El FMI-Banco Mundial en México

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 31 de octubre de 2002.

Pocos se sorprendieron y para muchos pasó desapercibido, quizás por ser algo rutinario, que el presidente Bush advirtiera que cualquier nación que no colaborara con EU en la guerra antiterrorista, o fuese sospechosa de albergar a terroristas, se le suspendería todo acceso a créditos por parte de las "instituciones multilaterales del ramo".

El sometimiento del BM-FMI a la Casa Blanca no es novedad. Quien revise la historia de Bretton Woods y la diplomacia económica desplegada por la presidencia imperial, pronto descubrirá que lejos de ser "instituciones internacionales o multilaterales" fueron concebidas y estructuradas en sus orígenes como importantes instrumentos de proyección de poder estatal, en función de los intereses de las grandes corporaciones estadunidenses -y de los otros polos capitalistas- en el Tercer Mundo.

El estudioso encontrará en el caso mexicano abundantes ejemplos de los préstamos diseñados para impulsar o abrirle espacios y negocios a las corporaciones multinacionales (CMN), así como de su uso político. La veda de créditos contra Salvador Allende, impuesta por Nixon-Kissinger como parte del programa de desestabilización político-económica, que finalmente desembocó en el sangriento golpe de Estado en 1973 o, por dar otro ejemplo más reciente, la advertencia de Clinton de supeditar los préstamos del BM o el visto bueno del FMI para abrir líneas de crédito de la banca comercial a la adhesión y eficiencia en la campaña antinarcóticos impulsada por Washington.

Pero hay más. Además de ser parte y parcela de la pax americana, el tipo de operaciones que desarrollan el FMI-BM como instrumentos de Estado y de clase, mediante la fuerza que emana de su "condicionalidad cruzada", es decir, la del FMI en materia macroeconómica y la del BM en ramas específicas de nuestra economía, permite que dichas instituciones se comporten en los países donde operan como si fueran un partido político con fondos ilimitados. Esto se desprende del uso de los préstamos para incidir en la dinámica interna, apoyando a diversas fracciones dentro o fuera del gobierno o de las paraestatales, cuyo colaboracionismo les resulta esencial. Los préstamos se usan para incidir en el diseño presupuestal, fortalecer a los grupos inclinados a la "constitucionalización del neoliberalismo" y para consumar la privatización y extranjerización del sector estratégico -ferrocarriles, gas natural, telecomunicaciones, petroquímica, electricidad, agua, etcétera- o para el "manejo" político encaminado al desmantelamiento de todo subsidio al campo, incluyendo los mecanismos de control de precios de los granos (Conasupo) y de los precios de garantía. En su calidad de "partido político", el BM despliega amplias campañas dirigidas a impactar a la opinión pública nacional. No son infrecuentes los engaños, subterfugios semánticos y las manipulaciones.

El pasado 19 de octubre los voceros del BM lamentaban que las cifras de pobreza en México fueran "inaceptablemente altas" y que en la base estuviera "el estancamiento de la economía", observado durante los primeros dos años del gobierno de Fox. Lo que no se explicitó fue el papel del BM y del FMI en la aplicación de políticas contraccionistas (reducciones de la masa monetaria, recortes presupuestales), innecesarias si la economía nacional e internacional estuviesen funcionando de manera adecuada, inadmisibles en un contexto recesivo con riesgos deflacionarios. El "férreo control del gasto público" impuesto por el FMI-BM y las principales corredurías de Wall Street, así como el desmantelamiento creciente de la inversión pública en el sector productivo y su brutal desvío al gasto no productivo (servicio de la deuda, rescates, Fobaproa-IPAB) son el eje desde el que se induce el remate de los activos nacionales. No es un problema aritmético, como dice Fox, sino esencialmente político y de "diseño presupuestal". Se privilegia a los acreedores y especuladores y se sacrifica al país y su patrimonio.

En cuanto a educación superior, el criterio del BM es que la universidad "...es un bien privado, no público", por lo que recomienda inducir la privatización de sus funciones por la vía de restringir sus presupuestos.

En materia de agua, hace poco se anunció un cañonazo del BM de 250 millones de dólares encaminado a la privatización -y control extranjero- de las operaciones hidráulicas bajo el principio de que el agua "...es una necesidad humana, no un derecho humano". Téngase presente que una necesidad puede ser satisfecha de diversas maneras, especialmente en favor de quienes pueden pagar por ella, en tanto que un "derecho humano" es algo de difícil comercialización.
Como lo recuerdan Maude Barlow y y Tony Clarke, autores de Blue Gold (Stoddart Publising, Canadá, 2002) -libro que ayuda a esclarecer el programa de préstamos para el agua del BM en México-, en el Foro Mundial sobre el Agua, celebrado en La Haya en marzo de 2000, se definió el vital líquido como una "mercancía", postura que forma parte central del gran negocio que actualmente está impulsando el BM en varios continentes y ahora del Bravo a la Patagonia en favor de las CMN.

