Elecciones y guerra de clase

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 3 de agosto de 2006.

No sorprende que la base social de México haya entrado en erupción: al malestar forjado por la irresponsabilidad político-electoral del gobierno de Fox en los comicios de 2006, se suman 24 años de agravios a la población por lo que las inequidades y anomalías demostradas a lo largo de la jornada electoral pueden tener efectos traumáticos sobre la nación.

Es el resultado de lo que a todas luces es una "guerra de clase", término adecuado para calificar al programa de "reformas estructurales" impulsadas por la clase gobernante de EU y "sus" oligarquías asociadas al sur del Bravo y al "Estado de bienestar invertido" fundado en instrumentos malsanos como el programa de privatizaciones auspiciado por el Banco Mundial y el BID, plagado de corrupción, o el Fobaproa-IPAB, a favor de la plutocracia que terminó por hacer trizas el patrimonio de millones de familias y de pequeñas y medianas empresas nacionales. La cifra oficial de los pobres ya llega a 31 millones 700 mil personas, todo ello en medio de una metódica destrucción y debilitamiento de las redes de protección social, financieras y cambiarias.

A los incontables costos humanos de cuatro sexenios de insistente ataque al salario, el sindicato, el patrimonio nacional, la hacienda pública, la salud, educación y el empleo, se agrega ahora la descomposición del proceso comicial, único mecanismo disponible para lograr una resolución no violenta del cataclismo socioeconómico que vivimos. Se estigmatiza una demanda democrática, un recurso jurídicamente disponible, como es el recuento de los votos para generar certidumbre y transparencia, exigencia de los poco más de 2 millones de ciudadanos que protagonizamos el domingo pasado la mayor manifestación registrada en México, frente a dudosas cifras electorales que para el IFE y el PAN son definitivas, como con arrogancia y precipitación planteó Calderón ante el TEPJF, cuando la calificación apenas arrancaba.

En medio de este ataque a los principios de equidad y certeza electoral, resulta ensordecedor el ruido generado por el crujir de los fundamentos de la paz social. En esta crisis están presentes todos los precipitantes socioeconómicos identificados en la literatura especializada sobre la etiología de los estallidos sociopolíticos. Son apabullantes incluso las cifras oficiales del INEGI, maquilladas como están por medio de astutas definiciones, encaminadas a disfrazar y minimizar la percepción de un fenómeno tan central como la capacidad del régimen para generar pobreza, desempleo y una redistribución profundamente regresiva del ingreso nacional: al menos 6.6 millones de integrantes de la población económicamente activa se sumaron en este sexenio al desempleo abierto y fueron enviados sumariamente a una enorme economía informal, una de cuyas expresiones cardinales, el narcotráfico, sometida al flujo de doble vía entre drogas y armas de alto poder, hacia y desde EU, muestra una criminalización y militarización, que rebasa las capacidades de los instrumentos de Estado para contener sus efectos.

Desde estas páginas Juan Antonio Zúñiga (La Jornada, 1/8/06) nos ofreció una síntesis estremecedora de lo que ha sido el ataque sistemático, orquestado desde el gobierno, contra el aparato productivo, público y privado, tanto en el campo como en la ciudad.

Zúñiga indica que entre 2001 y el primer trimestre de 2006 la planta laboral ocupada por los grandes establecimientos económicos registró un desplome de 59.5 por ciento, que se traduce en una disminución de 5.3 millones de trabajadores, lanzados a la calle, a los "micronegocios" o a la migración ilegal. Al inicio del sexenio las grandes empresas ocupaban a 8.9 millones de trabajadores y en el último año la cifra se redujo a 3.6 millones. El desastre no se limita a la población urbana: también en el sector agropecuario los resultados del sexenio son devastadores, con una caída de 1.2 millones de empleos.

Pero esto no es más que la punta del témpano, porque estamos en presencia de una desintegración de enormes complejos económico-territoriales (como los involucrados en el manejo diario de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad -CFE-) y de vastas áreas productivas, en el sector privado y público. El desmantelamiento de Pemex y CFE se profundizó a niveles insospechados, a favor de grandes empresas extranjeras. Las pequeñas y medianas empresas privadas nacionales, manufactureras y comerciales, formales e informales también resultaron dañadas. Todo en medio de un contratismo corrupto sin freno y del debilitamiento de la legitimidad electoral y de los enlaces políticos, institucionales y sindicales.

