México, colonizado en tecnología

Fortuna, negocios y finanzas.
México, octubre de 2006. pp. 60-63.
Nydia Egremy

El modelo de desarrollo económico de México, que fue estructurado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), rezagó el avance de la ciencia y la tecnología a un nivel colonial. La dependencia tecnológica de México se consolidó cuando el Estado abandonó su misión educadora y permitió -con auxilio del empresariado local- el desmantelamiento de la producción nacional en beneficio de las multinacionales, analizan los especialistas en Economía John Saxe Fernández y Gian Carlo Delgado, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Para ilustrar el atraso científico-tecnológico de México basta observar el registro de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tan sólo entre 1997 y 2005, cuando Brasil patentó 221 productos, México registró apenas 104. En contraste, Corea del Sur -una nación sin recursos naturales- patentó 4 mil 747 productos y China exhibió el más alto crecimiento mundial al pasar de 784 patentes en 2000 a 2 mil 452 en 2005.Mientras esos países -antaño subdesarrollados- asimilan tecnología como su prioridad, México carece de una política científica vigorosa y comprometida. Así lo destacó en un mensaje público el 21 de septiembre el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, quien advirtió que sin un mayor impulso a la ciencia y la tecnología “es improbable” que en los próximos años México se incorpore a cabalidad al concierto internacional de la competitividad, el empleo y la productividad.

Gian Carlo Delgado, investigador del programa El Mundo en el Siglo XXI y autor, entre otros, del estudio “Las nanotecnologías; promesas e incertidumbres”, precisó que el éxito de China, Japón y Brasil obedece a la existencia de una “red industrial” a partir de una estructura triangular científico-tecnológica-industrial, en donde el Estado-nación, los centros de producción del conocimiento y el empresariado, operan en sinergia, es decir, actúan con dos o más fuerzas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.“Al conectarse el Estado-nación, las multinacionales y actores, como universidades, lobbies y think thanks (centros de pensamiento), se da esa sinergia que caracteriza a las redes industriales de investigación de Europa y Estados Unidos. En cambio, los países que carecen de uno de estos polos o que han sido reemplazados por actores extranjeros, como el caso de México, no logran desarrollarse”, destaca Delgado.

Por esa razón China ha sido exitosa, pues impulsó su Plan Científico-Tecnológico de 1980, conforme con ese sistema triangular y lo planteó para 20 años. La potencia asiática se propuso que en dos décadas, al menos cinco de sus empresas figuraran en la lista de la revista Forbes y ahora 100 industrias chinas aparecen entre las 500 más importantes del mundo. Para alcanzar ese objetivo, el Estado otorgó subsidios y apoyos de manera dramática para la investigación y desarrollo de tecnologías. “Ahí están funcionando el Estado y el empresariado que también se interesa en el desarrollo científico-tecnológico para obtener repercusiones económicas internas”, agrega Delgado Ramos.

En este rubro, René Drucker Colín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, coincide con sus colegas y afirma: “la ciencia es la principal palanca de desarrollo para la nación, si se difunde adecuada y constantemente, genera en la población constante información para que comprenda mejor su entorno. Una sociedad más informada, puede emitir opiniones informadas y eso hace que la sociedad sea más democrática”. Drucker Colín estima que el Estado mexicano debe fomentar incentivos fiscales para que las empresas desarrollen tecnología. En cambio, el gobierno saliente destinó la mayor parte de esos estímulos a empresas trasnacionales que no invierten en investigación y desarrollo. Advierte el neurocientífico: “en este siglo XXI, denominado ‘del conocimiento’, sólo dominarán la economía las sociedades que generen el mayor conocimiento, pero este sexenio reprobó en ciencia y tecnología; su visión miope y poco nacionalista redujo el presupuesto para esas disciplinas”.Drucker señala que: “el próximo sexenio será el último posible para salvar el atraso de México en ciencia y tecnología, porque para 2012 o 2015, si no le entramos en serio, no se podrá zanjar el abismo entre los países desarrollados, y nosotros ya vamos muy atrasados: México no produce nada, absolutamente nada de nada, no hay un solo insumo para la ciencia o cualquier otra actividad hecha en México”.

Subordinación tecnológica

Evaluar qué inversión extranjera en alta tecnología ingresa en el país es un criterio que evita la dependencia, sostienen los entrevistados, quienes contrastan la nula selección desde el gobierno mexicano en los acuerdos de cooperación tecnológica que ha suscrito con países desarrollados. Es interesante observar cómo ha operado la República Popular China, que hace 50 años salía del feudalismo económico y hoy asimila tecnología aeroespacial para producir satélites. Con esa óptica, los científicos chinos se integraron al sistema satelital europeo Galileo –contraparte del estadounidense GPS, pero superior en vanguardia tecnológica– para asimilar ese conocimiento y lanzar su propio satélite regional. Esa visión llevó a China a poseer el 10 por ciento de la industria aeroespacial y ya compite con Airbus y Boeing. En la misma lógica, la nación asiática adquirió la división de cómputo de IBM, para controlar toda la cadena productiva de esa rama. Además, China realiza investigación avanzada en nanotecnología y biotecnología que asimiló de Estados Unidos y Europa. Forma sus cuadros en el extranjero y una vez poseedores de ese capital tecnológico, abre centros de investigación o parques tecnológicos propios. Ahí el Estado se apega a su ambicioso Plan Nacional de Tecnología, “en una lógica de red industrial como hacen los países desarrollados y que no es el caso de la mayoría de los países de la periferia, como México”, apunta Gian Carlo Delgado.

