Privatización y seguridad nacional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 11 de diciembre de 2003.

La política auspiciada por el Banco Mundial desde mediados de la década de 1980, encaminada a llevar "a un punto de venta" las grandes empresas del sector estratégico (Ferrocarriles, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro), se intensificó con el gobierno foxista. Dado que violan la Constitución, las medidas aplicadas debilitan la vigencia del estado de derecho, así como los fundamentos de la "seguridad nacional mexicana". Esa seguridad es dimensión básica de la soberanía y está subsumida en el texto constitucional, especialmente en todos los casos contemplados en el artículo 27: "tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que se hayan otorgado..."

Por su amplio impacto en la economía nacional y familiar, por su contribución fiscal y por ser las exportaciones petroleras fuente principal de divisas "no condicionadas", Pemex, la CFE y LFC siguen siendo epicentros de la soberanía y de la seguridad nacionales, por lo cual el persistente ataque contra esos entes (sabotaje fiscal, administrativo y técnico) vulnera de manera flagrante el estado de derecho y pone en peligro la seguridad y la estabilidad sociales.

La intención de la industria gasera y petrolera de Estados Unidos, con el impulso de la Casa Blanca y de instrumentos vitales para el ejercicio del "bilateralismo intensivo" a su servicio (el Tesoro, BM y FMI, entre otros), se ha centrado en revertir "en los hechos" la nacionalización petrolera y eléctrica tanto en la dimensión operativa como político-administrativa. Hoy el gran esfuerzo de los "empleados" domésticos de esos intereses externos se centra en ajustar la Carta Magna a la rampante inconstitucionalidad del programa de "privatización de facto" del sector energético.

Para impulsar la entrega de facto de Pemex a empresas extranjeras, el BM gira instrucciones al gobierno foxista para que, al margen de la Constitución, esa empresa "...otorgue contratos colectivos para exploración y desarrollo de cada campo petrolero, para que en los más grandes se puedan extraer mayores rentas, ya que en ellos la extracción es más barata..." Es un "mandato" de Washington que Fox, Muñoz Leos y las autoridades de Hacienda acatan inconstitucionalmente, impactando fuertemente el diseño presupuestal de la empresa.

Según explicó David Cortés, miembro de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, en una ponencia presentada en el foro La Jornada-Casa Lamm, la idea es utilizar el contratismo a ultranza para desactivar y eventualmente dejar a Pemex hecho un cascarón. Asimismo señaló que "...actualmente Pemex administra 10 mil contratos anuales" y "la actual administración pretende con los Contratos de Servicios Múltiples tener 20 o menos contratos con pocas empresas, para que éstas a su vez subcontraten, es decir, sustituyan a Pemex". Entre las áreas más sensibles en las que se realizan estos contratos están: "los estudios integrales de yacimientos, la perforación y terminación de pozos, las plataformas de producción, el procesamiento y compresión de gas, los proyectos integrales o llave en mano de exploración y explotación de crudo, como el de Chicontepec, la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta, Tula, Salamanca, Ciudad Madero y Minatitlán".

Cuando Cortés menciona la sustitución operativa en Pemex no lo hace como figura retórica, ya que la intención de Washington es mucho más radical. Precisamente con la mira puesta en la eventual desaparición de Pemex, el BM ya propuso el establecimiento de un aparato institucional homologado al existente en Estados Unidos: se trata de un ente sometido al poder e influencia de las grandes empresas del ramo. Según el BM, el gobierno mexicano debe proceder al establecimiento de una burocracia que se encargue directamente de la administración de los mencionados contratos, mediante una (textual) "Agencia Federal (authority) de Hidrocarburos, que estaría separada de Pemex. Tal agencia se encargaría de las áreas de exploración y producción, negociaría y firmaría los contratos de exploración y producción sobre todas las áreas existentes y las que existan en el futuro, supervisaría el cumplimiento de los compromisos de inversión contraídos por Pemex, así como a la subsidiaria de exploración y producción y a las empresas privadas, y serviría como depósito de toda la información. Entes similares existen en Estados Unidos, como por ejemplo la Texas Railroad Comission".

