NAFTA: The Intersection of the Geopolitics and Geoeconomics of Capital

John Saxe-Fernández

Social Justice, Vol. 23, 1996

Journal Article Excerpt

www.questia.com

Preliminary Outline
The North American Free Trade Agreement (NAFTA) "is REMINISCENT OF an earlier era, when mother countries such as England offered preferential trade terms, or Commonwealth preferences, to their former colonies in order to ensure their continued economic, financial, and political dependence....The motives of the [U.S.] government with regard to Mexico certainly remind us of those of the British Empire." This was written by Robert Kuttner in Business Week in mid-1991. At that time the intersection of U.S. "geoeconomics and geopolitics," as it would affect North America - and the rest of the Western Hemisphere - was already apparent.

The idea was to "integrate" a Third World country of Latin America - a country that at the time of this writing is still officially known as the United States of Mexico - into the larger economy of North America.(1) Few Mexican citizens were aware that not only some of the constitutional principles established more than 150 years ago, but also crucial elements of the exercise of "jurisdiction" normally associated with the concept of the nation-state were at stake in the "negotiations" preceding the eventual implementation of NAFTA. More specifically, I refer to the "total" transformation of the "economic geography" (which covers not only trade, but also finance, industry, infrastructure, and agriculture) of North America, to the detriment of the "public interest" of Mexico and that of the other countries involved.

The consequences will be especially costly and damaging for the formal wage-earning sector, whether blue- or white-collar. This sweeping transformation has been orchestrated mainly to cater to "U.S. private interests"(2) and it entails a "geopolitics" that also serves large corporate interests. Both the geopolitics and the geoeconomics have been codified through the commercial, financial, geopolitical, and jurisdictional instruments developed by the most powerful of the three nations concerned during the process that culminated in the signing of NAFTA. From a historical perspective, this "integration process" should be seen as a fresh manifestation of the Monroe Doctrine; there is a direct link between NAFTA and the expansionist tradition of the United States. U.S. Vice President Al Gore vividly expressed this connection, urbi et orbi, when he compared NAFTA to the territorial acquisitions of Louisiana and Alaska made by the United States in the last century.(3) In this century, NAFTA is not the first example of expansion...
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Montebello: saqueo de México



John Saxe-Fernández

La Jornada, México,
8 de noviembre de 2007

Poco después del cónclave secreto en Montebello, Canadá, de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte (ASPAN), de la cual el Consejo de la Competitividad de América del Norte (CCAN) es “brújula”, Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, insta a “proteger a los consumidores” ante monopolios “que frenan la competitividad y por ende el crecimiento económico”: entre ellos mencionó los de telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y “el de energía”.

Toda una prestidigitación seguida poco después por el PAN, transformado en vergonzoso cabildo de las petroleras extranjeras, para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que Jorge F. Moncada y Mario di Costanzo han calificado, en relación al “rescate bancario”, como El saqueo a los mexicanos (Grijalbo, 2007): un magno atraco que dejó al país sin banca y lo colocó a merced de la usura “legalizada”. Con parte mínima de los intereses de ese “rescate”, ardientemente promovido por tecnócratas y oligarcas locales, podría duplicarse el presupuesto de salud y “duplicar la capacidad de refinamiento de petróleo y reducir así al mínimo la importación de gasolina” (p.11).

Ni lerdos ni perezosos, los integrantes mexicanos del CCAN lanzan otra cruzada para “la apertura de ciento por ciento” a favor de la inversión extranjera directa (IED), “en sectores estratégicos”, metiendo en el mismo saco a los monopolios privados y a los sectores constitucionalmente reservados a la nación. Es una maña vieja: con Salinas (1988-1994) el Banco Mundial (BM) desató sobre Pemex un diseño de desmembramiento y desarticulación, conocido en Estados Unidos como divestiture, que el Senado de ese país a principios de los 70 amenazó, pero decidió no aplicar, a sus monopolios petroleros porque los llevaría a la ruina ante una competencia externa con sólida integración vertical. Con aval de Salinas, el BM lo hizo, “marcando su territorio” sobre Pemex, como perro por su jardín.

