Halliburton, Irak y Katrina

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 15 de septiembre de 2005.

La "no prevención" de catástrofes que tipifica al gobierno de Bush, es "maná del cielo" para Halliburton -y su subdidiaria Kellog, Brown and Root (KBR)-, la gigantesca firma de servicios petroleros encabezada por Dick Cheney hasta que asumió la vicepresidencia de EU.

Sean calamidades creadas por mano humana, como el 11/09 y su secuela en Irak, o por fuerzas naturales, como el devastador huracán Katrina, los contactos -y la simbiosis- de la empresa con la cúpula político-militar de la presidencia imperial, le permiten aprovechar esas adversidades para hacer buenos negocios.

Si se revisan los detalles pronto se develan los mecanismos y operaciones que permiten y facilitan este proceso. Los principales contratos gubernamentales de Halliburton se realizan con el Pentágono, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ACE, por sus siglas en inglés) o de la Marina, bajo una modalidad conocida como Logistics Civilian Augmentation Program (LOGCAP), un esquema de privatización -y "mercenarización"- de las funciones de "logística" del Pentágono iniciado en 1985, que permite a cientos de firmas suplir servicios y suministros como transporte, habitación, construcción de cárceles, preparación y distribución de alimentos y combustible, interrogatorio (sic) de prisioneros, limpieza, lavandería, etcétera, "liberando" a miles de tropas que son usadas en el frente de batalla.

El LOGCAP no logró gran aliento sino hasta que Dick Cheney, como secretario de Defensa de Bush padre, lo impulsó y generalizó en 1992 por medio de un estudio que contrató precisamente con KBR para determinar si los contratistas podían hacerle frente a las necesidades logísticas "básicas" del Pentágono.

El estudio, clasificado, concluye que un LOGCAP generalizado beneficiaría al gobierno con "la ventaja" de que las empresas no están sometidas al código militar, por ejemplo en materia de atrocidades -caso de los contratistas del Pentágono en Colombia-. En agosto de 1992 Cheney otorgó el primer contrato "ampliado" de LOGCAP a favor de KBR y poco después, en 1995, fue nombrado presidente de Halliburton. Este tráfico de influencia y manejo presupuestal, Estado-empresa (pork and barrel) y de personal (revolving door) es parte del modus operandi del capital monopolista.

En 1997 la Auditoría General detectó irregularidades y Halliburton fue sustituida por DynCorp, pero mantuvo un contrato sin licitación por cinco años para reconstruir los campos petroleros de Irak. En 2001, con Cheney en la Casa Blanca, KBR logró un contrato LOGCAP por 10 años y hoy domina el 90 por ciento de todo el LOGCAP en Irak, pasando de 320 millones de dólares en junio de 2003 a 2 mil millones (mm) en septiembre de ese año. Según Lolita Baldor de AP, entre 2003 y 2004 Halliburton realizó contratos en Irak valorados en 10.7 mm, pero éstos pueden llegar a los 18 mm, sin incluir otros LOGCAP de KBR en decenas de países como la construcción de las cárceles en Guantánamo y Afganistán o los 1.22 mm de Halliburton con Pemex, empresa estatal sujeta a iniciativas del Banco Mundial para su desmantelamiento (divestiture) y extranjerización, intensificadas por Fox. Halliburton está sometida a "auditorías" y se detectan copiosas anomalías ("sobornos" al por mayor, cobro de 10 mil comidas diarias que no sirvió, sobreprecio en la gasolina para el Ejercito, uso de alimentos con un año de caducidad, etcétera). Aún así, la prensa informa que en julio pasado el Ejército le asignó 5 mm a Halliburton para el apoyo logístico de las tropas en Irak hasta julio de 2006, un aumento de mil millones por los mismos servicios.

En 2003 se dijo que la guerra costaría 60 mm. En marzo de 2005 la erogación de las operaciones militares llegó a 135.3 mm, de un total de 250 mm. Se gastan 6 mm al mes y en cinco años la cifra acumulada se calcula en más de 1.3 billones.

Malo para el mundo y los contribuyentes, bueno para Halliburton, el principal entre cientos de contratistas militares en Irak que, además, se beneficia de los desastres naturales: una de sus subsidiarias acaba de recibir un contrato de 500 millones de dólares de la Marina para realizar reparaciones de emergencia en instalaciones navales dañadas por Katrina. En julio de 2005, KBR Services Inc obtuvo un contrato para prestar servicios de emergencia, retiro de escombros y basuras, en caso de desastres naturales.