John Saxe Fernández, académico e investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, subraya el abismo tecnológico entre México y China o Brasil mismo. “Ahí ya se producen satélites en cooperación con China y para preparar a sus propios cuadros. Los mexicanos, en cambio, tenemos una gran oficina donde un burócrata firma el cheque para la NASA que hace los satélites. Sí hay un contraste”. Mientras que el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, siguió lineamientos estadounidenses y desreguló la economía y la inversión extranjera, Estados Unidos hizo lo contrario al aumentar la regulación sobre tecnología porque así mantiene su ventaja en la competencia intercapitalista. Allá, los senadores Exxon y Florio modificaron la Ley de Inversiones para que los extranjeros no accedieran a su alta tecnología. Aquí, por indicaciones de ellos mismos, se desmanteló incluso nuestra capacidad de desarrollo científico en alta tecnología, explica el catedrático.“Siendo el nuestro, un país petrolero y teniendo centros de vanguardia como el Instituto Mexicano del Petróleo, lo desnacionalizamos y reducimos su presupuesto a favor de especialistas extranjeros que nos dicen cómo trabajar. Ni en China ni en Corea del Sur ni en Japón es posible eso, incluso Taiwán, cuando compró aviones a Estados Unidos, le exigió montar ahí la fábrica, porque su intención es asimilar esa tecnología”, estiman Delgado y Saxe-Fernández.

Nanotecnología ¿para qué?

Aunque la UNAM figura como uno de los principales entes que publican en nanociencia y es fuerte en número de investigadores, está comprando el dilema de la nanotecnología cuando no va a tener ninguna oportunidad para estar a la vanguardia, pues sólo se desarrolla con empresas extranjeras y a través de alquilar o rentar horas de uso de ciclotrones a Estados Unidos. Así, la investigación en ese rubro estará subordinada a la superpotencia, señala Gian Carlo Delgado.

Otros centros que investigan en nanotecnología –la manipulación de la materia a escala nanométrica, es decir, a la mil millonésima de metro o el mundo de los átomos y las moléculas– son el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otros centros, como el de Investigaciones de Materiales de San Luis Potosí y otro más en Guanajuato. Nuestro país canalizó su investigación en esta novedosa disciplina por medio de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, una organización gubernamental en la que participan Conacyt, los laboratorios Sandia –que hacen investigación militar para el Pentágono en Estados Unidos– en sistemas nanomecánicos (chips micrométricos que usan partes o dispositivos nanométricos) y México entra a la cola de esta investigación. En ese caso, hay acuerdos ya con la Universidad de Texas, en Arlington, y la UNAM, otros con el Centro de Diseño Microelectrónico de Sony de San Antonio, Texas, y empresas de software especializadas en sistemas micromecánicas. También hay cooperación entre el Centro Nacional de Nanotecnología y Estudios Avanzados de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Texas. Otro caso es el de la Universidad de Guanajuato con la Universidad de Texas, en Dallas, para investigaciones de Nanotecnología y un tercer caso que prevé el establecimiento de un laboratorio binacional con Estados Unidos entre el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados de Chihuahua y la Universidad de Texas. Los acuerdos con la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, conforman un patrón, señala Delgado Ramos, pues coincide con el lanzamiento, en los años 90, del plan denominado “Latin Chip”, un programa de Motorola que impulsa, “filantrópicamente”, el llevar la tecnología de punta a los países periféricos para que empiecen a desarrollar.“En este esquema, la periferia proveerá la fuerza de trabajo, para que aprendan en laboratorios estadounidenses donde se fabrican los chips, y las universidades mexicanas o latinoamericanas llevan a sus investigadores e ingenieros para fabricar los chips que quiere Estados Unidos.

“Es maquila de alta tecnología –puntualiza el profesor Saxe Fernández–, mucho atole”. Gian Carlo Delgado sintetiza: “es hacer la talacha”. En este caso, México carece de un programa de desarrollo de alta tecnología, como el que sí posee Estados Unidos. Precisamente fue el presidente George W. Bush, quien impulsó la iniciativa desde los años noventa y formó un equipo que ahora lo asesora y también al Legislativo, como una forma particular de cabildeo de las empresas que manejan la nanotecnología. “Para ellos es una cuestión de seguridad nacional, producen nanoestructuras, nanodispositivos y nanosistemas que pueden usarse en armas sofisticadas y novedosas, tratamientos terapéuticos, cosméticos y textiles, entre otros. Para Gian Carlo Delgado y John Saxe-Fernández, el dilema radica en tener una agenda científico-tecnológica con profunda vinculación hacia la economía, para beneficiar a la nación y a su gente. En última instancia, preguntan, para qué desarrollar esa tecnología de punta, cuando el grueso de los problemas de México se resuelve, por decirlo de manera burda, con la bicicleta.

