Petróleo y geopolitización de bloques

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 6 de febrero de 2003.

Usar la carta militar para obtener ventajas económicas y geoestratégicas, como lo practica de manera ominosa para la seguridad internacional el gobierno de Bush en su intento por controlar el petróleo de Medio Oriente, está generando acciones, reacciones y contradicciones a lo largo y ancho del orbe, al tiempo que agudiza la incertidumbre económica y pone en entredicho los pilares del derecho internacional y del multilateralismo. Con ello, EU está abriendo una peligrosa etapa hobbesiana en las relaciones de poder internacional. Dada su trascendencia, el fenómeno amerita un cuidadoso escrutinio histórico y contemporáneo.

El unilateralismo de Bush, con su prepotente supuesto de que puede enfrentar solo cualquier combinación de escenarios bélicos, parece repetición del fatal error histórico de otras potencias, de ir más allá de lo que la base económica y política doméstica les permite y que Paul Kennedy llama "sobrextención imperial". El triunfalismo y belicismo de ese gobierno fundamentalista está acelerando el ya perceptible regreso a estrategias y configuraciones de poder anteriores, a escala continental y regional, como las que precedieron las dos grandes guerras. Esta fragmentación se ha venido registrando por la incapacidad de nación alguna para articular el sistema económico internacional. Las formas de organización bloquistas, como recuerda el historiador James Kurth al analizar las causas de la Segunda Guerra Mundial, es uno de los factores básicos de la Gran Depresión, la geopolitización de los bloques económicos y la guerra.

En verdad, entre los factores múltiples de orden económico-financiero, político militar, cultural y étnicos presentes en la etiología de la Segunda Guerra Mundial, sin duda jugó un papel preponderante el tipo de internacionalización económica caracterizada por la creciente incapacidad de los mecanismos económicos internacionales de ofrecer certidumbre, especialmente en el comercio de materias primas fundamentales para la industrialización.
La guerra por el petróleo de Bush en Medio Oriente está profundizando de manera alarmante esas incertidumbres, dado el papel central del combustible en el funcionamiento de la economía contemporánea. La geopolitización regionalizada se da hoy, conforme los problemas de competencia comercial, industrial y financiera se trasladan de lo puramente económico a las esferas de frecuentes enfrentamientos político-militares para lograr accesos privilegiados a los recursos naturales estratégicos, como es el caso de Medio Oriente. Observamos la conformación de amurallamientos migratorios y comerciales en zonas de exclusividad para el comercio y las inversiones (como el ALCA, auspiciado por EU) y en crecientes manifestaciones de proteccionismo y de nacionalismo económico, como es el caso también de las tarifas al acero impuestas por Bush, la guerra por los subsidios agrícolas entre EU y la Unión Europea, y una amplia batalla en torno a los apoyos estatales a las áreas de alta tecnología, en especial en el sector aeroespacial, algo que el gobierno de Bush alienta inyectando fondos por medio del Sistema Antibalístico Nacional. Nueve de cada 10 proyectos de la NASA, por ejemplo, son manejados por empresas privadas como Boeing, Lookheed y Rockwell.

Con la guerra se profundizan las fisuras trasatlánticas, aumenta la incertidumbre en los mercados y se dan incidentes que ahondan las divergencias intraeuropeas, algo que quedó manifiesto en el comunicado francoalemán de rechazo a la agresividad belicista de Bush. Aunque algunos países europeos cuyos lideratos están más sometidos a los lineamientos de la política estadunidense como Inglaterra, España, Italia, Portugal y la República Checa, entre ellos, con una opinión pública y mundial contra la guerra el posicionamiento francoalemán cuenta con amplio respaldo político en Europa.

Contra la precipitación belicista de Bush, Francia y Alemania mostraron su influencia al diferir una petición de apoyo militar de la OTAN hecha por la Casa Blanca. Según encuestas difundidas la semana pasada, los europeos no sólo rechazan tajantemente la guerra de Bush, sino que, en números sorprendentes, manifiestan abiertas dudas y sospechas sobre los motivos reales del texano. Time (3/2/03) informa que 75 por ciento de los franceses y 54 por ciento de los alemanes creen que el objetivo de Bush es geoestratégico y empresarial, es decir, el control del petróleo iraquí. Es una sospecha ampliamente avalada por varios estudios que se dieron a conocer en Washington, en los que se indica que el gobierno estudiaba diversas experiencias decimonónicas de ocupación territorial y de recursos naturales en otros países con el fin de determinar cuál sería el modelo "adecuado" para lo que voceros oficiales plantean abiertamente como un protectorado militar o civil para el periodo post Saddam, aunque el secretario de Estado, Colin Powell, haya manifestado recientemente que lo que Washington intenta es "administrar el petróleo iraquí en beneficio del pueblo iraquí".