Ahora se lanzan sobre los principales “trozos” de Pemex bajo el ropaje de la “competitividad”.¿Objetivo?: medio tapar el hedor de las transas de las privatizaciones-rescates (bancos, carreteras, azúcar, etcétera) para que el CCAN, integrado por promotores de la IED, como Claudio X. González, procedan con un “fobaproa petroeléctrico”: la receta para terminar de hacer pedazos la economía y la paz social del país.

Esta estafa en curso dentro del vital sector energético se realiza por la vía de la subcontratación –Halliburton/Bechtel–, el “manejo” opaco del portafolio de negocios de Pemex-CFE y de una vil agresión fiscal perpetrada por el FMI-Hacienda. Se ataca el corazón del país en momentos en que la capacidad mundial de producción de crudo convencional ya no cubre la demanda y por tanto el control nacional del sector es crucial para que la nación no se nos deshaga en las manos.

Pero las grandes petroleras, en pos del negocio del crudo, cuentan con los cómplices de siempre. En 1996 en un sobrio análisis sobre procesos e intereses implicados en la enajenación del sector petroeléctrico, eje principal de acumulación de México, Gastón García Cantú señalaba que la dirigencia empresarial es “fundamental” en la transformación de las empresas públicas que quedan, “en botín a repartirse entre mexicanos, primero, y extranjeros después, con el argumento de que en poder del Estado no hay negocio próspero”.

Es el “guión” que usan Acción Nacional y algunos bribones de la “oposición” legislativa para entregar Pemex a la IED: para el BM es un ente poco competitivo que llegó al límite de su endeudamiento siendo los privados los únicos que pueden aportar los capitales requeridos para su expansión. Pero como demuestra José Luis Manzo (http://www.untcip.net/) con datos recientes del Estado de resultados y balance general de Pemex, en los 18 años comprendidos entre 1989 y 2006 ésta acumuló (en dólares constantes de 2006) utilidades por 471 mil millones de dólares (mmdd). Entre 1989-1997 los ingresos totales fueron de 264 mmdd y los costos de 107 mmdd, con utilidades de 157 mmdd e impuestos pagadores por 145 mmdd, arrojando una utilidad de 12 mmdd. Sólo en el sexenio de Fox, por el alza de precios, se lograron ingresos por 441 mmdd, generó utilidades por 240 mmdd, pero Hacienda, bajo lacayos de Washington, la asaltó con una carga fiscal de 258 mmdd.

En el periodo 1998-2005 la codicia y el entreguismo se salieron de control. Zedillo y Fox perpetraron un crimen de lesa patria: después de restar a los ingresos (471 mmdd) los costos (215 mmdd), Pemex registró una utilidad de 256 mmdd, “superior en casi 100 mil millones de dólares a la del periodo anterior (...) Sin embargo, como el importe de impuestos pagados fue todavía mayor (284 mmdd) ello provocó a Pemex una pérdida contable acumulada de 28 mmdd en este periodo” (¡!). Y claro, comparada con las empresas privadas en México y otras petroleras extranjeras, resulta que Pemex no es “competitiva”: su carga fiscal cuadruplica la de las empresas privadas en el país y casi triplica la de otras petroleras.

El predicamento mexicano



John Saxe-Fernández



La Jornada, México,
jueves 25 de octubre de 2007

Hoy como ayer, en la entrega del país a EU la oligarquía se posiciona como intermediaria en los grandes negocios de la “compraventa” de México. Regímenes que, ante su ilegitimidad de origen, optan por la represión como ocurrió en la usurpación electoral y posterior coerción sufridas por las fuerzas encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas durante el gobierno de Salinas (1988-1994) y ahora contra vastos sectores de la población aglutinados en torno a López Obrador y de otras causas populares, que sufren el embate policial-militar a sus derechos humanos y políticos: el estado de excepción se instala de facto como blindaje para los opacos negocios de la privatización y entrega de ferrocarriles, petróleo, agua, biodiversidad, electricidad, bancos, carreteras, puertos, aerolíneas, seguridad social, universidades, etcétera.