Barlow y Clarke indican que entre esos entes están las empresas francesas Vivendi y Suez -conocidas como la General Motors o la Ford de la industria del agua-, así como Bouygues-SAUR, RWE-Thames Water, Bechtel-United Utilities, Enron-Azurix y American Water Works Company, entre otras.

La acción del BM como inductor de la privatización gasera, eléctrica, ferroviaria y petrolera en México genera sinergias en función de los intereses, cambios y fusiones que se observan en los conglomerados monopólicos, cuyos componentes industriales van desde el control de la electricidad y el gas, a la industria de la construcción y los servicios vinculados con el agua. Enron y otras CMN interesadas en nuestro gas, petróleo, electricidad y agua cuentan con el control de activos acuíferos en México, Brasil e Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Su actividad se centra en ciudades de más de 50 mil habitantes y la presa mayor es, desde luego, el Distrito Federal.

EU: autodefensa anticipatoria

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 17 de octubre de 2002.

El pasado 20 de septiembre se dio a conocer un documento detallando la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos (EU). Ese mismo día, en el curso de una mesa redonda dedicada al análisis del mundo después del 11/9, convocada por La Jornada y Casa Lamm, enfaticé la necesidad de analizar la doctrina estratégica contenida en ese documento, en la que se escuda la retórica del regime change que ahora utiliza la Casa Blanca para promover y "justificar" su política de intervención y de ataque militar unilateral.

Se trata del principio, vago, arbitrario, subjetivo, de "autodefensa anticipatoria" (preventive war), aparentemente centrado, como lo ironizó hace pocas semanas Arthur Schlesinger, "en las capacidades telepáticas" de la presidencia imperial de EU para determinar lo que otra nación pueda hacer en el futuro -por ejemplo, que Irak utilizara en su contra armas de destrucción masiva- y así atacar de manera "preventiva".

Bush nos está regresando a los tiempos del sacro imperio romano, cuando prevalecía la autoridad papal en las relaciones internacionales, basada, presumiblemente, en las directrices de la divinidad. Es un "principio de legitimación imperial" que ya el sistema internacional de los estados-nación, que se consolidaban al finalizar la primera mitad del siglo XVII, le había negado al Papa.

La "autodefensa anticipatoria" conlleva una modificación nodal al tipo de sistema mundial que se sentó desde 1648 con la Paz de Westfalia, basado en el principio de soberanía absoluta de los estados, su igualdad jurídica y la no intervención. Esto es lo que se gesta después del gran conflicto multidimensional de los Habsburgo austriacos y españoles contra las sucesivas coaliciones de estados enemigos desde 1618 hasta la Paz de Westfalia, periodo conocido como la Guerra de los Treinta Años. También en 1648 se concluyó la Guerra de los Ochenta Años entre los holandeses y españoles. En ese año los líderes de los principales poderes europeos firmaron tres tratados en las ciudades westfalianas de Muster y Osnabruch. La Paz de Westfalia es considerada uno de los fundamentos del sistema internacional contemporáneo.

Uno de los efectos de esos tratados fue negar legitimidad a las vagas pretensiones de mandato imperial por parte del papado. El imperio austriaco, sucesor del sacro imperio romano, como resultado de varias innovaciones de los protocolos diplomáticos, ya no era un primus inter pares -como pretende hoy la Casa Blanca-, sino simplemente una gran potencia en pie de igualdad con Francia, Inglaterra y España. La independencia de estados más débiles y pequeños fue sancionada de igual manera, como en el caso de las provincias unidas de los Países Bajos, resultado de un acuerdo de respeto a la libertad religiosa entre mandatarios protestantes y católicos. La esencia de la Paz de Westfalia fue el reconocimiento del equilibrio religioso y político dentro del sacro imperio romano, confirmándose las limitaciones de la autoridad imperial y la centralidad de la soberanía y la igualdad jurídica de los estados -principios no siempre respetados-, que han sido el cimiento de la paz precaria que vivimos.

Aunque las intervenciones ilegales de EU contra otras naciones han sido frecuentes, siempre buscó algún tipo de justificación legal. Ahora desecha de manera explícita los principios de la soberanía y la no-intervención, fundamento constitucional, recuérdelo Tlatelolco, de la política exterior mexicana.