Pero si en Europa se estima de manera mayoritaria y como otro de los motivos centrales que Bush desea una guerra relámpago para mejorar su posición electoral en 2004 y finalmente "vengar a su papá", en EU la situación es similar. Además de la creciente organización de la oposición a cualquier acción bélica unilateral por parte de su país, los consejos municipales de 80 ciudades pequeñas, medianas y grandes, entre ellas Chicago y Detroit, se han manifestado formalmente contra la guerra. En el plano externo la fisura trasatlántica se acrecienta, tanto en términos geoestratégicos (Francia y Alemania tienen inversiones en la industria petrolera iraquí valoradas en decenas de miles de millones de dólares que quedarían a merced del protectorado que instauraría Bush en Bagdad), como políticos. Según declaraciones de un diplomático estadunidense en Europa, "la batalla por la opinión pública europea se ha perdido".

EU: regime change y guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 23 de enero de 2003.

Ahogados por el creciente murmullo de los tambores de guerra y la gran alharaca bélica que diariamente transmiten los medios de comunicación desde el Pentágono, la Casa Blanca, y algunas veces el Congreso de EU, se han esfumado de la atención pública, para gran alivio de Bush, los temas álgidos que se derivan de los acontecimientos que desembocaron en el 11/9.
Entre los aspectos que más han llamado la atención en torno al encadenamiento de eventos que culminaron en los ataques contra miles de civiles indefensos en las Torres Gemelas y el Pentágono, están, por una parte, el deterioro sistemático de los mecanismos de detección y prevención de ataques terroristas que se observó desde el ingreso del nuevo gobierno y que se mantuvo hasta el 11 de septiembre, y por la otra, el amplio conocimiento de Bush y su equipo sobre los escenarios posibles, incluyendo el uso de aviones de pasajeros como armas de guerra. No sabemos si fue coincidencia, pero, según informes recabados por varias firmas de Wall Street, la semana previa al ataque se observó un anómalo desplome en los precios de las acciones de corredurías domiciliadas en las Torres, compañías de seguros y de las empresas de aviación -excepto KLM-, directamente afectadas por esos eventos.

La Agencia de Seguridad Nacional, que rutinariamente hace el seguimiento de cualquier irregularidad de estos flujos y manipulaciones bursátiles, hasta el momento no ha sido investigada ni cuestionada por algún grupo investigador independiente mientras los ataques selectivos con ántrax han quedado en el olvido, a pesar de su extraordinaria importancia para esclarecer las fuentes de los ataques. Aunque de manera explícita Bush, Cheney, Rumsfeld, Ashcroft y Condoleeza Rice han expresado que jamás habían contemplado o siquiera "visualizado" situaciones de esta naturaleza, varios documentos de los organismos de seguridad habían informado a la Casa Blanca, desde el 6 de agosto, sobre escenarios semejantes a los ocurridos en septiembre.

De esto se desprenden, al menos, dos grandes hipótesis: la primera, con implicaciones graves y alarmantes, y la segunda, política y constitucionalmente devastadora para el gobierno de Bush: una abúlica incapacidad de los organismos de inteligencia y seguridad a su mando para actuar y evitar la catástrofe, o bien la adopción de una postura pasiva encaminada a mantener diversas ventanas de oportunidad para el desencadenamiento de los eventos, sin que el gobierno estuviera directamente involucrado, sino por medio de un meticuloso seguimiento de la actuación de las células terroristas, monitoreadas en todos sus movimientos por el sector de operaciones clandestinas. Aunque esta vertiente requiere mayor sustentación documental y testimonial, sea una hipótesis o la otra, el uso político-constitucional y de seguridad nacional e internacional, así como bélico-industrial que se ha dado a esos acontecimientos, apunta a que se ha efectuado una suerte de regime change en EU con graves efectos domésticos y estratégicos.

Bajo Bush, Washington se convierte en la principal amenaza a la seguridad estratégica y política del orbe, ya que se comporta de manera unilateral y unidimensional, ahora a punto de lanzar un vasto ataque a Irak, a pesar de las crecientes divergencias con algunos de sus aliados, militarizando y geopolitizando las relaciones económicas y políticas internacionales, negándose a suscribir el protocolo contra armas biológicas y químicas y rechazando otros, como el de Kyoto. Al renunciar a tratados de limitación de armas estratégicas se abren las puertas a otra carrera armamentista e incluso al uso de dicho tipo de armamento en el inicio de una guerra, con o sin advertencia previa, según un documento secreto filtrado a la prensa.

Pero si Bush ha gestado el mayor rechazo global a Washington registrado en los pasados 50 años como indican las masivas protestas contra la guerra, la sociedad estadunidense se encuentra también dividida respecto a los precipitados preparativos de guerra. En ese contexto la Casa Blanca está consciente de que se incrementarían los costos domésticos de cualquier investigación independiente sobre el comportamiento, las decisiones y los documentos de su gobierno vinculados con el 11/9 y del tejido que le rodea de operaciones clandestinas, el terrorismo, la seguridad interior e internacional.

La propuesta de que Kissinger presidiera una comisión independiente sobre los atentados -que el ex secretario de Estado finalmente declinó- indica la intención de dominar las indagaciones, por medio de personajes con larga trayectoria, compromiso y afinidad política, y con en el aparato de operaciones clandestinas. Pero la veda de Bush va más allá, hasta lo insostenible. Según datos recabados por Adam Tanner de Reuters, Stephen Push, un viudo cuya esposa pereció en el avión que se estrelló contra el Pentágono, condenó públicamente al gobierno de Bush por esconder información durante el juicio que se realiza en Alemania contra Mounir El Motassadeq, involucrado en el 11-9.