El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, fue integrante de esa comisión, que, como ya lo hemos indicado desde estas páginas, no tiene nada que ver con los "ferrocarriles", ya que es una suerte de OPEP, un organismo "regulador" de la industria petrolera subordinado a las empresas.
Estamos en presencia de una inadmisible intervención extranjera y violación constitucional en curso que ameritan el enérgico rechazo de la población y la acción que corresponda, según la Carta Magna, a los poderes Legislativo y Judicial.

Privatizaciones y espacio nacional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 28 de noviembre de 2003.

La historia de las relaciones de México con Estados Unidos muestra, de manera dramática, cómo el despliegue sobre el territorio nacional de actividades económicas esenciales, cuando son dominadas por actores o empresas del exterior, rápidamente adquiere dimensiones militares y de seguridad, con graves repercusiones sobre la integridad territorial mexicana. El despojo formalizado en el Tratado de Guadalupe de 1848 es parte y parcela del largo y sangriento proceso de "integración" de la América del Norte, como atestigua la guerra de conquista, primero contra las naciones indias, después contra las posesiones españolas en las Floridas y luego contra México.

Con el desarrollo del capitalismo, los instrumentos imperiales de control se ampliaron sin dejar a un lado, en momento alguno, el ingrediente militar y territorial. Los certeros planteamientos de Maurice Dobb sobre el imperialismo apuntan al uso de cuatro mecanismos o de una combinación de ellos para lograr la "integración" por medio de: a) tarifas preferenciales, b) programas de inversión, c) colonización y d) instrumentos para lograr el control abierto político-militar.
Este esquema sintetiza una perspectiva de dominio internacional económico, similar a la planteada por los ideólogos nazis en torno a un bloque europeo continental encabezado por Alemania, con un fuerte ingrediente geopolítico y militar que incluye la "guerra de conquista", como ocurre hoy en Irak; en Colombia, con el Plan Colombia y su extensión hacia la región cocalera del Chapare en Bolivia (Plan Dignidad), la Iniciativa Regional Andina (Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú), el TLCAN, el Plan Puebla-Panamá, el TLC EU-Chile y la propuesta de un ALCA. Todo en medio de un esquema de ampliación de bases militares y programas militares estadunidenses, junto con una vasta ofensiva de privatizaciones que incluye, de manera notable, el complejo petroeléctrico mexicano.

Las implicaciones mayores del fenómeno imperialista sólo pueden apreciarse de manera cabal teniendo presente la estrecha relación entre lo histórico y lo geográfico. Es un asunto que se percibe al revisar la vasta extensión de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad o la de Petróleos Mexicanos (ver Atlas de México, Instituto de Geografía UNAM).

Alan Milward y Franz Newman han ilustrado este asunto y mostrado la forma en que el gran capital alemán articulaba concepciones sobre la "integración" similares a las de Estados Unidos, ya que los ideólogos del nacionalsocialismo se inclinaron por adoptar y adaptar la doctrina Monroe como "modelo", sin dejar de incluir la experiencia imperial y colonial británica. Las nociones germanas de "economía de grandes áreas", como ocurrió con la "Gran Area" planteada en el gobierno de Franklin Roosevelt, luego con el TLCAN y ahora con el ALCA, corresponden a las necesidades económicas y geopolíticas de la burguesía estadunidense. En ambos casos se trataron de justificar políticas económicas en el ámbito internacional, resultado de decisiones económicas internas a las que se dio prioridad por encima de cualquier situación global.

La comparación entre los planteamientos y acciones del liderato nacionalsocialista y las que se han emitido desde la Casa Blanca en los últimos decenios es justificada, si se tiene presente que la forma predominante de capitalismo que se observó en la Alemania nazi trató también de vencer la crisis alemana por medios coercitivos extremos, interna e internacionalmente.
Tanto en Estados Unidos (de manera más perceptible después del 11-09) como en la Alemania nazi está presente una nueva división del mundo y la incautación de un "nuevo espacio vital" racionalizado con doctrinas de "ampliación", disfrazadas con la retórica del "globalismo pop", así como por justificaciones racistas para el "involucramiento" en los asuntos internos de sus vecinos.