La "autodefensa anticipatoria" pone en entredicho el consenso alcanzado a lo largo de más de 250 años, la centralidad de la soberanía nacional, como fundamento del derecho. La "autodefensa anticipatoria" acarrea enormes riesgos, precisamente en un mundo donde prolifera el armamento de destrucción masiva, sea nuclear, biológico o químico. Como ya son poco más de 20 estados los que cuentan con uno u otro tipo de estas armas, entonces, ¿por qué Irak?
Si bien son varias las excusas planteadas por Bush para atacar ahí, el meollo del asunto se centra, entre otros objetivos, en el control de los poco más de 79 mil millones de barriles de sus yacimientos de crudo, el desmantelamiento de la OPEP, una reconfiguración del mundo árabe y un "remapeo" de la principal cuenca petrolera del mundo. Como el petróleo no es Dios, entonces queda claro que hemos ingresado al mundo de la arbitrariedad, la subjetividad y del más peligroso aventurerismo estratégico centrado en grandes intereses empresariales, que mañana se le puede contagiar a India, Paquistán, Rusia, China, Inglaterra, Africa del Sur y a otros estados nucleares. Más grave aún, la "nueva doctrina" agrega una amenazadora incertidumbre a los sistemas de disuasión nuclear al quebrantar los frágiles instrumentos e instituciones del derecho internacional (Naciones Unidas) e inyectar la anarquía a las relaciones internacionales y estratégicas. Esto ocurre en un contexto en el que están desplegados, a lo largo y ancho del planeta, sistemas balísticos intercontinentales en aire, tierra y mar, en estado de alerta.

Finalmente, cabe recordar que la Carta de Naciones Unidas es uno de los principales acuerdos vigentes de derecho internacional en el que explícitamente se establece la ilegalidad de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Además, como lo mencionó hace poco William Pfaff, de Los Angeles Times, todo acto de guerra de "autodefensa anticipatoria... fue tratado específicamente como un crimen de guerra en los juicios de Nuremberg".

EU: la guerra por el petróleo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 3 de octubre de 2002.

La política de fuerza contra Irak impulsada por el principal consumidor de combustibles fósiles del planeta y sus empresas, está encaminada al apoderamiento de los vastos yacimientos de crudo de esa nación y conlleva impactos internos y externos de gran magnitud. Conviene tener presente que la amenaza de utilizar instrumentos militares para que las petroleras estadunidenses asuman el control in situ de los yacimientos de Medio Oriente no es nueva, pero se ha intensificado desde el embargo petrolero aplicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contra Estados Unidos (EU) en 1973, mismo que puso al descubierto la vulnerabilidad esencial de la potencia norteña, derivada del abrupto agotamiento de sus reservas petroleras convencionales y de la correspondiente dependencia de fuentes externas para mantener su economía civil y militar en funcionamiento. La dependencia se acentuó como resultado de la resistencia al ahorro energético y al desarrollo de fuentes alternas de energía por parte de los principales grupos de interés centrados en la industria del gas y del petróleo, así como de la automotriz, mismos que ahora hegemonizan de manera directa y explícita los instrumentos de Estado bajo la presidencia de Bush.

Al complejo escenario es necesario agregar la existencia de crecientes indicios de un probable agotamiento del petróleo convencional de los principales campos petroleros del mundo, que varios estudios indican podría empezar a registrarse en la primera década de este nuevo siglo.
Los problemas y dilemas que se presentan son de orden mayor, tanto desde la perspectiva de la ecuación política internacional y doméstica como de los aspectos geofísicos y técnico-militares presentes. Son riesgos para la paz internacional que no impresionan a los encargados del diseño de la política de fuerza que aplica Washington. Se trata de un grupo (o "junta", como los calificó recientemente Gore Vidal) que opera desde la Casa Blanca y el Defense Policy Board del Pentágono: un puñado de halcones extremistas liderados por personajes como el secretario y el subsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, respectivamente -este último conocido en los medios europeos como el velociraptor-, así como por conspicuos representantes del sector petrolero, liderados por Bush y Cheney.

Desde hace más de un año, varios miembros de esta camarilla, incluyendo a James Woolsey, ex director de la CIA, han venido impulsando, mediante documentos internos, artículos periodísticos y programas televisivos la ampliación de las operaciones militares en Afganistán hacia Irak. Esta línea de acción, auspiciada por la "junta", privilegia los intereses cortoplacistas del alto empresariado de la industria del gas y del petróleo, incluyendo grandes empresas contratistas, Haliburton y Bechtel, entre ellas. Sus miras están centradas en el establecimiento de un nuevo régimen iraquí que les facilite el control y usufructo de los pozos petroleros actualmente en operación, con capacidad de producir 3 millones de barriles diarios y de otros campos petroleros ya identificados en Irak, que pueden generar, en un plazo relativamente corto, 5 millones de barriles adicionales. Este es el fundamento de la insistencia de la Casa Blanca, no tanto en el "desarme" de Irak, como en el regime change, término con el que se encubre una política abiertamente intervencionista que conlleva capacidades para el desmantelamiento o control estadunidense de la OPEP, de Arabia Saudita y la ambicionada dominación regional. Esta postura desproporcionada, centrada en intereses cortoplacistas, no sólo deja a un lado los factores políticos, económicos, sociales, legales y morales, sino también otros de corte militar.