La excitabilidad de la Casa Blanca se entiende mejor si se tiene presente que Push es cofundador del grupo Familias del 11-9, que representa a mil 300 sobrevivientes de las víctimas que naturalmente quieren saber por qué sucedió esa tragedia y no se evitó. Push está personalmente "...preocupado por la manera tan vigorosa con que el gobierno de Bush nos está atacando: primero para evitar que se ponga en marcha cualquier investigación independiente, y luego, cuando finalmente aceptaron una investigación independiente, (me preocupa) su lucha (de Bush) por lograr el control de la investigación (... ) Hemos tenido grandes dificultades para obtener información sobre el 11-9 del gobierno de EU. Me pregunto, ¿qué tienen que esconder?"

Las mañosadas de la Secretaría de Energía

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 9 de enero de 2003.

Del flamante, no menos que mendaz, esquema propagandístico impulsado desde la Secretaría de Energía, encaminado a convencer a la opinión pública de que "apoye la reforma eléctrica" porque la electricidad y el petróleo "no se privatizan", mientras en los hechos se procede precisamente en esa dirección, se puede inferir que en 2003 se profundizará el asalto al patrimonio nacional, en este caso dirigido a la desarticulación y apoderamiento del complejo petroeléctrico y gasero del país. Esta ofensiva es una verdadera guerra de conquista, impulsada en México por Washington desde el BM-FMI, con la indispensable complicidad del gobierno "nacional", como resultado de la crisis de acumulación que afecta al capital de manera persistente desde inicios de la década de los 70.

Teniendo en mente el magno fracaso del programa privatizador en México, así como el gran desbarajuste y fraude generados por la desregulación del sector energético en otros países -notablemente en EU-, es realmente temerario el alineamiento de este gobierno con los intereses del empresariado extranjero, su aparato de seguridad y sus socios locales. Además de la desestabilización sociopolítica del sector agropecuario, el gobierno agrega nuevos riesgos e incertidumbres en un sector tan crucial para el funcionamiento de la economía como el sector energético, aunque su efecto combinado y acumulativo afecte y debilite la estructura productiva y la estabilidad sociopolítica de la nación.

El foxismo persiste en aplicar lineamientos que debilitan y atacan al aparato productivo nacional. Eso no importa. El botín petrolero-gasero y eléctrico ha sido codiciado durante décadas, y ahora las grandes empresas del ramo, mediante nuestros propios instrumentos del Estado, como Energía, cuyo presupuesto pagamos los contribuyentes, apuntalan su ofensiva antinacional con una vergonzosa campaña de desinformación, porque mientras al público por la vía de espots de radio y televisión se le dice una cosa, a los inversionistas de adentro y de afuera se les dan otros mensajes, por escrito, más directos y concretos.

Mañoso, el gobierno jura que ni la Comisión Federal de Electricidad ni Luz y Fuerza del Centro (CFE-LFC) se privatizan, mientras en el documento Prospectiva del sector eléctrico 2002-2011 el BM, por conducto de dicha secretaría, plantea un vasto y conciso calendario privatizador argumentando, además, que debido a la importancia que tendrá la inversión privada "nacional o extranjera" en la expansión de la industria eléctrica "... es necesario brindar certidumbre jurídica adecuada para atraer esos recursos al país".

Siguiendo el guión del BM, encaminado a desplomar la inversión pública en las áreas de interés para los inversionistas extranjeros, bajan el switch, por así decirlo, a los proyectos federales de generación eléctrica mientras Energía indica que intenta otorgar permisos para construir centrales de generación eléctrica por un total de 19 mil 703 megavatios. Energía esperaría que en poco tiempo la capacidad instalada del sector privado, "nacional y extranjero" duplicará la de la CFE y de LFC. Según el mencionado documento, de los 14 proyectos de generación en construcción sólo la planta del valle de México se construye con recursos públicos, mientras otros dos se realizan con préstamos y los restantes son privados. En 2003 el gobierno foxista intenta lanzar cuatro licitaciones de generación con préstamos privados, con el aval del BM y su Internacional Finance Corporation.

Como ocurre en el sector eléctrico, en materia petrolera la inconstitucionalidad es persistente mientras la brecha en la credibilidad del mensaje gubernamental de que Pemex no se privatiza es abismal. Su discurso es cínico, según se aprecia en el manejo que el foxismo hace de Pemex Exploración y Producción (PEP), por medio de los contratos de servicios múltiples (CSM) en favor de empresas petroleras grandes, pequeñas y medianas, algunas texanas directamente vinculadas con la presidencia y la vicepresidencia de EU. Entre las posibles favorecidas con la exploración y explotación del gas natural no asociado en la cuenca de Burgos se mencionan Exxon, Texaco, British Petroleum, Shell, Chevron. Aunque se supone que PEP es la entidad que está organizando reuniones en Houston para coordinar y calendarizar la acción privatizadora y extranjerizadora por medio de los controvertidos CSM, se indica que Hunt Oil y Haliburton -esta última hasta hace pocos años dirigida por Richard Cheney- son las entidades que realmente están a cargo de la coordinación, por ejemplo, de la conferencia internacional El sector del gas en México, que se llevaría a cabo a principios de febrero.