En este volátil contexto, el plantón que se realiza a favor de la democracia está justificado, pero en nada ayuda que se exprese estrangulando vías primarias del Distrito Federal que afectan a la ciudadanía, máxime cuando el temerario llamado de los beneficiarios internos y externos del régimen a profundizar el uso de la represión porril y policial-militar contra la resistencia civil se cierne como amenaza mayor a la paz social.

TEPJF: generar certidumbre

John Saxe-Fernández
la Jornada.
México 20 de julio de 2006.

Desde cualquier ángulo en que se enfoque la actual encrucijada política que vive la nación, resulta tarea crucial evaluar, corregir y neutralizar las irregularidades detectadas antes, durante y después del proceso comicial del 2 de julio. Sólo así se puede garantizar que en los tiempos por venir exista un medio ambiente estable y predecible que permita una marcha socioeconómica fluida, libre de traumas fratricidas, como los que ya se registraron en la historia mexicana en los albores del siglo XX: "dislocaciones" que con su millón de bajas y cientos de miles de familias desgarradas, se gestaron al calor del implacable esquema "oligárquico-imperial" entonces vigente y que todavía hoy padecemos, a pesar de toda la retórica de la "globalización".

Es cierto que el abierto y persistente intervencionismo faccioso del presidente Fox a lo largo de la campaña electoral y las prácticas torpes, amañadas y hasta ilegales del Instituto Federal Electoral (IFE), así como la ofensiva mediática financiada y orquestada por una oligarquía voraz contra el principal candidato opositor -Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- están en la raíz del escepticismo y la irritación que ensombrecen estas elecciones.

Dado lo cerrado de la contienda, en nada ayudó a calmar los ánimos la precipitación del presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, haciendo declaraciones triunfalistas a favor del candidato oficial, Felipe Calderón, lo que, ante evidencias de manejos irregulares, generó mayor inquietud.
Fue amplia la sensación pública de que Ugalde asumía funciones que la ley sólo confiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), única instancia legalmente capacitada para calificar el proceso electoral y declarar si hay presidente electo. A esa "precipitación" pronto le siguió una amplia y riesgosa "cargada" de "triunfalismo anticipado" liderado por Calderón, que está tensando el ambiente poselectoral. Difícil olvidar aquella entrevista de López Dóriga con Calderón, a pocas horas del "triunfo". En los primeros cinco minutos, luego de recibir las "felicitaciones" de Televisa, el candidato se apresuró a asegurar a los grandes monopolios extranjeros y sus socios del Consejo Coordinador Empresarial, que ahora sí se concretarían las "reformas estructurales que México necesita", el "código" para designar la privatización y extranjerización del petróleo y la electricidad, el agua, la educación superior, la seguridad social y la "flexibilización de la fuerza laboral".

Pronto se registró el uso de los instrumentos de Estado para promover el "triunfalismo precoz": desde Relaciones Exteriores se "cabildeó" para que gobiernos extranjeros felicitaran a Calderón. Algunos, informados sobre tal "precipitación", pronto rectificaron. Otros que no lo hicieron, como Rodríguez Zapatero de España, ofenden nuestra institucionalidad.

La Secretaría de Gobernación no podía faltar en el irrespeto al Poder Judicial: Abascal trató de cubrir a Calderón con un manto de "legitimidad religiosa" agregando al Consejo Inter Religioso a la "cargada triunfalista". La reunión se efectuó en lo que sólo puede calificarse como un irresponsable esfuerzo por despertar al México bronco, aunque el cardenal Rivera luego aclaró que "hasta ahora no tenemos presidente", quizá impactado por el millón y medio de almas congregados en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana el domingo pasado en torno a AMLO para exigir que se limpien los comicios.

El comportamiento gubernamental, y los espots del IFE, defendiéndose de la crítica, empeoran una crispación que se acentúa por la actitud provocadora de Calderón y su cerrazón a que se constaten los resultados, voto por voto, y por encasillar como "violentos" y chantajistas a quienes así lo exigen. Lo que contrasta con la actuación pacífica y creativa de la población el 2 de julio y a lo largo de dos multitudinarias manifestaciones precisamente a favor del desahogo pleno de los mecanismos legales e institucionales disponibles para generar certidumbre electoral.

