Entrevista, Revista Contralínea

Nydia Egremy

Contralínea Primera quincena de Junio.

México, 2007.

El gobierno federal fortalece sus programas de seguridad para controlar la creciente conflictividad social; esta estrategia incluye el Plan México, negociado entre el presidente Calderón y el gobierno de Estados Unidos para combatir supuestamente al crimen organizado.

Ante el incremento de los índices de pobreza y marginación, ocasionado por el declive económico, el gobierno federal responde aumentando la influencia de organismos de seguridad propios y extranjeros.Se pretende ampliar el control político-militar de la creciente inconformidad social en México, conforme al esquema previsto hace décadas para el país y América Latina por analistas de seguridad estadounidense que, además, admitían que el combate contra el narcotráfico podría utilizarse contra la insurgencia.

El actual modelo económico profundiza el despojo, no sólo del salario y del bienestar de millones de mexicanos, sino de los recursos naturales y del espacio. En ese marco se insertan la represión en Acteal, Chiapas, y la APPO en Oaxaca, así como las recientes reformas al artículo 139 del Código Penal Federal para combatir al terrorismo, el intento de derogar la Ley de Neutralidad y la creación por decreto del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) este cuerpo especial, bajo mando del Ejecutivo, “coadyuvará en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden”. Sus unidades estarán adiestradas en manejo de “situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden y del Estado de derecho”.Tal como ha ocurrido en Colombia, bajo la cobertura de combate al narcotráfico se monta una estrategia de lucha contra la población y las guerrillas. El Plan Colombia, articulado por Estados Unidos, fue un fracaso que se reeditará como el Plan México contra la delincuencia organizada. Mucha asistencia militar a cambio del control de la disidencia.

En el fondo de esta situación está un sistema económico que se resquebraja. La política que hizo crisis en el gobierno de Ernesto Zedillo es la misma que cruje en 2007.

John Saxe Fernández, académico y coordinador del programa México en el siglo XXI de la UNAM, dice que el esquema económico actual “agrede brutalmente, con los programas de ajuste estructural, a la clase campesina, sobre todo a los indígenas, a los pequeños productores y a la pequeña y mediana industria”.El investigador hace una similitud entre Zedillo y Calderón, y la forma en que ambos enfrentan los problemas financieros y económicos recurriendo al Ejército.“Apenas llegó Zedillo a la Presidencia, su primera medida fue montar una gran ofensiva militar. Llegó muy debilitado al poder, pues era producto del manejo electoral que hizo un usurpador como Carlos Salinas”.

Para Estados Unidos siempre ha sido importante tener en México a un presidente débil, “porque Calderón, como Salinas, también es producto de una usurpación militar”, describe Saxe.

Con Zedillo se hizo el primer reclutamiento de los cuerpos paramilitares en el norte de Chiapas y luego hubo grandes operativos de vigilancia e interdicción de droga. Fue entonces cuando surgieron los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (Gafes) y al mismo tiempo se incrementaron las transferencias de equipo y servicios militares de Estados Unidos a México.Entre 1994 y 1995 aumentó la asesoría militar de kaibiles guatemaltecos y miembros de la ex dictadura argentina al Ejército Mexicano para combatir la rebelión zapatista. En este sentido, Saxe destaca que esas armas y entrenamiento son perfectamente funcionales a las tareas de contrainsurgencia.

“Insisto en la importancia de comprender que el narcotráfico es una cubierta para operativos de contrainsurgencia”.

Pobreza, problema militar

Hoy como hace 20 años, cuando estalló la crisis de la deuda externa en el país, y como hace una década cuando el zapatismo fustigó la firma del Tratado de Libre Comercio, resurgen las fuerzas especiales con la misión de controlar la protesta social.“Ellos están conscientes de que la política económica genera problemas de seguridad y se convierte en un problema militar”, apunta Saxe, experto también en el impacto de la globalización.

Para Gian Carlo Delgado, doctor en Economía Ecológica por la Universidad de Barcelona, “bajo la cubierta de que se combate al narcotráfico, se permite a la nueva legislación categorizar a cualquier disidencia como ‘terrorista’. Como en Colombia, donde los equipos que entrenaron a las fuerzas armadas también formaron a los paramilitares, ahora centran su mirada en el Plan D-N II, el plan de seguridad interior para México”. Sólo una vez el gobierno recurrió a ese plan, en 1994, para combatir al EZLN.

Para ambos analistas la militarización contiene las protestas sociales. Así también lo previó en 1995 el coronel Warren D. Hall III, miembro del equipo del general Warren Mc Caffrey, ex jefe del Comando Sur estadounidense y más tarde responsable de la oficina antidroga en la administración Clinton, en una misiva a su superior:“

Es poco realista esperar que los militares limiten el uso del equipo y operaciones contra los narcotraficantes, a la luz de las habilidades que les transmiten las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en su adiestramiento, para misiones de contrainsurgencia”.Saxe considera que el escenario actual constituye un “estado de excepción de facto que ahora quieren hacer de jure por medio de esta transformación penal, en donde la lucha contra el narcotráfico sirve al objetivo de criminalizar la disidencia política”.

En ese contexto se explica la premura para aprobar las reformas al Código Penal en el Senado de la República el 27 de abril pasado. El objetivo ulterior era rendir cuentas a los legisladores estadounidenses de esas modificaciones, que para grupos defensores de los derechos humanos equiparan la protesta social y política con actividades terroristas.

El 2 de mayo pasado, reunidos en Washington, los líderes parlamentarios del PAN, Santiago Creel; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, llevaron a sus homólogos de Estados Unidos el aval de que México cumplió esa reforma legal para consagrarla en la agenda bilateral que se celebrará el 8 y 9 de junio próximo en Austin, Texas.

Los temas prioritarios para Estados Unidos en esa reunión interparlamentaria son: lucha común contra el terrorismo, combate a la delincuencia organizada y migración. Exactamente los asuntos sobre los que ya funciona el estado de excepción en México.

Guerra global de clases

El vínculo entre el flujo de inversiones y la seguridad, también es un aspecto fundamental para los gobiernos, como lo demuestra la ASPAN. En una dinámica “perversa”, el gobierno maneja la variable de “garantizar la seguridad en la frontera” estadounidense y, de manera similar, “garantizar las inversiones extranjeras”.Así lo afirma la propuesta que lanzó el Instituto Mexicano para la Competitividad, destinada a avalar a las multinacionales que sus inversiones en el país serán respaldadas por el gobierno.

Delgado Ramos recuerda que cuando Calderón firmó el memorándum de compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para recibir los fondos de infraestructura, afirmó: “La fortaleza del país se refleja en que sí tenemos capacidad para recibir esos préstamos”.Es decir, sintetiza Delgado, “ellos están pensando: protejamos la inversión extranjera y de los grandes capitales nacionales (Slim, Azcárraga, Salinas Pliego) y protejamos la seguridad de Estados Unidos. ¿Y la del pueblo? Para eso están las medidas que se vienen aplicando desde 1984”. Eliminar toda disidencia, como ocurrió tras la rebelión zapatista en Chiapas. Riordan Roett, encargado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad John Hopkins, emitió un memorándum secreto que explicaba la necesidad de “liquidar a los zapatistas, pues sólo así, el gobierno de Ernesto Zedillo podría reflejar al mundo y a la población que estaba en control del país”.

