Irak, México y la mano invisible

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 6 de marzo de 2003.

Las contradicciones y respuestas inesperadas que ha recibido la diplomacia estadunidense, generadas al calor de factores geoeconómicos, étnico-religiosos, políticos, jurídicos y estratégicos, así como el despliegue de acciones y reacciones regionales e internacionales en torno a la intención de Estados Unidos de lanzar un ataque unilateral, bajo la cubierta de una guerra de "autodefensa preventiva" contra Irak, no son sino expresión del nudo gordiano que desató esa política de fuerza en un contexto interactivo signado por la complejidad y la incertidumbre. Incertidumbre que afecta de manera peligrosa el funcionamiento de la economía y de la política del orbe.

Desde el Senado de Estados Unidos se advierte a Bush que los costos de la guerra pueden ser "apabullantes" y se le recrimina la reticencia a informar cuánto costará y cuál sería su impacto en la economía estadunidense y mundial. Esta despreocupación sobre los impactos económicos y el énfasis en el uso de instrumentos militares son unas de las características centrales del imperialismo contemporáneo. Cabe recordar aquí la advertencia del senador Robert Byrd de que el gobierno de Bush "...va a tener que pedir prestado para pagar la guerra. Su costo fácilmente ascendería a miles de millones de dólares, devastando el presupuesto federal, de por sí deficitario, y llevándose de por medio a la economía".

En lo que se refiere al aspecto político la situación es igualmente complicada. Las acciones diplomilitares desplegadas por la Casa Blanca desde el Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de espionaje tienden a debilitar las precarias estructuras normativas e institucionales establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, que hasta ahora han jugado un papel importante en los esfuerzos por evitar una tercera conflagración, por lo que el entorno estratégico y el económico tienden, respectivamente, hacia mayor desestabilización y estancamiento. Esto no parece preocupar mayormente a la cúpula gubernamental estadunidense. La BBC informó el domingo pasado que, según el subsecretario de Comercio de EU, "la guerra abrirá el grifo del petróleo iraquí, y este nuevo petróleo tendrá un profundo efecto en la economía de los países industrializados y consumidores".

Queda claro que es una guerra de corte imperialista, dirigida al control de la primera cuenca petrolera del planeta, donde se localiza 65 por ciento de la reserva mundial de petróleo. Dadas las fuertes relaciones entre la Casa Blanca y la industria del gas y del petróleo de Estados Unidos, el desprecio público por el programa bélico de Bush se acrecienta, especialmente si se tienen en mente los enormes e inaceptables costos humanos.

Entre las manifestaciones más importantes de las contradicciones que se gestan, pueden mencionarse: 1) La vasta repulsa de la población mundial a la guerra. A ello siguió una agria disputa impulsada por la retórica encendida y emotiva de Rumsfeld y otros voceros del equipo bushiano contra los "aliados" europeos. 2) Agréguese el rechazo del Parlamento turco al despliegue de tropas estadunidenses en esa nación, lo que Washington trata de revertir mediante una segunda votación, apoyada con acciones encubiertas. 3) Este incidente cobra mayor importancia en un medio ambiente regional en el que la fuerza de la opinión pública árabe contra esta guerra ha sido vigorosa. Lo que jugó un papel importante, si no es que determinante, es el "absoluto rechazo" de la Liga Arabe a una guerra contra Irak. El extremismo de la política exterior de la Casa Blanca logró generar lo que, de cara al divisionismo que ha caracterizado históricamente a esa liga, es una insólita unanimidad. 4) A estas calamidades para la Casa Blanca se agregan la activa diplomacia vaticana, de la iglesia anglicana y del Consejo Mundial de Iglesias contra la guerra y la embarazosa fuga de seguridad que mostró, según documento publicado por The Observer (2/3/03), que la Agencia de Seguridad Nacional había recibido instrucciones de la Casa Blanca de intensificar el espionaje microfónico, telefónico y de correos electrónicos de las delegaciones integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto las de Estados Unidos y Gran Bretaña.

La guerra parece inminente, ya que Bush se mantiene impertérrito en su intención bélico-empresarial por el control, por la vía de consorcios angloestadunidenses, de las reservas petroleras de Medio Oriente, buscando revertir y aniquilar los logros del nacionalismo árabe después de la Segunda Guerra Mundial.