Existen también paralelismos en la forma de abordar el tema del Estado entonces y hoy. Los ideólogos nacionalsocialistas asumieron no sólo un fortalecimiento de "su" Estado nacional, sino también la ampliación de su control económico operativo en el resto de Europa por medio de sus firmas, así como de la extraterritorialidad de su "jurisdiccionalidad". La doctrina alemana de "áreas amplias" fue una reformulación y adaptación de la Monroe que según Carl Schmitt, en ese momento la voz cantante entre los revisionistas del nacionalsocialismo (hoy imitado y plagiado por Perl), se convierte en "...el ejemplo más afortunado de un principio en gran escala de derecho internacional".

La comparación histórica permite apreciar las graves implicaciones que acarrea el esfuerzo de la Casa Blanca por acotar las normas universales del derecho internacional, "regionalizándolo" o, peor aún, "geopolitizándolo", como se expresa en brotes neomonroístas como la ley Helms-Burton contra la revolución cubana y el mundo.

El paquete: asunto de seguridad nacional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 13 de noviembre de 2003.

No pecó de exceso Julio Boltvinik cuando usó los calificativos "chantaje" y "provocación" para referirse al paquete económico presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, desde la Secretaría de Gobernación, encargada de la "seguridad interior" y de Hacienda. En sentido estricto, según han explicitado ex altos funcionarios del Banco Mundial, al hacer una síntesis de su estrategia privatizadora de grandes empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), una vez que se ha hecho vulnerable a la economía nacional por la vía de la desregulación financiera y se procede con la "sobornización" de la cúpula política, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (FMI-BM) empujan a la exhausta economía al paso tres: una desestabilización sociopolítica por la vía de una gran embestida contra la economía popular, en un contexto recesivo en el que se aplican medidas que agudizan esa condición por medio de mayores reducciones al gasto público, el desmantelamiento de los contratos colectivos, los despidos, las privatizaciones y la acentuación de la distribución regresiva del ingreso.

Parece que los aprendices de brujo tienen toda la intención de transformar la política económica en un asunto policiaco-militar, es decir, de "seguridad nacional", razón por la cual podría explicarse la inusual participación de Gobernación en la presentación de un paquete de medidas de recaudación fiscal y de gasto público, política y socialmente explosivo. Esto da lugar a lo que Stiglitz llama el paso "tres y medio", es decir -textual- "los disturbios sociales inducidos por el FMI". Estos disturbios, dolorosamente predecibles, se generan cuando la nación está "caída y en desgracia", y el FMI-BM "se aprovechan y le exprimen hasta la última gota de sangre.

Incrementa el calor, hasta que la olla entera explota". (Memoria, junio 2002). El "paquete" es un detonador de disturbios, como se observó en Indonesia en 1998 por eliminar los subsidios a la comida y los combustibles para los pobres; o por la privatización y el aumento brutal de las tarifas del agua y los esquemas de desnacionalización del gas natural en Bolivia; o en Ecuador por subidas en los precios del gas natural; o en Argentina por el saqueo del patrimonio nacional y la embestida contra los ahorristas; o en la República Dominicana por una ofensiva antipopular y recesiva de una economía que hace pocos años crecía a un ritmo superior a 5 por ciento y que hoy, bajo una administración "estadunidense" de su política económica (como ocurre en el México del TLCAN), experimenta un desplome de menos 3 por ciento e induce a los amplios sectores económicamente agredidos a la "huelga general".

Según Stiglitz "...da la impresión de que el disturbio forma parte del plan". Existe amplia comprobación documental de esta aseveración. En un trabajo que presenté en 1998 al Colegio de Postgraduados, instancia de investigación y docencia agropecuaria que el "paquete" intenta hacer desaparecer, discutí cómo los funcionarios de EU estaban concientes del incendio sociopolítico que generaba el programa salinista de privatización rural y la contrarreforma al artículo 27, ciertamente, una brutal e imperdonable agresión a millones de familias campesinas e indígenas. En un documento privado dado a conocer por la prensa, los asesores del entonces embajador de EU, James Jones, reconocieron que tal política "...ha contribuido a fomentar la inestabilidad social y por lo tanto a impulsar el movimiento guerrillero zapatista". Como hoy respecto al complejo petro-eléctrico, los motivos de esa estrategia fueron antinacionales, depredadores y cortoplacistas. Ahí se reconoce que EU "será el mayor beneficiario... pues el giro en los cultivos... favorecerá una mayor importación de maíz y frijol a corto plazo".