El interés estadunidense por controlar el gas natural mexicano tiene como uno de sus componentes no sólo el magnífico negocio que representa, sino el hecho de que, según informes técnicos del gobierno de ese país, "...durante la última década EU ha visto aumentar su dependencia de gas natural canadiense. Las importaciones de gas de Canadá se han triplicado mientras que el aumento de su consumo de gas natural se ha basado en el canadiense, no en nueva producción gasera estadunidense". Y según el Departamento de Energía, de los tres países que integran el TLCAN, México es el único cuyas reservas de gas natural "permanecen subexplotadas". Aquí están los mayores márgenes de ganancias y Fox parece decidido, por medio de los CSM y al margen de la Constitución, a abrir las puertas de este magnífico negocio a sus amigos.

Bush: abriendo las puertas del infierno

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 26 de diciembre de 2002.

En la articulación de la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido notable la brecha entre el discurso de la estabilidad y la democracia, y las acciones de diplomacia abierta y clandestina, generadoras de feroces dictaduras, incertidumbre político-militar, crisis económica, caos y guerra. En el núcleo de esta contradicción entre estabilidad y caos, está la relación simbiótica entre el Estado y la corporación, y la centralidad en esa política, de los intereses cortoplacistas del alto empresariado.

Que los impulsos de centrifugación capitalista dirigidos a lograr máximas ganancias hayan hecho trizas el tejido social donde operan, abriendo la vía al desbarajuste -pero también a la revolución-, queda ampliamente ilustrado desde la experiencia del porfiriato, hasta el trauma que hoy aflige a millones de campesinos junto al sector agropecuario mexicano, así como en el profundo desgarre socioeconómico y político que padece la población argentina, colombiana y venezolana. Las tragedias neoliberales se multiplican mientras el poder y las contradicciones del capital se agudizan.

Este capitalismo depredador propicia: en el plano doméstico, los precipitantes de guerra civil, y en el internacional, los inductores de guerras regionales o de conflagración general. Del Bravo a la Patagonia se generaliza la respuesta social de las mayorías despojadas junto con una profundización de esquemas oligárquico-imperialistas y de instrumentos de corte policiaco-militar auspiciados por Washington. Como ejemplos, el Plan Colombia, la intensificación de la presencia militar y de inteligencia en México, y un nuevo rosario de bases militares desplegadas en el Caribe, Centroamérica y alrededor de Brasil, en parte para enfrentar la explosividad sociopolítica de un esquema de explotación y dominación que ya agotó los límites de la tolerancia sociopolítica, en parte para ofrecer una "sombrilla de seguridad" a los inversionistas extranjeros, en particular a las empresas dedicadas a la explotación de la riqueza petrolera, gasera -vinculadas con la cúpula política de la presidencia imperial-, minera, de las cuencas acuíferas y de la biodiversidad.

En su dimensión bilateral, continental e internacional, la política exterior y de seguridad interior se maneja desde un gabinete repleto de halcones y agentes del aparato de operaciones clandestinas, de cuestionables antecedentes judiciales, extraídos de lo peor que generaron los gobiernos Reagan-Bush padre. Como medida anticíclica, no menos que con la mira en las elecciones presidenciales, se estimula el keynesianismo militar y, paradójicamente, la proliferación de armamento de destrucción masiva mediante inusitados incrementos en el gasto militar, la "modernización" del armamento nuclear, químico y biológico y el despliegue del Sistema Nacional Antibalístico, aunque no existan los fundamentos tecnológicos para el mismo o enemigos identificados y listos a lanzar ataques balísticos intercontinentales hacia Estados Unidos.

La presidencia imperial induce el desorden y caos internacionales mediante la estrategia de la guerra "defensiva anticipatoria" y la promoción del regime change, de Irak a Venezuela. Intenta desactivar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que funge como mecanismo regulador de los precios internacionales del crudo, en medio de un irreflexivo ataque al nacionalismo árabe, con la mira puesta en el control directo y usufructo de la riqueza petrolera de Medio Oriente; alienta oficial y públicamente el rompimiento con el estado de derecho en Venezuela, apoyando las "elecciones anticipadas", al margen de la normatividad constitucional vigente: prisas opositoras regidas por los calendarios bélicos de Bush en Irak y los intereses petroleros que representa.