BM y las lumpenburguesías

En su investigación sobre el impacto de diseño del Banco Mundial (BM) en la educación superior y los programas de ciencia y tecnología de México, Gian Carlo Delgado afirma que “el ‘casamiento' entre las corporaciones multinacionales y las universidades, la intensificación de la fuga de cerebros, y el nivel de dependencia tecnológica de las naciones del Sur, constituyen el reflejo del papel crucial del BM en el proceso de la privatización de la educación pública”.

Para Saxe Fernández, autor del libro La compraventa de México, es grave que el BM plantee que la educación superior es una mercancía más que un derecho, y que parte de su misión es interrumpir la reproducción isomórfica de la universidad, fundada en la libertad de cátedra y de investigación. “Sabemos que los países con mayor avance tecnológico cubren la gama completa del conocimiento: desde las ciencias duras hasta las humanidades. Pero en los nuestros, se trata de funcionalizar la educación a los requerimientos mercantiles de las multinacionales. Así, difícilmente se puede desarrollar un país”. El origen del atraso tecnológico de México, explica el académico, es la falta de estímulo gubernamental a la educación y al abandono tecnológico de los empresarios, “que en parte obedece a la orientación histórica de las ‘burguesías compradoras' -como las llama Theotonio dos Santos–, o ‘lumpenburguesías' latinoamericanas –como las denomina despectivamente Günter Frank–. Otra causa del atraso obedece al control externo sobre el manejo de la ciencia y la tecnología en nuestros países”. El empresariado mexicano no piensa que al barco nacional hay que mantenerlo a flote y en buenas condiciones. Ellos ponen el barco a la venta o en subasta, y si se hunde tienen yates de lujo donde refugiarse, ése es un comportamiento de oligarcas, sostiene Saxe-Fernández. Agrega que el FMI y el BM son los principales instrumentos de sobornización del que se valen los grupos de interés y el gobierno para desmantelar de sus recursos a la nación. “Se meten prácticamente en todo: agua, biotecnología, privatización de ferrocarriles, electricidad, petróleo, todo”.

Gian Carlo Delgado asegura que lo que caracteriza a la oligarquía mexicana –en general a la latinoamericana– es su alto grado de sobornización.

http://revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2006/octubre/htm
/mexico_colonizado.htm

EU: guerra a la Constitución

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 12 de octubre de 2006.

Usar los ataques del 11-9 al estilo nacionalsocialista, como "una máquina para la fabricación de poder", en favor de la Presidencia Imperial, ha caracterizado el comportamiento de lo que Paul O'Neill, ex secretario del Tesoro, calificó como la camarilla de George W. Bush y Richard Cheney.

Durante los primeros nueve meses del arribo de Bush y Cheney a la Casa Blanca, en enero de 2001, al tiempo que negaban recursos presupuestales y desatendían sistemáticamente las propuestas y solicitudes de audiencia de Richard Clarke -el zar antiterrorista nombrado por Clinton, confirmado en su cargo por Bush para el refuerzo de la campaña contra Al Qaeda dentro de Estados Unidos-, los integrantes del gabinete, incluyendo a Rumsfeld, Wolfowitz -hoy flamante presidente del Banco Mundial-, Richard Armitage, John Ashcroft, John Bolton y Condoleezza Rice, entre otros, estuvieron a la expectativa, en aparente espera, según un documento de 2000 del Project for a new american century (textual), "a que ocurriera algún evento catastrófico y catalizador -como un nuevo Pearl Harbor"- que movilizara al público y les permitiese poner en marcha sus teorías y planes. El 11-9, como se indica en Terror e imperio (México, Arena 2006, pp. 227-228) fue, precisamente, lo que estaban buscando. Pocos días después de los ataques que segaron la vida a más de 3 mil personas, Rice convocó al Consejo de Seguridad Nacional para asegurarse de que el 11-9 fuera explotado políticamente y, según Chalmers Johnson (The sorrows of empire, New York, Metropolitan, 2004), solicitó -palabras exactas: "pensar sobre cómo sacar provecho de estas oportunidades para modificar de manera fundamental la doctrina estadunidense e impactar así en el mundo, a raíz del 11 de septiembre".

Luego Rice agregó: "... realmente pienso que este periodo es similar al comprendido entre 1945 y 1947", refiriéndose a los años cuando el miedo y la paranoia impulsaron a Estados Unidos a su guerra fría con la URSS.