Roett no hablaba como académico, sino como asesor del Chase Manhattan Bank y del Foro Económico Mundial. Más tarde, sería consultor del Consejo Nacional de Inteligencia de la CIA.

El escenario que él planteó tiene plena vigencia, cuando el segundo gobierno del partido Acción Nacional pretende combatir al narcotráfico desplegando al Ejército en municipios con mayoría indígena y de alta marginación, justo cuando las cifras oficiales apuntan al incremento en la pobreza de millones de mexicanos.En 2007 millones de mexicanos padecen la contención salarial, la liberación de precios y la apertura unilateral a los productos extranjeros, el escenario económico agrede a la clase campesina mexicana, y se caracteriza por lo que Saxe Fernández llama “un ataque sistemático al aparato productivo, que no genera empleo, desarrollo ni crecimiento y que el economista estadounidense Jeff Faux percibe como una verdadera guerra global de clases (the global crash)”.

Armas contra inconformidad

Al operar el esquema de apertura y desregulación, con Zedillo estalló el esquema económico y el aparato financiero, que ya estaba en situación difícil y no pudo sostenerse más. De ahí el “rescate” de Clinton, sin la aprobación del Congreso estadounidense.

Para Saxe y Delgado, el presidente demócrata vaticinaba que el rescate resultaría en una mayor explosividad social en México y en consecuencia, el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos hacia Estados Unidos.

En consecuencia, se adoptaron mecanismos de militarización sistemática en la frontera, que con George W. Bush se intensificaron, como el llamado “REX 94”, destinado a acondicionar bases militares ya sin uso, como gigantescos campos de detención de migrantes mexicanos.

El vínculo entre el creciente malestar social generado por los recientes gobiernos mexicanos y la influencia de la doctrina militar estadounidense en el país, se observa al examinar la evolución en el comportamiento de las adquisiciones mexicanas de equipo, armamento y apoyo militar a aquel país.

Datos de la Federación Americana de Científicos (FAS), que reúne a varios premios Nobel, muestran que entre 1984 y 1993, México adquirió 10 veces más armas que lo que acumulativamente compró entre 1950 y 1983.

Saxe Fernández revela que se trata de equipo ligero. “No para un Ejército cuya misión es la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales estratégicos y la estabilidad del país. Se trata de un equipo destinado a librar una verdadera guerra de las Fuerzas Armadas dentro de México, de cara al malestar creciente generado por la política económica”, sostiene.Entre 1982 y 1990, la transferencia de equipo militar y de servicios militares del Departamento de Defensa a México, comprendida la adquisición de excedentes y la participación en programas de adiestramiento militar, fue mayor que la registrada en los 30 años previos. Por ejemplo, las ventas de armamento y equipo, entre 1950 y 1978, sumaron casi 30 millones de dólares.

En contraste, entre 1982 y 1990, cuando los programas de ajuste estructural erosionaban la economía doméstica, Estados Unidos transfirió a México, “ayuda militar” por 500 millones de dólares. De 94 helicópteros que se tenían al comenzar 1994, al entrar en vigor el TLCAN, se adquirieron nuevos helicópteros Bell y Blackhawk.Además, Estados Unidos transfirió a México 7 mil blindados Hummer para transporte de tropas y 78 helicópteros más, 74 aviones de ala fija, mil 615 ametralladoras, así como 3 mil 300 lanzadores de llamas “para incinerar a la gente”, explica Saxe; 360 mil granadas y 266 pinzones eléctricos “para interrogatorio, es decir para tortura”.

Un año después, en 1995, William J. Perry, secretario de Defensa estadounidense, expresó en México la posibilidad de llevar a cabo maniobras conjuntas para extender el programa International Military Education and Training (IMET), con un costo de 500 mil a un millón de dólares. El general, especialista en materia prima estratégica, promovía así su doctrina del “Tercer Vínculo”, es decir, una relación más estrecha entre el aparato militar mexicano y el de su país.

Esto dio origen al llamado Plan Chiapas 1994, elaborado por la Sedena, con varios objetivos: acelerar la creación de grupos paramilitares, neutralizar” a los zapatistas, censurar a los medios de comunicación y, finalmente, controlar los efectos negativos generados por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.Fue entonces cuando se montó la estrategia de guerra de baja intensidad, con el aparato de inteligencia de Estados Unidos totalmente involucrado. Esto favoreció el ingreso al país de mercenarios para adiestrar a las policías y tuvo como resultado la represión a los altermundistas en Guadalajara.

Diez años después, el gobierno estadounidense reeditó esa misma estrategia, cuando lanzó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN), en marzo de 2005, un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, que es un dispositivo de seguridad detrás del TLCAN, y que entró en vigor sin la aprobación de los Congresos de los tres países.

En Banff, la reunión con el título “Integración Energética”, asistieron asesores de Felipe Calderón, ya como presidente electo, como Juan Camilo Muriño, miembros de la cúpula empresarial mexicana, el ex secretario Pedro Aspe y un delegado del gobernador de Michoacán.

De acuerdo con Michel Chossudovsky, académico de la Universidad de Ottawa, y especialista en problemas de globalización, en esa ocasión participó de manera destacada Ronald Rumsfeld, a la sazón secretario de Defensa de Estados Unidos, a quien acompañaron representantes de empresarios del petróleo y sus cabilderos, como la Chevron y Suncor Energy, así como de la paraestatal Petróleos Mexicanos.Advierten los especialistas que si la agenda aprobada en Banff buscó mantenerse lejos de los reflectores, igual ocurrirá en la reunión que se celebrará próximamente en Calgary, Canadá, y cuya temática lleva como título: “La continentalización de los recursos naturales”.“En el fondo, se intenta moldear a las legislaciones nacionales para que faciliten programas de inversión sobre recursos estratégicos: agua y petróleo”, reitera Delgado Ramos, quien apunta el riesgo de que el gobierno federal considere al agua como cuestión de seguridad nacional.

Banco Mundial. Una mirada a México

John Saxe-Fernández - Gian Carlo Delgado

IADE-Realidad Económica.

Argentina, 11 de mayo de 2007.

Es notable en los grupos progresistas, tanto la fuerte permeabilidad de la versión "simplificada", como la falta de información sobre la naturaleza real de instituciones tan centrales al funcionamiento del capitalismo, especialmente en su proyección de poder imperial hacia la periferia, como lo son el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

En Imperialismo Económico en México: las operaciones del BM en nuestro país (Arena. México, 2005) hemos mostrado que desde su concepción en Bretton Woods (1944), estas instituciones fueron pensadas, desde el Norte, como sustitutos del colonialismo formal de modo que, sin esos ropajes políticos, se pudiera mantener y extender el control, explotación y saqueo de los recursos naturales, los mercados y la fuerza de trabajo de Asía, África y América Latina.