Los halcones esperan, optimistamente, "una guerra relámpago" exitosa contra Irak como parte de la campaña contra la OPEP que se realiza desde distintos frentes. El secretario de Energía estadunidense, Spencer Abraham, alienta la exploración, extracción y las exportaciones petroleras de México, Ecuador, Colombia, Rusia, el Mar Caspio y las perforaciones profundas en Africa Occidental y el Atlántico. En Colombia, por medio del Pentágono, una brigada del ejército de ese país protege un oleoducto copropiedad de Occidental Petroleum. Desde junio presiona a Nigeria para que le retire su membresía a la OPEP, paso previo -dice Abraham- para que desplace a Arabia Saudita como primer exportadora a Estados Unidos. Pero, según las principales y más serias indagaciones geológicas, los países del golfo Pérsico son los únicos poseedores de una "capacidad productiva superavitaria de crudo", es decir, que pueden aumentar, en un plazo relativamente corto, su producción en varios millones de barriles diarios. En el meollo de estas acciones está la extraordinaria dependencia de Estados Unidos: importa poco más de 60 por ciento. Para 2020 esa cifra, según fuentes oficiales, puede llegar a 90 por ciento. Es un serio predicamento estratégico, pero también ofrece oportunidades a las petroleras para realizar astronómicas ganancias. Las petroleras ya se disputan el botín "post-Saddam".

Que estos intereses cortoplacistas impulsen la militarización y geopolitización del mercado mundial de petróleo sobre cualquier otra consideración, es uno de las mayores amenazas a la seguridad internacional. La guerra y el peligroso intento, probablemente infructuoso, de desactivar a la OPEP, desestabilizarían una de las regiones de mayor explosividad político-militar del planeta, afectando una economía internacional que propende hacia el estupor deflacionario simultáneo en los principales polos capitalistas. Según un estudio sobre los costos de una guerra contra Irak, realizado por William D. Nordhaus, de Yale (síntesis ofrecida por Proceso, núm.1363): "(...) forzar a que Irak se saliera de la OPEP y obligar a ese país a aumentar mucho su producción, sería una declaración de guerra contra la OPEP. Eso generaría una baja de los ingresos en la mayor parte de los países de Medio Oriente, afectaría profundamente la economía de Rusia, desestabilizaría regiones enteras desde Argelia hasta Novosibirsk (Liberia, Federación de Rusia)". Según Nordhaus, si la guerra no se ajusta al escenario optimista de Bush, con un costo aproximado de 99 mil millones de dólares, podría ocasionar erogaciones cercanas al billón 924 mmdd, sólo para Estados Unidos. Su cálculo no contempla los efectos en la macroeconomía global. Estamos en medio del desate de procesos bélicos que pueden adquirir un ímpetu propio y con mecanismos de disuasión muy deteriorados. La presidencia imperial, guiada por intereses estrechos y cortoplacistas, está profundizando las rupturas del tejido social global, abriendo las puertas del infierno.

La revancha de don Porfirio

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 12 de diciembre de 2002.

Son indudables los orígenes históricos y las raíces en la economía de la crisis agrario-campesina que vive el país. Aunque pocos dudan en localizar el fenómeno en el modo en que opera nuestra economía, muchos se inclinan, con razón, a no excluir como parte nodal del análisis a los actores político-institucionales y a las empresas domésticas e internacionales involucradas.

Esa crisis no es resultado de necesidades económicas o de fuerzas estructurales externas "omnímodas e incontrolables" ante las cuales no habría salida, sino de opciones políticas. No estamos a merced de las fuerzas del mercado agrícola; de ser así, mejor cerramos el changarro y nos vamos a casa. No es desde el "mercado" donde surgen decisiones como eliminación de subsidios y de precios de garantía, retiro del crédito agrario y la consecuente desmecanización del campo o la desaparición de los instrumentos de regulación de precios. El desplome de la inversión pública en 80 por ciento en 10 años no resultó de la "globalización". Fueron decisiones políticas, ciertamente bajo el impulso de grupos de interés y el estímulo específico de cuantiosos préstamos del Banco Mundial (BM), verdaderos cañonazos dirigidos a impactar el proceso de toma de decisiones en materia agraria. Toda modificación y rectificación es deseable y posible. Hay espacios y, si no, se forjan mediante la acción política para hacer todo tipo de replanteamientos y reordenamientos.