Rasgo central de la “colonialidad” de esta dirigencia ha sido el hecho de que, como ocurrió en 1848 y en el Tratado de la Mesilla (1853), “la enajenación del país es el fin de una política represiva. En la medida que se restringen las libertades individuales y sociales, se persigue a los intelectuales que los denuncian y se reparte como un botín los bienes públicos, se procede a la venta de la nación al extranjero”, como escribió Gastón García Cantú, en su imprescindible Las invasiones norteamericanas en México (Era, 1971). Es un trauma relacionado a las fases diferentes del desarrollo capitalista y la posición internacional de EU: tanto el “reordenamiento territorial” de México, un despojo de 2 millones de kilómetros cuadrados, como el sometimiento del librecambismo porfirista, contribuyeron en el ascenso de EU a las grandes ligas imperialistas a finales del siglo XIX. Y de ahí, como retador hegemónico del imperio británico, luego de su largo, y en el siglo XX, fulminante, ascenso hegemónico que culmina con la primacía global después de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de la “pax americana” y el dólar.

Las ecuaciones de poder no son estáticas: ahora bajo el capital monopolista fuertemente impactado por un agresivo sector financiero y en una constelación de poder signada por agudas contradicciones, a poco más de 15 años del colapso de la URSS y con una relación estratégica ruso-china revigorizada, EU está anegado por la resistencia Iraquí y dependiente de combustibles fósiles, agua y minerales, con movimientos de construcción social alternativa bolivarianos y retadores monetarios y tecnomilitares en Europa y Asia. Por lo que se vuelca sobre México y Canadá como “modelo” y plataforma de “imperializacion” para una recomposición de su hegemonía hemisférica, con el TLCAN y una “integración profunda” de corte policial-militar pactada por los “líderes” –Bush, Harper y Calderón– a espaldas de los poderes legislativos y de la opinión pública de sus respectivos países. Esto se hace bajo tres ejes post 11-09: a) el desborde hacia México y Canadá de un estado de excepción que conlleva la ampliación de facto de la jurisdicción de EU; b) la agudización de un apartheid laboral con una homologación a la baja de los derechos y salarios del trabajador de México y EU; y c) un vasto esquema de infraestructura –corredores del TLCAN– para el saqueo de recursos y mayor explotación de la fuerza de trabajo.

EU es un hegemón de gran poder y acumulación de contradicciones: su agresividad militar no equilibra, sino que desestabiliza dimensiones cruciales de la economía y política mundial que van desde los fundamentos político-electorales de la paz social mexicana hasta los de la OTAN. La ocupación de Irak y la “imperialización” de México se dan en medio de la debacle de Bretton Woods (FMI-BM-BID), de una veloz multilateralización y regionalización económica, monetaria, industrial y tecnológico-militar. El fenómeno, que desembocó en guerra mundial, difiere del bloquismo del periodo entre-guerras: el retorno a las “grandes áreas” por la cúpula de EU desde el Foreign Relations Council y sus contrapartes en México y Canadá, se hace en un contexto de “crisis hegemónica” con mecanismos de seguridad establecidos por las mismas fuerzas de clase y bajo la colonialidad formalizada en el TLCAN: el Consejo para la Competitividad de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte.

La capitulación de Calderón al diseño policial-militar (Plan México) energético, laboral y ambiental de EU cercena la soberanía e impone, por la fuerza y la usurpación, a la facción oligárquico-imperial que sigue lucrando con la “compra-venta” del país. Pocas veces, desde la década de 1840, estuvo México en tal riesgo y se necesitó de tanta cohesión cívico-militar para su defensa. Por lo que resalta el desentendimiento de este predicamento en el penoso endoso de Cárdenas a la usurpación electoral de Fox y Calderón. Sus “argumentos” debilitan las fuerzas sociales y los instrumentos político-electorales para el tránsito pacífico a la legalidad y a la constitucionalidad. La legitimidad y lealtad de Calderón a la Carta Magna sí están a debate.

