El legado
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 15 de Enero del 2009

Ante el arribo de Barack Obama a la Casa Blanca, en medio de la más grave crisis humanitaria y económica desde la Gran Depresión, es hora de elaborar, de manera preliminar al menos, un inaplazable “corte de caja” ya que llega a su fin la primera década del siglo XXI con la pax americana en serio aprieto. La economía de Estados Unidos experimenta lo que sólo puede calificarse de “colapso integral” después de ocho años de aplicación de la más implacable guerra de clase a nivel doméstico e internacional, en la que se usaron como nunca antes instrumentos de Estado, civiles, militares y de seguridad, para favorecer intereses del capital monopólico/financiero bajo la sombrilla del free trade.
Linda J. Bilmes y Joseph E. Stiglitz (Harper’s, enero/2009) muestran que Bush/Cheney entregan al gobierno entrante una catástrofe económica estimada en 10 billones (trillions) de dólares, registrándose los mayores déficit fiscal, comercial y de deuda en la historia estadunidense e inusitados aumentos en desempleo e inflación, el desplome del ahorro y un debilitamiento de encadenamientos industriales de enorme magnitud, mientras el costo final de la genocida petroguerra y ocupación de Irak, según esos cálculos llega a los 3 billones: un descalabro económico con repercusiones históricas que acompaña la hecatombe humana, financiera y bancaria.
Vivimos un cambio de época que se acelera sin aparente límite de velocidad, y sin que la conciencia se percate de manera cabal del orden de magnitud de los vertiginosos procesos y acontecimientos y su vinculación con crímenes de lesa humanidad y eventos económicos y del entorno ecológico (calentamiento global) condición sine que non para el despliegue de los sucesos históricos sobre la corteza: el “momento monopolar” en la estructura de poder mundial gestado por el derrumbe de la URSS se desvaneció, aún antes de la catástrofe humana y militar desatada por la Casa Blanca de Bush/Cheney sobre la población iraquí y afgana.
El quebranto también es jurídico: ocurre en medio de un imperdonable cataclismo con más de un millón 200 mil bajas civiles en Irak. Ese ataque se hizo bajo las premisas de la “guerra de autodefensa anticipatoria”, anidada en la Doctrina Carter cuando éste proclamó en enero de 1980 ante el Congreso y el mundo que su país tenía “derecho” al uso de toda medida, incluso de la fuerza, para garantizar sus “intereses vitales”. Zbigniew Brzezinski, el asesor de seguridad de Carter, sabía que aquello era una réplica de la blitzkrieg nazi con los recursos naturales y humanos de Europa y Rusia en la mira.
La guerra contra Afganistán e Irak es, además, una debacle estratégico-militar y económica que, con la “guerra al terror” hizo añicos los anhelos de la Paz de Westfalia (1648) en el orden internacional y en especial de la normatividad gestada en torno al habeas corpus especificado en la Carta Magna inglesa hace 796 años, así como en los ordenamientos de los Juicios de Nuremberg y las convenciones de Ginebra. La ofensiva nazi-fascista persiste impune, en la tortura y en la implicación de Bush en la criminal agresión perpetrada por Israel contra el pueblo palestino: en ambos casos Obama debe deslindarse, empezando por girar una orden ejecutiva para cerrar Guantánamo. Fueron ocho años de ataque a la Constitución y el estado de derecho, en Estados Unidos y el orbe. Corresponde a la Corte Penal Internacional juzgar los crímenes de guerra de Bush/Cheney et al. En esto coinciden árabes y occidentales, con el endoso del público al gesto –zapatazo– del periodista Al-Zaidi para recordar a Bush los huérfanos y viudas de su carnicería en Irak.
Harold Pinter, en su conferencia magistral por el Nobel de 2005, con exactitud calificó ese genocidio como “un acto de bandolerismo, un acto de abierto terrorismo de Estado, que demuestra el desprecio absoluto por el concepto mismo del derecho internacional… un acto que intentó consolidar el control militar y económico de Estados Unidos sobre Oriente Medio”.

