculó su plataforma electoral de los preceptos constitucionales clave. Para Bartlett, Roberto Madrazo, el promotor de este cambio y aspirante, "es un tránsfuga que se ha convertido en vasallo de intereses trasnacionales".

El Chernobyl mexicano

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 18 de agosto de 2005.

En momentos en que los precios del petróleo se disparan tanto por el aumento de la demanda mundial, la ocupación militar de Irak como por evidencias de límites geológicos de las reservas de petróleo convencional, la opción nucleoeléctrica resurge de las cenizas de Chernobyl, promovida por la "Comisión Cheney sobre Energía" como la opción energética más barata y limpia, paradójicamente en medio de amenazas de Bush contra Irán, precisamente por la vinculación entre los residuos de la nucleoelectricidad y el armamentismo nuclear.

Calentar agua con un reactor para generar electricidad, aunque no produzca gases con efecto invernadero, es una opción sumamente peligrosa y cara. En el mundo existen más de 300 centrales nucleoeléctricas y sólo entre 1971 y 1986 ocurrieron 156 accidentes en 12 países, como lo recordó en 1991 Vladimir Chernousenco, director del Laboratorio de Física No Lineal de la Academia de Ciencias de Ucrania, en entrevista sostenida con Raquel Peguero. Sus conceptos, incluidos en el impactante libro de Guillermo Zamora: Caso Conasupo: la leche radiactiva (Planeta 1997) indican que la opción nucleoeléctrica sólo en apariencia es barata y limpia, ya que se ocultan otros costos, como el de que los reactores deben "alimentarse de uranio que luego se convierte en plutonio y no es posible almacenarlo en ninguna parte, además de que es extraordinariamente peligroso.

Otro, el costo de hacerlo seguro y finalmente su desmantelamiento después de 30 años, cuando las plantas se vuelven obsoletas y esto es sumamente caro". (p. 61). En efecto, hoy la prensa de Estados Unidos informa de la polémica en torno a usar territorio de Arizona como el basurero para los residuos radiactivos acumulados por la industria "civil" y militar de EU. Es imposible mantener seguro un material que permanecerá activo por decenas de miles de años. A ello se suman los peligros del armamentismo impulsado por Bush que aumenta el uso del plutonio.

En México, con la nucleoeléctrica de Laguna Verde llegando a su obsolescencia, debe exigirse una evaluación ambiental y de los contratos y empresas involucradas en su desmantelamiento. El accidente ocurrido el 15 de abril de 1986 por el fallo del reactor cuatro de la nucleoeléctrica de Chernobyl puede repetirse. Georgi Arbatov, entonces director del Instituto Moscovita sobre EU, (llamado el Kissinger de Oriente, aunque jamás fue responsable de crímenes de guerra, que a fin de cuentas, es el meollo de la gestión pública de Kissinger), indica que ese accidente fue comparable con una explosión atómica en la atmósfera, evaluación que se ajusta a la de Chernousenco encargado además de los trabajos de limpieza de Chernobyl, condenado a muerte por la radiación recibida en el curso de esa misión y quien advirtió a Gorbachov que "el desastre de Chernobyl puede considerarse entre los más graves del desarrollo de la civilización entera".

En la Federación Rusa, hasta 1991, habían sido afectadas 5 millones de personas, con más de 10 mil víctimas mortales y todavía para esa fecha vivían otros 8 millones en lugares contaminados. (p.60). El físico indica que, a principios de los 90, el área total sujeta a la contaminación radiactiva era de 100 mil kilómetros cuadrados mientras se siguen descubriendo nuevas concentraciones de contaminación, y más de 35 millones de personas, en distintos grados, han estado sujetas al ataque radiactivo (p.63). Después del siniestro se detecta que la radiactividad llegó también a los suelos, alcanzando a todos los países de Europa, afectando a la vegetación, animales, alimentos y a los seres humanos.

El veneno radiactivo se propagó por todo el viejo continente y cruzó el Atlántico, "atracando" en Veracruz y afectando a nuestra población y niñez, no por el "régimen de vientos", sino por el régimen de cinismo, corrupción, irresponsabilidad, codicia e impunidad de los ex presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Así lo demuestra Zamora al describir el modus operandi del aparato de poder -políticos, empresas públicas y privadas y académicos-, involucrado en uno de los más arteros asaltos contra la salud de la población mexicana, concretado en la compra y distribución de entre 17 y 43 mil toneladas métricas de leche en polvo de la República de Irlanda, contaminada con cesio 137 y estroncio 90.

En su prólogo, Homero Aridjis, del Grupo de los Cien, recuerda que la Organización Mundial de la Salud había advertido al gobierno mexicano sobre la leche radiactiva, "pero la Secretaría de Salud, bajo la responsabilidad de los doctores Guillermo Soberón, secretario, y Jaime Martuscelli, subsecretario...autorizó la distribución y comercialización de la leche". Al referirse a la negligencia criminal de los responsables en esta materia, el físico Miguel A. Valdovinos indica que el Laboratorio de Monitoreo y Dosimetría Ambiental de Laguna Verde encontró dosis significativas de radiactividad en las muestras de la leche, "provocándose el peor accidente radiológico ocurrido en la historia de México, consecuencia, a su vez, del peor accidente radiológico ocurrido en el mundo".