La Casa Blanca tenía una idea clara y precisa del impacto que tendría un huracán de categoría 3, 4 o 5 proveniente del Sur-Sureste de Luisiana sobre Nueva Orleáns. Así se lo hizo saber hace un año la Agencia Federal de Gestión de Crisis que pidió a la Casa Blanca, por medio del secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, tomar medidas para mitigar el desastre, incluyendo el reforzamiento y ampliación de los diques de protección al Norte de la ciudad. El ACE estimó su costo en 14 mm. Ante el drenaje presupuestal de la "reconstrucción" de Irak sólo se asignaron 700 millones. Se habrían salvado miles de vidas. Pero las utilidades empresariales, por la "no prevención" de estas tragedias humanas, son fabulosas.

La quinta columna imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 1 de septiembre de 2005.

No quitan el dedo del renglón y menos ahora que los productores de petróleo experimentan una creciente incapacidad física para enfrentar la creciente demanda mundial de crudo: las empresas del petróleo, el gas y la electricidad y los instrumentos del Estado imperial, desde el Pentágono y la CIA hasta el Banco Mundial y el BID, insisten en impulsar "reformas estructurales" e implantar "mecanismos de integración energética", encaminadas a la privatización y extranjerización del complejo petroeléctrico mexicano, Petróleos Mexicanos (Pemex) Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza.

En febrero de 2005 David J. O'Reilly, presidente del Consejo (CEO), de Chevron-Texaco, no dejó duda sobre el trance energético: "planteado de manera simple, la era del fácil acceso a la energía ha concluido. En parte esto es así porque estamos experimentando la convergencia de la dificultad geológica con la inestabilidad geopolítica". Es un asunto urgente para grandes empresas y los gobiernos de las naciones productoras o importadoras de crudo.

A consecuencia de la segunda revolución industrial, el uso e impacto del petróleo se siente en virtualmente todos los sectores de la economía, la sociedad y la política, en todas las sociedades del mundo, acrecentándose de manera inconmensurable con el arribo y la producción en masa de la máquina de combustión interna tanto para el sector civil como el militar, de la petroquímica con decenas de miles de productos que forman parte del estilo de vida actual, incluyendo los fertilizantes, esenciales para la producción agrícola mundial, del transporte masivo -terrestre, aéreo y marítimo- y, en el caso de México, ni más ni menos, como ingrediente de gran peso en el conjunto de fuentes para la generación eléctrica.

No extraña entonces que de cara a las próximas elecciones presidenciales, la CNN, conocida en América del Sur como Tv Bush por su alineamiento con las políticas de la Casa Blanca, se incorpore a una embestida privatizadora que opera desde lo que ya es un sistemático y paulatino desmantelamiento de las mencionadas empresas públicas. Es una tarea en la cual es imprescindible el sometimiento, la complicidad y la colaboración de una voraz oligarquía y su cúpula gubernamental, históricamente inclinada a entregar al capital extranjero el patrimonio nacional y las principales operaciones económicas, a cambio de una coparticipación en la apropiación del excedente. La política "energética", en cuyo diseño participó, además del BM y varias consultoras, la fallida y escandalosa Enron, con toda su agudeza gerencial, no menos que delincuencial, cede la parte operativa de Pemex a Halliburton, Bechtel, Degollar McNaughton, Scotia Group, Dosel International, entre otras, con jugosos contratos y las convierte en su brazo técnico.

Es una inconstitucional y desleal operación perpetrada desde "adentro" por una quinta columna que ya "se asume" como tal. En una entrevista con Carmen Aristegui, difundida por CNN, el director de la CFE se declaró abiertamente contra la empresa. Al plantear su apoyo a la "apertura eléctrica" reconoció lo sorprendente que podía parecer su actuación cuando, siendo su director, atacó los fundamentos constitucionales de la CFE. Es algo insólito porque tanto él como Fox están comprometidos jurídicamente ante la nación a defender la Constitución y la integridad de las empresas bajo su responsabilidad.

La arremetida del director de la CFE contra la CFE se hizo desde una televisora de EU que promueve "reformas estructurales" que benefician a empresas de ese país, esta vez por medio de una entrevista interrumpida por espots de Fox en sus momentos estelares de entreguismo. Con una Aristegui light en materia eléctrica, el resultado fue un gran "promocional" contra el principio de "México para los mexicanos", esa herejía del general Cárdenas ante la doctrina Monroe y el destino manifiesto.