Que algo similar haya ocurrido alrededor del nacionalismo mexicano en materia petrolera y eléctrica, por la vía de instrumentos económicos desplegados desde la presidencia imperial por medio del Banco Mundial, el BID y el FMI y su hegemonización de los instrumentos de Estado en México, no hace sino mostrar la importancia de poner las barbas a remojo e ir más allá para poner coto a la desatinada política presupuestal y administrativa orientada al desmantelamiento, privatización y extranjerización de Pemex y el sector eléctrico. Lo que se pretende con la desregulación comercial y de la inversión del Bravo a la Patagonia es favorecer a grandes empresas por medio del ALCA. Washington es un promotor sui generis del "libre" comercio: practica el nacionalismo económico, el más crudo proteccionismo e inusitados aumentos en el gasto público por la vía castrense, subsidiando a su industria y agricultura. Aunque el libre comercio y la "mano invisible" sean su retórica para impulsar sus intereses, Estados Unidos ha plagado nuestra región con bases militares, incrementado la transferencia de adiestramiento y tecnología militar, iniciando una ocupación militar de facto en Colombia e incrementado su personal de seguridad a niveles que superan los registrados durante la guerra fría. Washington prefiere centrar su estrategia económica, especialmente en materia de petróleo y gas natural, en "la mano visible del Pentágono". Abrir la puerta a sus empresas gaseras y petroleras para que operen de nueva cuenta en territorio nacional es un desatino; especialmente grave para la integridad de la Federación es su intromisión en los 12 mil kilómetros cuadrados de la cuenca de Burgos. Lo que Fox y la cúpula de privatizadores que maneja Pemex realizan en torno a los contratos de servicios múltiples en esa área colindante con Estados Unidos es un desatino y una infracción constitucional que debe ser detenida: de cara a lo que ocurre en Irak y Medio Oriente es una irresponsabilidad histórica mayor.

Genocidio y botín imperial

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 20 de febrero de 2003.

En medio de las masivas protestas contra la guerra que se observaron la semana pasada, se siguieron recibiendo más datos sobre la naturaleza cruda e imperialista que está en la base de la política exterior de Estados Unidos.

El carácter agresivo y abiertamente imperial del gobierno de Bush ha dado el puntapié final a lo que en otra oportunidad califiqué como el ''globalismo pop'', ese discurso fácil, determinista y oportunista que asume que el mercado es el marco de referencia en el que ocurre todo lo demás, una postura adoptada y aceptada por sectores importantes del mundo académico, político y empresarial, y que propone, entre otras falacias, la creciente irrelevancia del Estado y una suerte de disolución del imperialismo en favor de la globalización. Como si la globalización, es decir, la creciente internacionalización de las relaciones económicas, ocurriera en un vacío de poder.

Lo que presenciamos en Barcelona, Madrid, Londres, Nueva York, París y en cientos de ciudades del mundo fueron manifestaciones antimperialistas de enormes proporciones, en un contexto en el que la retórica de una economía política automática difícilmente puede encubrir los impulsos básicos de latrocinio, codicia y hambre lobuna del alto empresariado del capitalismo central y periférico, inmerso como está en una crisis de acumulación que se generaliza a los principales polos económicos y que una guerra como la considerada por Estados Unidos podría acelerar e intensificar en una escala insospechada.

El lema ''kick his ass, get the gas'' (patéale el trasero -a Hussein- y apodérate de la gasolina) que despliegan algunos automovilistas en las carreteras del vecino país norteño, parece haber captado de manera precisa la esencia de una proyección estratégica de poder que combina a la codicia con el genocidio.

Sabemos, por ejemplo, que una guerra contra Irak significa, entre otras atrocidades, la muerte de 30 por ciento de los niños menores de cinco años y de decenas de miles de hombres y mujeres. A las disputas por el botín, en la forma de convenios de construcción, venta de equipo petrolero para la perforación, manejo y mantenimiento de pozos, etc., se agregan las expectativas de la industria de las telecomunicaciones, aeronáutica y de servicios para la obtención de todo tipo de ventajosos contratos, que serían otorgados por el protectorado que Washington espera instaurar en el Irak post-Saddam.

Haliburton y su filial Brown and Root, Chevron, Exxon Mobil, Texaco, DuPont, Shell, Bechtel, Boeing, Caterpillar y decenas de empresas de los más diversos ramos -las mismas petroleras a las que, de manera torpe e irresponsable, el gobierno foxista insiste en introducir en territorio nacional por medio de los contratos de servicios múltiples nada menos que en la Cuenca de Burgos-, serían las beneficiarias inmediatas de esta brutal agresión. No se trata de ''trasnacionales'' que operan en el mundo en el vacío, sin una relación muy directa con el Estado, en este caso de Estados Unidos.

Hago esta aclaración porque en algunos círculos de analistas prevalece todavía la fantasía de que esos entes son stateless corporations (corporaciones sin Estado). Las fantasías del ''globalismo pop'' llevan a algunos a opinar que ''los campos petroleros de Irak no van a ser ocupados por Estados Unidos sino por las trasnacionales''.

De manera -quiero pensar- igualmente cándida se expresan en relación con la presencia, in situ, de esas mismas ''trasnacionales'' en la Cuenca de Burgos. En la base de esta inadmisible amnesia histórica y ligereza analítica está el supuesto, infundado, de una desconexión entre el Estado y la corporación. La simbiosis Estado-corporación es, precisamente, como lo recordó hace algunos días Carlos Fazio desde estas páginas, el meollo del fenómeno imperialista. La declinación relativa de la posición de las firmas estadunidenses en el aparato productivo global, junto con el resurgimiento económico europeo y asiático observado desde la década de los 70, ha propiciado, por un lado, una más densa y compleja relación entre el Estado y las grandes empresas de los países capitalistas centrales, así como una fuerte tendencia por parte de Estados Unidos de utilizar instrumentos económicos -tipo Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o la International Finance Corporation- y no-económicos, es decir, diplo-militares y de inteligencia para, de cara a la competencia europea y asiática, apuntalar a las firmas que operan bajo su jurisdicción, regulación y apapacho.