La entrega de

“todo México”

John Saxe Fernández

La Jornada, México

jueves 11 de octubre de 2007

Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México, dijo al diputado texano Henry Cuellar que “el presidente Calderón (es) el mandatario más dispuesto a colaborar con Washington, mucho más que todos los anteriores”. Poco después, el Departamento de Estado informó que “Garza está inmerso con Calderón” en “negociaciones serias” y en total sigilo sobre asuntos policial-militares. No es sólo “asistencia”, sino esquemas de “integración” y absorción militar. Según Jeannette Becerra Acosta (Milenio, 24/9/07 p. 6-8), fuentes del Pentágono indican que “desde 2002 México ‘analiza’ su futura integración al Comando del Norte (NorthCom, establecido por Rumsfeld bajo el impacto del 11/9 como instancia vital para la “seguridad y defensa patria”) en un área que incluye a Estados Unidos, Canadá, México, partes del Caribe, el Golfo de México, los estrechos de Florida y las zonas marítimas del Atlántico y el Pacífico hasta 500 millas náuticas de distancia de las costas de EU” (p. 8).

Como la Constitución está vigente, no sorprende que las negociaciones de “integración militar” impulsadas por la Casa Blanca, con Fox y ahora con Calderón, se realicen en “total secreto”. Es un proceso “pasito a pasito”, para “no alborotar el gallinero”. Por ejemplo, desde 2004 Fox autorizó la instalación de cinco radares Wide Area Augmentation Systems (WAAS). Se hizo por medio del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ante la resistencia de la alta oficialidad militar del país. El WAAS estará en total “operación trinacional a más tardar en 2013”. Críticos de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte (ASPAN) indican que se trata de “acelerar la integración total a más tardar en 2020”.

Es un anexionismo sui generis que conlleva un brutal apartheid laboral, pero factible por el adormecimiento público ante el “polkismo” de Calderón. (Me refiero al colaboracionismo con el presidente James Polk –1845-1849–, cuando Estados Unidos despojó a México de más de la mitad de su territorio, aunque ambicionaba “todo México”.) Garza dijo a Cuellar que “éste es el momento en que está abierta la ‘ventana de oportunidades’, mientras Calderón cuenta todavía con un capital político durante su primer año de gobierno en el que podemos ayudarlo en esta difícil guerra contra las drogas” (p. 7).

Bajo la pantalla del antiterrorismo, las drogas o la delincuencia, Estados Unidos despliega plataformas de “asistencia militar” para la expansión e intervención castrense y del aparato de seguridad y espionaje, incluyendo el despliegue de tropas, asesores y “contratistas”, así como el establecimiento de bases militares, siempre en función de los intereses del alto empresariado internacional y local por la explotación de mano de obra barata y de recursos naturales, petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad. Estas operaciones ahora se articulan desde la ASPAN, cuya agenda y reuniones se realizan marginando a los poderes Legislativo y Judicial y a espaldas de la opinión pública de Estados Unidos, México y Canadá: son encuentros secretos entre altos empresarios, embajadores, ministros y comandantes militares, como el que se realizó en Banff, Alberta en septiembre de 2006 –en el que se institucionalizó un esquema que privilegia la participación del sector privado, por medio del Consejo para la Competitividad de América del Norte (CCAN)–, o el más reciente en Montebello, Québec, en agosto pasado, ya bajo la batuta del CCAN. En materia de gas y petróleo el CCAN impulsa, junto a la fusión policial-militar, la “integración energética” en función de “un imperativo estratégico para EU”, porque “Canadá y México han sido bendecidos con abundantes recursos energéticos”.