En virtualmente todos los sectores estratégicos de nuestros países están presentes esos organismos. Se les somete a su dinámica expoliadora y sus impactos económico-políticos, sociales y ambientales siguen siendo tan amplios como los observados en las administraciones de la época colonial, e incluso, en algunas áreas son más pronunciados.

Esta tendencia se acentuó de manera notable como resultado de la crisis deudora de 1982, cuando se impuso un régimen acreedor a ultranza derivado del desvío masivo de la inversión pública a gastos no-productivos, fundamentalmente, en ese momento, hacia el servicio de la deuda. Se generaron así enormes boquetes presupuestales que estas instituciones se aseguraron cubrir con préstamos y fondos altamente condicionados.

Con la complicidad y la complacencia de sus aliados de clase en el país, el proceso desemboca en una paulatina pero sistemática y creciente subordinación y desnacionalización del proceso de toma de decisiones domésticas en áreas cruciales, afectando de manera grave la economía popular, el interés público nacional (entendido como el interés de la mayoría de la población mexicana), la soberanía y la seguridad nacional.

Se implanta entonces lo que se puede calificar como una guerra de clases a partir de la implementación de un vasto programa que incluye, de manera prominente, la desregulación, las privatizaciones, la apertura comercial unilateral, la reducción del gasto público, la liberación de precios a la par de la incautación de los salarios, entre otras cuestiones. De manera crónica, el esquema está diseñado para favorecer especialmente al alto empresariado doméstico e internacional, acentuando de manera espectacular la distribución regresiva del ingreso y el desempleo y con ello vulnerando la paz social y el futuro generacional.

Esto, y más, es lo que en abstracto algunos llaman "neoliberalismo", quienes al no identificar los actores, intereses e instituciones concretas involucradas, son presa fácil de la versión Disney que proyecta la imagen de que se trata de instituciones financieras "multilaterales" o "internacionales" dedicadas a fines nobles como "combatir la pobreza".

Ello podría explicar parcialmente la paradoja que se registra cuando testificamos que ciertos sectores de la izquierda establecen agendas comunes y/o vínculos profesionales con entes como el BM, al tiempo que se colocan en pie de lucha contra el "neoliberalismo", el fraude electoral o la corrupción y en pro de la transparencia. La otra explicación sería que son propensos a los sobornos, tal y como ya se ha detectado públicamente en algunos casos.

Todo indica que dejan en el baúl de los olvidos el hecho de que el ejecutivo de Estados Unidos (EUA) tiene gran preponderancia en la toma de decisiones del BM que opera bajo el principio de "un dólar un voto". Tan es así, que es bien conocido que Washington y Europa históricamente se reparten las posiciones clave de control del BM y el FMI.

Como lo ha mostrado Paul O’Neil (El precio de la lealtad. Taurus. Barcelona, 2004), ex-secretario del Tesoro de George W. Bush, la Casa Blanca hace y deshace con esas instituciones. Las usa a su arbitrio,sea para implantar una veda de créditos a estados que suele categorizar como "delincuenciales" (rogue states), e.g. Venezuela; o bien para inducir la privatización de empresas o instituciones codiciadas por el alto capital, como las del sector energético, de transporte o el científico-tecnológico/educativo.

Y es que vincularse al BM no es asunto menor. Se trata de una institución que no solamente tiene fuertes vínculos con los sectores monopólicos y oligopólicos cuyos intereses auspicia, sino que además los tiene también con el aparato de seguridad de EUA y su cambiante red de alianzas. Lo ilustra nítidamente la presidencia del ex-secretario de Defensa Robert McNamara, uno de los responsables de la guerra de Vietnam, hasta la de Paul Wolfowitz, ex-subsecretario de Defensa y actual presidente del BM, quien es uno de los principales exponentes del neo-conservadurismo estadounidense y arquitecto, junto a Ronald Rumsfeld, de la petroguerra que asola a la población iraquí y afgana en abierto rompimiento con los fundamentos del Derecho Internacional y de la normatividad derivada de los Juicios de Nuremberg.

Poder Judicial: Implicaciones y efectos de los condicionamientos del BM

A pesar de tener un polvorín social a punto de estallar (e.g. Oaxaca, Chiapas) el BM y sus aliados de clase en México, insisten continuar en la misma dirección arriba descrita. Para ello ha sido imprescindible, como nunca antes, garantizar la continuidad transexenal, misma que, entre otros mecanismos, es delineada desde el BM a través de los Country Strategy Papers.

Y es que en el BM están conscientes de la centralidad que adquirió desde 1996 el Poder Judicial. No es casual que en ese año se otorgara el derecho constitucional a la Suprema Corte de Justicia de revisar las leyes electorales federales y estatales.

Así, el Judicial se aseguró un rol esencial en la calificación de los procesos electorales y se perfiló como un potencial garante de la mencionada continuidad en las elecciones de 2006. No sorprende entonces encontrar ingentes esfuerzos del BM por la vía de "asesorías", préstamos y fondos para la "modernización" precisamente del Judicial.

A través del State Judicial Modernization Supporting Access to Justice Project (Reporte No. 27946-MX. Washington, junio de 2004), el BM cubre específicamente el periodo transexenal al extenderse de 2005 a 2009 con un monto inicial de 37.5 millones de dólares y que no incluye recursos de otros donadores internacionales (véase más adelante).

En el documento se nos informa que, "...el gobierno de Fox asignó una alta prioridad a las instituciones judiciales y pidió al BM su ayuda en una junta con Wolfensohn [entonces presidente del BM]". El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, interesado no sólo en la mencionada continuidad, sino también en la permanencia de la impunidad del sistema tras haber sido pieza clave en la multimillonaria transacción de compra-venta/desnacionalización de Banamex al avalar un precio formidablemente inflado de 12, 450 millones de dólares [1] en comparación de su precio de privatización de 3, 000 millones de dólares (ya de por sí inflado 2.6 veces su valor en libros), precisó entonces al BM que, "...la reforma económica más importante que México necesita es la reforma judicial".

Debe aquí notarse que tal solicitud se realiza a poco más de dos años antes de las elecciones presidenciales, teniendo como objeto explícito el de subsumir al Judicial bajo los intereses del empresariado nacional e internacional como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial. El mecanismo operativo, indica el BM, se sustenta en una serie de programas de reforma, modernización, monitoreo y evaluación de las Cortes Estatales y ciertamente de la Corte Federal. Interesa incidir, se puntualiza, en la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y en la reorganización de las Cortes Estatales, de su área de jurisdicción y de su personal con ayuda de actores como la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CNTSJ) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Otras entidades públicas, donadores internacionales (agencias de cooperación principalmente), ONG y entidades académicas son invitadas -y pagadas en su caso- para que realicen actividades de "adiestramiento" de personal y "monitoreo y evaluación", entre otras. La intención: legitimar la "nueva" reestructuración y subordinación del Judicial, es decir de la revisión y monitoreo de cerca de los 6mil jueces del país en todos sus rangos y funciones (magistrados, etc)!