Aunque la recomendación de Rice, entonces consejera de Seguridad Nacional y hoy secretaria de Estado, no deja nada a la imaginación, debo aclarar que las acciones realizadas por la Casa Blanca indican que la intención de "modificar de manera fundamental la doctrina estadunidense" se expresó en metódicas maniobras para neutralizar la norma constitucional y de derecho internacional. La meta del fundamentalismo golpista neoconservador se centró en realizar operaciones, como el espionaje electrónico-telefónico de la Agencia de Seguridad Nacional, sin autorización judicial para vulnerar (ex profeso) la ley de 1978 que estableció la Corte de Vigilancia de Inteligencia Exterior, diseñada para frenar abusos presidenciales, como el espionaje contra opositores realizado por Nixon, o en la abierta violación de la Convención de Ginebra y del hábeas corpus, de las leyes federales y del Código Militar, por medio de tribunales militares secretos, en la prisión de Guantánamo y en la vasta red de campos de detención donde se practica la tortura. Todos ellos son procedimientos encaminados a instaurar un nuevo orden legal y de derecho internacional (un Estado de excepción), que sustituya normas nacionales, como la Ley Federal sobre Crímenes de Guerra, de 1996, que conlleva la pena de muerte para cualquier oficial, civil o militar que la viole, o bien las del derecho penal internacional, como las derivadas de los juicios de Nuremberg. En corto, y siguiendo la tradición sentada por Hitler e ideólogos nacionalsocialistas, entre ellos Carl Schmitt, la meta ha sido instaurar un "Estado de excepción" por medio de "un nuevo paradigma", como acaba de elucidar Jane Mayer desde un bien informado trabajo (The Hidden Power, The New Yorker, July 3, 2006, pp. 44-55), que ahora arroja luz sobre las muy graves implicaciones de la reciente aprobación de la mayoría republicana de la legislación que condona la tortura y los fundamentos del Estado de excepción. Es un golpe al estado de derecho por parte de quienes, a decir de Scout Horton, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia, de Nueva York, "... intentan derrocar dos siglos de jurisprudencia que define los límites de la rama ejecutiva".

Mayer indica que ha sido David S. Addington, el jefe del staff y asesor legal del vicepresidente Richard Cheney quien, a decir de fuentes tan notorias como el ex secretario de Estado Colin Powel y Lawrence Wilkerson, su principal consejero, encabezó la campaña por la legalización de la tortura.

Desde sus tiempos como colaborador de Cheney en el Pentágono, Addington mostró gran interés en los procedimientos legales requeridos para la sucesión presidencial en caso de declararse un "estado de emergencia", por ejemplo, si ocurriera un ataque nuclear o biológico. Es significativo, en el contexto del 11-9, señalar que Rumsfeld, Cheney y Addington se inclinan por una presidencia inconstitucional, sin contrapesos judiciales y legislativos, dedicando gran brío e interés en las operaciones encubiertas en ultramar y "dentro" de Estados Unidos.

Represión y sobornización colonial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 28 de septiembre de 2006.

En medio de las dudas generadas por las anomalías del proceso comicial de 2006, con un "presidente electo" por obra y gracia de un Poder Judicial que no osa asumirse como tal ante un Ejecutivo electoralmente delincuencial, la busca y el afán de Calderón de asegurar fuentes internas y externas de "legitimación", acentúan los riesgos para la resistencia civil pacífica, para la vigencia del estado de derecho, las libertades y garantías ciudadanas, y para la soberanía nacional.

En el ámbito interno, a juzgar por la "paramilitarización" del conflicto en Oaxaca, su falta de solución política y acudir a la represión azuzarían el autoritarismo de sectores del panismo y de los poderes fácticos, que no verían mal recurrir cada vez más a medidas de excepción.

En torno a la escena "externa", se identifican al menos dos pivotes del continuismo neoconservador a) la persistencia y profundización de la administración de corte colonial del país, presente desde 1982 por medio del FMI-Banco Mundial (BM)-BID, conllevando una ampliación de las "reformas estructurales" para consumar -y legalizar- la entrega a las petroleras y a la oligarquía del complejo petroeléctrico de la nación; y b) la continuidad en la lesiva capitulación foxista de la jurisdicción territorial de México ante EU, mediante mecanismos de facto del Poder Ejecutivo y empresarial de ese país, como la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN).

En áreas tan vitales como el diseño de la educación superior y el manejo y orientación de la ciencia y la tecnología ha sido acreditada la insólita injerencia del BM: documentación oficial al respecto fue analizada por Gian Delgado, del Ceiich-UNAM, en una mesa de análisis sobre "el sexenio de Fox y su continuismo con Calderón", que se realizó el 13 de septiembre en el Centro Benemérito de las Américas, de la delegación Coyoacán (La Jornada, 20/9/06, p.1). La acción del BM en virtualmente todos los ámbitos del quehacer nacional -salud, agro, administración pública, vivienda, infraestructura, y privatizaciones de ferrocarriles, petróleo, electricidad, agua, biodiversidad- se realiza a través de préstamos usados para comprar influencia. Reconocida por Joseph Stiglitz, ex economista del BM, como una política de sobornización, aquí impacta el proceso de toma de decisiones económicas, administrativas y político-judiciales.