Instigan la “reforma” –privatización– “del sector energético de México” por medio de “iniciativas intermedias” y “la lógica de un mercado integrado” para desde ahí inducir el ritmo para “una reforma fundamental”. El CCAN indicó que los altos mandos empresariales esperan ser “socios” en la protección de “infraestructura vital”, así como en la “administración” de esquemas “tripartitos” prioritarios en caso de “emergencia”, sea por pandemias u otros “eventos” (¿terrorismo, huelgas, desobediencia civil?). Con la excusa de los ataques contra la infraestructura de Pemex, ocurridos antes de la reunión de Montebello, Calderón encargó a SY Coleman Corporation de EU el monitoreo de instalaciones estratégicas petroeléctricas. Es una vigilancia y resguardo que por ley corresponde únicamente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana. Según el general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa del Senado, cabe exigir a Calderón “… una explicación pormenorizada del posible ingreso de ex militares estadunidenses para operaciones de vigilancia. Esto es muy grave para la soberanía. Ningún gobierno mexicano durante el siglo XX permitió la entrada de tropas (de Estados Unidos), ni de mercenarios disfrazados, y mucho menos de asesores”. Pero es lo que ocurre en medio de una vasta represión popular y de la entrega de “todo México”.

Costa Rica: golpes bajos


John Saxe-Fernández


La Jornada, México
jueves 27 de septiembre de 2007

La campaña por el sí, en el referendo que se celebrará el 7 de octubre en Costa Rica sobre el TLC con EU, fue dañada desde el gobierno al publicarse un documento interno de la presidencia de Oscar Arias proponiendo el chantaje, la amenaza y el temor para doblegar a la oposición. Dirigido al presidente y su hermano Rodrigo –ministro de la presidencia– por Kevin Casas, ex segundo vicepresidente y el diputado Fernando Sánchez del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), plantea un programa de guerra sucia contra la coalición por el no compuesta por “universidades, la iglesia, sindicatos, grupos ambientales, etcétera”. El “etcétera” incluye a organizaciones comunales, cooperativas, sindicatos, de mujeres y de barrios, grupos artísticos, campesinos o juveniles, pequeños y medianos productores, agricultores, empresas y al Partido de Acción Ciudadana (PAC), cuyo líder, Otón Solís Fallas disputó la presidencia a Arias en las reñidas elecciones de 2006. Lo hizo junto a Epsy Camphell Barr, ahora dirigente del PAC, defensora de la soberanía, la autosuficiencia alimentaria, el aparato productivo, el agua potable, la educación y las telecomunicaciones, de cara al TLC.

Aunque la censura de los medios no es nueva –desde hace meses se cierran espacios a los críticos del TLC, como el programa de televisión de Álvaro Montero Mejía– se propone saturar “… los medios de comunicación con publicidad” escogiendo “muy bien los rostros de la comunicación masiva del sí y utilizar casi exclusivamente trabajadores y pequeños empresarios”. Ello porque la contradicción entre un Estado dominado por la oligarquía y la población (tema desarrollado por Eduardo Saxe-Fernández en La nueva oligarquía, UNA, Heredia, 1999) deriva en confrontación ante el esquema antinacional y antipopular del TLC: “La campaña del TLC”, se reconoce en el documento, “se está convirtiendo en lo que nunca debimos haber dejado que se convirtiera: una lucha entre ricos y pobres, entre pueblo y gobierno”.

Desde la revolución de 1948 no se había registrado una división tan profunda en la sociedad y la política: fue notable la presencia de miles protestando fuera del Estadio nacional, durante la ceremonia de toma de posesión de Arias. Desde una legitimidad quebradiza, éste ahondó políticas favorables a los intereses extranjeros y de la elite, centrados en las exportaciones, la maquila electrónica, agregándose, entre otros, la especulación en bienes raíces –ante el ingreso de gran cantidad de jubilados de EU, los precios de la tierra e inmuebles se disparan– junto a una tolerancia a actividades como el lavado de dinero, proveniente del narcotráfico y otros servicios: florece la prostitución y el juego: el sportbook se disemina y es un negocio multimillonario. Hoy son más los casinos que las aulas: en esto San José se parece a La Habana de Batista y el poder se ejerce desde el lucro oligárquico-imperial. Los Arias son dueños del mayor ingenio del país, productor de etanol que se exporta a California, un negocio de decenas de millones de dólares anuales con altos costos a la biodiversidad. No sorprende que junto a la creciente polarización sociopolítica, la credibilidad del régimen esté por los suelos: “En este momento”, dice el memorando, “nadie cree una palabra al gobierno ni a los políticos”. Por ello la campaña del sí debe usar “… intensivamente testimoniales de gente muy sencilla y en situación precaria”. La preocupación oficial es mayor porque la población se organiza y resiste (la presión popular impulsó el referendo) y lleva al primer círculo de los Arias a intensificar la guerra sucia, una temeridad por la aguda polarización y deterioro socioeconómico. En un pasaje memorable por el desprecio a la civilidad se propone “estimular el miedo”: un miedo que “es de cuatro tipos: a) “miedo a la pérdida del empleo”; b) “miedo al ataque a las instituciones democráticas”; c) miedo a la injerencia extranjera en el no”; d) “miedo al efecto de un triunfo del no sobre el gobierno”.

