La Jornada.
México 18 de marzo de 2004.
En medio de los escándalos en torno a la corrupción videograbada de funcionarios y delegados cercanos al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Partido de la Revolución Democrática, la prensa dio a conocer (La Jornada, 5 de marzo, p. 1) que se había detectado un rasuramiento de la información sobre el Fobaproa y que la cúpula del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) había decidido que más de 95 por ciento de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno de ese instituto eran un asunto "de seguridad nacional", por lo que se congelaba su base de datos. Según José Antonio Román y Roberto Garduño (p.19), de las 40 mil fojas que deberían ser sometidas a un análisis financiero público, sólo se proporcionarían 900. Téngase presente que desde diciembre pasado el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) había otorgado el aval para someter a escrutinio las actas y así, por primera vez, dar a conocer al público -y especialmente a los contribuyentes-, sobre quiénes y a favor de qué empresas o grupos se tomaron las decisiones de Fobaproa-IPAB que representan un insolente e insostenible fardo para el erario.
El incidente no es menor. Muestra, de manera dramática, la politización y el doble rasero en que incurre la cúpula de especuladores y político-empresarios que ha hegemonizado el poder en México para tratar un asunto tan delicado como la corrupción. Sanción penal a lo que los especialistas conocen como "la vieja corrupción" y protección y un estatuto de excepción a la "nueva corrupción", usando el escudo de la "seguridad nacional" para encubrir las maniobras de ingeniería financiera del Fobaproa-IPAB, ciertamente el mayor saqueo al que ha sido sometida la nación mexicana desde su fundación. Es algo que debilita gravemente al estado de derecho y envilece y desestabiliza el medio ambiente político.
Además de violar la ley, representa de manera contundente la intención de hacerse de la vista gorda ante el libertinaje y los excesos de los influyentes beneficiarios del Fobaproa-IPAB y de la incautación, a su favor, del patrimonio nacional. Según Oscar Ugarteche, profesor de finanzas internacionales de la Universidad Católica del Perú y asesor principal de la Comisión de Delitos Económicos del Congreso, así como de la Comisión de la Corrupción en la década de los 90, importa distinguir los términos. La "vieja corrupción" está asociada a la pequeña corrupción, a la privatización del servicio público donde se le paga al funcionario para que cumpla con lo que debe como parte de su función regular.
En el caso de los videos-corrupción, cabe aclarar que, como han señalado varios analistas, los buitres no podrían haber actuado sin la presencia de la carroña, algo que ha reconocido López Obrador, precisamente el blanco de lo que a todas luces es una ofensiva en su contra y, notoriamente, el principal político mexicano impugnador del Fobaproa, al declarar su enfático rechazo a la podredumbre dentro de sus filas y su intención, que debe concretar ante una opinión pública que lo exige, de combatir la impunidad. Si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno en el que es central la relación entre el Estado, los funcionarios públicos y las empresas privadas, se trata de una concepción limitada ya que centra su atención exclusivamente en la relación entre el sector privado y el Estado, siendo la línea argumental que a más pobre el funcionario público, y más trámites burocráticos necesarios, más corrupción.
Como indica Ugarteche, en este esquema -usado por ejemplo en las investigaciones de Transparencia Internacional-, "la mafia italiana no encaja, las bandas de narcotraficantes internacionales tampoco y la evidencia de que las grandes multinacionales han estado trampeando y falseando sus libros de contabilidad con la ayuda de sus auditores internacionales, tampoco". Revisando la corrupción en los programas de privatización de empresas públicas, y casos como los de Enron y Parmalat, concluye que las corrientes de análisis sobre la corrupción han estado sesgadas.
En México y Perú existe abundante evidencia de que el sector privado puede ser corrupto desde el Estado y que la "vieja corrupción" asociada a los sobornos ha dado pie a la "nueva corrupción" vinculada de manera estrecha a la política de desregulación y de las "reformas estructurales". En las economías "desreguladas" y sometidas a los lineamientos privatizadores y extranjerizantes del FMI-Banco Mundial, estamos ante fenómenos donde "las mayores corrupciones ocurren donde hay más dinero y no donde hay más burocracia ni donde hay más pobreza". El Fobaproa-IPAB se coloca en el epicentro de la "nueva corrupción" producto de una política económica, a decir de Ugarteche, asociada al manejo de información privilegiada en la cúpula del poder político y económico, "al mismo tiempo que ocurren cambios legales por las reformas económicas en curso". Son "actos criminales cometidos en red y que las liberalizaciones permiten por la eliminación de los controles antes existentes".