Es preciso insistir que el BM no es una simple "institución financiera internacional" o "multilateral" dedicada a fomentar el desarrollo. Se trata de una instrumento de Estado y de clase, porque articula los intereses de las multinacionales y sus socios locales y, además, porque está ampliamente dominado por la Casa Blanca, hoy por medio de Paul Wolfowitz, uno de los principales responsables, con Bush y Rumsfeld, de la genocida petroguerra desatada contra la población iraquí y del corrupto programa de "reconstrucción y estabilización". Por ello, es imperativo indagar el impacto del BM en nuestro Poder Judicial en todas sus funciones, incluyendo la electoral, especialmente en el proceso de "restructuración" del IFE y en la modernización del tribunal electoral del Distrito Federal. Y es que inquieta que se someta el manejo del Judicial a operaciones transexenales, adjudicadas como parte del programa "anticorrupción y de transparencia", incluidos en la Country Assistance Strategy del BM. Como muestra un botón: uno de estos préstamos por 30mdd, para "la modernización judicial-estatal de apoyo al acceso a la justicia", del 4 de junio de 2004, cubre de 2005 a 2009 y lo realiza el BM por medio de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banobras. Los planes de modernización en marcha incluyen los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuaha, Colima, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Sonora y el estado de México. Así que, en un área tan sensible para la soberanía nacional como es la estructura y dinámica del Poder Judicial, también Wolfowitz et al, por conducto del BM, meten mano. Lo delicado del tema se percibe mejor si se contempla que, por medio de la ASPAN Bush y las multinacionales propician la "integración" no sólo del sector "energético", sino también policial-militar y judicial. El estado de excepción instaurado en EU con la Ley Patriota se implanta de manera casi silenciosa en México y Canadá, usando la ASPAN como catapulta y disfraz, y a través de los artilugios que se emplearían, como se advirtió en el Senado "en caso de contingencias altamente riesgosas", generadas a partir de hechos como "la perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en serio peligro", por lo que sería "imperativo suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que impidan hacer frente a la situación rápida y fácilmente".Tal sometimiento y sobornización del Judicial es ya, después de la legalización del fraude electoral, una grave amenaza a la soberanía y la paz social.

Fox: sembrar impunidad y encono

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 14 de septiembre de 2006.

Al parecer Fox no considera suficiente haber sido señalado como fuente principal de las ''irregularidades'' del proceso electoral, y va por más. Como en el caso de la ilegal intervención de la iniciativa privada, las anomalías fueron mencionadas, pero nunca sancionadas por un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) políticamente imprudente y constitucionalmente insolvente.

El aval del Tribunal a la impunidad en el proceso electoral tiene como telón de fondo la gran corrupción perpetrada contra la hacienda pública mexicana durante los últimos sexenios, incluyendo el que fenece. Los criminales de cuello blanco no quieren dejar de ser los policías de su propia conducta, ni en Pemex-CFE ni en el caso IPAB-Fobaproa.

La corrupción electoral perpetrada por Fox et al, se debe a la necesidad de mantener la garantía de la impunidad, arriesgando como nunca antes la paz social y la vida de millones.

La aversión de Fox a Andrés Manuel López Obrador no es sólo psicológica: tiene como fondo el compromiso del tabasqueño con el electorado a abrir la cloaca del Fobaproa-IPAB y mantener el patrimonio petrolero y eléctrico, se genera por el temor que produce su amplia aceptación en el electorado, y adquiere peculiaridades que sólo el sillón psicoanalítico, junto con una necesaria y amplia auditoría de las operaciones interestatales (fundamentalmente con Estados Unidos) y empresariales del sexenio podrían elucidar cabalmente.

El tráfico de personas y de influencias de lo público a lo privado y viceversa, se expresa en un modus operandi más de corte gansteril que de un Estado soberano. La legalización del robo en las urnas se sustenta en la necesidad de mantener el poder a como dé lugar para seguir sustentando la legalización del robo a secas, por medio de, entre otros mecanismos, las consabidas ''reformas estructurales''.

Samuel del Villar no nos deja olvidar (Agravios nacionales, Océano,2006), que Martín Werner, el subsecretario de Hacienda de Zedillo, cuando Guillermo Ortiz era secretario, firmó el aval de los pagarés que documentaron la deuda del Fobaproa por la compra de la cartera de los bancos, y que una vez que el IPAB asumió sus deudas y su cartera, Werner se pasó a Goldman Sachs de Nueva York, ''una de las casas que se distinguió por comprar a un ínfimo valor la cartera documentada por él mismo como subsecretario'' (p.78). Y Jonathan Davis, designado durante este gobierno como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fue tesorero de la Federación con Zedillo y junto a Werner, ''y con la misma ilicitud'' firmó el aval de los pagarés por los que el Fobaproa asumió la deuda de los banqueros de Salinas. El lugar clave para tapar la corrupción de la función bancaria y asegurar la impunidad es precisamente la CNBV, la institución encargada de investigarla, corregirla y sancionarla''.

El pánico mostrado por Fox ante el ascenso de AMLO tiene múltiples ''razones'', entre las más destacadas: la sumisión de su gobierno ante Francisco Gil Díaz para inflar la deuda y los pagos del Fobaproa-IPAB a los bancos y al Banamex de Roberto Hernández, en particular, pasándolos de 3 millardos de dólares -el precio inflado de su privatización (2.62 veces de su valor en libros)-, a 12 millardos, facilitando esa gran operación contra México: ''El precio de venta de Hernández a Citicorp fue equivalente al reportado por los 18 bancos privatizados por Salinas y a 58% del precio total de las 228 entidades privatizadas por su gobierno por conducto de la SHCP (Pedro Aspe-Guillermo Ortiz)'' (p.79).

Es en el contexto de éstas y de cientos de operaciones similares que es necesario analizar la persistencia de Fox en su campaña contra AMLO y sus seguidores. Fox está empeñado en intensificar la crispación que padece la nación después de la usurpación electoral. Ahora hace chistes y juegos de palabras para intensificar el encono que ensombrece el panorama postelectoral: la semana pasada señaló que Calderón ''cuenta con el apoyo total e incondicional de su administración para que tenga un despeje rápido''. ''Despeje'' fue un término que repitió con franca complacencia varias veces.