Para Arias es difícil deslindarse de un diseño que sólo intensifica, antes del referendo, lo que de tiempo atrás hace su autoritario gobierno: Casas y Sánchez se manifiestan por estimular la “… cizaña sobre los líderes, motivos, métodos, financiamiento y vínculos internacionales del no”. En corto: asustar a los ticos con dos cocos: Fidel Castro y Hugo Chávez, sugiriendo, con engaño, que motivan y financian el no al TLC.

Para reforzar el sí se chantajea a los municipios, cimiento de la estabilidad. Dice el memo: “Pero hay que hacer algo… con los 59 alcaldes del PLN y… transmitirles con toda crudeza una idea muy simple: el alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos tres años... (igual)... a los regidores, a quienes se puede hacer responsables de distritos específicos”.

Son golpes bajos contra el “contrato social” de una población alertada ya por el TLC: a decir de Alfonso Chase, el “reloj despertador más efectivo que hemos tenido en los últimos 100 años”.

¿Temores prelectorales?



John Saxe-Fernández

La Jornada, México
jueves 13 de septiembre

Además de la industria petrolera, armamentista, del carbón y forestal, el vasto aparato corporativo que se beneficia desde el 11/09 con las políticas privatizadoras de funciones públicas y de seguridad en todo el gobierno federal de EU –y no sólo en el Departamento de Defensa (DdD) y su controvertido programa de “reconstrucción” en Irak– respalda la continuidad bipartidista, con especial predilección por la ultraderecha republicana. Para ello se alienta la derechización (existente) del Partido Demócrata (PD), con disfraces liberales. Y también se induce el temor y la histeria a través del manejo mediático de eventos terroristas. Ya la CNN se aproxima a Fox News en alarmismo y ramplonería: se trata de imprimir la inseguridad, incertidumbre y aprensión en la “conciencia colectiva” (incluyendo al “inconsciente” de la población), algo que resulta crucial en todo esfuerzo por remontar el colapso político republicano reflejado en las encuestas, por el rechazo del público a la ocupación y agresión armada en Afganistán e Irak. El esquema también podría servir como distracción de los efectos sobre el electorado de la grave contracción económica en curso.

En entrevistas varias los precandidatos republicanos y demócratas, incluyendo a Hillary Clinton y Barack Obama, contestaron que dejarían la “opción abierta”, cuando se les preguntó si, de asumir la presidencia, respaldarían un ataque contra Irán. Agréguese a esto la fuerte llamada de atención del Consejo del PD al diputado Jim Moran por haber osado desaprobar al Comité Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus siglas en inglés), juzgándolo como “el cabildo más poderoso en la promoción, desde sus inicios, de la guerra en Irak”. En lo que es otro indicio de los “fuertes lazos” de los dadivosos integrantes del AIPAC con republicanos y demócratas, el PD exigió a Moran que se retractara, calificando su comentario de “visiblemente irresponsable”. Como los reproches de Moran se hicieron públicos cuando circulaba un libro de John Mearsheime y Stephen Walt (decano expulsado por ello de la Kennedy School de Harvard bajo presión de esos donantes y cuya postura documentó con anterioridad James Petras en The Power of Israel in the United States, Clarity Press, 2006), el consejo del PD agregó que los dichos de Moran “… además de incorrectos e irresponsables, son abiertamente peligrosos”.