El giro en los cultivos mexicanos hacia otros productos básicos -trigo, sorgo, soya, arroz y algodón- hará que a mediano y largo plazos se dé una mayor demanda de estos bienes, "sobrepasando la capacidad productiva nacional e incrementando las importaciones de EU".

Según Gregg Palast, existe más comprobación de esta política de chantaje y provocación en documentos marcados como "confidenciales", "restringidos" y "no revelar" del BM. Uno de esos documentos, la Estrategia interina de asistencia de país para Ecuador, indica, con fría precisión, que el BM preveía que sus planes inducirían "disturbios sociales", "... su término para describir una nación en llamas". Se nos indica que "los disturbios del FMI" causan, debido al pánico, nuevas salidas de capital, además de gobiernos en bancarrota. Por "disturbios" Palast se refiere a protestas pacíficas dispersadas por balas, tanques y gas lacrimógeno, como ocurrió en Bolivia. Si bien, como dice Stiglitz, "este incendio económico tiene un lado positivo para las corporaciones extranjeras, que pueden adquirir los bienes restantes... a precios de remate"; cabe recordar 1910 y recomendar a los irresponsables privatizadores del BM y sus empleados locales que"no le busquen tres pies al gato".

Maximato: barril sin fondo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 30 de octubre de 2003.

Como el cabildo santanista que impulsa la llamada ''reforma'' de la Carta Magna -dirigida a legitimar la privatización de facto hasta ahora aplicada en el sector petroeléctrico al margen de la normatividad constitucional vigente- se ha sustentado en la retórica del fundamentalismo de mercado, es oportuno recordar la irónica y no por ello menos puntual aseveración de John K. Galbraith, en el sentido de que ''la globalización no es un concepto serio. Nosotros, los estadunidenses, lo inventamos para ocultar nuestra política de penetración económica en el exterior''.

Los responsables de aplicar los ''mecanismos de desregulación financiera'' para inducir formas crecientes de penetración están plenamente conscientes de que el crecimiento de las importaciones y la discriminación cambiaria contra las exportaciones generan crecientes y eventualmente inmanejables déficit comerciales y de pagos.

Y de esto se trata precisamente. Este es un ''mecanismo financiero'' que cíclicamente desemboca en una incautación del patrimonio nacional público y privado. Dos ejes centrales del mecanismo residen, primero, en la aceptación de las autoridades locales de cambiar papeles de deuda por activos, proeza antinacional de dimensiones históricas de la que Salinas está muy orgulloso y, segundo, la libre salida de capitales con un tipo de cambio previamente anunciado.

Los más agudos analistas de la traumática crisis de 1994 han apuntado que, a mediados de ese año, casi dos tercios del movimiento del mercado de valores públicos y privados correspondían a inversionistas externos, al punto que se estima que cerca de 20 por ciento de los fondos de pensión de Estados Unidos estaban colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, situación que, por obra y gracia de este mecanismo, induce la ''transubstanciación'' de la deuda interna en deuda externa -y de pagos. Así el salinato -y luego Zedillo- sacrificó todo para ''rescatar'' la masiva especulación hecha con esos fondos de pensión, condicionante que mucho ayudó a Clinton a lograr su relección, ya que la crisis afectó a cientos de miles de microinversionistas de Estados Unidos que canalizaron sus ahorros por medio de las mutuales.

La causalidad perversa que se genera es parte fundamental en la dinámica en que se desarrolla lo que he llamado La compra-venta de México (Plaza y Janés, 2002) y su extensión hemisférica, basada como está en el traspaso de la propiedad y control de los principales activos y de los sectores estratégicos a favor de las empresas extranjeras, ahora con el agravante de que el micro, pequeño y mediano empresariado nacional es llevado a la quiebra, mientras las empresas de mayor tamaño son paulatinamente sometidas a procesos de ''fusión estratégica'' y quedan como socios menores del capital internacional.