Bloques de traición

John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 18 de Diciembre de 2008.

No es asunto menor: se trata de ceder a contratistas y empresas espacios terrestres y marítimos bajo jurisdicción mexicana, sitio de una vasta riqueza de hidrocarburos rescatada en 1938 para el pueblo mexicano por Lázaro Cárdenas del Río, con apoyo de su esposa, doña Amalia Solórzano, de quien hoy lamentamos su ausencia. En silencio y sin debate, bajo una mayoría PRI-PAN que apesta a propina trasnacional, con el alcahueteo de legisladores y políticos de oposición y la ingenuidad de algunos de sus consejeros, la Cámara de Diputados rehusó, tajante, prohibir expresamente el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas a contratistas, como lo propuso Andrés Manuel López Obrador.

Tal decisión fue celebrada por el primer círculo de Calderón que desde 2006 dividió el Golfo de México en 239 bloques para, según Fabio Barbosa, de la UNAM, “ser licitados y explotados en lo que llaman alianzas estratégicas con empresas privadas” (Contralínea, diciembre 2008, p.48). Esta proeza antinacional se gesta, según reseña Marcos Chávez, aprobando al vapor que Pemex y los organismos que establezca el Ejecutivo “… podrán celebrar con personas físicas y morales toda clase de actos, convenios contratos y suscribir títulos de crédito… Los contratos podrán incluir acuerdos arbitrales conforme a las leyes mexicanas y los tratados internacionales de los que México sea parte”, como el TLCAN. Se añade que, “tratándose de actos jurídicos de carácter internacional (se) podrá convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto” y además se podrán “otorgar…permisos y autorizaciones en materia energética… incluyendo las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos… se levantará un catastro petrolero para proponer al tribunal del Ejecutivo federal el establecimiento de zonas de reservas petroleras: así como para regular la asignación de áreas para la exploración y explotación petrolera” (Ibid, p.14 y ss).

Bajo arrastre de empréstitos del Banco Mundial (BM), PRI y PAN impulsaron reformas estructurales como tapadera legal de inconstitucionales operaciones que van dejando a Pemex como un cascarón al trasladar la gestión operativa a privados y grandes firmas tipo Halliburton y Slumberger. Con la reforma petrolera en el bolsillo, cúpula y empresas despliegan a directivos y equipos de abogados para incidir sobre decisiones que eventualmente emanarían de la Comisión Nacional de Hidrocarburos en torno a la “asignación de bloques para la exploración y producción de hidrocarburos, el tiempo de adjudicación mediante contratos de servicios y las medidas para la asignación de incentivos económicos”. Esa comisión fue propuesta hace años por el BM bajo un esquema “regulador” (dominado por las petroleras), utilizado en Texas. Por lo que, como señala Mario Di Costanzo, las concesiones de áreas en el Golfo de México bien “pueden darse de tal manera que se le entreguen a una misma empresa varios espacios cuyo tamaño promedio es de la extensión del estado de Tlaxcala o Colima” (ibidem).

La maniobra contra la nación es magna. Recuerdo que en la privatización petrolera en Brasil el BM creó la Agencia Nacional del Petróleo y, como en el caso de la Texas Railroad Comission, sus órganos fueron penetrados por las empresas petroleras, igual que los diputados de la “reforma”, lisonjeados hace pocos meses por el Comando Norte (CN) de EU en sus instalaciones en la Base Aérea Peterson, en Colorado Springs, donde asistieron a un curso para familiarizarse con el CN y enfatizar, dice el Pentágono, “la asociación fuerte de cooperación con México, que es crítica para ambos países: la seguridad de Norteamérica (sic) y el hemisferio”. El CN se encarga de la “seguridad” de Alaska al Suchiate y el Golfo de México. Ahí opera la Cuarta Flota y se localizan los bloques de la traición.