Banobras, entonces a cargo de Luis Pazos de la Torre de conocida trayectoria ultra derechista, agrega el BM, "...ha decidido abrir una línea de crédito para asistir a los Estados en el fortalecimiento de las instituciones judiciales (Programa de Crédito). Éste ha tomado la dirección en el desarrollo de acuerdos para asistir las ramas judiciales en la mejora de su actuación". Tal programa de crédito debe leer se correctamente como un programa clientelar de actores puntualmente reconocidos en el documento del BM como "gobernadores, jueces, la academia, empresarios, etcétera". El Banobras, un ente que desde la década de1980 gestiona los fondos del BM en el país, se perfila entonces como el caballo de Troya, desde el cual no sólo se influye políticamente y se genera el clientelismo, ahora hacia adentro del Judicial, sino que se induce a escenarios de gran corrupción o, como lo ha precisado el ex-jefe de economistas del BM, Joseph Stiglitz, de "sobornización". Todo contradictoriamente bajo la cubierta de promover la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción .

El Judicial y la sobornización y legitimización de la actuación del BM

El proceso de sobornización y legitimización de la actuación del BM y sus aliados de clase en México es altamente ambicioso, por lo que se contempla su extensión a un periodo de entre 10 a 15 años con un gasto adicional que va de los 200 a los 250 millones de dólares. En este escenario, el BM considera como instrumento estratégico el desarrollo de la capacidad de Banobras en lo que se asume como "un nuevo sector"a financiar (el Judicial), por ejemplo a través de la colaboración entre la CNTSJ y otros organismos, así como mediante el desarrollo de "un proceso de aprendizaje" impulsado desde la investigación y evaluación de experiencias desde entes como el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En otras palabras, el BM contempla la adjudicación de una importante ‘masa crítica’ de académicos y expertos que legitimen su actuación, mismos que adicionalmente se podrían vincular a través de la creación de Centros de Información y Documentación Judicial y de Oficinas de Orientación Ciudadana. Estos últimos, cuestionables tarjetas de presentación ante ciudadanía.

Los ejemplos de co-participación son numerosos. Por ejemplo, en 1999 el ITAM realizó un estudio sobre "La Administración de Justicia de las Entidades Federativas Mexicanas a Partir del Caso de la Cartera Bancaria", en 2000, otro en la "Justicia Civil y Mercantil en las Entidades Federativas" y, en 2002, uno más sobre "Indicadores de Calificación de la Administración y Justicia Local en las Entidades Federativas Mexicanas". De modo similar, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación de EUA - USAID (considerada por algunos como el brazo derecho del aparato de inteligencia de ese país), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un estudio de "Diagnóstico sobre la Administración de Justicia en las Entidades Federativas".

Asimismo, el CIDE finalizó en 2002-2003 un estudio sobre "Juicios Ejecutivos Mercantiles".

La desnacionalización del Judicial queda nítidamente develada con el rol de la USAID en el financiamiento, con unos 55 millones de dólares anuales, de, por ejemplo la "asistencia técnica" para recomendaciones de acciones que se puedan implementar sin la necesidad de reformas legislativas (sic), para el entrenamiento directo de jueces, para el financiamiento de grupos de trabajo y de mediación -lo que sea que ello signifique- con la participación activa de la American Bar Association, etcétera.

Se unen esfuerzos similares, informa el BM, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),la Agencia de Cooperación Alemana (Gtz) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

Así que, en un área tan sensible para la soberanía nacional como lo es la estructura y dinámica del poder judicial y en un momento en que EUA levanta muros fronterizos y extiende su jurisdiccionalidad políciaco-militar hacia México y Canadá por medio de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN), también Wolfowitz et al, por medio del BM y con el respaldo implícito de la mencionada ‘masa crítica’, logran una gran incidencia en una cuestión que en cualquier lugar del mundo es exclusivamente doméstica. Más grave: lo que tenemos es la presidencia imperial de EUA, por medio de Wolfowitz, impactando la balanza entre los tres poderes, a favor del Ejecutivo y en detrimento del Poder Legislativo y Judicial. Ello revigoriza la autocracia presidencial que hemos padecido por más de 70 años con el Partido Revolucionario Institucional y, ahora, como resultado del magno fraude electoral avalado por el TEPJF, con la inminente instauración de un régimen de facto panista.

El grado de injerencia metropolitana es de tal magnitud que como se ilustra en la siguiente cita, no se deja nada a la imaginación: sobrepasa en mucho el tipo de administración practicada por Europa en la época colonial. El BM en el documento aquí discutido, precisa que entre los riegos importantes a la continuidad transexenal, está el hecho de que: ...con muchas elecciones estatales pendientes, la posibilidad de cambio en la afiliación partidista en las gobernaturas es real. Los Estados mexicanos tienden hacia una dinámica de balanza de poder, al menos entre las ramas Ejecutivas y Legislativas. El sostenido apoyo, tanto a nivel Federal como Estatal,ayudaría a asegurar un soporte político a la agenda de modernización, así como a la continuidad de la misma por parte de las respectivas secretarías de finanzas.

Además, la "continuidad y compromiso con la modernización" se vería afectada por, ...victorias electorales por parte de partidos de oposición en algunos Estados [y desde luego a nivel federal!] que podrían resultar en un debilitamiento de la continuidad y compromiso con la modernización. Esto debería de mitigarse por medio del involucramiento del plenario del Tribunal Supremo en la elaboración de planes de modernización de la rama judicial de los Estados. Los magistrados y las autoridades públicas estatales también se involucrarán en la implementación del proyecto. La metodología participativa del diseño de este último igualmente debería de coadyuvar en esta dirección. Los aparatos judiciales de los Estados deben ser alentados a buscar colaboración de la Corte Federal y deben compartir actividades de conocimiento y adiestramiento. Tal colaboración ayudaría a mitigar fricciones Estatal-Federales o competencias, y promover la independencia judicial. Banobras mantendrá un diálogo continuo con los Estados" (las negritas son nuestras).

Tal "diálogo continuo", que se refleja en la compra de todo un abanico de state holders, ha resultado, entre otras cosas, en la conformación de un grupo de asesores externos del BM para la implementación exitosa de este plan de "modernización" del Judicial.

Llama la atención que éste sea integrado en buena medida por académicos de instituciones de prestigio como la UNAM. El grupo esta constituido por: Ana María Alvarado del ITESM, Cecilia Azar de la American Bar Association, José Antonio Cavallero del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, José Luis Caballero de la Iberoamericana, Hugo A. Concha del IIJ-UNAM, Angélica Cuellar de la FCPS-UNAM, Héctor Fix Fierro del IIJ-UNAM, Alfonso Fragoso de la Iberoamericana, Omar Guerrero de la FCPS -UNAM, Ana Laura Magaloni del CIDE, José Ovalle del IIJ-UNAM, Miguel Olguín (asesor del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco), Luis Pásara del CIDE, Miguel Sarre del ITAM y Guillermo Zepeda del CIDE.