Desde la perspectiva de los países de América Latina, África y Asia el nacionalismo económico y las crecientes contradicciones interimperialistas ameritan atención. La postura adoptada por algunos, que al mismo tiempo que idealizan al capitalismo y condenan al nacionalismo es, como bien lo expresa Itzvan Mészáros, ''...abiertamente contradictoria, y no sólo hipócrita. Porque los países capitalistas dominantes siempre ejercieron -y continúan ejerciendo- sus intereses económicos vitales como entes nacionales, combativos, independientemente de toda la retórica y las mitificaciones que dicen lo contrario''.

La observación de Mészáros es crucial, ya que las empresas estadunidenses de mayor calibre en petróleo y gas, telecomunicaciones, bienes de capital, construcción, agricultura, minería, servicios y manufacturas, operan en el mundo y, desde luego, del Bravo a la Patagonia, por medio de una estrecha relación de subsidio y regulación con el Estado nación metropolitano. En especial me refiero a dos puntales de apoyo: el económico, que les abre oportunidades de dominio; en nuestro caso, por medio de instrumentos como el BM y el BID, y el diplo-militar, policiaco y de inteligencia, como los que se despliegan en Irak y otros puntos del planeta, incluido el continente americano.

La guerra en Irak y la disputa por los recursos naturales estratégicos y el botín imperial profundizan las fisuras intercapitalistas. Como resultado de la postura antibélica de Francia y Alemania, los halcones del gobierno de Bush analizan las formas de castigar, económicamente, a esos países europeos. Rumsfeld tiene ya una detallada lista de acciones diseñadas para dañar a esos países; en el caso alemán, para impactar negativamente en firmas vinculadas con el sector bélico-industrial y de servicios, como Dile, EADS Deutchland, Rheinmentall y Krauss-Maffei Wegman.

Otras medidas se dirigen contra Airbus y la participación, en el escenario post-Saddam, del complejo francés Total Fina Elf, y de la rusa Loukhoil y de otras 40 empresas que, según Le Monde, mantienen contratos para explotar, se estima que la cuarta parte de las inmensas reservas petroleras de Irak. La relación empresa-Estado es crucial en esta ecuación. La del botín imperial con el genocidio también lo es.

Petróleo y geopolitización de bloques

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 6 de febrero de 2003.

Usar la carta militar para obtener ventajas económicas y geoestratégicas, como lo practica de manera ominosa para la seguridad internacional el gobierno de Bush en su intento por controlar el petróleo de Medio Oriente, está generando acciones, reacciones y contradicciones a lo largo y ancho del orbe, al tiempo que agudiza la incertidumbre económica y pone en entredicho los pilares del derecho internacional y del multilateralismo. Con ello, EU está abriendo una peligrosa etapa hobbesiana en las relaciones de poder internacional. Dada su trascendencia, el fenómeno amerita un cuidadoso escrutinio histórico y contemporáneo.

El unilateralismo de Bush, con su prepotente supuesto de que puede enfrentar solo cualquier combinación de escenarios bélicos, parece repetición del fatal error histórico de otras potencias, de ir más allá de lo que la base económica y política doméstica les permite y que Paul Kennedy llama "sobrextención imperial". El triunfalismo y belicismo de ese gobierno fundamentalista está acelerando el ya perceptible regreso a estrategias y configuraciones de poder anteriores, a escala continental y regional, como las que precedieron las dos grandes guerras. Esta fragmentación se ha venido registrando por la incapacidad de nación alguna para articular el sistema económico internacional. Las formas de organización bloquistas, como recuerda el historiador James Kurth al analizar las causas de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los factores básicos de la Gran Depresión, la geopolitización de los bloques económicos y la guerra.

En verdad, entre los factores múltiples de orden económico-financiero, político militar, cultural y étnicos presentes en la etiología de la Segunda Guerra Mundial, sin duda jugó un papel preponderante el tipo de internacionalización económica caracterizada por la creciente incapacidad de los mecanismos económicos internacionales de ofrecer certidumbre, especialmente en el comercio de materias primas fundamentales para la industrialización.
La guerra por el petróleo de Bush en Medio Oriente está profundizando de manera alarmante esas incertidumbres, dado el papel central del combustible en el funcionamiento de la economía contemporánea. La geopolitización regionalizada se da hoy, conforme los problemas de competencia comercial, industrial y financiera se trasladan de lo puramente económico a las esferas de frecuentes enfrentamientos político-militares para lograr accesos privilegiados a los recursos naturales estratégicos, como es el caso de Medio Oriente. Observamos la conformación de amurallamientos migratorios y comerciales en zonas de exclusividad para el comercio y las inversiones (como el ALCA, auspiciado por EU) y en crecientes manifestaciones de proteccionismo y de nacionalismo económico, como es el caso también de las tarifas al acero impuestas por Bush, la guerra por los subsidios agrícolas entre EU y la Unión Europea, y una amplia batalla en torno a los apoyos estatales a las áreas de alta tecnología, en especial en el sector aeroespacial, algo que el gobierno de Bush alienta inyectando fondos por medio del Sistema Antibalístico Nacional. Nueve de cada 10 proyectos de la NASA, por ejemplo, son manejados por empresas privadas como Boeing, Lookheed y Rockwell.