Dólar: colapso y alternativa
John Saxe-Fernández, La Jornada, Jueves 4 de diciembre de 2008

Cuando se anunció que los países del Alba (Bolivia, Nicaragua, Dominica, Venezuela, Cuba, Honduras) y Ecuador habían acordado establecer equipos técnicos para crear una zona monetaria, empezando por implementar a la brevedad un “sistema de compensación y moneda contable”, la prensa internacional confirmó la preminencia y urgencia de esta propuesta “post Bretton Woods” al informar sobre la intensificación e inusitada ampliación de la crisis sistémica que abate a EU, agravada por la desregulación, especulación sin freno y opacidades del Tesoro, la Casa Blanca y la Reserva Federal en torno al rescate de Wall Street por más de 700 millardos de dólares.

Desde los casinos de la alta finanza se juega con EU y el mundo: ¿por qué rescatan a Bear Stearns y no a Lehman Brothers?, ¿acarrean beneficios colaterales (sobornos), las líneas de crédito ofrecidas por la Fed a México y Brasil por 30 millardos cada una, para socavar en la región alternativas al dólar y al FMI-BID-Banco Mundial? En medio del derrumbe del sistema dólar las maniobras entre amiguetes de centro y periferia procrean desastres mayores con alto impacto, como la caída de Citigroup (NYT, 22/11/08). Citigroup, con recursos estimados en 2 billones de dólares y correveidiles, tipo Robert Rubin en altos puestos avalando transas con Enron, Salinas, Zedillo y Goldman Sachs, es de ingrata memoria en México y ahora también en Wall Street.

Por su clasismo, el rescate o nacionalización de facto de Citigroup contrasta con las reticencias al subsidio de automotrices, General Motors (GM) en particular, por los millones de sindicalistas que se verían inmolados con su liquidación. William Engdahl de New World Order, autor de A Century of War (University of Michigan Press, 2004), dice que el destino de Citigroup está tan entrelazado con otras financieras de EU que las pérdidas en cadena, según el FMI, podrían llegar a 1.5 billones de dólares, mientras la crisis crediticia dificultaría el acceso a líneas de crédito-puente para GM con un impacto multiplicador devastador que lanzaría a la calle a más de 15 millones de trabajadores. A decir de Engdahl, esto significa que “… el rescate de Citigroup y la debacle de GM han confirmado la muerte del sistema dólar”, eje, con el Pentágono, de la Pax Americana por lo que no sorprende al autor que en la reciente cumbre entre la Unión Europea y los países asiáticos, voceros oficiales de China plantearan “desdolarizar” el comercio entre la UE y las naciones de Asia.

De aquí la relevancia del planteo del presidente ecuatoriano Rafael Correa en la cumbre del Alba al abogar por colocar la iniciativa del presidente Chávez de un Sistema Unificado de Compensación Regional (SUCRE), como parte de una arquitectura regional con tres pilares: un banco de desarrollo regional, un fondo de reservas internacionales común para la región “para contar con fondos que respalden en caso de crisis” y “una coordinación monetaria” incluyendo mecanismos de compensación recíproca “y una moneda contable como preámbulo de una moneda física”. Para mitigar impactos mayores urge empatar el Sucre de Alba con la desdolarización en curso en Mercosur y en el comercio entre Brasil y Argentina, y aplicar esa agenda activando “ahora” el Banco del Sur.

Aunados los efectos de largo plazo generados por corruptelas elitistas en Estados Unidos a la enormidad de su crisis hegemónica, en verdad hay riesgos de terremotos todavía mayores: con cálculos realizados por D. B. Papadimitriou y L. R. Wray del Instituto Levy en torno a la dimensión de los desfalcos bancarios acumulados en EU –unos 2 billones de dólares– y sobre la ineficacia de nuevas medidas adoptadas por el Tesoro y la Reserva Federal, Engdahl advierte que “2009 será un año de choques titánicos y de cambios en el orden global en una escala que quizá no se ha experimentado en los últimos cinco siglos. Es por ello que debemos hablar del fin del siglo americano y del sistema dólar”.