Para tirios y troyanos es vital que la única instancia jurisdiccional encargada de calificar el proceso comicial, el TEPJF -la "llave de seguridad" disponible para que el país no se nos precipite al abismo de la confrontación (ya hay conatos de violencia)- disipe las graves dudas en torno a unas elecciones que, por muy reñidas, y estar plagadas de irregularidades, algunas explicables, otras metódicamente dolosas, exigen un escrutinio cabal. Comparto la esperanza de millones de ciudadanos de todo el país, representados el domingo en el Zócalo, en el sentido de que, como bien expresó John M. Ackerman desde Proceso (Núm. 1550), los magistrados del Tribunal adoptarán "... una actitud proactiva y responsable, ordenando la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales cuyos resultados estuvieran bajo cualquier sospecha, o incluso ordenando un recuento de la totalidad de la votación para presidente de la República". Asegurar la certeza de la elección es ahora esencial para la paz social.

El país pende de un hilo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 6 de julio de 2006.

El proceso comicial se vio gravemente menoscabado, entre otros factores, por la ostensible conducta facciosa del presidente Fox. En su campaña contra la candidatura de Andrés Manuel López Obrador abusó de los instrumentos de Estado a su disposición, despojándose del papel arbitral y neutral que corresponde a un presidente, para poner en marcha, coligado con una derecha intransigente, de dentro y fuera del país, lo que se ha calificado de un "golpe de Estado técnico" (La Jornada, 4/7/06, p. 21). En su inadmisible interferencia electoral, abusó de instancias que van desde la oficina presidencial y la Procuraduría General de la República hasta las secretarías de Economía y Hacienda, y programas sociales a favor del PAN.

Luego del fallido intento del PRIAN de rescindir los derechos políticos de AMLO, Fox procedió, sin que el Instituto Federal Electoral (IFE) lo frenara, a restar cualquier viso de "equidad" al proceso electoral lanzando una extensa ofensiva multifacética contra AMLO, arriesgando la integridad del proceso. Fueron múltiples sus ataques por radio y televisión, directos, personales y persistentes en medio de una multimillonaria campaña de miedo incitada por Acción Nacional. Todo ello "respaldado" por una "estrategia de tensión" consistente en operativos de "seguridad" y de provocación, y de una represión intensa y violenta para amedrentar a la población.

A pesar de la inducción del temor, de la pasividad del IFE, de la guerra sucia y del encono de la campaña, la respuesta ciudadana fue contrastante: la votación, copiosa, se dio en un medio ambiente de tranquilidad y concordia. La ciudadanía se volcó a las urnas confiada en la transparencia del mecanismo electoral para dirimir, de manera pacífica, los graves y urgentes retos económico-sociales y políticos que enfrentamos.

La participación de una propuesta alternativa al desastre socioeconómico y a la debacle moral de la corrupción sin freno del régimen, llevó a millones de ciudadanos a acudir a las urnas. Ahora, en medio de evidencias de manejos computacionales sesgados del PREP y de un tropel de inconsistencias, como evidencias de "fraude hormiga", irregularidades y manipulación en cerca de 50 mil casillas, el conteo repetido de casillas a favor del PAN, el "extravío" de 2 y medio millones de votos (sólo aclarado hasta que el PRD lo denunció, datos cuya inclusión acortó más la distancia entre AMLO y Calderón) es forzoso contabilizar acta por acta y, donde proceda, voto por voto. Esta circunstancia exige cabal limpieza.

Se abren escenarios complejos: una muy riesgosa burla a la voluntad popular, que "podría prender la mecha" del polvorín, o una salida institucional y legal que dé curso, con desahogo pleno, a una revisión íntegra del proceso.

Ayer, 5 de julio, dio inicio el cómputo distrital y se contempla que el 9 de julio el IFE, si procede, dé constancia de mayoría. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) define al ganador a la luz de las impugnaciones sobre los resultados contenidos en las 130 mil 480 casillas abiertas el 2 de julio.

El 10 de julio se pone en marcha el periodo para que se presenten los recursos de impugnación. El TEPJF, que falló contra al PAN por la guerra de espots contra AMLO, tiene capacidad legal para invalidar el proceso comicial, por ejemplo, si se llegaran a anular 20 por ciento de las casillas, o por graves irregularidades que resten libertad, autenticidad y equidad al procedimiento. El 31 de agosto es el día límite para resolver las impugnaciones de los juicios de inconformidad de la elección presidencial y el 6 de septiembre es el último día para que el TEPJF declare si hay presidente electo.