Según los análisis de los estrategas del Departamento de Defensa, el "éxito" de tal operación sólo se lograría: a) tomando intactas las instalaciones petroleras requeridas; b) asegurando su control por semanas, meses o años; c) restaurando lo más rápidamente posible las instalaciones destruidas; d) operando las instalaciones a pesar de que no cuenten con el consentimiento de sus dueños legítimos, y e) garantizando las líneas marítimas y terrestres de suministros petroleros.
La "junta" tendría que desplegar decenas de miles de soldados y técnicos para mantener el control de los campos petroleros que se extienden en regiones de miles de kilómetros cuadrados, y cada uno de ellos, incluyendo un conjunto impresionante de instalaciones y unidades: pozos, estaciones de separación del gas y petróleo, plantas estabilizadoras, plantas de inyección de gas y agua, oleoductos, estaciones de bombeo, tanques, refinerías, plantas de generación e instalaciones portuarias. Se trata de complejos interdependientes en los que cualquier unidad con problemas puede afectar la operación total; consecuentemente son altamente vulnerables al sabotaje. Finalmente, los problemas y retos a la capacidad militar que se plantea por medio de esta operación son inmensos. Sola Arabia Saudita tiene más de 800 pozos conectados por más de 4 mil 800 kilómetros de oleoductos. El perímetro alrededor de sus cinco pozos principales comprende un área de 16 mil kilómetros cuadrados, es decir, un área dos veces la superficie de Connecticut.

Quienes dentro del Pentágono llaman a la cordura fundamentan su caso desde un análisis de la movilización cotidiana de fuerzas estadunidenses en el mundo para concluir que una intervención militar en el Medio Oriente, como la que contemplan Bush y la industria del gas y del petróleo, supondría enormes costos y una verdadera globalización de las vulnerabilidades de EU, ya que tanto desde el punto de vista político como militar, las unidades militares que conforman el comando europeo, incluida la sexta flota, quedarían atadas. Lo mismo ocurre con la mayoría de las unidades desplazadas en Alaska, Asia, las Américas y el Pacífico. Un estudio realizado con anterioridad advertía que "... las capacidades de defensa y de disuasión quedarían desvirtuadas a un grado impredecible si dichas fuerzas fueran movilizadas al Golfo Pérsico por periodos prolongados".

Banco Mundial: Pemex y CFE al hoyo negro

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 19 de septiembre de 2002.

La "reforma del sector de la energía" diseñada por el Banco Mundial (BM) e impulsada por Salinas, Zedillo y ahora Fox se concreta, tanto en petróleo como electricidad, en una "privatización de facto", lo que, en criterio de Emilio Krieger (en uno de sus más recientes libros, Violaciones presidenciales a la Constitución, Grijalbo, 1996), colocó a los anteriores mandatarios y al actual Presidente en la condición de "transgresores" de la Constitución, predicamento que sólo preocupa al BM por el hecho de que resta "confianza" a los inversionistas, quienes en todo caso, al margen de la normatividad constitucional vigente y con el beneplácito gubernamental, ya han realizado operaciones importantes en el sector eléctrico.

Por medio de los reglamentos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) se procede a la privatización eléctrica, y se están retirando del sistema nacional los clientes más importantes de ese servicio, como los del sector industrial. Dado que la Constitución y la ley establecen que corresponde a la nación prestar el servicio eléctrico, el BM y el gobierno de Salinas realizaron un malabarismo lingüístico para dar entrada "legal" al capital privado, poniendo bajo la categoría de lo que "no es" servicio público los siguientes rubros: la autogeneración, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción y la exportación e importación de electricidad.

Hasta el año 2000 la Comisión Reguladora de Energía había concedido 169 permisos: 111 para autoabastecimiento, 37 para cogeneración, 14 para producción independiente, uno de exportación y seis de importación. Representan un incremento de cerca de 12 gigavatios, aproximadamente la tercera parte de la capacidad total actualmente instalada, con una inversión de 6.9 mil millones de dólares.

Como ocurrió durante el gobierno de Zedillo, la "reforma constitucional", que por segunda vez envía Fox al Poder Legislativo, se encamina a ajustar la Constitución a las exigencias de los grandes especuladores, interesados en lanzar a Pemex y la CFE-CLFC al piso de remates de Wall Street. Existen elaborados programas de "ingeniería financiera" para sustentar, con el respaldo del gobierno de EU, programas para la privatización de Pemex y el sector eléctrico. En estos esquemas (blueprints) participan de manera intensa la Internacional Finance Corporation y la Multilateral Investment Guarantee Administration (MIGA), vinculadas orgánicamente bajo la figura del Grupo del BM.

Uno de los blueprints fue presentado en junio de 1997 por el Investors Guaranty Fund LTD. Brevemente descrito en mi libro, La compra-venta de México, que aparecerá en octubre, amerita ser conocido ahora. La fugacidad descriptiva se debe a la reticencia de las corredurías y bufetes a divulgar esquemas que quebrantan la legalidad constitucional. El capital necesario se generaría por medio de la bursatilización de nuestro patrimonio a través de la venta en dólares de títulos que se denominarían Mexdsgias, es decir, Mexico Energy and Export Development Series Adjustable Rates Guaranteed Investment Agreements.