Todo el esquema de incautación de La compra-venta de México se sostiene en el síndrome del barril sin fondo que actúa como la fuerza dinamizadora del proceso de incautación de activos por el masivo desvío del presupuesto nacional hacia el gasto no productivo. El esquema, como bien percibieron los economistas desprendidos de la retórica del globalismo pop, desacelera el crecimiento y genera profundos desequilibrios externos, cuyo cierre demanda profundizar más aún el modelo. Esto, a su vez, agrava los desequilibrios en un movimiento de causalidad perversa en niveles decrecientes de actividad y crecientes de endeudamiento. El modelo resulta así un enorme barril sin fondo que ya ha succionado enormes porciones del patrimonio nacional y, como todas las ''renegociaciones'' que se hacen son planteadas desde la óptica de los intereses de los acreedores, formalizados en las cartas de intención del FMI-Banco Mundial asumidas como propias por los country managers domésticos, su esfera de gravitación, una vez devoradas las joyas nacionales (Pemex-CFE-LFC), se extiende al espacio territorial mismo.

Como ocurrió con los regímenes delamadridista y salinista, el de Zedillo también encontró un alivio temporal a la severa crisis con el paquete de ''rescate'', pero la contratación de créditos permanece impertérrita. Durante el salinato el fenómeno fue observado detenidamente por el economista Bernal Sahagún, quien había advertido que ''la carga externa total desembolsada, al final de 1994 (sería), cerca de 30 por ciento superior a la existente a finales de 1988, con todas las secuelas desequilibradoras que pueden esperarse de tal circunstancia''. Y de manera impecablemente corroborada por los acontecimientos de diciembre de l994, Sahagún volvía a advertir, por enésima vez, que ''en los hechos, en cuanto a las presiones del endeudamiento con el exterior, lo único que cambió fueron los plazos de liquidación y el carácter de los deudores, que se desplaza en parte de las obligaciones gubernamentales al sector privado, que tendrá que hacer fuertes desembolsos en los próximos años, tanto para amortizaciones como (para) intereses y otros pagos''.

Maximato y globalismo pop

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 16 de Octubre de 2003.

La "hoja de ruta" para inducir la privatización y extranjerización de los activos nacionales -Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro (LFC)- incluye, según Joseph Stiglitz (Memoria, julio de 2002), ex alto funcionario del Banco Mundial, un programa de cuatro pasos: primero la "sobornización" de la dirigencia política doméstica, que ya describí desde estas páginas; sigue luego la desregulación del sector financiero originando así "el ciclo del dinero caliente", todo un "barril sin fondo".

En el caso mexicano, el BM-FMI mediante el binomio Salinas-Gurría promovió dicha "desregulación", que permitió y permite a las grandes firmas extranjeras y a los especuladores nacionales e internacionales sacar del país decenas de miles de millones de dólares en instantes.
Amparados por los bonos Brady, los principales beneficiarios fueron precisamente los más poderosos participantes de esta operación: Salomon Brothers, Meryll Lynch, Citibank, Chase Manhattan y J. P. Morgan, que obtuvieron ganancias fabulosas. En verdad muy poco de ese dinero canalizado hacia los mercados emergentes se ha invertido directamente en plantas y equipo.

Según analistas del Institute for Policy Studies, de Washington, DC, las enormes sumas que abarrotaron el mercado de valores mexicano en esos años, de 10 a 15 mil millones de dólares anuales después de que el país firmó el Plan Brady, produjeron la privatización e internacionalización de la propiedad de empresas ya existentes, pero sólo 5 por ciento fue usado para aumentar la infraestructura local. Esto último es de poco interés para los banqueros, quienes obtienen sus ganancias inyectando grandes sumas de dinero en pequeños mercados, como el mexicano, brasileño, chileno o argentino, elevando así hasta la estratosfera el precio de los valores locales, dedicándose a un lucrativo negocio especulativo. La burbuja revienta inevitablemente y, cuando ello ocurre, se procede inmediatamente a un "rescate" de esos mismos grupos financieros, como el diseñado por Clinton, torpemente aceptado por Zedillo.