En la mira está la riqueza petrolera localizada en aguas profundas del Golfo de México. Al respecto el director de Pemex dijo ante el Senado que "es urgente legislar" (v.gr modificar la Constitución) para no perder los negocios que se presentan ahí: "No podemos desarrollar un proyecto de esta naturaleza eficientemente si no nos asociamos con las gentes que lo han hecho durante 30 o 40 años". Según el senador Manuel Bartlett, del PRI, "la presión ahora está sobre la riqueza del Golfo de México, donde se realizan gestiones para que hagamos alianzas, que son además contratos de riesgo (inconstitucionales) para explotar el Golfo debido a la desvergüenza de este gobierno al decir 'no podemos, no tenemos tecnología' ".

EU quiere dar continuidad y "constitucionalidad" al despojo. El titiritero necesita una nueva marioneta y el PRI ya se apuntó para tan magna encomienda: con miras al 2006-2012 desvinculó su plataforma electoral de los preceptos constitucionales clave. Para Bartlett, Roberto Madrazo, el promotor de este cambio y aspirante, "es un tránsfuga que se ha convertido en vasallo de intereses trasnacionales".

El Chernobyl mexicano

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 18 de agosto de 2005.

En momentos en que los precios del petróleo se disparan tanto por el aumento de la demanda mundial, la ocupación militar de Irak como por evidencias de límites geológicos de las reservas de petróleo convencional, la opción nucleoeléctrica resurge de las cenizas de Chernobyl, promovida por la "Comisión Cheney sobre Energía" como la opción energética más barata y limpia, paradójicamente en medio de amenazas de Bush contra Irán, precisamente por la vinculación entre los residuos de la nucleoelectricidad y el armamentismo nuclear.

Calentar agua con un reactor para generar electricidad, aunque no produzca gases con efecto invernadero, es una opción sumamente peligrosa y cara. En el mundo existen más de 300 centrales nucleoeléctricas y sólo entre 1971 y 1986 ocurrieron 156 accidentes en 12 países, como lo recordó en 1991 Vladimir Chernousenco, director del Laboratorio de Física No Lineal de la Academia de Ciencias de Ucrania, en entrevista sostenida con Raquel Peguero. Sus conceptos, incluidos en el impactante libro de Guillermo Zamora: Caso Conasupo: la leche radiactiva (Planeta 1997) indican que la opción nucleoeléctrica sólo en apariencia es barata y limpia, ya que se ocultan otros costos, como el de que los reactores deben "alimentarse de uranio que luego se convierte en plutonio y no es posible almacenarlo en ninguna parte, además de que es extraordinariamente peligroso.

Otro, el costo de hacerlo seguro y finalmente su desmantelamiento después de 30 años, cuando las plantas se vuelven obsoletas y esto es sumamente caro". (p. 61). En efecto, hoy la prensa de Estados Unidos informa de la polémica en torno a usar territorio de Arizona como el basurero para los residuos radiactivos acumulados por la industria "civil" y militar de EU. Es imposible mantener seguro un material que permanecerá activo por decenas de miles de años. A ello se suman los peligros del armamentismo impulsado por Bush que aumenta el uso del plutonio.

En México, con la nucleoeléctrica de Laguna Verde llegando a su obsolescencia, debe exigirse una evaluación ambiental y de los contratos y empresas involucradas en su desmantelamiento. El accidente ocurrido el 15 de abril de 1986 por el fallo del reactor cuatro de la nucleoeléctrica de Chernobyl puede repetirse. Georgi Arbatov, entonces director del Instituto Moscovita sobre EU, (llamado el Kissinger de Oriente, aunque jamás fue responsable de crímenes de guerra, que a fin de cuentas, es el meollo de la gestión pública de Kissinger), indica que ese accidente fue comparable con una explosión atómica en la atmósfera, evaluación que se ajusta a la de Chernousenco encargado además de los trabajos de limpieza de Chernobyl, condenado a muerte por la radiación recibida en el curso de esa misión y quien advirtió a Gorbachov que "el desastre de Chernobyl puede considerarse entre los más graves del desarrollo de la civilización entera".