El interregno
John Saxe-Fernández La Jornada, Jueves 20 de Noviembre del 2008

Mientras el 4 de noviembre se realizaban los comicios en Estados Unidos, el New York Times advirtió al electorado sobre los graves riesgos que entrañan los 77 días que faltan para el comienzo del nuevo gobierno, en manos de Bush, Cheney y compañía. La admonición, vertida en un insólito editorial institucional –“Tan poco tiempo, tanto daño” (p. A/34)– denuncia medidas que, como “bola de demolición”, son lanzadas en lo que resta a ese lamentable régimen que padece el mundo, en particular las familias de más de 1.2 millones de muertos iraquíes, una ocupación y carnicería que Bush desea prolongar tres años más. La camarilla de los grandes monopolios en la Casa Blanca busca ropajes jurídico-temporales para tapar sus crímenes de guerra e intenta cerrar espacios y colocar candados.

La letanía de desgracias que Bush intenta legar a su sucesor mencionadas por el NYT, en modo alguno exhaustiva, incluye cambios en reglas y otras medidas que se agregan a un cúmulo de leyes, violaciones constitucionales y de derecho penal internacional como la Ley Patriota; la abrogación de la ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe al Ejecutivo el uso de las fuerzas armadas en territorio nacional; la nueva Ley Marcial, que otorga poderes al Ejecutivo, como el uso de la Guardia Nacional sin autorización de gobernadores y legislaturas estatales; la suspensión del habeas corpus, todo ello –y mucho más– gestado bajo el arrastre del 11/9, aprovechado, además, para justificar la agresión y ocupación petromilitar de Irak y Afganistán.

Como en la Alemania nazi, también en Estados Unidos el funcionamiento del orden jurídico, a nivel nacional e internacional, se sustenta en el estado de excepción, confundiendo la excepción con la regla: “todavía no conocemos todas las formas en que el gobierno ha violado los derechos ciudadanos con la excusa de luchar contra el terrorismo”, dice el NYT al revelar que el fiscal Michael Mukasey lanzó nuevas reglas para permitir que agentes de la FBI utilicen temerarias técnicas violatorias de la privacidad para obtener información, “aun si no hay evidencia de fechoría”. Se avala el uso de espías “para infiltrar a grupos legales, dedicarse a la vigilancia física prolongada y mentir acerca de su identidad al realizar interrogatorios a los vecinos, familiares o compañeros de trabajo” de algún inocente “sospechoso”, así como el uso de éstas y otras técnicas de vigilancia en grupos identificados por su raza, etnia o religión.

En giro reciente, Bush se retractó y decidió no cerrar Guantánamo y además insiste en arrebatarle a los venezolanos soberanía y petróleo mediante un golpe contra Chávez, luego de las elecciones regionales que se realizarán en Venezuela el 23 de noviembre. El periodista José Rangel informa de las actividades de oficiales de Estados Unidos para entrenar “a personas de la oposición en tácticas subversivas”. Los operativos en Guantánamo y Venezuela son expresión del tumulto de “desechos innobles” que deja Bush a Obama en las cloacas de la burocracia de seguridad. Otro objetivo suyo: debilitar normas para limpiar aire, agua y proteger especies en riesgo de extinción, todo a favor de monopolios petroleros, mineros, del carbón y químico-farmacéuticos.

En septiembre se tomaron “pasos perturbadores” para restaurar la condonación de impuestos a bancos que incurrieron en grandes pérdidas por otorgar préstamos chatarra. Dice el NYT que JP Morgan Chase y otras firmas “planean usar el rescate para realizar fusiones y compras, transacciones muy beneficiadas por el nuevo subsidio impositivo”. El alcahueteo de los talibanes de las finanzas fue llevado al G-20 bajo el principio bushiano de, como dice Elmar Altvater, “sacar buenos dineros de la mierda chorreante”, un sueño de alquimistas medievales que trataron de convertir “materiales innobles en reluciente oro”.