En todo esfuerzo por desmontar el "golpe técnico" es esencial garantizar la integridad de actas y paquetes electorales a la luz de lo ocurrido en 1988. Hay un candidato decidido a defender el voto y ya no vivimos en la absoluta oscuridad en materia jurisdiccional de aquel entonces, cuando la participación del Poder Judicial en las elecciones era inconcebible. Hoy existen mecanismos como el TEPJF, considerado por algunos como "la llave de seguridad" para resolver encrucijadas difíciles como la actual.

El país pende de un hilo. Es vital el desempeño riguroso, legal y justo del TEPJF, que desde 1996 forma parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con facultad plenipotenciaria, inapelable, para calificar la elección. También lo es la integridad de los siete magistrados del TEPJF, seis de los cuales terminan su mandato en octubre. Como sugiere Jonathan Torres (El Semanario, 15-21 de junio de 2006), en caso de que se impugne la elección, algunos magistrados "podrían liberarse de ataduras" partidistas y votar de manera objetiva, pero otros "podrían razonar su voto con miras a su aspiración por ocupar una magistratura en la SCJN o emitir un juicio al vapor ante su próxima salida". José Fernández Santillán sostiene, sin embargo, que el TPJF "ha tratado de arrancarse el cordón umbilical que lo vio nacer, para actuar conforme con los principios legales". Ojalá.

Comicios: alto a la postración

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 22 de junio de 2006.

Plantear que los efectos sociopolíticos acumulados de la política económica, vigente ya durante 25 años, es asunto central para la seguridad humana -y para la "seguridad nacional"-, es algo que puede verificar quien se asome a los datos oficiales del INEGI o del Banco Mundial (BM). Es notorio el atasco del crecimiento per cápita, la no generación de empleo y la riesgosa profundización de la brecha entre ricos y pobres, y precisamente tanto el BM, el FMI y el BID han estado en el centro de la decisión para implantar este letal recetario concebido en función del interés privado nacional de EU y de las empresas de algunos de sus socios en Europa y Asia. Pero no se puede soslayar la complicidad de la oligarquía nacional, cuyo concurso históricamente y hoy es imprescindible para aplicar la política económica, asegurando eso sí, su coparticipación en la apropiación del excedente.

Cuando se analizan los efectos sociales y económicos del recetario integrado por una apertura comercial unilateral, la desregulación financiera, la flexibilización laboral, la drástica disminución de la inversión pública, el programa de privatizaciones -y la megacorrupción que le acompaña, incluyendo aquella plasmada en el Fobaproa-IPAB-, y una batería de "reformas estructurales" que impactan de manera profunda y negativa los ingresos de la población y de manera lacerante de la campesina y también al patrimonio nacional, estamos ante una implacable "guerra de clase", realizada a favor del alto capital y gestada al calor de una crisis de acumulación que se observa internacionalmente desde la década de los setenta del siglo pasado.

Montado sobre la estructura oligárquico-imperial, EU desató a sangre y fuego esa ofensiva del Bravo a la Patagonia, desgarrando países enteros, propiciando en México decisiones que acentúan de manera insostenible las desventajas comparativas estructurales sobre la base productiva nacional, dañando de paso nada menos que la capacidad de generar empleo. Plantear su continuidad y persistir en aumentos en la carga tributaria de los consumidores para enfrentar flaquezas fiscales, agravaría una tendencia que perpetúa el estancamiento, máxime si los encargados del manejo de la economía estadunidense, a la que el neoliberalismo nos amarra todavía más, incrementan las tasas de interés y manipulan las ventajas que deriva el Tesoro de EU de ser emisor del dólar.

Este panorama no es el resultado de "la globalización", sino de decisiones de clase, de la cúpula neoliberal que hegemoniza los instrumentos de Estado, a la cual el votante puede desalojar del poder. Es un fenómeno de clase, descrito de manera precisa por Samuel del Villar (Agravios nacionales, Océano, 2006), desde la perspectiva fiscal y hacendaria nacional, y por Jeff Faux (The Global Class War, John Wiley & Sons,2006), quien ofrece una descripción puntual de las componendas entre la clase gobernante de EU y sus socios mexicanos, demostrando cómo conjugaron sus esfuerzos para ampliar sus intereses por medio del TLCAN, mismos que prosiguen a través del endoso torpe y desleal de Fox a la llamada Alianza para la Prosperidad y Seguridad de la América del Norte (ASPAN), esquema oligárquico-imperial y de seguridad nacional que profundiza la desnacionalización de facto del sector petro-eléctrico y acota gravemente la jurisdicción del Estado nacional mexicano.

