Bush: abriendo las puertas del infierno

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 26 de diciembre de 2002.

En la articulación de la política exterior de Estados Unidos siempre ha sido notable la brecha entre el discurso de la estabilidad y la democracia, y las acciones de diplomacia abierta y clandestina, generadoras de feroces dictaduras, incertidumbre político-militar, crisis económica, caos y guerra. En el núcleo de esta contradicción entre estabilidad y caos, está la relación simbiótica entre el Estado y la corporación, y la centralidad en esa política, de los intereses cortoplacistas del alto empresariado.

Que los impulsos de centrifugación capitalista dirigidos a lograr máximas ganancias hayan hecho trizas el tejido social donde operan, abriendo la vía al desbarajuste -pero también a la revolución-, queda ampliamente ilustrado desde la experiencia del porfiriato, hasta el trauma que hoy aflige a millones de campesinos junto al sector agropecuario mexicano, así como en el profundo desgarre socioeconómico y político que padece la población argentina, colombiana y venezolana. Las tragedias neoliberales se multiplican mientras el poder y las contradicciones del capital se agudizan.

Este capitalismo depredador propicia: en el plano doméstico, los precipitantes de guerra civil, y en el internacional, los inductores de guerras regionales o de conflagración general. Del Bravo a la Patagonia se generaliza la respuesta social de las mayorías despojadas junto con una profundización de esquemas oligárquico-imperialistas y de instrumentos de corte policiaco-militar auspiciados por Washington. Como ejemplos, el Plan Colombia, la intensificación de la presencia militar y de inteligencia en México, y un nuevo rosario de bases militares desplegadas en el Caribe, Centroamérica y alrededor de Brasil, en parte para enfrentar la explosividad sociopolítica de un esquema de explotación y dominación que ya agotó los límites de la tolerancia sociopolítica, en parte para ofrecer una "sombrilla de seguridad" a los inversionistas extranjeros, en particular a las empresas dedicadas a la explotación de la riqueza petrolera, gasera -vinculadas con la cúpula política de la presidencia imperial-, minera, de las cuencas acuíferas y de la biodiversidad.

En su dimensión bilateral, continental e internacional, la política exterior y de seguridad interior se maneja desde un gabinete repleto de halcones y agentes del aparato de operaciones clandestinas, de cuestionables antecedentes judiciales, extraídos de lo peor que generaron los gobiernos Reagan-Bush padre. Como medida anticíclica, no menos que con la mira en las elecciones presidenciales, se estimula el keynesianismo militar y, paradójicamente, la proliferación de armamento de destrucción masiva mediante inusitados incrementos en el gasto militar, la "modernización" del armamento nuclear, químico y biológico y el despliegue del Sistema Nacional Antibalístico, aunque no existan los fundamentos tecnológicos para el mismo o enemigos identificados y listos a lanzar ataques balísticos intercontinentales hacia Estados Unidos.

La presidencia imperial induce el desorden y caos internacionales mediante la estrategia de la guerra "defensiva anticipatoria" y la promoción del regime change, de Irak a Venezuela. Intenta desactivar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que funge como mecanismo regulador de los precios internacionales del crudo, en medio de un irreflexivo ataque al nacionalismo árabe, con la mira puesta en el control directo y usufructo de la riqueza petrolera de Medio Oriente; alienta oficial y públicamente el rompimiento con el estado de derecho en Venezuela, apoyando las "elecciones anticipadas", al margen de la normatividad constitucional vigente: prisas opositoras regidas por los calendarios bélicos de Bush en Irak y los intereses petroleros que representa.

Los halcones esperan, optimistamente, "una guerra relámpago" exitosa contra Irak como parte de la campaña contra la OPEP que se realiza desde distintos frentes. El secretario de Energía estadunidense, Spencer Abraham, alienta la exploración, extracción y las exportaciones petroleras de México, Ecuador, Colombia, Rusia, el Mar Caspio y las perforaciones profundas en Africa Occidental y el Atlántico. En Colombia, por medio del Pentágono, una brigada del ejército de ese país protege un oleoducto copropiedad de Occidental Petroleum. Desde junio presiona a Nigeria para que le retire su membresía a la OPEP, paso previo -dice Abraham- para que desplace a Arabia Saudita como primer exportadora a Estados Unidos. Pero, según las principales y más serias indagaciones geológicas, los países del golfo Pérsico son los únicos poseedores de una "capacidad productiva superavitaria de crudo", es decir, que pueden aumentar, en un plazo relativamente corto, su producción en varios millones de barriles diarios. En el meollo de estas acciones está la extraordinaria dependencia de Estados Unidos: importa poco más de 60 por ciento. Para 2020 esa cifra, según fuentes oficiales, puede llegar a 90 por ciento. Es un serio predicamento estratégico, pero también ofrece oportunidades a las petroleras para realizar astronómicas ganancias. Las petroleras ya se disputan el botín "post-Saddam".