La internacionalización económica, entendida como categoría científica con base en el análisis histórico, plantea que el presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales con la experiencia del pasado en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder internacional y nacional en el cual ocurren los flujos comerciales, de inversión, las transferencias de tecnología y esquemas productivos. Es un marco de referencia cambiante con persistentes modificaciones en su correlación de fuerzas, internas y externas. Esta observación es crucial en toda reflexión en torno a los traumáticos programas y esquemas aplicados en México, que han llevado a nuestra agricultura a una de sus más graves crisis desde 1910, y si bien no se originan en el TLCAN, sí logran la formalización y profundización de abismales asimetrías, por ejemplo en el capítulo agrícola bilateral torpemente acordado por Salinas con EU. La forma en que el salinato "negoció" el TLCAN fue descrita sucinta y reveladoramente cuando Fred Bergstern, entusiasta del librecambismo, reprochó a los diputados demócratas su negativa a concederle a Clinton el fast track para extender el TLCAN a Latinoamérica por medio del ALCA. Sobre todas las ventajas logradas por Washington les dijo: el TLCAN "...fue negociado con una nación -México- que aceptó todas las condiciones e hizo todas las concesiones". Y es que Salinas no negoció: cedió a espaldas del interés público nacional. En muchos rubros, particularmente en el agrícola, arrojó a nuestros agricultores al ring, como quien se lanza a enfrentar a Tyson, atados de pies y manos y con un árbitro inclinado en favor del más fuerte. El fenómeno sólo puede explicarse identificando a los actores político-empresariales involucrados y a las relaciones clientelares, de dominación o corrupción establecidas entre ellos. Ahí están las empresas, los importadores, los exportadores, los funcionarios, el aparato corporativo y el BM. Ahí están víctimas y beneficiarios. Ni la economía ni el mercado existen en un vacío de poder. La crisis agrícola-campesina mexicana ocurre en un largo torrente histórico y en un caldo de relaciones de poder profundamente leonino en el orden económico-estratégico en el que se fusionan las fuerzas oligarquizantes con los esquemas imperialistas fuertemente impulsados por la Casa Blanca desde el BM. Son relaciones signadas por la inequidad, el conflicto, la dominación, la apropiación del excedente y las contradicciones interestatales, de clase y etnia, de género y de mercados. Como en varias ocasiones ha sugerido M. Kaplan (La formación del Estado latinoamericano, Amorrortu, Buenos Aires,1967), históricamente la internacionalización económica en América Latina se concreta en el comercio exterior y en los flujos de inversiones extranjeras, y ha sido mediante esos dos pivotes que se han incorporado a nuestra dinámica las imágenes, valores, ideas, costumbres, instituciones, bienes, pautas y aspiraciones de consumo que influyen en la economía, la organización subordinada a los ordenamientos internacionales de los países capitalistas centrales.

En México la expresión oligárquica clásica de este tipo de modernización capitalista, el porfiriato, también se centró en la formación de un Estado oligárquico hegemonizado por sectores nacionales y extranjeros unificados por un interés común en la vigencia de una política librecambista y en una coparticipación en la apropiación del excedente. En el porfiriato se instala la "neutralidad malevolente del Estado", ya que por medio de la inversión extranjera y el comercio exterior se profundiza la descapitalización, el drenaje hacia afuera de lo más cuantioso del excedente generado internamente, mientras la oligarquía porfiriana desperdicia su tajada del pastel canalizando sus actividades hacia la usura, la intermediación, la especulación y el consumo suntuario.

Leopoldo Zea lo sintetizó así: "Una pequeña, pero poderosa oligarquía se había formado alrededor del presidente, quien les había otorgado el derecho de enriquecerse. Este pequeño grupo poseía toda la riqueza del país; sus miembros daban preferencia a sus amigos en la distribución de la prosperidad. Cliques surgidas a la sombra de los bancos monopolizaban todas las ganancias y hacían que el progreso social fuera otra leyenda nada más. Ciegos ante los problemas de su país, esas gentes sólo se preocupaban de sus propias ganancias". Esta bien lograda síntesis del porfiriato describe de manera igualmente nítida algunas tendencias que han cimbrado a la sociedad mexicana de nuestros días. Las semejanzas y diferencias entre estos periodos son profundas, pero la comparación histórica es importante.

En un artículo en que se revisa lo que ha venido ocurriendo a la agricultura mexicana desde la "reforma" constitucional al artículo 27 en materia agraria, un conocido semanario estadunidense calificó el proceso de "la revancha de don Porfirio". Los editores evitaron mencionar lo que siguió a la "modernización agraria" de don Porfirio y su pax porfiriana. Posiblemente para no sembrar el desasosiego entre sus lectores.

Garza y la agenda de Bush en México

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 28 de noviembre de 2002.

Anthony Garza, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, inicia su gestión bajo el impulso directo del secretario de Estado, Colin Powell, y del controvertido John Ashcroft, el fiscal general encomendado de montar el mayor asalto contra los derechos civiles y constitucionales registrado en la historia de la nación norteña, quienes encabezaron aquí una delegación integrada por legisladores y otros miembros del gabinete de Bush durante las reuniones de la Comisión Binacional, que acaban de concluir.

A su llegada a territorio nacional, Garza informó a la prensa que días antes, durante la ceremonia de juramentación al cargo, el presidente Bush le expresó de manera inequívoca: "...de nueva cuenta para nosotros no hay una relación más importante", declaración cuyo significado concreto fue rápidamente dilucidado, de manera didáctica, por JB Penn, subsecretario de Agricultura.
Según Andrew Watson, de The News, Penn advirtió de manera solapada al gobierno de Fox sobre "...todas las posibles consecuencias que podrían derivarse si el gobierno mexicano decidiera otorgar protección a los agricultores, cuando desaparezcan casi todas las fracciones arancelarias el año entrante. Aunque no hizo una amenaza específica (Penn) dijo que el apoyo al libre comercio se vería afectado por ese tipo de medidas". Penn envió al baúl de los olvidos las frecuentes infracciones al TLC por parte de Estados Unidos, incluyendo medidas proteccionistas contra importantes exportaciones mexicanas, así como manejos arbitrarios, por ejemplo, en torno a restringir el ingreso de nuestra flota de camiones a sus carreteras. El funcionario rechazó tajante cualquier insinuación de que la nueva ley agrícola de ese país (US farm bill), promulgada en mayo y que incrementó los apoyos a ese sector en 190 mil millones de dólares durante los próximos 10 años, fuera a afectar a nuestros agricultores. Y como la agricultura de ese país ya es de por sí una de las que reciben los mayores apoyos y protección en el mundo, Penn, como quien trata de presentar una excusa, primero hizo referencia a los sustanciales subsidios y protecciones que caracterizan a la política agraria de Europa y Japón, para rematar reconociendo que Washington efectivamente hace lo que le da la gana con el TLC y afirmar que su país está listo para abandonar los subsidios "...cuando los otros renuncien a los suyos".