Para promover el “temor” y un clima de “urgencia” los locutores y comentaristas de radio y televisión de EU imprimen tonos convulsivos a cualquier noticia vinculada con actos terroristas dentro o fuera del país, por ejemplo, que la policía alemana desactivó ataques por militantes islámicos contra instalaciones de EU con explosivos similares a los usados en Madrid o los recientes y repetidos ataques contra gasoductos de Pemex. También ocurren otras acciones extrañas que recuerdan y refuerzan la percepción de vulnerabilidad ante descuidos o potenciales sucesos catastróficos. Tal es el caso del avión B-52 de la fuerza aérea estadunidense, cargado “por error” con misiles crucero con cabeza nuclear y que sobrevoló ese país el 30 de agosto (La Jornada, 6/09/07, p. 30). El DdD no dio detalles por considerar el asunto “secreto mayor”, pero Han Kristensen, experto en la materia, dijo que “conocía antecedentes públicos de arsenal atómico activo transportado en bombarderos desde fines de los años 60”. Luego agregó: “parece increíble que tantos chequeos hayan fallado” (ibidem). Aunque el DdD aseguró que “en ningún momento estuvo amenazada la seguridad pública” porque “las municiones estaban protegidas y bajo control militar”, agregando que todo “apunta a un error aislado”, se acrecienta la controversia porque el 110/9 de 2001 el espacio aéreo de EU, en el momento de los ataques, estaba “protegido y bajo control militar”. Además muchas operaciones de “seguridad”, incluyendo el resguardo de armas y sustancias radiactivas de laboratorios asentados en Los Alamos, Sandia y Livermore, son contratadas con empresas de vigilancia que privilegian la obtención de ganancias sobre la seguridad pública. Se sabe que 94 por ciento (¡!) del presupuesto del Departamento de Energía –encargado de elaborar las ojivas nucleares para los sistemas balísticos del DdD– se asigna a empresas, algunas encargadas de resolver los problemas causados a la biodiversidad por la radiación que escapa desde sus plantas nucleares a los ríos. Por cierto, una de ellas, la CH2M Hill, está a cargo de la administración del programa de ampliación del Canal de Panamá.

Además del uso de la información para promover el temor se volvió a espantar al público la semana pasada con otro mensaje de Bin Laden (ex contratista de la CIA para desestabilizar a la URSS en Afganistán), ¿parte del sexto aniversario de los ataques del 11/09? De confirmarse su autenticidad (el último comunicado de Osama Bin Laden se difundió días antes de las elecciones presidenciales de 2004), ¿es casual que después de tres años de ausencia mediática de Bin Laden empiece a reaparecer en las pantallas en directo y a todo color de cara a 2008?

Bush: amenaza nuclear


John Saxe-Fernández

La Jornada, México,
30 de agosto de 2007.

“He autorizado a nuestros comandantes militares en Irak a hacer frente a las actividades homicidas de Teherán.” A estas palabras de Bush, pronunciadas el martes en Nevada, siguieron otras más ominosas: afirmó que el programa nucleoeléctrico iraní amenaza dejar al Oriente Medio “bajo la sombra de un holocausto nuclear”. Como el despliegue naval de Estados Unidos en aguas cercanas a Irán incluye armamento nuclear “táctico” y además Israel colocó en estado de alerta una escuadra de bombarderos, presuntamente armados con armas “no convencionales”, la “advertencia” de Bush no puede ser más grave: otro indicio de su extremo desprecio de las normas de convivencia internacional. El uso de la amenaza de “holocausto nuclear” como parte de los instrumentos de política exterior, además de reflejar desesperación e impaciencia totalitaria ante el crudo desmoronamiento político-militar de la ocupación de Irak, es otra manifestación de “criminalidad de Estado” del grupo en el poder que acarrea enormes riesgos de intensificación bélica a escala mundial.