La intensificación de la saña ya la vivimos: por Internet son frecuentes los insultos. También las amenazas, como la siguiente que me envió alguien -o alguna oficina- que se hace llamar Ricardo López dricardolopezlira@yahoo.fr ''Qué bárbaros, que gran hazaña realizaron ayer... Demostraron en un solo acto su naturaleza animalesca y bestial. ¿...van a celebrar esto?... Además son muy chistositos: ustedes -perredistas- quieren jugar sin respetar ninguna regla, mientras que su opositor debe acatar TODAS, verdad?, y si no es un represor, un tirano, etc. Si mandaron a la tropa, fue porque ustedes -bestias infelices- iban a bloquear el paso al palacio... sin embargo se hacen pasar como inocentes peregrinos a La Villa cuando se les reprime. Ojalá esto aporte un elemento más a su ya acelerado desprestigio, porque la verdad, todos ustedes no valen ni las balas que habría que usar para aniquilarlos''.

¿Es esto lo que Fox contribuye a desatar?

Elección de Estado: contexto regional

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 31 de agosto de 2006.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desahogó y rechazó 375 impugnaciones que presentaron la coalición Por el Bien de Todos, el PAN y otros a la elección presidencial. Bajo un autismo "letrista", avaló el cuestionado conteo distrital del IFE. Este es el fin de la etapa cuantitativa en la que Calderón dejó pasar la oportunidad de apoyar el voto por voto, único medio para lograr transparencia y legitimidad como se lo sugirió el NYT y el Financial Times. Sigue la fase cualitativa para determinar si las elecciones se ciñeron a los criterios constitucionales o si se anulan para dar curso a otra etapa electoral.

El apresuramiento del TEPJF, apunta a que, como dice Lorenzo Meyer, "este arroz ya está cocido", profundizándose la crisis de gobernabilidad por el refrendo a lo que un miembro del PRIAN en la nueva legislatura calificó el fin de semana, en televisión, como "una brutal elección de Estado", o lo que AMLO planteó como "un verdadero golpe de Estado". Las prisas del TEPJF le restan credibilidad y alientan el incendio social en México, una de las principales fuentes de combustibles fósiles de EU. Indica docilidad ante un Ejecutivo irreflexivo y faccioso y ante los poderes fácticos.

Al momento de redactar esto, el TEPJF transita a la calificación del proceso comicial con fecha límite el 6 de septiembre. Pero a juzgar por sus apuros podría avalar en "15 minutos" (con un "extrañamiento" hilarante) la insolente e ilegal intervención de Fox como "jefe" de facto de la campaña del PAN y la igualmente irregular intervención de la IP.

Desafortunadamente el papel de este "incendiario disfrazado de bombero" que opera desde Los Pinos no se restringe al ámbito nacional. Su entreguismo "jurisdiccional" ante EU es ingrediente ominoso que es necesario incluir para calibrar el orden de magnitud de esta crisis. Dada la presencia del petróleo y actuación del aparato de "seguridad nacional" estadunidense en la ecuación político-institucional del país, realizada a la sombra de la derecha, cabe tomar nota que desde el 11-9 la Casa Blanca opera bajo un virtual "Estado de excepción", formalizado en la Patriot Act, reflejo de su predicamento económico y geoestratégico, por la creciente incertidumbre sobre las disponibilidades globales de petróleo convencional (barato y de fácil acceso), un panorama vinculado a cómo Bush y el cabildo petrolero manejan los instrumentos de Estado. Las dos petroguerras del Golfo representan una debacle para la ONU y un rechazo a los instrumentos del derecho internacional. La agresión contra Afganistán e Irak con sus cientos de miles de bajas civiles señalan una regresión de un orden de magnitud sólo comparable a lo experimentado durante el fascismo europeo. La guerra preventiva se correspondió, ayer en Alemania y hoy en EU, con el "Estado de excepción" con un Ejecutivo que flagrantemente usurpa funciones legislativas y judiciales como nunca antes en la historia de EU. La complicidad de Fox en el "desborde" hacia México de ese "Estado de excepción" es uno de los aspectos cruciales en que está inmersa la grave crisis poselectoral que padecemos, al involucrarse Los Pinos en un vasto operativo empresarial-estatal conocido como la Alianza Para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN) -incluye a Canadá-, auspiciada por medio de personajes vinculados con el aparato empresarial y de seguridad de EU, como Robert Pastor y Pedro Aspe.