La destacada participación de la UNAM quedó planteada de modo extendido en el Country Assistance Strategy 2002-2006 cuando se precisaba, ya desde ese entonces, la necesidad de establecer un "laboratorio anti-corrupción". Esa medida se materializó desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con la formal apertura del "Laboratorio de Análisis y Documentación de la Corrupción y la Transparencia",establecido "con el apoyo de una donación del BM" (http://www.corrupcion.unam.mx/).

No deja de ser paradójico que el BM, una institución percibida internacionalmente como una de las más"opacas" y con un récord deplorable de rendición de cuentas (incluyendo aspectos sobre corrupción interna), logre reclutar a grupos o personalidades de izquierda y, desde la UNAM y otras instituciones,pontifique sobre la transparencia y "mejores prácticas de combate a la corrupción". Máxime que su papel ha sido fundamental en el auspicio de la desregulación y de los programas de privatización a ultranza en México y otros países, aspectos identificados por analistas como Oscar Ugarteche y Mario DiConstanzo, como combustible principal de la ‘nueva corrupción’, la del rango de los miles de millones de dólares; es decir la ampliación exponencial de un fenómeno de tráfico de influencias de lo público a lo privado y de lo privado a lo público que además, para su funcionamiento, requiere fuertes dosis de "sobornización" avalada desde el poder.

Sería conveniente que al menos los sectores progresistas, parte de esa ‘masa crítica’ financiada por el BM, se decidieran aplicar los principios de transparencia y de rendición de cuentas con respecto a los compromisos formalizados con el BM, incluyendo las eventuales condiciones pactadas (sobre todo cuando esta de por medio el prestigio de algunas de las principales instituciones académicas del país).

También, convendría reflexionar en el sentido de que al formalizarse estos lazos con el BM et al, de manera implícita y explícita tales sectores avalan y fortalecen, desde la izquierda, la presencia y la incidencia en el país de una institución cuyos programas de "ajuste estructural" han tenido un impacto tan lacerante en nuestra población que es del orden del "democidio".

Notas:

[1] Equivalente al precio reportado por la venta de los 18 bancos privatizados por Salinas y al 58% del precio total de las 228 entidades privatizadas por ese gobierno (Del Villar, Samuel. Agravios Nacionales. Oceano. México, 2006: 79)*John Saxe-Fernández. Profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y sociales de la UNAM. Realizo estudios sobre Ciencias Políticas en Estados Unidos, donde fue profesor. Es autor de numerosos libros y artículos, como Petróleo y Estrategia, El futuro de América Latina y La compra y venta en México. En septiembre de 2000 brindo el Seminario Estados Unidos y América latina: aproximaciones estratégicas invitado por IADE-Realidad Económica.Fuente: RCCI.net / CADTM.org - 28.03.2007

El polvorín de Bush

John Saxe-Fernández

La Jornada.

México 7 de junio de 2007.

Aunque "más de lo mismo" es la receta para el desastre político-electoral del Partido Republicano en 2008, tal es el curso que siguen Bush et al en Irak y en otros renglones vitales como la desestabilización estratégica global, impulsando temerarios despliegues antibalísticos en Polonia y la República Checa, en medio de amenazas bélico-nucleares contra Irán que concitan el rechazo de la opinión pública mundial, incluyendo la polaca y checa; el sabotaje a medidas efectivas contra el cambio climático y de programas vinculantes en el marco de la ONU, en momentos en que los científicos dan la alerta y la población exige acciones fuertes. Asimismo, la designación de Robert Zoellick por parte de Bush muestra la continuidad del perfil neoconservador del Banco Mundial (BM).

Con la guerra contra Irak encabezando las encuestas en el rechazo a Bush, es curioso que el encargado de Defensa afirme que esa ocupación castrense podría prolongarse por "50 años", ¿los necesarios para que las grandes petroleras se sirvan con la cuchara grande el crudo iraquí? Esta bofetada al electorado, militarmente insostenible, ocurre cuando la Auditoría General (GAO) detecta graves anomalías en el plan de "estabilización y reconstrucción de Irak", un esquema similar a lo practicado antaño por la Oficina de Colonias del Imperio Británico: se trata de desfalcos multimillonarios de contratistas cercanos al Ejecutivo.

El papel del BM en los diseños de "estabilización y reconstrucción" es crucial. Recuérdese que Zoellick, a más de ser uno de los endosantes de la postura del Proyecto para un Nuevo Siglo Americano a favor de la unilateralidad militar en la política exterior y de las operaciones contra Irak, estuvo a cargo de negociaciones comerciales en América Latina, fue integrante de la junta directiva de Enron, campeona mundial en lo que se refiere a fraudes, artimañas contables y corrupción sin freno, habiendo tenido a su cargo, a últimas fechas, la influyente firma Goldman Sachs & Co, que, junto al Grupo Carlyle, Citygroup y Morgan Stanley están interesadas en hacer negocios con la infraestructura del TLCAN, vía mayor explotación de los trabajadores mexicanos y del petróleo, gas y agua. El BM y el BID, como es usual, dan impulso a esos intereses en México, el Caribe y Centroamérica.

En materia ambiental, el presidente de EU, primer emisor mundial de contaminantes, le apuesta al "cambio tecnológico", pretende irse por la libre y llegar a componendas en la materia al margen de la ONU y sin acuerdos vinculantes, en oposición a la postura europea en la cumbre del G-8 en Alemania, por un pacto sucesor de Kyoto que vence en 2012, para combatir el cambio climático. En esta materia y en la militar, la Casa Blanca de Bush-Cheney articula a ultranza los intereses del cabildo bélico-industrial, del petróleo y del gas, del carbón y de la máquina de combustión interna.

Por su parte, el programa de "defensa balística" de Bush desestabiliza de manera tajante y riesgosa el equilibrio estratégico global, ya que intenta restar capacidad de segunda respuesta aniquilatoria a Rusia ante un hipotético primer ataque de EU. Como lo advirtió el presidente Putin, el despliegue de interceptores y radares en Europa del este por medio de la OTAN, transforma la región en un polvorín: es algo equivalente a que Rusia, para "defender" a Estados Unidos, México, Canadá y el Caribe llenara de armas y equipos de "defensa balística" a Chihuahua, Nuevo León y Alberta. El escenario de Bush es de guerra fría: se acerca al de la crisis balística de 1962, que nos llevó al borde de una guerra general termonuclear.