Según Garza, la agenda, que sería tratada a partir de la visita de Powell et. al, considera como aspectos prioritarios: "...el comercio, el medio ambiente, la lucha contra el crimen, la seguridad y la migración". Aunque al menos durante su primera conferencia de prensa en el aeropuerto no mencionó ni discutió temas nodales de esa agenda en torno al sector agrícola y energético, ni aludió a la forma en que la Casa Blanca intenta vincular la política fronteriza con la "guerra contra el terrorismo" -asunto que presumiblemente sería tratado por Ashcroft con Creel-, lo cierto es que el currículum del embajador indica, de manera elocuente, que Bush espera una actuación sobre cuestiones sumamente delicadas, ya que toca aspectos vinculados con la privatización y extranjerización del complejo teproeléctrico (Pemex-CFE-CLFC) y con la jurisdiccionalidad territorial de la Federación mexicana.

Sólo el tiempo nos permitirá conocer en concreto las capacidades de Garza y del equipo de analistas y operadores de inteligencia que le acompañan. Su experiencia en el sector del petróleo y de la energía no es despreciable, aunque es curioso que el público mexicano fuera informado de ella de manera elíptica, por medio de una especie de lenguaje cifrado para diplomáticos, geólogos y especialistas en la materia.

En efecto, la prensa dio a conocer que hasta antes de asumir su nuevo cargo, Garza fungió como integrante nada menos que de la Comisión de Ferrocarriles de Texas (CFT), lo que equivale a un puesto en uno de los principales directorios encomendados de la política petrolera de Texas y Estados Unidos. La importancia de la CFT tiene que ver con petróleo y electricidad, no con los ferrocarriles. Aunque conservó su nombre original, desde hace años, y como producto de las excentricidades del aparato legal de Texas, la CFT está encargada del manejo de la industria petrolera y, por lo tanto, de regular y ajustar su producción con la demanda. Es un cártel público que opera bajo la égida de los barones del petróleo, como recuerdan Richard O'Connor en The Oil Barons (Little and Brown, Boston, 1971), y más recientemente Kenneth Deffeyes (Hubbert's Peak, Princeton, 2001).

Dado el dominio de la producción petrolera de Texas en el mercado de EU, la CFT ha actuado en forma tal que logró regular el resto de la industria petrolera del país permitiéndole incidir de manera efectiva en los precios, tal como hoy lo hace el cártel de exportadores de petróleo en relación con los precios internacionales del crudo. "La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -escribe Deffeyes- se estableció bajo el mismo modelo de la CFT. Sólo sustitúyase Arabia Saudita por Texas". Una vez descifrado el código, entonces es más fácil percibir el papel, las funciones y los servicios que Bush y la industria del gas y del petróleo de EU esperan del embajador Garza.

El uso patrimonialista de los recursos públicos no es algo nuevo en la experiencia de EU. Cualquier análisis que se haga pronto corroborará la aseveración de varios estudiosos, Walter La Feber y James Petras entre ellos, del contenido imperialista de la política exterior, fuertemente influida a lo largo de los siglos XIX y XX por los intereses cortoplacistas del alto empresariado. Y desde que el petróleo se posicionó como la mercancía de mayor importancia económica y estratégica del mercado mundial, la influencia de esa industria sobre el aparato de Estado ha sido notable. Pero nunca de manera tan evidente como hoy.

EU-Irak: guerra y recursos naturales

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 14 de noviembre de 2002.

La geopolitización de las relaciones económicas internacionales que se observa desde hace varias décadas en el área de los recursos naturales estratégicos (petróleo y minerales principalmente, aunque ahora la lista incluye el agua y la biodiversidad) se acentuó de manera pronunciada con el arribo a la Casa Blanca de una ultraderecha unilateralista, cuyo precario apoyo público, resultado de las irregularidades observadas en los pasados comicios presidenciales, se fortaleció después de los atentados del 11/9.