Algunos funcionarios, José Angel Gurría entre ellos, parecen haberse dejado envolver por el "globalismo pop", una ideología desgastada, repleta de euforia y determinismos, pero que todavía se utiliza, por ejemplo, en el más reciente seminario del Senado sobre "globalización y desarrollo". Si se trata de un discurso con el que se pretende obnubilar a la opinión pública, también impacta a la quintacolumna neoliberal. Gurría se ufanaba de que "...la culminación exitosa de la ronda Uruguay del GATT y la firma de acuerdos comerciales de México con varios países del mundo, en particular el TLC, ... ofrecerán a nuestro país un entorno favorable que debe aprovechar para sustentar el crecimiento futuro en el comercio y la inversión, alejando con ello la amenaza de otra crisis de sobrendeudamiento" (sic).

Exactamente dos semanas después de hecho un diagnóstico, bajo la retórica del "globalismo pop", que no pudo resultar más fallido, estalló la macrocrisis de 1994. Corresponde propiamente a la sociología del conocimiento tratar de explicar la notable incompetencia del diagnóstico de Gurría. Pero, en vista de que posteriormente al estallido de la macrocrisis voceros del FMI señalaron que esa institución había advertido oportunamente al gabinete económico de Salinas sobre los peligros inherentes a la masiva inversión especulativa y de corto plazo en que se sustentó la política económica, quizá sea el sicoanálisis la disciplina que más efectivamente explique estas "fallas de comunicación".

Estos son algunos de los mecanismos de una abstracta y misteriosa "globalización", que corre de artículo en artículo y de voz en voz por los pasillos gubernamentales, senatoriales, periodísticos, radiales y académicos. En cada uno de estos "pasos" o "ciclos neoliberales" se profundiza más el desempleo y el despojo de las grandes empresas mexicanas. Como se comprobó con las iniciativas enviadas por Zedillo para modificar la Constitución a efecto de colocar en el piso de remates a Ferrocarriles Nacionales de México, la CFE, la LFC y Pemex. El pobre sólo pudo entregar, entre otros bienes, los ferrocarriles. Ahora, bajo la misma "hoja de ruta" del maximato, Fox se esfuerza por entregar y extranjerizar lo que falta. Con ello también se "extranjeriza" nada menos que la matriz territorial de la nación.

Existen dos elementos básicos del esquema de incautación, rescatados en un importante análisis que ofreció, en su oportunidad, Carlos Vilas: "1) un atraso del tipo de cambio respecto del índice de precios y anclaje a través de una banda de flotación que se actualiza periódicamente y que anuncia el ritmo futuro del deslice; y 2) una fuerte dependencia de financiamientos externos de corto plazo". El atraso del tipo de cambio genera divisas baratas para pagar la deuda externa, lo que, junto con la amplia eliminación de restricciones a las importaciones, permite controlar la inflación interna con un nivel de precios a la baja sin recurrir a mecanismos extraeconómicos.

El maximato: modus operandi

John Saxe-Fernández
la Jornada.
México 2 de octubre de 2003.

El recrudecimiento de la ofensiva imperial-oligárquica contra el patrimonio petrolero, gasero y eléctrico del país tiene como actores centrales del drama: 1) al pueblo mexicano contra cuyos intereses públicos nacionales se atenta; 2) las grandes empresas petroleras y eléctricas internacionales; 3) los instrumentos de Estado mexicanos, hegemonizados por lo que algunos en ciencias sociales identifican como una voraz y depredadora "burguesía compradora", y otros como "neoligarquía"; y 4) los instrumentos del Estado imperial, y aquí colocaríamos, en primer lugar, a los componentes centrales del maximato: el llamado grupo del BM-FMI, el Tesoro de Estados Unidos -principal accionista con 51 por ciento del BM- y, desde luego, a los otros puntales de la proyección de poder de la presidencia imperial de Estados Unidos de corte militar, policiaco y de inteligencia, y a sus assets (activos) locales: la "quinta columna neoliberal".