En esa venta participarían bancos internacionales de desarrollo (BM, BID) y otros inversionistas extranjeros bajo el liderazgo de las corporaciones multinacionales -petroleras y de la electricidad-, así como constructoras tipo Bechtel y Haliburton y otros grandes contratistas. Los Mexdsgias serían uno de los instrumentos para consumar la "compraventa de México", que además se realizaría en las Bermudas, un paraíso para que los especuladores se hagan a su antojo con nuestro principal eje de acumulación.

Según los promotores de este blueprint, los Mexdsgias podrían "... ser adquiridos por inversionistas institucionales de todo el mundo", es decir, por las famosas mutuales y grupos financieros que llevaron al país a la catástrofe de 1994. Entre sus propósitos está darle la vuelta y luego "reformar" el aparato constitucional mexicano que prohíbe la participación privada en el sector de la energía por su carácter estratégico.

Según los documentos, se trata de solventar "la falta de marco de referencia para la inversión... El programa de energía e infraestructura responde a cambios importantes en la legislación federal mexicana paralelamente con amplios programas de privatización de México, la inversión pública con impacto presupuestal diferido y todo un nuevo sistema privado de pensiones y las demandas de miles de millones de dólares para la creciente infraestructura energética de México... Este plan de desarrollo agresivo crea oportunidades para la inversión... Más de 9 mil millones de activos planeados y existentes de Pemex y la CFE están programados para ser privatizados y capitalizados por medio de los mercados internacionales de capitales.

"México tiene planes de privatización de 8 mil millones de dólares en otros sectores. Tanto el presidente del Consejo Mexicano de Inversión como el secretario de Energía han mostrado interés y apoyo en este método para financiar el programa propuesto."
Agincourt -la empresa encargada de la operación- seleccionó Bermudas como su base jurisdiccional de operación por "... su estable medio ambiente económico, su excelente infraestructura tecnológica y profesional y su compromiso, no superado, a favor de los negocios internacionales y particularmente de los servicios financieros".

Tal es el escenario ideal para tejer la ingeniería financiero-especulativa que permite a los gobernantes y sus "socios" realizar sus negocios y las jugosas ganancias que generaría a su favor, el despojo al pueblo mexicano de Pemex y la CFE-CLFC. Ya lo experimentamos con el sistema bancario y el megafraude Fobaproa-IPAB. El intento y el atentado es de orden mayor, lanzando los principales activos del país -y a la precaria paz social que vivimos- al hoyo negro de la especulación y el caos.

Complejo petroeléctrico en la mira de EU

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 5 de septiembre de 2002.

Desde la perspectiva de las Corporaciones Multinacionales (CM) y, por lo tanto, del Banco Mundial (BM), la vinculación entre el negocio petrolero y el eléctrico es crucial. Después de la Segunda Guerra Mundial, la simbiosis entre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad-Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CFE-CLFC) fue y sigue siendo uno de los acontecimientos económico-políticos y técnicos de mayor envergadura. Como lo he indicado en La compraventa de México (Plaza & Janés, octubre de 2002) es notable que ahora, en el ámbito internacional, las empresas se inclinan por la adopción de las formas de organización y relación orgánica similares a las establecidas en México durante décadas, especialmente después de la nacionalización eléctrica realizada por López Mateos.

En efecto, a principios del siglo XXI la tónica de las CM es promover "el fin de las empresas petroleras tradicionales", dedicadas exclusivamente al petróleo, y la conformación de unidades mayores que integren a éste con la electricidad, es decir, lo que desde hace años realiza el sector público mexicano. La sinergia tanto en eficiencia como en generación de ganancias es de primer orden. Lo que explica que el BM opere de manera intensa en la aplicación de mecanismos "graduales", pero significativos hasta ahora, para la privatización y desnacionalización del complejo petroeléctrico mexicano. Por ejemplo, promueve los contratos de servicios múltiples en grandes proyectos en los que participan empresas ajenas a Pemex con Bechtel y Haliburton a la cabeza, ambas con estrechos vínculos con el aparato bélico-industrial y político de EU.

Encabezando las propuestas sobre el sector energético mexicano están, además del BM, el Departamento de Energía de EU (DE) que exige "...se abra una ventanilla única para atender todos los requisitos de la privatización". La privatización del sector eléctrico es percibida por Washington como un área que ofrece oportunidades para la inversión y control por parte de sus CM, porque es un renglón altamente redituable y estratégico de la economía y del territorio mexicanos. Con el aval de los gobiernos neoliberales de México, esta aspiración empresarial y geoestratégica se está concretando como una regresión de dimensiones históricas, sólo equiparable con la entrega de más de la mitad del territorio nacional en 1848.