Con la guerra se profundizan las fisuras trasatlánticas, aumenta la incertidumbre en los mercados y se dan incidentes que ahondan las divergencias intraeuropeas, algo que quedó manifiesto en el comunicado francoalemán de rechazo a la agresividad belicista de Bush. Aunque algunos países europeos cuyos lideratos están más sometidos a los lineamientos de la política estadunidense como Inglaterra, España, Italia, Portugal y la República Checa, entre ellos, con una opinión pública y mundial contra la guerra el posicionamiento francoalemán cuenta con amplio respaldo político en Europa.

Contra la precipitación belicista de Bush, Francia y Alemania mostraron su influencia al diferir una petición de apoyo militar de la OTAN hecha por la Casa Blanca. Según encuestas difundidas la semana pasada, los europeos no sólo rechazan tajantemente la guerra de Bush, sino que, en números sorprendentes, manifiestan abiertas dudas y sospechas sobre los motivos reales del texano. Time (3/2/03) informa que 75 por ciento de los franceses y 54 por ciento de los alemanes creen que el objetivo de Bush es geoestratégico y empresarial, es decir, el control del petróleo iraquí. Es una sospecha ampliamente avalada por varios estudios que se dieron a conocer en Washington, en los que se indica que el gobierno estudiaba diversas experiencias decimonónicas de ocupación territorial y de recursos naturales en otros países con el fin de determinar cuál sería el modelo "adecuado" para lo que voceros oficiales plantean abiertamente como un protectorado militar o civil para el periodo post Saddam, aunque el secretario de Estado, Colin Powell, haya manifestado recientemente que lo que Washington intenta es "administrar el petróleo iraquí en beneficio del pueblo iraquí".

Pero si en Europa se estima de manera mayoritaria y como otro de los motivos centrales que Bush desea una guerra relámpago para mejorar su posición electoral en 2004 y finalmente "vengar a su papá", en EU la situación es similar. Además de la creciente organización de la oposición a cualquier acción bélica unilateral por parte de su país, los consejos municipales de 80 ciudades pequeñas, medianas y grandes, entre ellas Chicago y Detroit, se han manifestado formalmente contra la guerra. En el plano externo la fisura trasatlántica se acrecienta, tanto en términos geoestratégicos (Francia y Alemania tienen inversiones en la industria petrolera iraquí valoradas en decenas de miles de millones de dólares que quedarían a merced del protectorado que instauraría Bush en Bagdad), como políticos. Según declaraciones de un diplomático estadunidense en Europa, "la batalla por la opinión pública europea se ha perdido".

EU: regime change y guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 23 de enero de 2003.

Ahogados por el creciente murmullo de los tambores de guerra y la gran alharaca bélica que diariamente transmiten los medios de comunicación desde el Pentágono, la Casa Blanca, y algunas veces el Congreso de EU, se han esfumado de la atención pública, para gran alivio de Bush, los temas álgidos que se derivan de los acontecimientos que desembocaron en el 11/9.
Entre los aspectos que más han llamado la atención en torno al encadenamiento de eventos que culminaron en los ataques contra miles de civiles indefensos en las Torres Gemelas y el Pentágono, están, por una parte, el deterioro sistemático de los mecanismos de detección y prevención de ataques terroristas que se observó desde el ingreso del nuevo gobierno y que se mantuvo hasta el 11 de septiembre, y por la otra, el amplio conocimiento de Bush y su equipo sobre los escenarios posibles, incluyendo el uso de aviones de pasajeros como armas de guerra. No sabemos si fue coincidencia, pero, según informes recabados por varias firmas de Wall Street, la semana previa al ataque se observó un anómalo desplome en los precios de las acciones de corredurías domiciliadas en las Torres, compañías de seguros y de las empresas de aviación -excepto KLM-, directamente afectadas por esos eventos.

La Agencia de Seguridad Nacional, que rutinariamente hace el seguimiento de cualquier irregularidad de estos flujos y manipulaciones bursátiles, hasta el momento no ha sido investigada ni cuestionada por algún grupo investigador independiente mientras los ataques selectivos con ántrax han quedado en el olvido, a pesar de su extraordinaria importancia para esclarecer las fuentes de los ataques. Aunque de manera explícita Bush, Cheney, Rumsfeld, Ashcroft y Condoleeza Rice han expresado que jamás habían contemplado o siquiera "visualizado" situaciones de esta naturaleza, varios documentos de los organismos de seguridad habían informado a la Casa Blanca, desde el 6 de agosto, sobre escenarios semejantes a los ocurridos en septiembre.

De esto se desprenden, al menos, dos grandes hipótesis: la primera, con implicaciones graves y alarmantes, y la segunda, política y constitucionalmente devastadora para el gobierno de Bush: una abúlica incapacidad de los organismos de inteligencia y seguridad a su mando para actuar y evitar la catástrofe, o bien la adopción de una postura pasiva encaminada a mantener diversas ventanas de oportunidad para el desencadenamiento de los eventos, sin que el gobierno estuviera directamente involucrado, sino por medio de un meticuloso seguimiento de la actuación de las células terroristas, monitoreadas en todos sus movimientos por el sector de operaciones clandestinas. Aunque esta vertiente requiere mayor sustentación documental y testimonial, sea una hipótesis o la otra, el uso político-constitucional y de seguridad nacional e internacional, así como bélico-industrial que se ha dado a esos acontecimientos, apunta a que se ha efectuado una suerte de regime change en EU con graves efectos domésticos y estratégicos.