Conviene tener presente que los procesos de privatización de facto, impulsados por el BM-FMI desde la Presidencia y las respectivas secretarías de Estado, son concebidos de manera "integral" como resultado de lo que el Departamento de Energía estadunidense plantea como creciente convergencia "de las actividades relacionadas con el petróleo y con la generación eléctrica". El maximato se interesa en el complejo petroeléctrico mexicano por el hecho de que se ha comprobado que la tasa de ganancias generada por la interconexión entre las compañías petroleras, particularmente aquéllas con activos importantes en la producción o distribución de gas natural, y las de generación eléctrica, son entre 50 a 75 por ciento superiores a las que sólo se dedican a una de estas actividades. La interrelación del negocio gasero con el eléctrico ofrece mayores márgenes de ganancia; de aquí que esa convergencia genere furor, entusiasmo e ímpetu privatizador en el alto empresariado, la cúpula del BM y en la de sus country managers: los presidentes mexicanos de turno, Salinas, Zedillo y ahora Fox, los secretarios de Estado involucrados, así como encargados de las direcciones respectivas.

Conviene no sicologizar el fenómeno. La motivación detrás de lo que algunos perciben como "la terquedad " de Fox por lanzar al piso de remates de Wall Street a Pemex, a la Comisión Federal de Electrcidad y a Luz y Fuerza del Centro tiene dos ejes: primero, los ya mencionados mayores márgenes de ganancia, y segundo, la implementación de un programa de cuatro etapas dedicado a inducir en la cúpula política local la adopción y actuación dinámica en favor del esquema privatizador. Según detalla el periodista Gregg Palast en una entrevista con Joseph Stiglitz -quien fuera presidente del BM, jefe del Consejo Presidencial de Consultores Económicos en el gabinete de Clinton y premio Nobel de Economía (Memoria, junio de 2002)-: el paso uno "...puede llamarse con más precisión la "sobornización".

Stiglitz detalla cómo el BM logra la adhesión de presidentes y ministros para que en lugar de oponerse a la venta de las grandes y estratégicas empresas nacionales, en gas, electricidad, petróleo, puertos o ferrocarriles, se inclinen a liquidarlas "alegremente'', usando como excusa "las exigencias del FMI". Y agrega significativamente: "...podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión de 10 por ciento, pagada en cuentas suizas, por el simple hecho de haber bajado unos cuantos miles de millones del precio de venta de los bienes nacionales" (p.15). Tal parece ser uno de los pilares del "quintacolumnismo neoliberal".

El economista ilustra también cómo las autoridades gubernamentales de Estados Unidos estaban al tanto de estos tejes y manejes. Tal es el caso de la "sobornización" del programa privatizador ruso, considerado, sólo después de la venta de garage salinista valorada entre 23 y 26 mil millones de dólares, como la mayor venta por liquidación de empresas nacionales.

El segundo paso, aplicado en México durante el salinato, es la "desregulación" del sector financiero, esencial en el proceso privatizador. Es lo que Stiglitz llama "el ciclo del dinero caliente". La "vulnerabilización" de la economía nacional es uno de sus principales objetivos. Recuerde el lector que Salinas y Gurría promovieron la "desregulación" auspiciada por el FMI-BM que permitió y permite a empresas extranjeras y a especuladores nacionales e internacionales repatriar dólares como nunca antes. Esa desregulación, uno de los fundamentos del Plan Brady, facilitó al gran capital financiero de Wall Street lograr a costa del "mercado emergente mexicano" astronómicas ganancias. La enorme especulación que devastó a México tiene como pilar central precisamente los acuerdos Brady, ensalzados por Gurría et. al, ya que fue un mecanismo diseñado para favorecer a los altos círculos de la finanza, pues por su medio se transformaron decenas de miles de millones de dólares de sospechosos bonos de la deuda en valores comerciales respetables, amparados por notas del Tesoro estadunidense a 30 años.

¿Cómo opera el maximato?

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 18 de septiembre de 2003.

Resulta de lo más conveniente en momentos en que se avecina otra ofensiva para la constitucionalización del despojo a la nación del vital y estratégico sector eléctrico y petrolero, revisar los mecanismos utilizados por el Banco Mundial (BM) y sus agentes y aliados domésticos, en lo que desde estas páginas he calificado de maximato imperial.

En efecto, el maximato del BM, es decir, su creciente y persistente dominio sobre el proceso de toma de decisiones, se ha expresado, desde mediados de los ochenta, en una importante reorientación de la política económica, alejándola de manera sistemática de cualquier esfuerzo por impulsar y proteger al aparato productivo nacional de cara a la competencia desleal del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos.