El DE reconoce explícitamente que sólo con el "retiro" del Estado mexicano -y latinoamericano- de las áreas estratégicas es posible ofrecer ventajas para los inversionistas de su país de cara a la competencia europea y asiática. La inversión en el sector petroeléctrico mexicano, según fuentes oficiales de EU, "...ofrece oportunidades para lograr potencialmente mayores ganancias y, en muchos casos, realizar mayores rendimientos que los disponibles en nuestro propio país". La privatización del complejo petroeléctrico (incluyendo desde luego el gas natural) es concebida de manera integral; de ahí que para la nación mexicana y su población las consecuencias sean de orden mayor tanto económica como geopolíticamente. Esto último, por la colindancia geográfica con EU.

El asunto es planteado por el DE así: "...la privatización también ha desembocado en una creciente convergencia de las actividades relacionadas con el petróleo y las relacionadas con la generación eléctrica. La interconexión entre las compañías petroleras -particularmente aquellas con actividades importantes en la producción y o distribución de gas natural-, y las de generación eléctrica, emana de un número de acontecimientos. En ciertas regiones el gas natural se está transformando en el combustible escogido para nuevos proyectos de generación eléctrica, en parte por las ventajas ambientales relativas del gas natural sobre el carbón y el petróleo".
El enfoque del DE representa la articulación de los intereses de los altos círculos de propietarios y gerentes de las CM que han impulsado la fusión "petroeléctrica", entre las que sobresalen Enron y El Paso en EU, así como las principales petroleras.

La conexión histórica entre la CM y los instrumentos de Estado se ha venido acentuando. La convergencia petrolera y eléctrica genera furor, entusiasmo e ímpetu en el alto empresariado y, desde luego, en la cúpula del BM. El Paso y Enron, cuyos escándalos de corrupción no parecen haber enfriado los ardores privatizadores del BM y el gobierno foxista, han hecho sus negocios por medio de la oferta de una amplia gama de servicios, incluyendo además del gas y electricidad, las actividades de las aseguradoras y servicios varios. Lo mismo se observa en otras CM del ramo. Por ejemplo Shell, empresa tradicional dedicada al gas y al petróleo, amplió sus actividades para incluir el servicio eléctrico en EU; Electricité de France ahora comercia gas, aunque fuera de ese país. Céntrica, el conglomerado de gas y servicios financieros de Gran Bretaña, está adoptando la estrategia de integración de diversas áreas para incursionar en otras áreas.

La motivación de este proceso de integración horizontal es clara. Según Paul Marsh, director de TXU Europe Finance: "...una empresa que combine el manejo y venta de combustibles y la electricidad genera un valor entre 50 y 75 por ciento superior al de las que se dedican a una sola de estas actividades. Con ganancias unitarias de 40 libras esterlinas, comparadas con 25".
En medio de este cambiante panorama, la codicia tradicional y geoestratégica por el petróleo, gas y electricidad de México rápidamente muta en verdadera obsesión. Bajo el influjo de estos poderosos intereses la acometida contra nuestro sector público se intensifica. Tales cambios confieren mayor brío al BM en su tarea de abrirle caminos a la poderosa industria del gas y del petróleo de EU en México. Con la presencia de Bush en la Casa Blanca y de Fox en Los Pinos, el BM parece convencido de que ya el sector energético "está maduro" para proceder con su apropiación a favor del empresariado extranjero.

EU: el derecho y los tambores de guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 22 de agosto de 2002.

El año pasado, en medio de los ataques masivos de la Fuerza Aérea contra Afganistán, Noam Chomsky advertía: "Estados Unidos siempre ha considerado la diplomacia y el derecho internacional una traba molesta, salvo que puedan ser utilizados como un arma ideológica". Es una observación apegada a la experiencia histórica, ausente en la penosa amnesia que aflige a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, según se vio en torno a la mencionada operación militar, así como al operativo que desarrolló Washington desde Uruguay contra Cuba, a la que también se plegó el gobierno de Fox. Pero más allá de la relevancia histórica de la observación de Chomsky -si se tienen presentes los daños a la normatividad internacional y a la credibilidad de la ONU ocasionados por la guerra del Golfo y las operaciones de la OTAN en Kosovo- en meses recientes se ha recrudecido esta tendencia, al punto de pasar a un estado de agresividad contra la normatividad internacional, precisamente cuando empieza a operar la Corte Penal Internacional (CPI) y Washington amenazó con su retiro de las fuerzas de la ONU a menos de que, ante la comisión de crímenes contra la humanidad, se otorgue inmunidad a su personal político y militar. De entonces a la fecha son numerosos los países que han refrendado el estado de impunidad imperial so pena de restringir o "terminar" con "programas de asistencia militar", como el Plan Colombia, de ahí que Bogotá sucumbiera a las exigencias de la Casa Blanca, más con entusiasmo que con pena por parte del gobierno de Uribe.