Ante el acoso de Bush, Rusia adoptó respuestas intercontinentales y de alcance medio para apoyar la disuasión. Son "respuestas", no "agresiones". EU, además, está induciendo una nueva carrera armamentista que favorece a su sector bélico-industrial, con Eurasia como campo de pruebas. El asunto es muy grave, ya que se están agregando a la ecuación estratégica internacional niveles sumamente peligrosos de "incertidumbre" en contextos tan complejos y explosivos como los de 1962, dada la centralidad del Oriente Medio en materia de energía global, por el agotamiento del petróleo convencional.

Cabe mencionar, además, los jugosos contratos de la "desregulada" Agencia de Defensa Antibalística (MDA) de Estados Unidos, donde participa una treintena de las principales 500 firmas estadunidenses y algunas europeas. Es un negocio grande y opaco. Según la GAO, las prácticas de la MDA son arbitrarias, similares a las de los años 80: no están sujetas a normas de revisión y evaluación técnica independientes. Con un monto total acumulado de 107 mil millones de dólares, las irregularidades abundan en medio de tal "excepcionalidad". La "defensa antibalística" es un monumental saqueo del erario que juega con el futuro humano.

En síntesis, es como si la camarilla de Bush considerara escenarios de excepción en los que los comicios de 2008 quedarán impactados por un "11/9 plus", sometida la población a un "estado de conmoción" militarizado, previsto en la nueva Ley Marcial en vigor.

Rentismo y represión: amores que matan

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 24 de mayo de 2007.

Aunque el rentismo y la represión de la resistencia popular contra el despojo en curso son características destacadas del capitalismo del siglo XXI, en especial en su saqueada periferia, a últimas fechas este dúo registra nuevos bríos. En el marco de una mayor "imperialización" de México y Canadá, el TLCAN y la ASPAN conllevan enlazamientos económicos y de "seguridad" protagonizados por vastos esquemas infraestructurales, llamados "los corredores del TLCAN", que acarrean una depredación socioecológica sin precedentes.

El filón es enorme y la codicia mayor. Richard Vogel (Monthly Review, vol 57, núm. 9) nota que el transporte multimodal que combina el servicio terrestre, aéreo y marítimo (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etcétera) es central para una economía como la de Estados Unidos, dependiente de mercancías importadas, especialmente de Asia.

El "negocio" está tanto en los megacontratos para erigir dicha red de "corredores", desde Canadá a México, como en una explotación intensa de los precarizados trabajadores mexicanos para su construcción y manejo. Es una ofensiva del capital contra el trabajo que conlleva la homologación, a la baja del "mercado laboral" en México y Estados Unidos. El asunto no es nuevo. La privatización y extranjerización ferrocarrilera en nuestro país y su refuncionalización a la economía estadunidense acarreó despidos masivos, el desmantelamiento del contrato colectivo, una feroz expoliación de las tripulaciones y enormes costos sociales para cientos de pequeñas y medianas poblaciones despojadas del ferrocarril y la economía gestada a su alrededor.

Los efectos económico-ambientales y de clase de esos corredores son de orden mayor para la población y ecología en centenas de miles de kilómetros cuadrados. Cada corredor contiene carreteras para pasajeros de seis carriles: cuatro para camiones, seis vías férreas, además de un amplio espacio para la distribución subterránea de gas, petróleo electricidad, requiriendo también extensos cruces, puentes e intersecciones. Se estima que por cada milla (1.6 kilómetros) de corredor se necesitan derechos de vía de 146 acres (58.4 hectáreas) con un costo de construcción de 31.4 millones de dólares por milla. Todo el esquema opera bajo la socialización de costos y la privatización de beneficios, como ya se dio, con enorme dispendio público en el rescate carretero en México. Con Luis Téllez, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se detona otra vez este saqueo al erario, con un préstamo del BID de 2.5 mil millones de dólares (mmdd). Carlyle, ente cercano a Téllez, junto a Goldman Sachs & Co, Citigroup (Banamex) y Morgan Stanley le apuestan al alza de los peajes afectando los bolsillos de los de menor ingreso. "Es necesario", dice Uswe E. Reinhart de Princeton, "preguntarse si debe asignarse con criterio de clase el uso de las carreteras que solían ser consideradas un servicio público". Esto es parte de un proceso mayor de distribución regresiva del ingreso que se observa en Estados Unidos y Canadá en las últimas dos décadas, y de manera todavía más acentuada, al nivel de explosión social, en México.

En la mira de los grandes inversionistas está la explotación de los trabajadores mexicanos. Se contempla ingresar al país vecino unos 400 mil "temporales" al año bajo el principio de "trabajas y te vas". Ello porque la colosal infraestructura de transporte multimodal de esos "corredores" se posiciona, junto a la infraestructura pública de las tres naciones, como oportunidad para cuajar esquemas rentistas, súper-seguros y con alta tasa de ganancias. Una revista empresarial de Estados Unidos plantea: "Desde el año pasado los bancos y las firmas de inversión se han enamorado de la infraestructura pública. Están apasionados por los ricos flujos de efectivo que emanan del manejo de carreteras, puentes, aeropuertos, parques de estacionamiento y puertos marítimos, y las ventajas monopólicas que garantizan que esos flujos de dinero se mantengan tan seguros, como un corazón que late. Las firmas están tan enamoradas que ya están empezando a considerar a la infraestructura como toda una nueva categoría de activo.

En Estados Unidos en los pasados dos años se adjudicó infraestructura pública valorada en 7 mmdd y entre 2007-09 se prevé hacerlo por 100 mmdd. Es sólo la punta del témpano. Mark Florian, a cargo de la cartera de "infraestructura de la América del Norte", de Goldman, Sachs, reconoce que "hay un gran valor atrapado en estos activos", que incluye los servicios de agua, electricidad, gas, además de los mencionados "corredores".

La trama entre rentismo sobre la infraestructura y la represión se desarrolla en medio del uso patrimonial de la hacienda pública, del subsidio fiscal a los ricos, de topes salariales, de la incautación de la tierra y de la "desregulación" de los precios de mercancías y servicios básicos. Son amores que matan porque el muro fronterizo o el Estado policial-militar en Estados Unidos, México y Canadá no garantizan la estabilidad y certidumbre que requieren unos inversionistas que lanzan gasolina a un tanque en llamas.

Agua y seguridad nacional

John Saxe-Fernández
La Jornada
México 10 de mayo de 2007.

La "integración bélica", que incluye contingencias para la "ocupación militar" directa de México y Canadá y el estado de excepción y sus esquemas de seguridad policial, penal y judicial auspiciados por Estados Unidos con el pretexto de la "guerra antiterrorista", tiene como telón de fondo el creciente repudio de la población ante diseños que, respondiendo a los intereses empresariales de EU y los de las oligarquías subordinadas de México y Canadá, resultan social, económica y ambientalmente depredadores.

La legislación penal aprobada por el Congreso mexicano bajo impulso del "antiterrorismo" de Bush es parte de una ofensiva ante la resistencia al despojo de la tierra -Atenco-, la privatización y mercantilización de servicios vitales, educación, agua, electricidad, seguridad social, etcétera, y de toda la infraestructura de comunicaciones terrestres -supercarreteras, puentes-, marítimas, aeroportuarias y "fronterizas" y su "manejo" migratorio (muros, campos de "detención").