En la Federación Rusa, hasta 1991, habían sido afectadas 5 millones de personas, con más de 10 mil víctimas mortales y todavía para esa fecha vivían otros 8 millones en lugares contaminados. (p.60). El físico indica que, a principios de los 90, el área total sujeta a la contaminación radiactiva era de 100 mil kilómetros cuadrados mientras se siguen descubriendo nuevas concentraciones de contaminación, y más de 35 millones de personas, en distintos grados, han estado sujetas al ataque radiactivo (p.63). Después del siniestro se detecta que la radiactividad llegó también a los suelos, alcanzando a todos los países de Europa, afectando a la vegetación, animales, alimentos y a los seres humanos.

El veneno radiactivo se propagó por todo el viejo continente y cruzó el Atlántico, "atracando" en Veracruz y afectando a nuestra población y niñez, no por el "régimen de vientos", sino por el régimen de cinismo, corrupción, irresponsabilidad, codicia e impunidad de los ex presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Así lo demuestra Zamora al describir el modus operandi del aparato de poder -políticos, empresas públicas y privadas y académicos-, involucrado en uno de los más arteros asaltos contra la salud de la población mexicana, concretado en la compra y distribución de entre 17 y 43 mil toneladas métricas de leche en polvo de la República de Irlanda, contaminada con cesio 137 y estroncio 90.

En su prólogo, Homero Aridjis, del Grupo de los Cien, recuerda que la Organización Mundial de la Salud había advertido al gobierno mexicano sobre la leche radiactiva, "pero la Secretaría de Salud, bajo la responsabilidad de los doctores Guillermo Soberón, secretario, y Jaime Martuscelli, subsecretario...autorizó la distribución y comercialización de la leche". Al referirse a la negligencia criminal de los responsables en esta materia, el físico Miguel A. Valdovinos indica que el Laboratorio de Monitoreo y Dosimetría Ambiental de Laguna Verde encontró dosis significativas de radiactividad en las muestras de la leche, "provocándose el peor accidente radiológico ocurrido en la historia de México, consecuencia, a su vez, del peor accidente radiológico ocurrido en el mundo".

Hiroshima: terrorismo de Estado

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 4 de agosto de 2005.

A 60 años del ataque atómico contra Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, todavía muchos aceptan la justificación esgrimida por el gobierno de Harry S. Truman y sus sucesores de que así se acortó la guerra y, en la interpretación oficial, popularizada por Hollywood, cientos de miles de soldados de Estados Unidos habrían salvado la vida. Es lo que se enseña en muchas escuelas y se difunde por la televisión, especialmente en History Channel, ese intento por apropiarse del pasado y, en una suerte de ejercicio orwelliano, digerirlo para expulsarlo al mundo con habitual falta de objetividad e interpretaciones sesgadas precisamente para consumo de aquellos pueblos que han sido impactados por dichos sucesos.

Hiroshima es uno de ellos, demasiado importante para dejarlo en manos de los mercaderes. Su significación y actualidad es un hecho. Según una encuesta realizada en 2003 entre periodistas y otros formadores de opinión, la abrumadora mayoría identificó esos ataques con armas atómicas como el suceso más importante registrado durante el siglo XX. Frente a la actual y sostenida carrera armamentista, este es un leve reflejo del profundo impacto humano, histórico y estratégico de Hiroshima y Nagasaki. Cuando la mentira sistemática priva para justificar guerras como la de Irak, cobra inusitado relieve político, no menos que histórico, la investigación de Gar Alperowitz The decision to use the atomic bomb (Nueva York, Knopf, 1995), que demuestra documentalmente que esos ataques no fueron causados por necesidades militares sino por motivaciones políticas que tenían más que ver con la intención de impactar el medio ambiente posbélico que acabar con la guerra. En los hechos el brutal mensaje de Truman fue: "tenemos el monopolio de este tipo de armas de destrucción masiva, y no nos tiembla la mano para usarlo contra la población civil". Es una "misiva" dirigida al resto de la humanidad, no sólo a Stalin. Por medio de Hiroshima y Nagasaki, Truman "globalizó" Auswich y, como lo he señalado en otra oportunidad, proyectó hacia el futuro la práctica del terror de Estado, del genocidio, de los crímenes de guerra, del exterminio sistemático de la población, y de las operaciones clandestinas como instrumentos de política exterior.