Aunque los registros documentales avalan la frecuente práctica del terrorismo de Estado por parte de Washington, las evidencias son hoy mucho más nítidas. La aprobación del uso de instrumentos de terror de Estado, mediante operaciones que en el pasado conservaban su carácter de secreto, ahora se reciben con el aplauso público del Congreso de ese país. Pregonar operaciones que involucran el asesinato o el derrocamiento de gobiernos extranjeros denota tanto un deterioro en la cultura política de EU en torno a la vigencia del estado de derecho, como una agudización de las contradicciones, al mismo tiempo que impulsa un peligroso agravamiento de la situación internacional. El análisis sobre los efectos y consecuencias de la diplomacia de fuerza, con sus políticas de infiltración, penetración, desgaste y desgarre de estructuras internas de legitimidad aplicados por Washington, mediante la CIA y otros instrumentos de proyección de poder económico y militar, nos advierte que este tipo de diplomacia tendrá mayores repercusiones en EU con el creciente riesgo de desembocar en una tragedia humana proporcionalmente mayor a lo ocurrido el 11 de septiembre.

Una diplomacia de corte hitleriano, como la que se ha registrado e intensificado en las más recientes décadas, que se experimentó en Chile, Argentina y Uruguay, en Centroamérica, en Medio Oriente, en Kosovo, y de manera brutal contra la población afgana, acelera en el terreno internacional la inducción de un estado de cosas de corte hobbesiano y anárquico. Que esto ocurra en medio de una perceptible fragilidad y vulnerabilidad estructural de EU, confirma los peligros que encierra para la humanidad el inicio de esta era hobbesiana. La gravedad de los acontecimientos recientes se percibe en sucesos como el que la cúpula legislativa de EU, aunque ahora muestra serias reservas en torno a un posible ataque masivo contra Irak, aplaudió la iniciativa de Bush al permitir que la CIA realice operaciones encubiertas para derrocar a Saddam Hussein. Este programa encubierto, dado a conocer por el Washington Post, incluye la autorización de Bush "para usar fuerza letal para capturar a Saddam". Aunque algunos legisladores expresaron dudas, Richard Gephart, líder demócrata, dijo: "espero que tales esfuerzos tengan éxito". Y agregó: "es una opción sabia y prudente". Thomas Daschle aprobó el "principio" que inspira tanto la acción abierta -ataque militar a Irak- como la encubierta -asesinato de Hussein-, "lo fundamental es cómo lo hacemos y cuándo", dijo.

La diplomacia de fuerza del gobierno de Bush conlleva la persistente violación masiva de los derechos humanos. El despliegue de la política exterior de EU dentro y fuera de Occidente, obliga a una urgente corrección del rumbo de sumisión por parte de Tlatelolco en el terreno diplomático, pero también el endoso foxista al esquema empresarial y geoestratégico del PPP impulsado por Washington, entre otros actores, por medio del Banco Mundial; el esfuerzo de Los Pinos por pulir el engranaje de la política en Mesoamérica con el Plan Colombia, así como la igualmente inquietante y persistente profundización del esquema de privatizaciones y extranjerización, ahora del sector energético -con la inusitada y torpe iniciativa de utilizar las Afore para financiar las operaciones de la IP en el sector eléctrico. Las modificaciones en el escenario doméstico de EU -como su creciente militarización- y en el deterioro del medio ambiente internacional, particularmente en Medio Oriente -que implica riesgos para los productores de petróleo y gas natural del continente, como México y Venezuela- parecen no haber sido registrados por el régimen foxista que, impertérrito, opera como si el mundo, y de manera particular la relación bilateral, no hubieran sido afectados por lo que ha seguido al 11 de septiembre.

Uno de los aspectos de mayor peligro es la puesta en marcha de los contratos de servicios múltiples por parte de la actual cúpula empresarial que maneja Pemex y que conllevan la intensificación inusitada de la interconexión de la infraestructura petrolera, gasera y eléctrica con EU, así como el funcionamiento -al margen de la normatividad constitucional vigente- de empresas petroleras, fundamentalmente de EU, en territorio nacional. Peor aún, el esquema se realiza en la frontera con la potencia norteña. Todo ello es una imperdonable irresponsabilidad en momentos en que Washington hace manifestaciones concretas de desprecio al derecho internacional al tiempo que redobla los tambores de guerra en la principal cuenca petrolera del planeta.

EU: el ascenso militar y el 11/09

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 9 de agosto de 2002.

Todo indica que los fundamentos de la estabilidad política y económica, gestados alrededor de la pax americana después de la Segunda Guerra Mundial, están siendo arrasados por la profundización de la crisis que abate al sistema capitalista como un todo y, de manera inquietante, a Estados Unidos, potencia con primacía global que observa un serio desgaste de su hegemonía económica, especial, aunque no exclusivamente, en las áreas monetaria y de integridad empresarial, que se expresa en frecuentes pánicos bursátiles. En estas circunstancias, Washington juega su "carta fuerte" por medio del ejercicio de una diplomacia centrada en la unilateralidad militar. Es en este contexto en que se deben interpretar las sorprendentes propuestas de Bush después del 11/09: ya hemos analizado cómo con la excusa de la ''guerra antiterrorista'' el Ejecutivo intenta modificar el esquema constitucional que equilibra las relaciones y funciones entre poderes, adquiriendo ahora una nueva dimensión: impactar las relaciones cívico-militares.