En este esquema resalta el desleal plegamiento de Vicente Fox a Bush y al cabildo petrolero. Cuando Fox invitó a Halliburton, Kellog Brown & Root y Bechtel a operar en nuestros campos petroleros, también abrió las puertas al Pentágono, la CIA y al Homeland Security. No se infiera que con el panista se inauguró esta peligrosa intervención: desde Salinas, de manera paulatina, disfrazada y sin mucha visibilidad, EU ha venido desplegando mecanismos para influir y hasta incidir en la operación de la "seguridad interna" del país, por medio del financiamiento, el adiestramiento, la "inteligencia", los consejeros militares y de seguridad, la transferencia de tecnología para el control de la población -como las tanquetas actualmente emplazadas en San Lázaro- y los compromisos políticos para sostener a la cúpula, corrupta y antinacional, que desde entonces ha venido acelerando la entrega operativa del estratégico sector energético. Calderón, de asumir la Presidencia, está comprometido a profundizar esta tendencia como parte de sus convenios y adeudos para acceder a Los Pinos. La actuación del TEPJF hace más precaria la institucionalidad para enfrentar el intervencionismo: considérese, por ejemplo, que desde el 16 de agosto fuentes militares rusas hicieron saber que los encargados del aparato de seguridad nacional de EU, ante la convulsa situación político-electoral mexicana, enviaron un contingente de sus "fuerzas especiales" para asesorar a las fuerzas armadas de México, "en la protección de los inmensos campos petroleros de tan vital proveedor de crudo a EU".

Fox: jugando con fuego

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 17 de agosto de 2006.

Después del asombroso faccionalismo desplegado por Fox en el proceso comicial de 2006 y su solapamiento por el IFE, el muy limitado recuento realizado ha permitido a una de las partes en conflicto detectar y denunciar la existencia de actas falsificadas, de cientos de miles de votos introducidos o desaparecidos ilegalmente en las urnas, incluyendo la impresión de boletas de más por el IFE (Proceso, 13-VIII-06 p 10), parece que son suculentos los negocios en juego, revelando el pacto del gobierno con grandes intereses oligárquico-imperiales como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el aparato de "seguridad nacional" de Estados Unidos, en pos de la privatización y extranjerización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El patrimonio nacional, concebido por la plutocracia como botín a ser "negociado" con empresas extranjeras que operan inconstitucionalmente en el país (Halliburton, Exxon-Mobil, Sempra Repsol), incluye una reserva petrolera que abarca aquella localizada en aguas someras y profundas del Golfo de México. No es novedad que el objetivo prioritario de una voraz camarilla local y de instrumentos a su servicio como el CCE, así como la del cabildo petrolero estadunidense, bien colocado como está en la Casa Blanca y Los Pinos, sea ahora consumar el "fraude electoral", montado por medio de un operativo "hormiga" sistemáticamente orientado a alterar la votación en favor del candidato del PAN. Tampoco sorprende que esa cúpula se incline al uso de artilugios legales o ilegales, pacíficos o policiaco-militares, a fin de ubicar en Los Pinos a Calderón, Nava y otros personajes de comprobada lealtad y sumisión a sus designios sobre el sector energético mexicano, como el ex secretario de Energía Téllez Kuenzler.

Téllez intensificó, con la asesoría de Enron, la estrategia energética neoliberal enfilada a desarticular y devastar financieramente a Petróleos Mexicanos, a privilegiar la operación de empresas privadas en actividades vitales del proceso petrolero, por medio del cierre de áreas de Pemex con el simultáneo despido de técnicos altamente capacitados lo que, como lo documenta la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, (UNTCIP) en su Proyecto alternativo integral para Pemex (www.untcip.net) ha provocado la dilapidación económica y la destrucción de la fuerza productiva, expresándose en una merma injustificada de reservas petroleras, daños a yacimientos, infraestructura de transformación y transporte, institutos de investigación y capacidad tecnológica de la empresa y los trabajadores, convirtiendo al país en importador neto de volúmenes crecientes de gas natural, de petrolíferos, petroquímicos y químicos, desintegrando cadenas productivas e incrementando el desempleo y la migración.

Son amplios y extensos los vínculos y compromisos del círculo calderonista con los oligopolios de la industria del gas y del petróleo de Estados Unidos y España (¿de ahí el favoritismo que le concede con tanta superficialidad profesional El País?), incluyendo al Grupo Carlyle dedicado a los negocios de armas, energéticos y de "servicios de seguridad" -una suerte de pelotones de fusilamiento en "auxilio" del gran capital-, como se documenta en Terror e imperio (Debate, 2006). Contra viento y marea Fox se esfuerza por lograr el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para mantener el control sobre los puestos de mando, a fin de imponer, contra la voluntad del electorado, lo que el "equipo binacional" (Bush-Cheney y Fox-Wolfowitz) concibe como el golpe de gracia a Pemex-CFE, es decir, la "constitucionalización" del vasto operativo ilegal que han venido construyendo -una suerte de Pemex paralelo-, mediante el contratismo generalizado y proyectos de inversión totalmente alejados del interés público nacional por su carencia de consideraciones sociales, ambientales, estratégicas y generacionales. El despojo, bien conocido por la opinión pública, porque está presente desde el arribo de Díaz Serrano a la dirección de Pemex, fue articulado por medio de préstamos y de la "cobertura lingüístico-ideológica" del Banco Mundial, como una "reforma estructural".