Hiroshima: terrorismo de Estado

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 4 de agosto de 2005.

A 60 años del ataque atómico contra Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, todavía muchos aceptan la justificación esgrimida por el gobierno de Harry S. Truman y sus sucesores de que así se acortó la guerra y, en la interpretación oficial, popularizada por Hollywood, cientos de miles de soldados de Estados Unidos habrían salvado la vida. Es lo que se enseña en muchas escuelas y se difunde por la televisión, especialmente en History Channel, ese intento por apropiarse del pasado y, en una suerte de ejercicio orwelliano, digerirlo para expulsarlo al mundo con habitual falta de objetividad e interpretaciones sesgadas precisamente para consumo de aquellos pueblos que han sido impactados por dichos sucesos.

Hiroshima es uno de ellos, demasiado importante para dejarlo en manos de los mercaderes. Su significación y actualidad es un hecho. Según una encuesta realizada en 2003 entre periodistas y otros formadores de opinión, la abrumadora mayoría identificó esos ataques con armas atómicas como el suceso más importante registrado durante el siglo XX. Frente a la actual y sostenida carrera armamentista, este es un leve reflejo del profundo impacto humano, histórico y estratégico de Hiroshima y Nagasaki. Cuando la mentira sistemática priva para justificar guerras como la de Irak, cobra inusitado relieve político, no menos que histórico, la investigación de Gar Alperowitz The decision to use the atomic bomb (Nueva York, Knopf, 1995), que demuestra documentalmente que esos ataques no fueron causados por necesidades militares sino por motivaciones políticas que tenían más que ver con la intención de impactar el medio ambiente posbélico que acabar con la guerra. En los hechos el brutal mensaje de Truman fue: "tenemos el monopolio de este tipo de armas de destrucción masiva, y no nos tiembla la mano para usarlo contra la población civil". Es una "misiva" dirigida al resto de la humanidad, no sólo a Stalin. Por medio de Hiroshima y Nagasaki, Truman "globalizó" Auswich y, como lo he señalado en otra oportunidad, proyectó hacia el futuro la práctica del terror de Estado, del genocidio, de los crímenes de guerra, del exterminio sistemático de la población, y de las operaciones clandestinas como instrumentos de política exterior.

Alperowitz muestra que William D. Leahy, almirante de la marina estadunidense y jefe del Estado Mayor de Truman, dejó constancia documental de que "el uso de este armamento bárbaro en Hiroshima y Nagasaki no ayudó materialmente en nuestra campaña militar contra Japón... Al ser los primeros en usar esa arma, adoptamos los niveles éticos prevalecientes entre los bárbaros de las eras oscuras. A mí no se me enseñó a hacer la guerra de esta manera. Las guerras no pueden ganarse destruyendo mujeres y niños". Los generales MacArthur y Eisenhower en ningún momento pensaron que fuera necesario usar la bomba atómica contra la población civil. Eisenhower escribió: "... expresé a Stimson (el secretario de Guerra) mis graves dudas, primero en la base de mi convicción de que Japón ya estaba derrotado y que lanzar la bomba era un acto totalmente innecesario, y segundo porque sabía que nuestro país debía evitar ofender a la opinión mundial usando un armamento innecesario para salvar vidas estadunidenses". Alperowitz nos recuerda la sorpresa de Norman Cousins, al enterarse, en el curso de una entrevista con MacArthur realizada después de la guerra, que ni siquiera fue consultado, expresando, además que no existió justificación militar alguna para lanzar la bomba.
Hiroshima es un acontecimiento mayor en la historia de 500 años de la modernidad. Como advirtió Günther Anders, vivimos en la era en la que "en cualquier momento disponemos del poder para transformar cualquier lugar de nuestro planeta, aun nuestro planeta mismo, en una Hiroshima". La reflexión seria sobre Hiroshima permite apreciar, en toda su magnitud ética y estratégica, acontecimientos contemporáneos como la actual política nuclear de Bush y el brutal ataque aéreo contra la población civil iraquí, perpetrado bajo el lema de shock and awe, la rúbrica del terrorismo de Estado del secretario de la Defensa Donald H. Rumsfeld y de Paul D. Wolfowitz, el "presidente" del Banco Mundial. Tan grave como la cómplice participación del gobierno de Junichiro Koizumi en la carnicería de Bush en Irak, una bofetada a las víctimas de Hiroshima.

La Casa Blanca alienta la proliferación y modernización de las armas nucleares, la intensificación de la carrera armamentista a nivel nuclear y de balística intercontinental, y gira instrucciones secretas para preparar ataques con este tipo de armas contra seis naciones, Rusia y China entre ellas. El Sistema Nacional Antibalístico y la adopción de la guerra preventiva son parte de un explosivo recetario que incluye 4 mil 500 armas nucleares ofensivas de Estados Unidos, 3 mil 800 de Rusia, y entre 200 y 400 de Francia, Inglaterra y China. La de Bush es una política nuclear, a decir de Robert MacNamara, "inmoral, ilegal, militarmente innecesaria y espantosamente peligrosa".