Bajo Bush, Washington se convierte en la principal amenaza a la seguridad estratégica y política del orbe, ya que se comporta de manera unilateral y unidimensional, ahora a punto de lanzar un vasto ataque a Irak, a pesar de las crecientes divergencias con algunos de sus aliados, militarizando y geopolitizando las relaciones económicas y políticas internacionales, negándose a suscribir el protocolo contra armas biológicas y químicas y rechazando otros, como el de Kyoto. Al renunciar a tratados de limitación de armas estratégicas se abren las puertas a otra carrera armamentista e incluso al uso de dicho tipo de armamento en el inicio de una guerra, con o sin advertencia previa, según un documento secreto filtrado a la prensa.

Pero si Bush ha gestado el mayor rechazo global a Washington registrado en los pasados 50 años como indican las masivas protestas contra la guerra, la sociedad estadunidense se encuentra también dividida respecto a los precipitados preparativos de guerra. En ese contexto la Casa Blanca está consciente de que se incrementarían los costos domésticos de cualquier investigación independiente sobre el comportamiento, las decisiones y los documentos de su gobierno vinculados con el 11/9 y del tejido que le rodea de operaciones clandestinas, el terrorismo, la seguridad interior e internacional.

La propuesta de que Kissinger presidiera una comisión independiente sobre los atentados -que el ex secretario de Estado finalmente declinó- indica la intención de dominar las indagaciones, por medio de personajes con larga trayectoria, compromiso y afinidad política, y con en el aparato de operaciones clandestinas. Pero la veda de Bush va más allá, hasta lo insostenible. Según datos recabados por Adam Tanner de Reuters, Stephen Push, un viudo cuya esposa pereció en el avión que se estrelló contra el Pentágono, condenó públicamente al gobierno de Bush por esconder información durante el juicio que se realiza en Alemania contra Mounir El Motassadeq, involucrado en el 11-9.

La excitabilidad de la Casa Blanca se entiende mejor si se tiene presente que Push es cofundador del grupo Familias del 11-9, que representa a mil 300 sobrevivientes de las víctimas que naturalmente quieren saber por qué sucedió esa tragedia y no se evitó. Push está personalmente "...preocupado por la manera tan vigorosa con que el gobierno de Bush nos está atacando: primero para evitar que se ponga en marcha cualquier investigación independiente, y luego, cuando finalmente aceptaron una investigación independiente, (me preocupa) su lucha (de Bush) por lograr el control de la investigación (... ) Hemos tenido grandes dificultades para obtener información sobre el 11-9 del gobierno de EU. Me pregunto, ¿qué tienen que esconder?"

Las mañosadas de la Secretaría de Energía

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 9 de enero de 2003.

Del flamante, no menos que mendaz, esquema propagandístico impulsado desde la Secretaría de Energía, encaminado a convencer a la opinión pública de que "apoye la reforma eléctrica" porque la electricidad y el petróleo "no se privatizan", mientras en los hechos se procede precisamente en esa dirección, se puede inferir que en 2003 se profundizará el asalto al patrimonio nacional, en este caso dirigido a la desarticulación y apoderamiento del complejo petroeléctrico y gasero del país. Esta ofensiva es una verdadera guerra de conquista, impulsada en México por Washington desde el BM-FMI, con la indispensable complicidad del gobierno "nacional", como resultado de la crisis de acumulación que afecta al capital de manera persistente desde inicios de la década de los 70.

Teniendo en mente el magno fracaso del programa privatizador en México, así como el gran desbarajuste y fraude generados por la desregulación del sector energético en otros países -notablemente en EU-, es realmente temerario el alineamiento de este gobierno con los intereses del empresariado extranjero, su aparato de seguridad y sus socios locales. Además de la desestabilización sociopolítica del sector agropecuario, el gobierno agrega nuevos riesgos e incertidumbres en un sector tan crucial para el funcionamiento de la economía como el sector energético, aunque su efecto combinado y acumulativo afecte y debilite la estructura productiva y la estabilidad sociopolítica de la nación.

El foxismo persiste en aplicar lineamientos que debilitan y atacan al aparato productivo nacional. Eso no importa. El botín petrolero-gasero y eléctrico ha sido codiciado durante décadas, y ahora las grandes empresas del ramo, mediante nuestros propios instrumentos del Estado, como Energía, cuyo presupuesto pagamos los contribuyentes, apuntalan su ofensiva antinacional con una vergonzosa campaña de desinformación, porque mientras al público por la vía de espots de radio y televisión se le dice una cosa, a los inversionistas de adentro y de afuera se les dan otros mensajes, por escrito, más directos y concretos.