Pequeñas y medianas empresas, campesinos y agricultores observaron desalentados y alarmados cómo la tecnocracia neoliberal, de manera paulatina pero tenaz, actuaba como verdadero caballo de Troya, ya que no sólo los dejaba inermes ante grandes empresas extranjeras fuertemente subsidiadas y les negaba apoyos crediticios, asistencia técnica o mecanismos de control de precios, sino que de plano aplicaba programas como los de aperturismo comercial unilateral, en los que de manera dinámica (proactive) se les agredía, siempre en beneficio de sus contrapartes extranjeras. Esto se observa en rubros que van desde la industria acerera, la de construcción naval y de máquinas herramientas, hasta la agricultura y los servicios.

Un caso típico lo ofrece la apertura comercial -uno de los fundamentos del esquema neoliberal- con profundos impactos económico-sociales e internacionales. El BM impulsó el aperturismo a ultranza mediante dos grandes préstamos de 500 millones de dólares cada uno, dirigidos precisamente a impactar la correlación de fuerzas, dentro y fuera del gobierno delamadridista, en favor de los "reformadores". Por medio de esos jugosos préstamos de comercio exterior -Trade Policy Loans, TPL1 (Préstamo 2745 ME) y TPL2 (2882-ME)- se apoyó el proceso de "integración asimétrica" con Estados Unidos, pues al aceptar los préstamos se obligan a cumplir los lineamientos macroeconómicos establecidos en las cartas de intención del FMI. Con esto Estados Unidos logró una creciente liberalización del comercio, caracterizada por la ausencia de reciprocidad.

En medio de la retórica y una vasta campaña ideológica que asume que ante las fuerzas del mercado el Estado es cada vez más irrelevante y de plano "va de salida", es sumamente importante tener presente que, al contrario, la acción del Estado (metropolitano y periférico) es esencial en este proceso que ahora la moda llama "globalización". Desde las secretarías de Estado mexicanas, involucradas en el diseño y aplicación de la política económica, se impulsó un programa que atacaba el corazón mismo del aparato productivo nacional.

Como he indicado en otra oportunidad, ya en 1989 la oficina del presidente del BM notaba que los resultados de los mencionados préstamos "...son prometedores... las barreras a las importaciones ya se han reducido de manera pronunciada en los principales insumos agrícolas como las maquinarias, los pesticidas y otros productos de alta tecnología". Por medio de estos préstamos se establecieron los fundamentos de una política que eventualmente desembocaría en el TLCAN y fueron altamente persuasivos para ajustar la política comercial a las necesidades y agenda de Estados Unidos y sus empresas, especialmente aquellas dedicadas a la producción de granos, beneficiarias de altos subsidios y protecciones.

En México el BM montó, en medio del entusiasmo de una tecnocracia santanista, un programa de drásticas reducciones arancelarias. En 1988 se suprimieron 4 mil 900 fracciones arancelarias y se eliminaron las licencias de exportación. La apertura comercial se realizó en medio de lo que James Petras caracteriza como "convergencia subordinada", aceitada al calor de estos préstamos. Según el presidente del BM, "...el gobierno mexicano cumplió sus obligaciones y compromisos según las operaciones estipuladas en ambos préstamos. Liberalizó más de tres cuartas partes de su producción interna y de las licencias. Menos de la cuarta parte se mantiene bajo control, en algunos productos agrícolas y alimentarios, en petróleo y sus derivados, automóviles, ciertos productos electrónicos, farmacéuticos y otros". Luego agrega: "...el préstamo para la política comercial fue un quiebre de gran envergadura. Por medio de aquél, el BM logró financiar la introducción del proceso de reforma comercial. El segundo préstamo se orienta a mantener el ímpetu aperturista dentro de los parámetros establecidos por el primero y tiene una serie de metas que el gobierno mexicano debe cumplir, de otra forma no se liberalizarían los fondos de la segunda fase del mismo."

Hoy el maximato aspira a inducir otro "quiebre de gran envergadura" en materia energética, por medio de un paquete de préstamos destinados a impactar la correlación de fuerzas legislativas en favor del cabildo santanista.