Fox da como un hecho que el TEPJF evitará una necesaria y significativa ampliación del recuento de votos, perpetrando lo que para el jurista Raúl Carrancá y Rivas sería una "catástrofe judicial", a fin de colocar a Felipe Calderón a como dé lugar como su sucesor, aun a riesgo de represión policial y militar y del derrame de sangre. Implacable contra AMLO y temerario contra la nación, Fox ya planteó su ingreso al nicho reservado a Santa Ana y Huerta, ofreciéndose para dar el "golpe" a Pemex-CFE y los trabajadores: en un encuentro con los legisladores electos del PAN, se comprometió a "asumir los costos políticos" y dejar la mesa puesta a lo que espera será un gobierno panista, impulsando en la nueva legislatura -a partir del 1º de septiembre- "reformas estructurales en el sector-energético, laboral y fiscal" (La Jornada, 9-VIII-06 p 10). Eso sí es jugar con fuego.

Elecciones y guerra de clase

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 3 de agosto de 2006.

No sorprende que la base social de México haya entrado en erupción: al malestar forjado por la irresponsabilidad político-electoral del gobierno de Fox en los comicios de 2006, se suman 24 años de agravios a la población por lo que las inequidades y anomalías demostradas a lo largo de la jornada electoral pueden tener efectos traumáticos sobre la nación.

Es el resultado de lo que a todas luces es una "guerra de clase", término adecuado para calificar al programa de "reformas estructurales" impulsadas por la clase gobernante de EU y "sus" oligarquías asociadas al sur del Bravo y al "Estado de bienestar invertido" fundado en instrumentos malsanos como el programa de privatizaciones auspiciado por el Banco Mundial y el BID, plagado de corrupción, o el Fobaproa-IPAB, a favor de la plutocracia que terminó por hacer trizas el patrimonio de millones de familias y de pequeñas y medianas empresas nacionales. La cifra oficial de los pobres ya llega a 31 millones 700 mil personas, todo ello en medio de una metódica destrucción y debilitamiento de las redes de protección social, financieras y cambiarias.

A los incontables costos humanos de cuatro sexenios de insistente ataque al salario, el sindicato, el patrimonio nacional, la hacienda pública, la salud, educación y el empleo, se agrega ahora la descomposición del proceso comicial, único mecanismo disponible para lograr una resolución no violenta del cataclismo socioeconómico que vivimos. Se estigmatiza una demanda democrática, un recurso jurídicamente disponible, como es el recuento de los votos para generar certidumbre y transparencia, exigencia de los poco más de 2 millones de ciudadanos que protagonizamos el domingo pasado la mayor manifestación registrada en México, frente a dudosas cifras electorales que para el IFE y el PAN son definitivas, como con arrogancia y precipitación planteó Calderón ante el TEPJF, cuando la calificación apenas arrancaba.

En medio de este ataque a los principios de equidad y certeza electoral, resulta ensordecedor el ruido generado por el crujir de los fundamentos de la paz social. En esta crisis están presentes todos los precipitantes socioeconómicos identificados en la literatura especializada sobre la etiología de los estallidos sociopolíticos. Son apabullantes incluso las cifras oficiales del INEGI, maquilladas como están por medio de astutas definiciones, encaminadas a disfrazar y minimizar la percepción de un fenómeno tan central como la capacidad del régimen para generar pobreza, desempleo y una redistribución profundamente regresiva del ingreso nacional: al menos 6.6 millones de integrantes de la población económicamente activa se sumaron en este sexenio al desempleo abierto y fueron enviados sumariamente a una enorme economía informal, una de cuyas expresiones cardinales, el narcotráfico, sometida al flujo de doble vía entre drogas y armas de alto poder, hacia y desde EU, muestra una criminalización y militarización, que rebasa las capacidades de los instrumentos de Estado para contener sus efectos.

Desde estas páginas Juan Antonio Zúñiga (La Jornada, 1/8/06) nos ofreció una síntesis estremecedora de lo que ha sido el ataque sistemático, orquestado desde el gobierno, contra el aparato productivo, público y privado, tanto en el campo como en la ciudad.

Zúñiga indica que entre 2001 y el primer trimestre de 2006 la planta laboral ocupada por los grandes establecimientos económicos registró un desplome de 59.5 por ciento, que se traduce en una disminución de 5.3 millones de trabajadores, lanzados a la calle, a los "micronegocios" o a la migración ilegal. Al inicio del sexenio las grandes empresas ocupaban a 8.9 millones de trabajadores y en el último año la cifra se redujo a 3.6 millones. El desastre no se limita a la población urbana: también en el sector agropecuario los resultados del sexenio son devastadores, con una caída de 1.2 millones de empleos.

Pero esto no es más que la punta del témpano, porque estamos en presencia de una desintegración de enormes complejos económico-territoriales (como los involucrados en el manejo diario de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad -CFE-) y de vastas áreas productivas, en el sector privado y público. El desmantelamiento de Pemex y CFE se profundizó a niveles insospechados, a favor de grandes empresas extranjeras. Las pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, manufactureras y comerciales, formales e informales también resultaron dañadas. Todo en medio de un contratismo corrupto sin freno y del debilitamiento de la legitimidad electoral y de los enlaces políticos, institucionales y sindicales.

En este volátil contexto, el plantón que se realiza a favor de la democracia está justificado, pero en nada ayuda que se exprese estrangulando vías primarias del Distrito Federal que afectan a la ciudadanía, máxime cuando el temerario llamado de los beneficiarios internos y externos del régimen a profundizar el uso de la represión porril y policial-militar contra la resistencia civil se cierne como amenaza mayor a la paz social.