Mañoso, el gobierno jura que ni la Comisión Federal de Electricidad ni Luz y Fuerza del Centro (CFE-LFC) se privatizan, mientras en el documento Prospectiva del sector eléctrico 2002-2011 el BM, por conducto de dicha secretaría, plantea un vasto y conciso calendario privatizador argumentando, además, que debido a la importancia que tendrá la inversión privada "nacional o extranjera" en la expansión de la industria eléctrica "... es necesario brindar certidumbre jurídica adecuada para atraer esos recursos al país".

Siguiendo el guión del BM, encaminado a desplomar la inversión pública en las áreas de interés para los inversionistas extranjeros, bajan el switch, por así decirlo, a los proyectos federales de generación eléctrica mientras Energía indica que intenta otorgar permisos para construir centrales de generación eléctrica por un total de 19 mil 703 megavatios. Energía esperaría que en poco tiempo la capacidad instalada del sector privado, "nacional y extranjero" duplicará la de la CFE y de LFC. Según el mencionado documento, de los 14 proyectos de generación en construcción sólo la planta del valle de México se construye con recursos públicos, mientras otros dos se realizan con préstamos y los restantes son privados. En 2003 el gobierno foxista intenta lanzar cuatro licitaciones de generación con préstamos privados, con el aval del BM y su Internacional Finance Corporation.

Como ocurre en el sector eléctrico, en materia petrolera la inconstitucionalidad es persistente mientras la brecha en la credibilidad del mensaje gubernamental de que Pemex no se privatiza es abismal. Su discurso es cínico, según se aprecia en el manejo que el foxismo hace de Pemex Exploración y Producción (PEP), por medio de los contratos de servicios múltiples (CSM) en favor de empresas petroleras grandes, pequeñas y medianas, algunas texanas directamente vinculadas con la presidencia y la vicepresidencia de EU. Entre las posibles favorecidas con la exploración y explotación del gas natural no asociado en la cuenca de Burgos se mencionan Exxon, Texaco, British Petroleum, Shell, Chevron. Aunque se supone que PEP es la entidad que está organizando reuniones en Houston para coordinar y calendarizar la acción privatizadora y extranjerizadora por medio de los controvertidos CSM, se indica que Hunt Oil y Haliburton -esta última hasta hace pocos años dirigida por Richard Cheney- son las entidades que realmente están a cargo de la coordinación, por ejemplo, de la conferencia internacional El sector del gas en México, que se llevaría a cabo a principios de febrero.

El interés estadunidense por controlar el gas natural mexicano tiene como uno de sus componentes no sólo el magnífico negocio que representa, sino el hecho de que, según informes técnicos del gobierno de ese país, "...durante la última década EU ha visto aumentar su dependencia de gas natural canadiense. Las importaciones de gas de Canadá se han triplicado mientras que el aumento de su consumo de gas natural se ha basado en el canadiense, no en nueva producción gasera estadunidense". Y según el Departamento de Energía, de los tres países que integran el TLCAN, México es el único cuyas reservas de gas natural "permanecen subexplotadas". Aquí están los mayores márgenes de ganancias y Fox parece decidido, por medio de los CSM y al margen de la Constitución, a abrir las puertas de este magnífico negocio a sus amigos.

Bush: abriendo las puertas del infierno

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 26 de diciembre de 2002.

En la articulación de la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido notable la brecha entre el discurso de la estabilidad y la democracia, y las acciones de diplomacia abierta y clandestina, generadoras de feroces dictaduras, incertidumbre político-militar, crisis económica, caos y guerra. En el núcleo de esta contradicción entre estabilidad y caos, está la relación simbiótica entre el Estado y la corporación, y la centralidad en esa política, de los intereses cortoplacistas del alto empresariado.

Que los impulsos de centrifugación capitalista dirigidos a lograr máximas ganancias hayan hecho trizas el tejido social donde operan, abriendo la vía al desbarajuste -pero también a la revolución-, queda ampliamente ilustrado desde la experiencia del porfiriato, hasta el trauma que hoy aflige a millones de campesinos junto al sector agropecuario mexicano, así como en el profundo desgarre socioeconómico y político que padece la población argentina, colombiana y venezolana. Las tragedias neoliberales se multiplican mientras el poder y las contradicciones del capital se agudizan.

Este capitalismo depredador propicia: en el plano doméstico, los precipitantes de guerra civil, y en el internacional, los inductores de guerras regionales o de conflagración general. Del Bravo a la Patagonia se generaliza la respuesta social de las mayorías despojadas junto con una profundización de esquemas oligárquico-imperialistas y de instrumentos de corte policiaco-militar auspiciados por Washington. Como ejemplos, el Plan Colombia, la intensificación de la presencia militar y de inteligencia en México, y un nuevo rosario de bases militares desplegadas en el Caribe, Centroamérica y alrededor de Brasil, en parte para enfrentar la explosividad sociopolítica de un esquema de explotación y dominación que ya agotó los límites de la tolerancia sociopolítica, en parte para ofrecer una "sombrilla de seguridad" a los inversionistas extranjeros, en particular a las empresas dedicadas a la explotación de la riqueza petrolera, gasera -vinculadas con la cúpula política de la presidencia imperial-, minera, de las cuencas acuíferas y de la biodiversidad.