Días antes de la mencionada arenga y con el título de “Criminales controlan el Poder Ejecutivo”, Paul Craig Roberts, ex subsecretario del Tesoro de Ronald Reagan (1981-1989), conocido articulista y ex integrante de la página editorial de The Wall Street Journal, escribió que “el pueblo estadunidense y sus representantes en el Congreso deben enfrentar el hecho de que personas criminales y dictatoriales controlan el Poder Ejecutivo de Estados Unidos y deben de manera inmediata rectificar esta situación, altamente peligrosa”. Después de comentar las delicadas advertencias de Zbignew Brzezinsky ante el Senado, analizadas aquí con anterioridad (La Jornada, 1/03/07; 5/07/07 y 16/08/07), Craig asevera que las razones para desaforar a Bush y Cheney exceden en varios órdenes de magnitud el conjunto de todas las que se han argumentado en el pasado para someter a juicio a cualquier presidente estadunidense. La amenaza de un ataque convencional/nuclear contra Irán elucida el gran riesgo mundial de la campaña bélico-electoral de Bush y Cheney, respaldada por un sector “politizado” del Pentágono: tejen un asalto armado contra Irán y lo que va quedando de la Constitución. Ante ello, dice Craig, “lo mínimo que el Congreso puede hacer en este estado avanzado del proceso es dejar en claro que cualquier ataque contra Irán bajo cualquier pretexto sin la autorización del Congreso o cualquier intensificación de la guerra en Irak sin una autorización legislativa expresa… conllevaría la remoción inmediata de Bush y Cheney”. La renuncia del fiscal Alberto González fortalece la propuesta de Craig de que el Congreso, además, investigue el ataque de Bush a las libertades civiles, la separación de los poderes, las Convenciones de Ginebra y la desinformación usada para “justificar” la agresión a Irak.

Robert Baer, un ex miembro de la CIA, publicó en la revista Time del 18 de agosto, que la Casa Blanca “atacaría Irán en los próximos seis meses”, es decir, ya con el proceso electoral en su fase decisiva. Baer constató los juicios de Craig cuando dijo a Fox News que el asalto sería diferente al de Irak, porque no se prevé el envío de tropas. El casus belli se centra en la presunta intervención en Irak de la Guardia Revolucionaria Islamista de Irán (GRI) –la mayor fuerza del ejército iraní–, que Bush está en vías de colocar en la lista de “organizaciones terroristas”, lo que se interpreta en Teherán como una declaratoria de guerra, y en la acusación, hecha por varios oficiales militares adictos a Bush, sin verificación independiente, de que Irán suministra “explosivos sofisticados” a la “insurgencia” iraquí. Baer agregó que después de un sondeo informal que realizó dentro del gobierno, “la sensación es que atacaremos a la GRI” considerada “… un obstáculo para que exista un Irán amistoso y democrático”. Además que “los iraníes están interfiriendo en Irak y en el resto del Golfo”. Esas fuentes no anticipan una guerra que incluya el uso terrestre de tropas. Lo que se plantea desde Nevada es reactivar la “guerra relámpago” (blitzkrieg) hitleriana, en el contexto de la “doctrina de la guerra de autodefensa anticipatoria” que Bush impulsó desde 2002, en desacato abierto a los fundamentos del derecho internacional. “De ocurrir ese ataque”, dijo Baer, “… será algo muy rápido y va a sorprender a mucha gente”. Además es un blitzkrieg político-electoral para conservar el poder y restablecer, manu militari, el control de la principal cuenca petrolera del planeta. Decisión funesta que lejos de enfrentar la crisis hegemónica que abate a Estados Unidos, la profundiza: la noción de que puede gobernar el orbe amenazando a Irán, la región y a la humanidad con un “holocausto nuclear”, lanzando tropas y/o explosivos de destrucción masiva sin sufrir represalias igualmente devastadoras, llegó a su límite no sólo militar, sino también comercial, financiero y monetario: un ataque nuclear/convencional en la principal cuenca petrolera del planeta haría estallar en pedazos –literalmente– a la economía internacional y al dólar.