Sin duda, el efecto 11/9, o sea, el voto del miedo, junto con las torpezas y tibiezas del liderato demócrata, jugaron un importante papel en el triunfo republicano en las recientes elecciones de medio periodo, que le otorgaron a Bush, con 60 por ciento de abstencionismo, el control de ambas cámaras en el Congreso. A pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que obliga a Irak a permitir la vuelta de inspectores de desarme, resultado de una negociación de Estados Unidos con otras naciones, Francia y Rusia entre ellas, la decisión de atacar y ocupar Irak ya fue tomada, dejando claro que la adherencia del gobierno estadunidense a los principios de comportamiento de una instancia multilateral como el Consejo de Seguridad es tenue y temporal y está supeditada a lo que el ocupante de la Casa Blanca concibe como "interés vital" en Irak y Medio Oriente, una definición fuertemente impactada por los intereses de la poderosa industria del gas y del petróleo de la nación norteña. Pero persisten factores en la ecuación regional que, hasta el momento, inhiben las operaciones militares.

La brutal política desplegada por el primer ministro israelí Ariel Sharon contra Palestina, fuente de un sangriento encadenamiento de acciones y reacciones es uno de los escollos que enfrenta Bush para "alinear" a las cúpulas gubernamentales árabes en un escenario bélico. Para Bush es un callejón sin salida con altos costos que espera controlar por medio de un escenario post Sharon, después de las elecciones del 28 de enero que se vio forzado a convocar, resultado de la reciente crisis política israelí. Pero aun así, el profundo y extenso involucramiento militar de Israel en los planes de guerra de Bush en la región tenderá a dificultar el apoyo árabe.

Existe un número considerable de unidades militares estadunidenses, de aire, tierra y mar, que se adiestran con la participación del ejército israelí y que realizan ejercicios intimidatorios. Son operativos que contemplan el uso de armamento de alta tecnología.

Hasta el momento la ONU no se ha dignado indagar y, mucho menos, a actuar sobre las armas de destrucción masiva de Israel, mientras su contrastante postura en relación con Irak indica que la resolución del Consejo de Seguridad será usada bajo la interpretación bushiana, es decir, como mampara propagandística en el ejercicio de la unilateralidad bélica. La situación es, desde luego, mucho más compleja, ya que el esquema estadunidense conlleva un dominio geopolítico y geoeconómico de la principal cuenca petrolera. Con un Estado hegemonizado como nunca antes por los grandes intereses petroleros, la "conciencia geográfica" de la Casa Blanca está impregnada de codicia. La riqueza petrolera de Irak, como la de Arabia Saudita, y en general las del Golfo, están en la mira por ser la única región del mundo, como reconocen los especialistas en geología petrolera, con "capacidad productora superavitaria", es decir, que cuentan con grandes magnitudes de reservas probadas de petróleo convencional que les permite aumentar, en poco tiempo, la producción petrolera en varios millones de barriles diarios. Así, la amenaza a Irak lo es también para la Organización de Países Exportadores de Petróleo en general y para Arabia Saudita en particular.

El ministro de Asuntos Exteriores saudita afirmó recientemente que "...nosotros acataremos la decisión del Consejo de Seguridad y de la ONU y cooperaremos con él, pero en cuanto a entrar en el conflicto o usar instalaciones, eso es otra cosa". Los ministros de relaciones exteriores de los 22 países de la Liga Arabe, al tiempo que apoyaron la resolución de la ONU, destacaron su rechazo "terminante" a cualquier atraque contra Irak, "ya que supondría una amenaza para la seguridad nacional de todos los países árabes". Pero, como casi simultáneamente lo informó la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, los unilateralistas en el poder ya decidieron intervenir militarmente para efectuar un "cambio de régimen" en Irak, en flagrante violación del artículo 2 de la Carta de la ONU, contemplando incluso un incremento de 50 mil a 250 mil soldados en escenarios que incluyen ataques aéreos selectivos y la ocupación, para el establecimiento de un protectorado militar semejante al establecido por Estados Unidos en Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Según informan los analistas financieros y del mundo de los negocios de varios programas televisivos estadunidenses, las principales empresas petroleras y constructoras ya anticipan el regime change y están disputándose el botín petrolero, ya sea por medio de un protectorado militar directo o por medio de un régimen títere o una combinación de ambos.

Desde la década de 1970 el acceso y control militar del Medio Oriente, es decir, la geopolitización del petróleo, se acentuó. Como lo reseña Richard Barnet en su sustancioso trabajo The Lean Years (Simon & Schuster, New York, 1980) ya en 1974 el secretario de Defensa James R. Schlesinger insinuaba que "la opinión pública" bien puede forzar al gobierno a tomar los pozos petroleros requeridos del Medio Oriente, una amenaza reiterada poco después por Henry Kissinger desde la revista empresarial Business Week. En todo caso, ya desde entonces se perfilaba la esquizofrenia de la cúpula gubernamental estadunidense entre el "libre comercio" y la "geopolitización" de las relaciones económicas internacionales. Como sintetiza el asunto Barnet: "...por una generación o más, Estados Unidos ha operado bajo el supuesto fundamental de que el control militar y político sobre las naciones de ultramar es esencial para lograr el acceso a los minerales, a precios favorables. A pesar de su ideología capitalista oficial, los administradores de la seguridad nacional han desconfiado profundamente de la capacidad del libre mercado para garantizar los recursos que necesitan o que piensan que necesitan" (p. 226).