Del Villar logra una magistral síntesis del fenómeno. Plantea que desde De la Madrid, pero de manera señalada con Salinas, Zedillo y Fox (el PRIAN), se asentó en el país una verdadera dictadura fiscal-hacendaria que, en el proceso de aniquilar el estado derecho, atrofia la economía y degrada la sociedad, con costos estratosféricos: "sólo la que deriva del Fobaproa de 1994 a 1998, y del IPAB, desde 1999 a la fecha, alcanza un 'costo fiscal' de un billón 300 mil millones de pesos, que representa 19 por ciento del PIB" (p. 59). El orden de magnitud de tal sangría de recursos públicos es ignorado por la prensa estadunidense, que si considerara su equivalente nacional, lo vería desde otra perspectiva. Si el PNB de Estados Unidos toca los 12 billones (trillions) de dólares y con el gasto público de mayores dimensiones registrado para nación alguna en los 500 años de la era moderna, pues sólo el de su gobierno federal es de 2.3 billones, una desviación semejante de los recursos públicos por medio de un hipotético desvío de 19 por ciento del PNB de esa nación (poco menos de 2.4 billones), a favor de una corrupta cúpula local y de bancos e inversionistas extranjeros, habría generado ahí una hecatombe político-electoral, judicial y constitucional. Para calibrar mejor: la mayor defraudación contable corporativa detectada en EU, perpetrada por Enron -la empresa encargada del "diseño energético" de Fox- palidece ante el magno despojo de "nuestro" Fobaproa-IPAB. En EU no se percibe cuán vital es para México acabar, por la vía pacífica y electoral, con "la más formidable defraudación bancaria y corrupción organizada que todavía mantiene postrado al país".

Calderón, Madrazo: ¿adiós a Pemex?

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 8 de junio de 2006.

La codicia sin límite está en la base de los esfuerzos, desesperados, de los "cabeza caliente" de la derecha, por mantener bajo "blindaje político", la vasta gama de operaciones irregulares, y la megacorrupción gestadas en torno al Fobaproa-IPAB, estimadas en 120 mil millones de dólares, y las igualmente vastas ilegales e inconstitucionales operaciones que se realizan en Pemex en lo que es la puesta en operación de un diseño gestado desde la Casa Blanca, encaminado al apoderamiento de su inmenso portafolio de negocios. Por lo que se recurre a todo tipo de operaciones de propaganda y operaciones negras para evitar que desde Los Pinos se articule una propuesta alternativa que ponga coto al saqueo de la hacienda pública y de la principal empresa de la nación.

Las manifestaciones de criminalidad de Estado por medio del uso de la violencia estatal incluyendo feroces ataques a la población, serían escenarios de "cabezas calientes" que pueden "reactivarse" en el último tramo comicial, parte de una táctica ultraderechista que intenta hilvanar lazos sicosociales entre la propaganda del miedo y la activación de atentados para generar el abstencionismo y el voto del miedo, como intentó hacer Aznar en España, infructuosamente.

El objetivo de tan irresponsable actuación estatal es proseguir con el gran despojo en curso. Sus beneficiarios recurren a la "criminalidad de Estado" que ahora se detecta, impune en el sector de "cuello blanco" que desde su dirección general maneja Pemex, empresa pública cuyo portafolio de negocios está en la mira del alto empresariado petrolero de EU y sus "socios" bien colocados dentro de la empresa. El diseño más reciente de privatización de facto es "SUMA por un solo Pemex", el cual, según fuentes internas que participan en su ejecución, "responde a indicaciones que habrían dado desde EU a Ramírez Corzo, actual director general de Pemex, para agilizar las gestiones para poder explorar y explotar crudo en México sin oposición, más allá de los contratos de obra, arrendamiento y aún sobre los Contratos de Servicios Múltiples que beneficiaron principalmente a empresas como Halliburton" (Fortuna, mayo de 2006). Según un documento confidencial en poder de Fortuna, el nuevo esquema reorganiza a Pemex para dar entrada al sector privado, "nacional y sobre todo extranjero" (p. 5) en la producción, refinación y comercialización de crudo. Todos los instrumentos del estado de derecho son echados por la borda, desde la Ley Orgánica de Pemex que obliga a someter un proyecto de esta envergadura a su consejo de administración para luego llevarlo ante el Legislativo, hasta la Constitución. SUMA evade la autorización del Congreso para su publicación, "... pues de acuerdo con funcionarios de Pemex que participaron en la elaboración del mismo, el proyecto se ha empezado a aplicar en algunas áreas desde noviembre del año pasado" saltándose virtualmente todo el estado de derecho y todos los trámites. Esta "ilegalidad de cuello blanco" estatal se realiza en medio del tráfico de influencias, la impunidad y la desvergüenza.