Alperowitz muestra que William D. Leahy, almirante de la marina estadunidense y jefe del Estado Mayor de Truman, dejó constancia documental de que "el uso de este armamento bárbaro en Hiroshima y Nagasaki no ayudó materialmente en nuestra campaña militar contra Japón... Al ser los primeros en usar esa arma, adoptamos los niveles éticos prevalecientes entre los bárbaros de las eras oscuras. A mí no se me enseñó a hacer la guerra de esta manera. Las guerras no pueden ganarse destruyendo mujeres y niños". Los generales MacArthur y Eisenhower en ningún momento pensaron que fuera necesario usar la bomba atómica contra la población civil. Eisenhower escribió: "... expresé a Stimson (el secretario de Guerra) mis graves dudas, primero en la base de mi convicción de que Japón ya estaba derrotado y que lanzar la bomba era un acto totalmente innecesario, y segundo porque sabía que nuestro país debía evitar ofender a la opinión mundial usando un armamento innecesario para salvar vidas estadunidenses". Alperowitz nos recuerda la sorpresa de Norman Cousins, al enterarse, en el curso de una entrevista con MacArthur realizada después de la guerra, que ni siquiera fue consultado, expresando, además que no existió justificación militar alguna para lanzar la bomba.
Hiroshima es un acontecimiento mayor en la historia de 500 años de la modernidad. Como advirtió Günther Anders, vivimos en la era en la que "en cualquier momento disponemos del poder para transformar cualquier lugar de nuestro planeta, aun nuestro planeta mismo, en una Hiroshima". La reflexión seria sobre Hiroshima permite apreciar, en toda su magnitud ética y estratégica, acontecimientos contemporáneos como la actual política nuclear de Bush y el brutal ataque aéreo contra la población civil iraquí, perpetrado bajo el lema de shock and awe, la rúbrica del terrorismo de Estado del secretario de la Defensa Donald H. Rumsfeld y de Paul D. Wolfowitz, el "presidente" del Banco Mundial. Tan grave como la cómplice participación del gobierno de Junichiro Koizumi en la carnicería de Bush en Irak, una bofetada a las víctimas de Hiroshima.

La Casa Blanca alienta la proliferación y modernización de las armas nucleares, la intensificación de la carrera armamentista a nivel nuclear y de balística intercontinental, y gira instrucciones secretas para preparar ataques con este tipo de armas contra seis naciones, Rusia y China entre ellas. El Sistema Nacional Antibalístico y la adopción de la guerra preventiva son parte de un explosivo recetario que incluye 4 mil 500 armas nucleares ofensivas de Estados Unidos, 3 mil 800 de Rusia, y entre 200 y 400 de Francia, Inglaterra y China. La de Bush es una política nuclear, a decir de Robert MacNamara, "inmoral, ilegal, militarmente innecesaria y espantosamente peligrosa".

La autocracia imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 21 de julio de 2005.

En lo que es un neurálgico encadenamiento de acontecimientos que tiene como pivote las iniciativas políticas, judicial-policiales y de "seguridad nacional" impulsadas por Bush al amparo de la indignación nacional y mundial, ante los ataques del 11-9, las agencias noticiosas informan del resurgimiento en EU de un clima dictatorial, de acosamiento político, que recuerda al macartismo que afligió a esa nación después de la Segunda Guerra Mundial.

Se indica que Greenpeace y la Unión por las Libertades Civiles (ACLU), grupos pro derechos civiles, acusan a funcionarios de la FBI de usar los poderes de la Ley Patriótica "para borrar la frontera que separa las actividades legítimas de desobediencia civil de las actividades terroristas, en un intento por reprimir la oposición política" (La Jornada, 19/7/05). Esto es parte de una sistemática erosión de la Constitución y de la instauración de un Estado de excepción policial-militar por medio de esa "ley", muchas de cuyas cláusulas vencen este año, pero Bush, aprovechando el 7-7 inglés, se esfuerza por darles carácter "permanente".

Como el núcleo de los integrantes del Project for a New American Century (PNAC) ocupan cargos clave en el gobierno de Bush (Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Bolton, etcétera) es importante recordar el "guión" principal para el ascenso de la nueva derecha, sintetizado en Rebuilding America´s Defenses, trazado por el PNAC en septiembre de 2000.