Que estos intereses cortoplacistas impulsen la militarización y geopolitización del mercado mundial de petróleo sobre cualquier otra consideración, es uno de las mayores amenazas a la seguridad internacional. La guerra y el peligroso intento, probablemente infructuoso, de desactivar a la OPEP, desestabilizarían una de las regiones de mayor explosividad político-militar del planeta, afectando una economía internacional que propende hacia el estupor deflacionario simultáneo en los principales polos capitalistas. Según un estudio sobre los costos de una guerra contra Irak, realizado por William D. Nordhaus, de Yale (síntesis ofrecida por Proceso, núm.1363): "(...) forzar a que Irak se saliera de la OPEP y obligar a ese país a aumentar mucho su producción, sería una declaración de guerra contra la OPEP. Eso generaría una baja de los ingresos en la mayor parte de los países de Medio Oriente, afectaría profundamente la economía de Rusia, desestabilizaría regiones enteras desde Argelia hasta Novosibirsk (Liberia, Federación de Rusia)". Según Nordhaus, si la guerra no se ajusta al escenario optimista de Bush, con un costo aproximado de 99 mil millones de dólares, podría ocasionar erogaciones cercanas al billón 924 mmdd, sólo para Estados Unidos. Su cálculo no contempla los efectos en la macroeconomía global. Estamos en medio del desate de procesos bélicos que pueden adquirir un ímpetu propio y con mecanismos de disuasión muy deteriorados. La presidencia imperial, guiada por intereses estrechos y cortoplacistas, está profundizando las rupturas del tejido social global, abriendo las puertas del infierno.

La revancha de don Porfirio

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 12 de diciembre de 2002.

Son indudables los orígenes históricos y las raíces en la economía de la crisis agrario-campesina que vive el país. Aunque pocos dudan en localizar el fenómeno en el modo en que opera nuestra economía, muchos se inclinan, con razón, a no excluir como parte nodal del análisis a los actores político-institucionales y a las empresas domésticas e internacionales involucradas.

Esa crisis no es resultado de necesidades económicas o de fuerzas estructurales externas "omnímodas e incontrolables" ante las cuales no habría salida, sino de opciones políticas. No estamos a merced de las fuerzas del mercado agrícola; de ser así, mejor cerramos el changarro y nos vamos a casa. No es desde el "mercado" donde surgen decisiones como eliminación de subsidios y de precios de garantía, retiro del crédito agrario y la consecuente desmecanización del campo o la desaparición de los instrumentos de regulación de precios. El desplome de la inversión pública en 80 por ciento en 10 años no resultó de la "globalización". Fueron decisiones políticas, ciertamente bajo el impulso de grupos de interés y el estímulo específico de cuantiosos préstamos del Banco Mundial (BM), verdaderos cañonazos dirigidos a impactar el proceso de toma de decisiones en materia agraria. Toda modificación y rectificación es deseable y posible. Hay espacios y, si no, se forjan mediante la acción política para hacer todo tipo de replanteamientos y reordenamientos.