En su importante reportaje Ana Lilia Pérez indica que, "de acuerdo a estimaciones de funcionarios que participan en el SUMA y que proporcionaron una copia del documento, aplicar el proyecto de Ramírez Corzo costará a la paraestatal mil 500 millones de dólares, que incluye el costo de la restructuración y la liquidación o jubilación, en tres anualidades, de 20 mil trabajadores". Llama la atención que los impulsores del esquema, al tiempo que persisten en su guerra de clase contra trabajadores y técnicos mexicanos, "desalojándolos" de Pemex dan entrada a contratos con empresas extranjeras. Asumen que gozan de un fuero especial, de una "protección" política y que seguirán haciéndolo "después" de las elecciones. Muestran la misma convicción que el secretario de Energía, cuando fue a La Jolla, California, a anunciar a los petroleros estadunidenses que la entrega de Pemex es cosa de días. Muy confiados de que un privatizador de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como Calderón o Madrazo accederá a Los Pinos.

SUMA operaría con tres direcciones corporativas: la de Operaciones, de Administración y de Finanzas (DCF). Ramírez Corzo desaparece todo lo que suene a Ingeniería petrolera mexicana y desarrollo de proyectos. De eso se encargarían Halliburton, Bechtel y Schlumberg, con aval de Hacienda y el Banco Mundial desde la DCF. Es cirugía mayor: cambios a la Ley Orgánica de Pemex, al Contrato Colectivo de Trabajo, al Consejo de Administración. Como un pequeño Napoleón, este Ramírez "Corzo" se coloca como el emperador: "las tres direcciones corporativas incluidas tomarán en sus manos todas las operaciones de las filiales y subsidiarias de Pemex, bajo el mando del director general". Todo gira en torno al botín, o sea, el portafolio de negocios de Pemex valorado en decenas de miles de millones de dólares: "el director general y una junta de gobierno tendrán la última palabra en el portafolios de negocios que incluye a empresarios como consejeros independientes".

PRIAN: entreguismo energético

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 25 de mayo de 2006.

En lo que ya es un rosario de proclamas de funcionarios priístas y ahora panistas a favor de la entrega del complejo petroeléctrico de la nación, el secretario de Energía, Fernando Canales Clariond, afirmó la semana pasada que de ganar el PAN se reformará la Constitución para la "apertura" de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la inversión privada (nacional y/o extranjera). Siguiendo una maña crónica del prianismo el anuncio se hizo usando una plataforma extranjera.

Canales Clariond desde La Jolla, California, dice que la "reforma" más importante "debido a la sensibilidad política y emotiva que despierta, es la apertura del sector (de la energía) a la inversión privada". De ganar el PAN, se esperaría "... que en los próximos meses se tomen algunas decisiones en este sentido" (La Jornada, 17/5/06, p.15). Pero no fue Canales Clariond, sino Raúl Muñoz Leos, el ex empleado de Dupont que Fox colocó en la dirección de Pemex, quien condensó el perfil de lacayo ferviente del panismo ante EU: "el reto es: cómo esta riqueza -el petróleo- debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional, de nuestros principales socios comerciales".