El PNAC planteó, y ya en el poder esperó que ocurriera "un evento catastrófico y catalizador -como un nuevo Pearl Harbor-", que movilizara a la opinión pública y permitiera aplicar sus teorías y planes de acción (Rebuilding..., citado por Chalmers Johnson, The Sorrows of Empire, Metropolitan, 2004, p. 229). Para el PNAC el 11-9 fue un suceso propicio para poner en marcha una suerte de putch. Pocos días después del 11-9, Condy Rice interpretó la tragedia, con sus más de 3 mil muertos, como una "oportunidad". Rice, entonces a cargo del Consejo de Seguridad, convocó a sus miembros y les pidió, (textual), "...pensar en cómo capitalizar estas oportunidades para cambiar de manera fundamental la doctrina estadunidense y darle forma al mundo, a raíz del 11 de septiembre", añadiendo: "realmente pienso que este periodo es análogo al de 1945-1947", el periodo de acoso de la guerra fría, ahora denunciado por Greenpeace y la ACLU.

En estos momentos la ACLU suena la alarma por el sometimiento de una legislatura bipartidista, dominada por los republicanos, a las exigencias presidenciales por la renovación y extensión indefinida de la Ley Patriótica. Al cúmulo de acciones despóticas (tortura sistemática, cárceles y tribunales militares secretos, etc.) se agregan dos medidas opresivas: primero, las silenciosas maniobras en la legislatura para, en palabras del New York Times (NYT, 16/7/05), "destruir uno de los pilares del derecho constitucional: el poder de habeas corpus de las cortes federales... horroriza que los legisladores contemplen la destrucción de un derecho humano básico que se estableció después de mucho sufrimiento, a lo largo de tres siglos de jurisprudencia".

Cuatro días antes, ese mismo rotativo del establishment mediático nos informa que la autocracia presidencial acelera, de manera alarmante, la extensión del oscuro y denso manto de la "seguridad nacional" a una vasta masa de documentos oficiales, que a la menor excusa son retirados del escrutinio público. Es una peligrosa regresión que se detectó después del 11-9, sobre todo, aunque no exclusivamente, en expedientes y minutas sobre el papel estatal en la "no prevención" de esos ataques. El NYT indica que el gobierno está clasificando documentos para evitar su inspección pública "a un ritmo de 125 por minuto" con una tendencia "que casi duplica el número de documentos anualmente ocultos al ojo público: más de 15 millones el año pasado y cerca del doble de lo que se clasificó en 2001". Con el pretexto de la campaña antiterrorista, el gobierno usa categorías amorfas para la clasificación de documentos a fin de que no sean conocidos por la población, bajo rúbricas como "información de seguridad sensible".

En medio de este temible proceso, es significativo que quien encabeza las quejas por el "secretismo" sea Thomas Kean, copresidente de la comisión independiente que investigó los ataques del 11-9. Kean advierte que este ocultamiento es contraproducente para la seguridad: "el mejor aliado que tenemos para protegernos contra el terrorismo es un público informado", y señala que el monumental fallo de inteligencia del 11-9 no se debió a fugas de información, sino a las barreras de información entre el público y las agencias responsables de la seguridad.

La Casa Blanca hace grandes esfuerzos por extender al resto del mundo ese estado de excepción de corte policial-militar junto al clima sicosocial persecutorio denunciado por Greenpeace y la ACLU. No es asunto que nos sea ajeno. Fox y Abascal, por medio de la "Alianza", ya nos metieron en el ajo, calladamente, sin consultarnos.

La sangrienta bandera del 11/9

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 7 de julio de 2005.

La retórica de la Casa Blanca para justificar la guerra contra Irak observa una modificación importante e inquietante: ahora se centra en la explotación de las emociones colectivas generadas por el 11/9. En un discurso ante cientos de soldados, transmitido en cadena nacional para defender la carnicería que EU comete por el petróleo y otros negocios de "reconstrucción" en Irak, Bush mencionó once veces el 11/9 explícitamente, y otras más de manera implícita. "Esta guerra llegó a nuestras costas el 11 de septiembre de 2001", dijo Bush en esa ocasión, agregando que la inusitada resistencia a la ocupación es parte "... de la misma ideología asesina que destruyó la vida de nuestros ciudadanos en Nueva York y en Washington y en Pensilvania".