La usurpación de funciones es una inclinación que históricamente ha caracterizado a la presidencia imperial, pero después de los ataques contra las Torres Gemelas ha sido llevada al desenfreno por el equipo que maneja la Casa Blanca. El 30 de julio Rubén Navarrete, desde el servicio de noticias del New York Times, informó sobre la petición hecha por Bush al Congreso para modificar el Acta Posse Comitatus de 1878, que es la base formal del principio que impide que el personal militar se involucre en funciones no relacionadas con el mantenimiento de la ley y el orden doméstico. La presidencia imperial abre así las puertas al autoritarismo militar y al debilitamiento de la normatividad constitucional y de los derechos y libertades civiles. De acuerdo con Bush, ''...la amenaza del terrorismo catastrófico requiere una cabal revisión de las leyes, de tal suerte que se permita a los militares actuar en Estados Unidos''.

Al respecto caben dos observaciones: primero, si se revisa la historia de EU, de manera particular la evolución de su estructura de poder, es fácil discernir la existencia de tendencias de largo plazo que se acentúan de manera extraordinaria a raíz de la masiva movilización bélico-industrial de la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí de la consolidación de una economía permanente de guerra. Se observa la persistencia y profundización de los persistentes lazos entre el Estado y la clase empresarial, que llega a lo que sólo puede calificarse de nuevo nivel, en el sentido de que la imbricación, como resultado de lo ocurrido a partir de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, impide concebirlas como dos mundos separados.

Charles Wright Mills, en su clásico La elite del poder (FCE, 1964), demuestra que el crecimiento de la rama ejecutiva, con todas las agencias por medio de las que supervisa una economía compleja, no significa sólo una mera ampliación de la actividad gubernamental o alguna suerte de autonomía burocrática, sino que ha reflejado el ascenso político de los altos ejecutivos empresariales y su ingreso directo a los directorios políticos. Después de la guerra el peso de esos ejecutivos aumentó al punto de dominio. Con una relación cercana con el gobierno que se fue acentuando a lo largo de los decenios, esos altos ejecutivos dirigen desde los directorios político-gubernamentales el esfuerzo bélico-industrial, relegando a muchos políticos profesionales en el Poder Legislativo a rangos medios. Tal es, entre muchos otros, el caso del vicepresidente Cheney y de Haliburton -y unidades a ella afiliadas-, la empresa de servicios petroleros que dirigiera hasta que asumió ese cargo, receptora, como pocas, de generosos contratos del Departamento de Defensa.

Los procesos y acontecimientos que hemos presenciado a lo largo de la guerra fría hasta hoy han consolidado la percepción de Mills de que la clave estructural del poder se centra en la relación entre la corporación y el Estado, esto último, especialmente, por medio del aparato militar, cuyo ascenso político también es impulsado como resultado de la Segunda Guerra y las que le han seguido en Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico, Kosovo, y de manera muy particular e intensa, luego de los "catastróficos ataques terroristas" que ahora Bush utiliza como justificación para remover cualquier obstáculo formal a la consolidación del sector castrense como actor dominante en la dinámica política estadunidense. El imperio parece haber ingresado a la "etapa pretoriana" de su crisis hegemónica.

En segundo lugar, cabe tomar nota que lo curioso del razonamiento de Bush en la promoción del pretorianismo doméstico es que dicha promoción es realizada por el mismo mandatario, cuyo equipo de trabajo en el área de seguridad nacional, decidió prestar oídos sordos a lo que ahora, a raíz de recientes investigaciones legislativas, aparece como un impresionante cúmulo de advertencias previas al 11/09, hechas desde dentro y desde fuera de EU en torno a posibles ataques terroristas catastróficos en territorio estadounidense. A las urgentes llamadas de atención provenientes de Italia, Egipto y otros servicios de inteligencia del Oriente Medio se agregan los del M16, el servicio de inteligencia británico con relaciones muy estrechas con sus contrapartes estadounidenses, que desde el 1999 había prevenido a EU sobre planes terroristas de utilizar aviones civiles para "un ataque no convencional" semejante al que ocurrió el 11/09 (La Jornada, 10 de junio, p. 36).

La aparente ineficacia del aparato de seguridad para evitar o minimizar los atentados de septiembre, ocurre simultáneamente con la fuerte propensión de George W. Bush, el aparato bélico-industrial y fracciones importantes de la cúpula militar y de la Comunidad de Inteligencia -CIA, Agencia de Seguridad Nacional y FBI entre otras-, a recolectar el "maná político y presupuestal" derivado del "terrorismo catastrófico" que costó la vida a más de 3 mil civiles el pasado septiembre.