En su dimensión bilateral, continental e internacional, la política exterior y de seguridad interior se maneja desde un gabinete repleto de halcones y agentes del aparato de operaciones clandestinas, de cuestionables antecedentes judiciales, extraídos de lo peor que generaron los gobiernos Reagan-Bush padre. Como medida anticíclica, no menos que con la mira en las elecciones presidenciales, se estimula el keynesianismo militar y, paradójicamente, la proliferación de armamento de destrucción masiva mediante inusitados incrementos en el gasto militar, la "modernización" del armamento nuclear, químico y biológico y el despliegue del Sistema Nacional Antibalístico, aunque no existan los fundamentos tecnológicos para el mismo o enemigos identificados y listos a lanzar ataques balísticos intercontinentales hacia Estados Unidos.

La presidencia imperial induce el desorden y caos internacionales mediante la estrategia de la guerra "defensiva anticipatoria" y la promoción del regime change, de Irak a Venezuela. Intenta desactivar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que funge como mecanismo regulador de los precios internacionales del crudo, en medio de un irreflexivo ataque al nacionalismo árabe, con la mira puesta en el control directo y usufructo de la riqueza petrolera de Medio Oriente; alienta oficial y públicamente el rompimiento con el estado de derecho en Venezuela, apoyando las "elecciones anticipadas", al margen de la normatividad constitucional vigente: prisas opositoras regidas por los calendarios bélicos de Bush en Irak y los intereses petroleros que representa.

Los halcones esperan, optimistamente, "una guerra relámpago" exitosa contra Irak como parte de la campaña contra la OPEP que se realiza desde distintos frentes. El secretario de Energía estadunidense, Spencer Abraham, alienta la exploración, extracción y las exportaciones petroleras de México, Ecuador, Colombia, Rusia, el Mar Caspio y las perforaciones profundas en Africa Occidental y el Atlántico. En Colombia, por medio del Pentágono, una brigada del ejército de ese país protege un oleoducto copropiedad de Occidental Petroleum. Desde junio presiona a Nigeria para que le retire su membresía a la OPEP, paso previo -dice Abraham- para que desplace a Arabia Saudita como primer exportadora a Estados Unidos. Pero, según las principales y más serias indagaciones geológicas, los países del golfo Pérsico son los únicos poseedores de una "capacidad productiva superavitaria de crudo", es decir, que pueden aumentar, en un plazo relativamente corto, su producción en varios millones de barriles diarios. En el meollo de estas acciones está la extraordinaria dependencia de Estados Unidos: importa poco más de 60 por ciento. Para 2020 esa cifra, según fuentes oficiales, puede llegar a 90 por ciento. Es un serio predicamento estratégico, pero también ofrece oportunidades a las petroleras para realizar astronómicas ganancias. Las petroleras ya se disputan el botín "post-Saddam".

Que estos intereses cortoplacistas impulsen la militarización y geopolitización del mercado mundial de petróleo sobre cualquier otra consideración, es uno de las mayores amenazas a la seguridad internacional. La guerra y el peligroso intento, probablemente infructuoso, de desactivar a la OPEP, desestabilizarían una de las regiones de mayor explosividad político-militar del planeta, afectando una economía internacional que propende hacia el estupor deflacionario simultáneo en los principales polos capitalistas. Según un estudio sobre los costos de una guerra contra Irak, realizado por William D. Nordhaus, de Yale (síntesis ofrecida por Proceso, núm.1363): "(...) forzar a que Irak se saliera de la OPEP y obligar a ese país a aumentar mucho su producción, sería una declaración de guerra contra la OPEP. Eso generaría una baja de los ingresos en la mayor parte de los países de Medio Oriente, afectaría profundamente la economía de Rusia, desestabilizaría regiones enteras desde Argelia hasta Novosibirsk (Liberia, Federación de Rusia)". Según Nordhaus, si la guerra no se ajusta al escenario optimista de Bush, con un costo aproximado de 99 mil millones de dólares, podría ocasionar erogaciones cercanas al billón 924 mmdd, sólo para Estados Unidos. Su cálculo no contempla los efectos en la macroeconomía global. Estamos en medio del desate de procesos bélicos que pueden adquirir un ímpetu propio y con mecanismos de disuasión muy deteriorados. La presidencia imperial, guiada por intereses estrechos y cortoplacistas, está profundizando las rupturas del tejido social global, abriendo las puertas del infierno.

La revancha de don Porfirio

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 12 de diciembre de 2002.

Son indudables los orígenes históricos y las raíces en la economía de la crisis agrario-campesina que vive el país. Aunque pocos dudan en localizar el fenómeno en el modo en que opera nuestra economía, muchos se inclinan, con razón, a no excluir como parte nodal del análisis a los actores político-institucionales y a las empresas domésticas e internacionales involucradas.

Esa crisis no es resultado de necesidades económicas o de fuerzas estructurales externas "omnímodas e incontrolables" ante las cuales no habría salida, sino de opciones políticas. No estamos a merced de las fuerzas del mercado agrícola; de ser así, mejor cerramos el changarro y nos vamos a casa. No es desde el "mercado" donde surgen decisiones como eliminación de subsidios y de precios de garantía, retiro del crédito agrario y la consecuente desmecanización del campo o la desaparición de los instrumentos de regulación de precios. El desplome de la inversión pública en 80 por ciento en 10 años no resultó de la "globalización". Fueron decisiones políticas, ciertamente bajo el impulso de grupos de interés y el estímulo específico de cuantiosos préstamos del Banco Mundial (BM), verdaderos cañonazos dirigidos a impactar el proceso de toma de decisiones en materia agraria. Toda modificación y rectificación es deseable y posible. Hay espacios y, si no, se forjan mediante la acción política para hacer todo tipo de replanteamientos y reordenamientos.