En el interregno Bush, Paulson y Bernanke se esfuerzan por convertir el colapso económico en un desastre peor que la Gran Depresión.

El lastre imperialista
John Saxe-Fernández La Jornada, Jueves 6 de noviembre del 2008

“Quiero comunicarles, es una decisión personal, a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA (Drug Enforcement Administration) estadunidense”. Este anuncio hecho en la localidad de Chimoré en el centro de Bolivia por Evo Morales, el primer presidente indígena de esa nación, ante decenas de cocaleros, jefes militares y policiales es crucial para Latinoamérica y para su frontera norte: México, un país pronto a quedar inmerso en una vorágine entreguista sobre su reserva petrolera y también de intervención policial, militar y de operativos mercenarios impulsados bajo la Iniciativa Mérida de Estados Unidos.
Mientras Morales se sacude del lastre colonial-imperial de Estados Unidos, Calderón impulsa, como nunca antes en la historia, una desleal capitulación de jurisdicción territorial a monopolios extranjeros y contratistas ávidos de explotar nuestra reserva de crudo.
El boliviano aseguró que la DEA alentó acciones opositoras destinadas a atentar contra las vidas del mandatario y de otras autoridades y acciones conspirativas apoyando y financiando a grupos de opositores que entre agosto y septiembre llevaron adelante un frustrado “golpe civil” para destituirlo.
Las evidencias son sólidas. Desde finales de septiembre Jorge Mansilla, embajador boliviano en México, presentó pruebas del operativo orquestado contra Morales desde el Consejo de Seguridad de Bush: entre ellas actos terroristas con cargas de dinamita en un hotel de la Paz; intentos de ingresar al país municiones en un operativo que involucró a intermediarios vinculados al coronel James Campbell, agregado militar de Estados Unidos; el uso de la empresa Casals & Associates, asentada en Santa Cruz de la Sierra, que “transfirió 13.3 millones de dólares a organizaciones opositoras”, registrándose poco después “un atentado dinamitero contra la residencia de médicos cubanos en Santa Cruz”; la transferencia de 120 millones de dólares de la AID y la inefable National Endowment for Democracy a favor de organismos dedicados a la desestabilización por medio de campañas de descrédito contra gobierno y movimiento indígena, paros y bloqueos “cívicos”, tiroteos, allanamientos y llamados para derrocar a Morales.
Al mando de Philip Goldberg, embajador de Estados Unidos, de larga experiencia en incentivar procesos de balcanización, el operativo además de decenas de muertes y heridos indígenas conllevó el sabotaje del flujo de gas a Brasil y Argentina. Sin dilación Morales lo declaró “persona non grata”.
Hace años que Phillip Agee y John Stockwell, ex miembros de la CIA, ofrecieron un caudal informativo sobre este tipo de criminalidad de Estado, parte de las herramientas de política exterior de Estados Unidos. Los archivos de seguridad nacional abiertos por la Ley de Libertad de Información siguen documentando toda la brutalidad de golpes de Estado, asesinatos, terrorismo y corrupción sin límite que las caracteriza.
En The Big White Lie (NY, Thunder’s Mouth Press 1993) el ex agente Mike Levine demostró la atmósfera de ilegalidad, fraude y desprecio a la opinión pública de la campaña antidroga. Además de FBI-CIA la DEA es instrumento de intervención-corrupción tipo Irán-Contras, con traficantes, criminales, narcos actuando como sus “assets” o fichas.
Cuando Morales anunció la “suspensión indefinida” de la DEA, Radio Francia, en abandono de toda objetividad periodística, acusó al presidente de provocar a Estados Unidos mientras Alain Touraine, con igual impudor, dijo a Carmen Aristegui de CNN, que era Chávez el que pretendía “apoderarse de Bolivia”. ¿Abandonará Estados Unidos su lastre imperialista? La cercanía de Otto Reich a McCain no deja duda sobre sus inclinaciones. ¿Y Obama? Cuando se le preguntó a Dan Restrepo, uno de sus principales asesores, sobre la posición del demócrata ante el narcotráfico y la colaboración con México respondió: “…el senador de Illinois cree que la Iniciativa Mérida es un paso importante, pero sólo un primer paso para arreglar el problema”.