Desde que terminó la gestión nacional de Pemex en el sexenio de Echeverría, como indica el analista Fabio Barbosa, esa empresa junto con el sector eléctrico, está siendo traspasada íntegra e inconstitucionalmente a la plutocracia extranjera y sus socios locales. A finales del salinato, Louis Uchitelle dio a conocer desde el New York Times (NYT) que no sólo estaban en oferta las plantas petroquímicas, sino que también se contrataban a las empresas estadunidenses para realizar tareas de perforación, despidiendo a miles de trabajadores y técnicos mexicanos para preparar el terreno a la privatización. Se colocó al petróleo como aval a préstamos extranjeros, "una práctica ilegal después de que México nacionalizó la industria en 1938".

Como indiqué en esa oportunidad, por encima del estado de derecho se imponía el estado de poder. Apoyándose en opiniones como las de Rogelio Ramírez de la O., un economista que, según el NYT, "ya forma parte del creciente número de mexicanos que argumentan que las leyes petroleras de los años treintas ya no tienen justificación", se elaboraron mecanismos para darle la vuelta a la Carta Magna: "ya las leyes empiezan a erosionarse", festeja Uchitelle, " aunque todavía no se dé un rompimiento público con el pasado", indicando que prestamistas internacionales serían los titulares de una refinería que se construiría en Salina Cruz, operada por Pemex, como especifica la ley mexicana "pero no será su dueña hasta que pague los mil 400 millones de dólares que cuesta".

Desde entonces los mecanismos que se usan para desmontar los principios constitucionales y legales muestran gran creatividad, con el Banco Mundial y las asesoras colocadas en la dirección de Pemex-CFE, encabezando los créditos de autoría. El anterior fue un procedimiento supervisado por el Citibank, con el abierto endoso de Ernesto Marcos Giacoman, entonces director de Finanzas de Pemex, y quien mostró cierto orgullo por lo inteligente y astuto del esquema. Ahora es el presidente de la Comisión de Energéticos del PRI, nombramiento consistente con el "aperturismo" de Madrazo en materia energética. Es grande la torpeza desnacionalizadora cuando mundialmente se afianza la tendencia opuesta a la depredación extranjera de recursos naturales finitos, especialmente ante el incremento sostenido de los precios. La política que impulsan Venezuela y Bolivia de engrosar su tajada del pastel, petrolero y gasero, limitando las ganancias de las empresas extranjeras, entre ellas las llamadas "siete hermanas" (ahora Exxon, Mobil, Chevron, Total, Royal Dutch Shell, Conoco-Phillips, British Petroleum), es racional ante una observable declinación en la tasa de descubrimientos de yacimientos supergigantes. A pesar de las fabulosas ganancias de esas empresas, disminuye sistemáticamente o se dificulta su control sobre los yacimientos y la operación directa del recurso, ante una creciente competencia de las empresas nacionales. En la década de los sesentas las "siete hermanas" controlaban 85 por ciento de todas las operaciones, 14 por ciento lo hacía la ex Unión Soviética y sólo uno por ciento las empresas nacionales. Hoy estas últimas controlan 60 por ciento, las "siete hermanas" 16 por ciento y un 19 por ciento es de acceso limitado (Businessweek, 15/5/06).

La ineptitud entreguista del PRIAN se comprende mejor si se tiene presente que si bien nuestros yacimientos han sido brutalmente depredados, con una inversión adecuada la situación puede revertirse, algo necesario en un contexto internacional además signado por la caída drástica de las "tasas de remplazo" de las "siete hermanas", ya que se consume más petróleo del que se repone. En este contexto abrir Pemex, como proponen Calderón y Madrazo -y como ha hecho Fox a lo grande y contra la Constitución por medio de contratos- es un atentado a la soberanía y seguridad nacional y un pésimo negocio para el país, que el elector puede revertir este 2 de julio.

Lodo y descomposición

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 11 de mayo de 2006.

La percepción de que se plasma una "elección de Estado", de esas que deseamos sepultadas en el olvido, se acentúa y generaliza. Ello por el comportamiento faccioso y provocador de Vicente Fox y el sesgo sórdido que adquiere la vasta -y multimillonaria- propaganda del miedo y la guerra sucia contra AMLO, diseñada por los "expertos mediáticos", importados de Estados Unidos, que asesoran a Calderón-Madrazo en materia de trucos sucios electorales.