Con el pretexto de la "continentalización" de los recursos estratégicos impulsada por Estados Unidos por medio de complejos "corredores del TLCAN" y la "integración profunda" de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, entes tipo Goldman Sachs, Grupo Carlyle o el Banco Interamericano de Desarrollo, se interesan en la infraestructura de "los corredores de la América del Norte" incluyendo el agua, tanto la de Canadá como la del sur de México.

En Canadá docenas de grupos sindicales, sociales y ambientales advirtieron esto al dar a conocer documentos de circulación restringida del Proyecto Futuro de Norteamérica 2025, del Foro de Calgary (Louis-Gilles Francoeur, Preventing Massive Water Transfers, Le Devoir, 26/4/07), una reunión a puertas cerradas, organizada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Estados Unidos con el Conference Board de Canadá y el Centro de Investigación y Docencia Económica de México.

Bajo el renglón de "El futuro medioambiental de América del Norte", se abordaron el "consumo de agua", "las transferencias de agua" y el "desvío humano" (human deflection) de grandes cantidades del vital líquido. Objetivo: impulsar "el manejo óptimo acordado del agua disponible" de "Norteamérica". Los ambientalistas recuerdan que, según el TLCAN, "el agua se convierte en un bien comercial tan pronto sea objeto, aunque sea por una sola vez, de una transacción financiera entre interesados de diferentes países. Después de eso, ningún gobierno será capaz de regularla de nuevo sin que se le acuse formalmente de obstaculizar el libre comercio". En los últimos años varios especialistas han confirmado que el gobierno de Canadá perdería su jurisdicción sobre el manejo de su agua a favor de empresas que van a explotar comercialmente el recurso.

Gian Carlo Delgado, en su preciso y actual libro Agua y seguridad nacional (Arena, 2005), al analizar ambiciosos esquemas, como por ejemplo la Alianza Norteamericana de Agua y Energía (NAWAPA), preparado por la empresa de ingeniería Ralph M. Parsons, (pp 95-121), llamó la atención sobre indicios de que Estados Unidos, ante una aguda crisis de agua, se preparaba para lanzarse sobre los recursos acuíferos de Canadá, como indicaba el mismo hecho de que el gobierno canadiense cedió a la presión estadunidense cuando no excluyó del TLCAN las ventas de agua en grandes cantidades.

El esquema, en su totalidad, afecta a México por la "geopolítica hídrica" que despliega Estados Unidos del Bravo hasta América Central, analizada por Delgado y también porque los tres gobiernos tratan de usar el Foro del CSIS como plataforma para la elaboración de un gran diseño (master plan) que sirva de guía para "la infraestructura fronteriza y los sistemas de logística", relacionados, además del agua, "con la movilidad laboral, la energía, el medio ambiente, la seguridad y la competitividad". La idea es que el informe resultante del Foro sea revisado dos veces por los tres gobiernos antes de ser oficialmente "legalizado" con miras a definir e impactar las políticas en esos rubros, sin ninguna discusión pública o participación de la sociedad. Tanto lo que respecta al agua como a su compleja relación e infraestructura transfronteriza, el asunto no es nuevo ni menor. Según Parsons, su proyecto -un magno negocio sobre una vasta infraestructura o "corredor", con un costo estimado en la década de 1970 en 130 mil millones de dólares- ofrecería a Estados Unidos "unos 100 años de abastecimiento de agua y cerca de 223 mil 500 kilómetros cuadrados de tierras irrigadas que conformarían un cinturón agrícola de Canadá al norte de México", permitiendo "una ampliación del cinturón cerealero-algodonero-del centro-este y sureste de EU" (p109-110), tema nodal de política internacional.

Ya se advierten huellas de operaciones "especiales" para justificar "otro recorte territorial" del país. Desde 1994 un Briefing Paper del Pentágono liberado por la Ley de Información, dice que "sería concebible que el desplazamiento de tropas de Estados Unidos a México fuera visto favorablemente si el gobierno mexicano tuviera que enfrentar la amenaza de ser derrocado como resultado de un caos económico y social amplio".

Agenda secreta: anexión y ocupación

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 26 de abril de 2007.

Cuando se dio a conocer la información y luego la advertencia de Jaime Avilés sobre la intención de la diputación del PAN de derogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País, promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas el 10 de noviembre de 1939 (La Jornada, 21/4/04), recién concluía el coloquio Estado de excepción: EU, México, Canadá, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ahí Michel Chossudovsky, de la Universidad de Ottawa, ofreció detalles de los esquemas de seguridad de la llamada "integración profunda de la América del Norte", que parece estar en la base de la iniciativa de los neopolkos del PAN. Es un diseño impulsado por el Foreign Relations Council (alto cabildo empresarial-bancario) y el aparato de seguridad de EU, discutido del 12 al 14 de septiembre de 2006 en una junta secreta realizada en Banff, Alberta, con el concurso de gestores empresariales, funcionarios civiles y militares y académicos de los tres países.

A pesar del sigilo, se filtraron documentos que permitieron a la prensa ofrecer algunos detalles (www.globalresearch.ca), entre ellos una lista de los asistentes y una síntesis de los "Asuntos de seguridad", en que se sintetiza "el mapa de ruta post westfaliano" que Washington ha trazado para México y Canadá por medio de la Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la América del Norte (ASPAN), un dispositivo puesto en marcha por Bush sin aprobación legislativa y refrendado por Paul Martin, entonces primer ministro de Canadá, y Vicente Fox, en Waco, Texas, en marzo de 2005.

Como su derechista contraparte mexicana, el gobierno canadiense de Stephen Harper es adicto a Bush. Su agenda policial-militar-judicial-penal se encamina no sólo a la adopción de medidas similares a las del "Estado de excepción" de EU (Ley Patriota, de Comisiones Militares, Ley Marcial, etcétera), sino también a profundizar, en su país, la proyección de poder militar estadunidense (aéreo, marítimo y terrestre), incluyendo a las fuerzas especiales, por medio de mecanismos como el Comando Norte, establecido en 2002, y el comando aéreo (NORAD), en existencia desde la guerra fría con programas de "asistencia militar" y ejercicios conjuntos. Es un desborde castrense de Estados Unidos, que deroga, mediante la "desnacionalización" de los instrumentos para el ejercicio de la violencia legítima, la jurisdicción de los estados-nación mexicano y canadiense. Se realiza, paso a paso, bajo el concepto -y proceso- "post wesfaliano", de una "integración profunda", un eufemismo de ocupación y/o anexión que aniquila la noción de igualdad jurídica de los estados, a favor de Estados Unidos.