Monterrey: ¿terrorismo a la carta?
John Saxe-Fernánez, La Jornada, Jueves 23 de octubre del 2008

Instaurada por Bush como eje de la política exterior y doméstica luego del 11-9, la guerra antiterrorista, junto al programa contra narcotráfico y crimen organizado, pueden ser armas de doble filo en especial si encubren operaciones clandestinas para lograr el control territorial, intensificar el intervencionismo político-electoral, económico y policial-militar o instaurar el estado de excepción en periferia y metrópoli. La carnicería genocida por el usufructo del petróleo en Irak, la guerra por rutas geoestratégicas en Afganistán, la Ley Patriota, Guantánamo y la ampliación del Plan Colombia a México con la Iniciativa Mérida, son expresión de una ofensiva imperial preñada de codicias, contradicciones y riesgos externos e internos.
Es el caso de la campaña del senador McCain y aliados dentro y fuera del aparato de seguridad de EU, que, ante el avance de Barack Obama por la grave crisis económica, lanzan un vasto operativo para vincularlo al terrorismo (La Jornada, 19/10/08, p 27). Usando muestras aleatorias en al menos 10 estados muy disputados en la contienda presidencial, cientos de miles de votantes reciben llamadas telefónicas automáticas (robocalls) bajo auspicios republicanos acusando a Obama de mantener lazos con “terroristas domésticos”. Esos mismos asesores aconsejaron la guerra sucia contra AMLO en 2006 y hoy la campaña de McCain sigue las recomendaciones de un consultor republicano, del primer circulo de Bush, que en 2000 actuó contra el mismo McCain. Por su bajeza la senadora republicana Susan Collis de Maine pidió a John McCain suspender las robocalls en su estado. Esa operación sucia y la riesgosa selección vicepresidencial de McCain fueron mencionadas por el también republicano Colin Powell al apoyar a Obama.
Cuando se saturaba al público de EU con esa cruzada en radio, televisión y centenas de miles de robocalls, en México se supo que en la madrugada del 12 de octubre dos desconocidos dispararon en varias ocasiones y lanzaron una granada de mano –que no estalló– contra el edificio del consulado general de EU en Monterrey en lo que para la Casa Blanca parece ser “terrorismo a la carta”. El comunicado oficial indica que “se desconoce el motivo de la agresión” y el secretario de seguridad pública de Nuevo León apuntó que no hubo reporte de amenazas previas y consideró prematuro plantear que el crimen organizado fuese responsable del ataque, ya que habrían “activado el artefacto o disparado con otro tipo de arma”. Pero a sabiendas de que según las encuestas McCain aventaja a Obama en antiterrorismo, y sin evidencia pericial, el vocero de la Casa Blanca se apresuró a destacar el terrorismo en México y subrayó lo imperioso de la Iniciativa Mérida y del auxilio binacional en asuntos de seguridad: parece un intento de carambola en varias bandas con billares que en noviembre pueden salir por la culata.
Recuérdese que en agosto se supo que el Departamento de Estado licitó servicios de vigilancia en México. Se indicó que “con el fin de incrementar sus medidas de seguridad ante la inminente llegada de decenas de asesores al país en las próximas semanas, como parte de la Iniciativa Mérida”, EU ordenó aplicar medidas para “incrementar la protección de su embajada, consulados y complejos residenciales donde habitan sus trabajadores” (Milenio, 3/8/08). Además renovó un contrato con la empresa Intercon, para “…prevenir accesos no autorizados, proteger la vida, mantener el orden, evitar ataques criminales contra empleados, familiares y propiedades y ataques terroristas contra bienes de Estados Unidos”. Se reveló que Intercon podrá hacer uso de “fuerza letal” si las condiciones de riesgo para el personal diplomático “lo ameritan y como último recurso”.
Coda. Lo de Monterrey e Intercon, además de vulnerar soberanía, territorio y ley, es una probadita de la Iniciativa Mérida: más que operativo del narco o del crimen, parece truco de mapaches con tufo de terrorismo a la carta.