A pesar de todas las críticas y de las tímidas y quizá tardías admoniciones del IFE a Los Pinos para que no meta la mano en los comicios, Fox insiste en hacerlo a lo grande, al extremo que tácitamente dejó de actuar como "presidente " de todos los mexicanos, despojándose de su vestidura arbitral y neutral, para adoptar el papel de vocero, organizador y promotor de la campaña blanquiazul. Se coloca, con todos los recursos públicos a su disposición, al frente de una guerra sucia orientada por los mismos "expertos electorales" con vocación de porros, y las mismas mañas publicitarias y los operativos de "seguridad pública" y de "seguridad nacional" que le facilitaron acceder a Los Pinos hace seis años.

Los "porros mediáticos", cuyas propuestas y directrices Calderón sigue irreflexivamente, están vinculados a cabildos del alto empresariado de EU y a los operadores del aparato de seguridad que actúa en el país. Son mercenarios a los que el PRIAN paga bien por realizar una misión central: garantizar la continuidad del despojo hacendario-fiscal, petrolero, eléctrico y gasero que devasta a la economía.

La maniobra se centra, primero, en una campaña de saturación para impactar las emociones y el "inconsciente colectivo", descalificando al oponente como "un peligro para México": una campaña ruin que luego se "refuerza" con operadores que provocan y "justifican" el uso violento de la "seguridad pública". Es la "estrategia de la tensión" esbozada por Guillermo Almeyra (La Jornada, 7/5/06) para impulsar "estallidos espontáneos" y una espiral de violencia previa a los comicios de julio: después de Pasta de Conchos con sus 65 mineros muertos -por la negligencia empresarial en torno a sistemas de seguridad, y cuyos cadáveres y familiares todavía esperan el rescate-, se registró la asombrosa y mañosa ofensiva e injerencia del gobierno en la vida interna del sindicato minero, toda una provocación y agresión naturalmente rechazada por las bases y la dirigencia. La objeción sindical se expresó en una huelga y marcha de los trabajadores en Lázaro Cárdenas, en cuya represión, brutal, se utilizaron, además de las fuerzas terrestres, insólitos -e inexplicados- ametrallamientos desde helicópteros con las insignias de "fuerzas especiales".

El saldo: dos muertos, 70 heridos -de ellos 40 heridos de bala-, y centenares de aporreados.

Pero la provocación y violencia estatal no amainó: se amplió. A pocos días de que, en medio de este descompuesto panorama electoral Fox declarara que "no hay nubarrones en el horizonte", la nación, arrastrada por la "estrategia de la tensión", se ve inundada en Atenco de balas, sangre, gases lacrimógenos, golpeos, allanamientos de hogares sin orden judicial, insultos, vejaciones contra la ciudadanía, deportaciones sumarias, violación de derechos humanos y civiles, con el duopolio televisivo, unos ultras reaccionarios y plumas, a lo Vértigo, haciendo de "coro griego" a la retórica inflamatoria de Calderón y Madrazo, y sus mercenarios mediáticos.

Es riesgoso el uso electoral de la espiral de violencia que causa la instauración de un estado de excepción donde el vínculo fatal entre ultras, provocadores y el terrorismo de Estado, expresado en la saña contra obreros, mujeres y ejidatarios, juega un papel central. Pero de eso se trata: la derecha prianista, guiada por "expertos" estadunidenses, engaña y usa el malestar gestado por un neoliberalismo polarizante, entreguista y antipopular que hunde la economía de los hogares de la gran masa de votantes.

Cuando Calderón, Madrazo, Diego Fernández de Cevallos y Manuel Espino tratan de involucrar al PRD y AMLO en los actos de violencia, queda manifiesta la mala leche que une la vasta y multimillonaria campaña de miedo y la guerra sucia, para inducir el abstencionismo de los votantes indefinidos o cambiantes, creando el caos e impulsando la espiral de violencia. Es un juego peligroso y desesperado de "cabezas calientes" decididos a consumar el saqueo petroeléctrico en curso y la depredación de la hacienda pública (IPAB), asustados ante auditorías de manejos que ya se detectan chuecos.

Frente a la calumnia, Jesús Ortega, senador del PRD, propone que ahora más que nunca y en medio de estos despropósitos de la ultraderecha y sus porros de dentro y de fuera, lo que el país necesita es calmar los ánimos para que no siga estallando y se nos vaya de las manos:
"... no vamos a doblar la cintura para agarrar lodo y aventarlo. Eso es lo que quieren provocar, que reaccionemos ante el lodo que avientan para que nosotros hagamos lo mismo. No. Eso no haremos". Mensaje serio y tranquilo, que nos llega.