Fue tal su insistencia en el 11/9 que el New York Times en su editorial del 29 de junio pasado exclamó: "... no esperábamos que Bush se disculpara por la falsa información con que nos llevó a la guerra, o por los errores catastróficos que hizo su equipo en la conducción de las operaciones militares. Pero habíamos esperado que se resistiera a la tentación de usar la sangrienta bandera del 11/9 una y otra vez para justificar una guerra contra un país que no tuvo absolutamente nada que ver con esos ataques terroristas".

El lenguaje de la presidencia imperial para justificar la guerra se modifica así por tercera ocasión. Ante el derrumbe documental -y moral- de la farsa protagonizada por Bush y Blair sobre las "armas de destrucción masiva" que, según ellos, Sadam Hussein podría desplegar "en 45 minutos", se pasó a la "ofensiva por la democratización": otra excusa para dar respaldo propagandístico a la ocupación colonial de Irak y su infraestructura petrolera. Tales objetivos resultan también insostenibles por el apoyo abierto y los vínculos de Bush con notorias autocracias del Medio Oriente y por el esfuerzo que ha desplegado su gobierno a favor de la revalidación y ampliación del régimen de excepción policial-militar instaurado en EU después del 11/9 por medio de la Ley Patriota, cuya vigencia de cuatro años vence precisamente en 2005.

Ese límite temporal fue impuesto por la preocupación de los legisladores de abusos de los extraordinarios poderes otorgados al Ejecutivo y formalizados el 24 de octubre de 2001 (La Jornada, 25/10/01, p. 7).

La Ley Patriótica fue aprobada por el Congreso en medio del pánico generado por el 11/9, "reforzado" por unos todavía no aclarados ataques con ántrax. Ese bioterrorismo, impune y selectivo contra medios de comunicación, miembros claves del Congreso y edificios legislativos, creó un clima de terror e indignación que ayudó a "legitimar" ante la opinión pública los bombardeos contra Afganistán y a impactar el medio ambiente sicosocial y político en el que se aprobó la instauración de un estado formal de guerra y de excepción policial-militar en EU.

Las preocupaciones de los legisladores se vieron confirmadas poco después por el decreto presidencial firmado por Bush que otorga poderes al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, para el establecimiento de Tribunales Militares Secretos, con poderes de procesamiento, enjuiciamiento y ejecución secretos de individuos de origen extranjero, emigrantes, residentes en EU o en cualquier otro país, que sean sospechosos de actos de terrorismo. El decreto se aplica de manera selectiva y fraudulenta.

Que se sepa ni Rumsfeld ni el Departamento de Justicia han procedido contra Posada Carriles, terrorista de la CIA que transitó por México y que deambula libremente en EU, ya que goza del favor presidencial por su brutal activismo contra la revolución cubana.

Los excesos de Bush y Rumsfeld contra los prisioneros en Abu Grahib, la instauración de lo que Amnistía Internacional apropiadamente calificó de Gulag estadunidense, por las condiciones y trato atroz de prisioneros en distintas bases estadunidenses en el orbe, notablemente en Guantánamo y el amplio uso de barcos de guerra como centros de detención y tortura, aunado a los abusos del aparato policial estadunidense, han generado un clima de crítica y oposición a la Ley Patriota por parte de la opinión pública y de legisladores demócratas, acompañados de un puñado de republicanos. Esto ahora preocupa a una Casa Blanca ya de por sí inquieta e irritada porque miembros de las familias de las víctimas del 11/9 realizan o plantean realizar juicios por daños y perjuicios contra empresas de seguridad, consejeras de la Guardia Nacional Saudita, ex integrantes de las fuerzas especiales de EU, bufetes, fundaciones filantrópicas y allegados sauditas de Bush, y también contra funcionarios del consulado de EU en Yeddah que expidieron 15 de las 19 visas a favor de los secuestradores de los aviones. A todos se les menciona corresponsables del 11/9, tragedia usada por Bush como "máquina para la manufactura de poder", como describió Golo Mann el uso político que hizo el nacionalsocialismo de eventos semejantes. Aunque también es un arma de doble filo.

El plan de juego 2006

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 23 de junio de 2005.