La internacionalización económica, entendida como categoría científica con base en el análisis histórico, plantea que el presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales con la experiencia del pasado en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder internacional y nacional en el cual ocurren los flujos comerciales, de inversión, las transferencias de tecnología y esquemas productivos. Es un marco de referencia cambiante con persistentes modificaciones en su correlación de fuerzas, internas y externas. Esta observación es crucial en toda reflexión en torno a los traumáticos programas y esquemas aplicados en México, que han llevado a nuestra agricultura a una de sus más graves crisis desde 1910, y si bien no se originan en el TLCAN, sí logran la formalización y profundización de abismales asimetrías, por ejemplo en el capítulo agrícola bilateral torpemente acordado por Salinas con EU. La forma en que el salinato "negoció" el TLCAN fue descrita sucinta y reveladoramente cuando Fred Bergstern, entusiasta del librecambismo, reprochó a los diputados demócratas su negativa a concederle a Clinton el fast track para extender el TLCAN a Latinoamérica por medio del ALCA. Sobre todas las ventajas logradas por Washington les dijo: el TLCAN "...fue negociado con una nación -México- que aceptó todas las condiciones e hizo todas las concesiones". Y es que Salinas no negoció: cedió a espaldas del interés público nacional. En muchos rubros, particularmente en el agrícola, arrojó a nuestros agricultores al ring, como quien se lanza a enfrentar a Tyson, atados de pies y manos y con un árbitro inclinado en favor del más fuerte. El fenómeno sólo puede explicarse identificando a los actores político-empresariales involucrados y a las relaciones clientelares, de dominación o corrupción establecidas entre ellos. Ahí están las empresas, los importadores, los exportadores, los funcionarios, el aparato corporativo y el BM. Ahí están víctimas y beneficiarios. Ni la economía ni el mercado existen en un vacío de poder. La crisis agrícola-campesina mexicana ocurre en un largo torrente histórico y en un caldo de relaciones de poder profundamente leonino en el orden económico-estratégico en el que se fusionan las fuerzas oligarquizantes con los esquemas imperialistas fuertemente impulsados por la Casa Blanca desde el BM. Son relaciones signadas por la inequidad, el conflicto, la dominación, la apropiación del excedente y las contradicciones interestatales, de clase y etnia, de género y de mercados. Como en varias ocasiones ha sugerido M. Kaplan (La formación del Estado latinoamericano, Amorrortu, Buenos Aires,1967), históricamente la internacionalización económica en América Latina se concreta en el comercio exterior y en los flujos de inversiones extranjeras, y ha sido mediante esos dos pivotes que se han incorporado a nuestra dinámica las imágenes, valores, ideas, costumbres, instituciones, bienes, pautas y aspiraciones de consumo que influyen en la economía, la organización subordinada a los ordenamientos internacionales de los países capitalistas centrales.

En México la expresión oligárquica clásica de este tipo de modernización capitalista, el porfiriato, también se centró en la formación de un Estado oligárquico hegemonizado por sectores nacionales y extranjeros unificados por un interés común en la vigencia de una política librecambista y en una coparticipación en la apropiación del excedente. En el porfiriato se instala la "neutralidad malevolente del Estado", ya que por medio de la inversión extranjera y el comercio exterior se profundiza la descapitalización, el drenaje hacia afuera de lo más cuantioso del excedente generado internamente, mientras la oligarquía porfiriana desperdicia su tajada del pastel canalizando sus actividades hacia la usura, la intermediación, la especulación y el consumo suntuario.

Leopoldo Zea lo sintetizó así: "Una pequeña, pero poderosa oligarquía se había formado alrededor del presidente, quien les había otorgado el derecho de enriquecerse. Este pequeño grupo poseía toda la riqueza del país; sus miembros daban preferencia a sus amigos en la distribución de la prosperidad. Cliques surgidas a la sombra de los bancos monopolizaban todas las ganancias y hacían que el progreso social fuera otra leyenda nada más. Ciegos ante los problemas de su país, esas gentes sólo se preocupaban de sus propias ganancias". Esta bien lograda síntesis del porfiriato describe de manera igualmente nítida algunas tendencias que han cimbrado a la sociedad mexicana de nuestros días. Las semejanzas y diferencias entre estos periodos son profundas, pero la comparación histórica es importante.

En un artículo en que se revisa lo que ha venido ocurriendo a la agricultura mexicana desde la "reforma" constitucional al artículo 27 en materia agraria, un conocido semanario estadunidense calificó el proceso de "la revancha de don Porfirio". Los editores evitaron mencionar lo que siguió a la "modernización agraria" de don Porfirio y su pax porfiriana. Posiblemente para no sembrar el desasosiego entre sus lectores.