¿Reserva de EU?
John Saxe-Fernánez
La Jornada, Jueves 9 de octubre del 2008

Desde el gobierno de Jefferson (1801-1809) la clase gobernante de Estados Unidos concibe a América Latina y el Caribe como su reserva estratégica. Además de las cañoneras, el recetario oligárquico-imperial incluye “libre” comercio y desregulación financiera y de la inversión extranjera. En 1908, a finales del porfiriato, William J. Bryan planteó que con estas palancas “antes de 20 años Norteamérica se habrá tragado a México”. Quien cinco años después sería secretario de Estado de Woodrow Wilson, anticipó lo que el Foreign Relations Council sostiene: “La absorción de ese país por el nuestro es necesaria e inevitable por razones tanto económicas como políticas… la absorción de México ha comenzado ya en el sentido comercial”.

La apertura porfirista ofreció a Estados Unidos y sus monopolios una “oportunidad admirable” para, según Bryan, “aumentar nuestra riqueza y nuestra importancia como potencia universal”. Esa “imperialización” fue aplacada por la Revolución de 1910 y las estipulaciones de la Constitución de 1917 en materia de recursos naturales y una política externa que defendió la soberanía y la no intervención. Desde 1982 se restauran desregulación y librecambismo a ultranza en medio de creciente corrupción, entreguismo y más autoritarismo policial y militar. Con el TLCAN se renuncia al desarrollo retrocediéndose en los frágiles, pero significativos, logros del desarrollo estabilizador. La “compra-venta de México” se realiza junto a la capitulación que hicieron Salinas y Zedillo de la política exterior y de seguridad. Con Fox y Calderón se combina lo económico-empresarial con lo policial-militar, según dos diseños de la Casa Blanca: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida. La ASPAN comporta una integración profunda (saqueo) de recursos naturales (gas, petróleo, minerales, agua, biodiversidad), un apartheid laboral y la tajante exclusión de población y legislaturas de la “agenda trinacional”.

Bush, con apoyo del Banco Mundial y el BID, intenta ampliar y “legar” pactos y transas empresariales y policial-militares de ASPAN a América Latina por medio de un engendro dado a conocer el pasado 24 de septiembre como Caminos hacia la Prosperidad de las Américas, que la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) califica como el “Plan B del ALCA”, es decir, un “refrito” del proyecto imperial enterrado en Mar del Plata en 2005 y apoyado por Vicente Fox, el ex gerente de Coca-Cola que ocupó la presidencia mexicana. Como ASPAN el Plan B contiene: a) “una agenda y acuerdos económico-mercantiles y financieros cubiertos bajo los nombres de competitividad y prosperidad”, y b) “una agenda complementaria de carácter militar y policial de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la migración ilegal, etcétera, usando el placebo de la seguridad”. (Documentos y detalles en rmalc@prodigy.net.mx)

Bush lanzó la propuesta desde el Consejo de las Américas/Sociedad Americana, con endosos de presidentes y funcionarios de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Desesperados y decididos a frenar y desactivar coaliciones regionales y de construcción social alternativa como Unasur, Estados Unidos y sus aliados (auténticos unos y bajo coacción o soborno otros) promueven el Plan B, el despliegue de la Cuarta Flota, los Comandos Norte y Sur del Pentágono, con un rosario de bases militares y dos ejes de ocupación territorial, sustentados en terrorismo de Estado y ejércitos mercenarios (outsourcing militar): el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.

La intervención y violencia policial-militar de Estados Unidos y las oligarquías enfrentan creciente resistencia popular mientras Bush deja una debacle humana y estratégica en Irak y Afganistán, y un colapso económico creado por una burbuja especulativa de más de 55 billones (trillions) de dólares que rebasa el mayor rescate bancario de la era moderna.