Arrancó el "plan de juego" oficial favorito, esta vez en torno a los comicios de 2006: desactivar electoralmente cualquier propuesta alternativa al actual esquema de saqueo crónico del patrimonio nacional -fundamental aunque no exclusivamente el petro-eléctrico-, relacionando a la izquierda con "la violencia" y el "narcoterrorismo". Así ocurrió en el proceso político-electoral que llevó a Fox y a la derecha, al poder. El logro no fue menor: se mantuvo incólume el programa de depredación imperial-oligárquico bajo la máscara de una "alternancia política" que finalmente exhibió su verdadero rostro en el frustrado intento de desactivar políticamente a López Obrador. En esta ocasión el plan de juego se dirige a lo mismo: garantizar una victoria electoral, ahora en favor del aparato priísta, que, bajo Madrazo, ya tomó medidas concretas para congraciarse con el alto empresariado petrolero y la Casa Blanca, desvinculado su programa del 27 constitucional. La noción de fondo de Bush y Fox es la de "remover" a cualquier "necio" que obstaculice el fluido curso de los negocios -sean del petróleo, el gas, o del agua, entre otros-, por medio de la consolidación de una dinámica electoral a la usanza estadunidense, acaparada por un duopolio partidista.

Es significativo que el arranque del "plan 2006" estuviera a cargo de Bancomer-BBVA, uno de los principales beneficiarios, junto con Citigroup-Banamex, del paquete del FMI-BM, impulsado por Salinas, que desembocó en el escandaloso Fobaproa-IPAB y la entrega de la banca y que está en el meollo causal de la magna operación de "la compra-venta de México".

El "plan" dio inicio cuando BBVA sorpresivamente cerró varias cuentas utilizadas por organismos civiles del país y del exterior para canalizar fondos a las comunidades chiapanecas organizadas por los zapatistas. Se dejó en el aire, para que el consorcio pudiese negarlo, que la medida obedecía a la imputación de que las cuentas se usaban para lavado de dinero. La segunda movida se hizo por medio de operativos "antinarcóticos" realizados por la Sedena en Chiapas, para vincular al EZLN con el narco. La mano del imperio es inocultable: es una estrategia utilizada por EU vía su Plan Colombia sobre la que hay que llamar la atención si se toma nota de los acuerdos sobre "seguridad" firmados por los países integrantes del TLCAN. La respuesta del EZLN, de todos conocida, fue puntualmente analizada por Montemayor y Hernández Navarro, desde estas páginas.

Que López Obrador haya sido y sea uno de los principales si no es que el principal impugnador del Fobaproa y crítico de la política económica en curso y que, además, encabece las preferencias electorales tampoco es asunto menor: está en el meollo de un escenario que, como ya se experimentó en 2000, realizaría "operativos de Estado" de "provocación" en su contra, con los consabidos "guerrilleros", "terroristas" y "porros" actuando en el corazón mismo de las bases electorales, en los principales centros urbanos y de educación media y superior. Con una tal dinámica de bajo perfil se generan incidentes que, gracias a la "magia" del duopolio televisivo, se diseminan por todo el país. Se induce así una desestabilización política y anímica, "teledirigida" a emparentar y arrinconar a la "izquierda" con la "violencia" y el "narcoterrorismo". No es el voto "útil" a la Castañeda, sino el más efectivo "voto del miedo", sintetizado en aquella consigna usada por el foxismo, ¿ya se nos olvidó?, del "yo voto por la paz". El de 2000 fue un implacable "plan de juego" usado contra Cárdenas, también centrado en la manipulación del temor. Pero las condiciones del país son otras. El deterioro de la economía popular ha sido tan profundo como el debilitamiento de la legitimidad derivada de la temeraria politización del aparato judicial. Ahora, el mismo ímpetu del "desafuero" se profundiza y se materializa en este (muy) peligroso escenario político-electoral y "policial-militar" de restauración priísta. Lo que está de por medio, visto desde la cúpula imperial-oligárquica no es cualquier cosa: garantizar la continuidad para, entre otras medidas, "constitucionalizar" la entrega de la renta petrolera a las empresas extranjeras del ramo y sus socios de adentro, como se hizo con los bancos. El proyecto imperial (ver Imperialismo económico en México, Debate, 2005), consiste en un Pemex paralelo a cargo de esas empresas, mientras un cascarón se dedicaría al manejo burocrático de los hidrocarburos, según el Banco Mundial por medio de una "...agencia federal de hidrocarburos que estaría separada de Pemex..." encargada de firmar los contratos de exploración y producción con las petroleras. Sería, dice el BM "un ente similar a los existentes en EU, por ejemplo, la Land Comission en Oklahoma y la Texas Railroad Comission".