Bajo el pretexto de que la "guerra antiterrorista" también incluye la confrontación con entes "no-estatales", en Banff se planteó que "las amenazas que enfrentan la región estadunidense y la comunidad internacional son trasnacionales y no necesariamente calzan en el modelo clásico wesfaliano de confrontación Estado-Estado". Como a lo largo de 359 años han sido frecuentes las amenazas "no convencionales" (guerras de guerrillas, de liberación nacional, o la misma guerra de Vietnam) llama la atención esta mención, en código, del fundamentalismo "neoconservador" de EU, hostil al derecho internacional y que evoca la normatividad, elaborada desde la Paz de Wesfalia (1648), hasta nuestros días, base de la concepción de derecho internacional de igualdad jurídica entre estados soberanos. Algo de importancia mayor porque ése es el marco constitucional de la política exterior y de la Ley de Neutralidad de 1939, vital hoy para la integridad territorial de México, justo cuando EU está en estado formal de "beligerancia". Con la abrogación de esa ley se induciría la participación de México, como peón de EU, en la guerra antiterrorista que emanó del 11-9 y nos coloca como blanco de ataque. La riesgosa "derogación" se hace en el contexto inconstitucional de la ASPAN. El sesgo desleal y neopolkista es inocultable. También la intención imperialista: para Estados Unidos, en "las Américas", la "jurisdicción" de la doctrina Monroe está por encima del derecho internacional. De aquí que sea la ASPAN, un instrumento de "excepción" estatal-empresarial -por estar al margen del derecho constitucional de los tres países-, la plataforma para plantear las amenazas estatales y no estatales, por la vía de una "profunda cooperación" de las fuerzas de proyección de poder militar, que William Perry llamó "el tercer vínculo", entre los firmantes del TLCAN, ampliando el "perímetro de seguridad" de Estados Unidos, de Alaska al Suchiate.

Si las asimetrías económicas entre Estados Unidos y sus dos vecinos son profundas, en la esfera militar lo son de varios órdenes de magnitud. Ni una inconcebible amnesia histórica (¿remember 1848?) podría ocultar a Calderón y sus neopolkos los riesgos territoriales de esta iniciativa traidora a la soberanía y seguridad nacional: anular la Ley de Neutralidad facilita la proliferación de bases militares, la ocupación imperial del espacio marítimo, terrestre y aéreo de México, y el uso de nuestra población como carne de cañón en aventuras intervencionistas.

BM-UNAM: dos para el tango

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 12 de abril de 2007.

"Son inaceptables los niveles de pobreza en México", afirmó desde la Facultad de Economía (FE) de la UNAM Daniel Boyce, del Banco Mundial (BM) (La Jornada, 31/3/07, p. 22). La admonición refleja un Alzheimer institucional que olvida los traumas gestados por los programas de ajuste estructural y de "modernización económica" del BM en invariable beneficio de intereses oligárquico-imperiales, que están en la base del crecimiento inusitado de la pobreza entre campesinos, obreros y clases medias.

Bajo la presidencia de Paul Wolfowitz, uno de los responsables de la masacre en Irak, colocado ahí por Bush, el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) siguen operando como instrumentos de poder de facto de la Casa Blanca. Para ello se usan empréstitos altamente condicionados que detonan las privatizaciones, fomentan clientelas dentro y fuera del gobierno, y de hecho estimulan la gran corrupción. Joseph Stiglitz, ex jefe de economistas del BM, los califica como crudos medios de "sobornización". Tal es el caso de la privatización agraria salinista, que, como reconocen funcionarios de Estados Unidos, tuvo -y tiene- "efectos catastróficos" sobre la economía familiar de millones de campesinos e indígenas, y gestó la peor crisis desde la Revolución de 1910, que empeorará en 2008, con la apertura total a las importaciones de granos, maíz, frijol, considerada en el TLCAN.

Ni los funcionarios de la FE que le ofrecen a Boyce el foro para dirigirse a la opinión pública (desde la Feria del Desarrollo 2007, Jóvenes por un México sin pobreza, que recibió un donativo de 100 mil dólares del BM y de otros entes como Coca-Cola, para premiar "estudios sobre el combate a la pobreza") y mucho menos los estudiantes deben olvidar que el BM fomenta mecanismos para "llevar a un punto de venta" los principales activos de la nación; traspasar empresas domésticas o extranjeras recursos esenciales, la biodiversidad y el agua entre ellos; inducir la desindustrialización y hegemonizar el mismo sistema de educación y de investigación y desarrollo.

Llama la atención el espaldarazo de la FE, sobre todo cuando el BM auspicia la "mercantilización" de la educación superior, a la que concibe como "como un bien privado y no público". Su agenda para la docencia y la investigación universitarias se centra en la privatización, la desregulación y la "orientación por el mercado", es decir, en su "alineación de clase" con intereses empresariales, tipo Coca-Cola o Bimbo.

Como el diseño y designio para la UNAM es un despojo en ciernes que incluyó en el pasado cercano el incremento de las colegiaturas y trató de inducir desmembramientos y privatizaciones de funciones varias -espectáculos, servicios médicos, etcétera-, el estudiantado estalló una larga huelga. Ahora, el BM, sabedor de que "para bailar el tango se necesitan dos", trata de incidir en la política universitaria, por ejemplo en la sucesión rectoral, para superar tal resistencia desde "dentro", tejiendo clientelas, o como diría Stiglitz, "sobornizando" a quien se deje.

En la fabricación de influencia dentro de la UNAM el BM es auxiliado por el FMI a través de Hacienda, por medio de recortes a los presupuestos universitarios. Hacienda también "negocia" los préstamos con el BM o el BID -edificios, laboratorios, etcétera- ("contagiando" con la condicionalidad de esos organismos porciones importantes del presupuesto universitario) de ahí que Carstens sea un peón clave para "inducir" reformas (un eufemismo porque enfrentamos una gran regresión). Para ello, además, se finiquita la "presupuestación negociada" en la que el gobierno financia a las universidades públicas sobre la bse de criterios como la matrícula y la excelencia en investigación, docencia y extensión universitaria, y se privilegia la "presupuestación por rendimiento" en la que, dice el BM, "cualquier financiamiento público que permanezca debe estar atado a la obtención de resultados comprobables basados en indicadores de resultados determinados por el consumidor". De esta manera "los administradores de las instituciones serán obligados a tomar las decisiones que hasta ahora han estado evadiendo", como "reasignar los recursos en respuesta a las necesidades de los clientes y los consumidores".
Esta es una ofensiva contra la universidad como concepto surgido en Europa y en el mundo, vértice de humanismo e indagación desinteresada, centrada en la libertad de cátedra y de investigación con una tradición de siglos. Es una embestida documentada y sintetizada en el poder de evaluación que le concede el BM a "las fuerzas del mercado". Así, dicen sus tecnócratas que ahora nos pontifican ya sea sobre pobreza desde la FE, o sobre "transparencia" desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, "las instituciones serán obligadas a construir la diferenciación, terminando con la repetición isomórfica de la tradicional universidad clásica basada en la investigación".

Es un "tango" que hace trizas la "autonomía", le arrebata el futuro y el alma a nuestra juventud e hipoteca el futuro nacional.