La internacionalización económica, entendida como categoría científica con base en el análisis histórico, plantea que el presente estadio del capitalismo no muestra rupturas fundamentales con la experiencia del pasado en lo que se refiere al asimétrico contexto de poder internacional y nacional en el cual ocurren los flujos comerciales, de inversión, las transferencias de tecnología y esquemas productivos. Es un marco de referencia cambiante con persistentes modificaciones en su correlación de fuerzas, internas y externas. Esta observación es crucial en toda reflexión en torno a los traumáticos programas y esquemas aplicados en México, que han llevado a nuestra agricultura a una de sus más graves crisis desde 1910, y si bien no se originan en el TLCAN, sí logran la formalización y profundización de abismales asimetrías, por ejemplo en el capítulo agrícola bilateral torpemente acordado por Salinas con EU. La forma en que el salinato "negoció" el TLCAN fue descrita sucinta y reveladoramente cuando Fred Bergstern, entusiasta del librecambismo, reprochó a los diputados demócratas su negativa a concederle a Clinton el fast track para extender el TLCAN a Latinoamérica por medio del ALCA. Sobre todas las ventajas logradas por Washington les dijo: el TLCAN "...fue negociado con una nación -México- que aceptó todas las condiciones e hizo todas las concesiones". Y es que Salinas no negoció: cedió a espaldas del interés público nacional. En muchos rubros, particularmente en el agrícola, arrojó a nuestros agricultores al ring, como quien se lanza a enfrentar a Tyson, atados de pies y manos y con un árbitro inclinado en favor del más fuerte. El fenómeno sólo puede explicarse identificando a los actores político-empresariales involucrados y a las relaciones clientelares, de dominación o corrupción establecidas entre ellos. Ahí están las empresas, los importadores, los exportadores, los funcionarios, el aparato corporativo y el BM. Ahí están víctimas y beneficiarios. Ni la economía ni el mercado existen en un vacío de poder. La crisis agrícola-campesina mexicana ocurre en un largo torrente histórico y en un caldo de relaciones de poder profundamente leonino en el orden económico-estratégico en el que se fusionan las fuerzas oligarquizantes con los esquemas imperialistas fuertemente impulsados por la Casa Blanca desde el BM. Son relaciones signadas por la inequidad, el conflicto, la dominación, la apropiación del excedente y las contradicciones interestatales, de clase y etnia, de género y de mercados. Como en varias ocasiones ha sugerido M. Kaplan (La formación del Estado latinoamericano, Amorrortu, Buenos Aires,1967), históricamente la internacionalización económica en América Latina se concreta en el comercio exterior y en los flujos de inversiones extranjeras, y ha sido mediante esos dos pivotes que se han incorporado a nuestra dinámica las imágenes, valores, ideas, costumbres, instituciones, bienes, pautas y aspiraciones de consumo que influyen en la economía, la organización subordinada a los ordenamientos internacionales de los países capitalistas centrales.

En México la expresión oligárquica clásica de este tipo de modernización capitalista, el porfiriato, también se centró en la formación de un Estado oligárquico hegemonizado por sectores nacionales y extranjeros unificados por un interés común en la vigencia de una política librecambista y en una coparticipación en la apropiación del excedente. En el porfiriato se instala la "neutralidad malevolente del Estado", ya que por medio de la inversión extranjera y el comercio exterior se profundiza la descapitalización, el drenaje hacia afuera de lo más cuantioso del excedente generado internamente, mientras la oligarquía porfiriana desperdicia su tajada del pastel canalizando sus actividades hacia la usura, la intermediación, la especulación y el consumo suntuario.

Leopoldo Zea lo sintetizó así: "Una pequeña, pero poderosa oligarquía se había formado alrededor del presidente, quien les había otorgado el derecho de enriquecerse. Este pequeño grupo poseía toda la riqueza del país; sus miembros daban preferencia a sus amigos en la distribución de la prosperidad. Cliques surgidas a la sombra de los bancos monopolizaban todas las ganancias y hacían que el progreso social fuera otra leyenda nada más. Ciegos ante los problemas de su país, esas gentes sólo se preocupaban de sus propias ganancias". Esta bien lograda síntesis del porfiriato describe de manera igualmente nítida algunas tendencias que han cimbrado a la sociedad mexicana de nuestros días. Las semejanzas y diferencias entre estos periodos son profundas, pero la comparación histórica es importante.

En un artículo en que se revisa lo que ha venido ocurriendo a la agricultura mexicana desde la "reforma" constitucional al artículo 27 en materia agraria, un conocido semanario estadunidense calificó el proceso de "la revancha de don Porfirio". Los editores evitaron mencionar lo que siguió a la "modernización agraria" de don Porfirio y su pax porfiriana. Posiblemente para no sembrar el desasosiego entre sus lectores.

Garza y la agenda de Bush en México

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 28 de noviembre de 2002.

Anthony Garza, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, inicia su gestión bajo el impulso directo del secretario de Estado, Colin Powell, y del controvertido John Ashcroft, el fiscal general encomendado de montar el mayor asalto contra los derechos civiles y constitucionales registrado en la historia de la nación norteña, quienes encabezaron aquí una delegación integrada por legisladores y otros miembros del gabinete de Bush durante las reuniones de la Comisión Binacional, que acaban de concluir.

A su llegada a territorio nacional, Garza informó a la prensa que días antes, durante la ceremonia de juramentación al cargo, el presidente Bush le expresó de manera inequívoca: "...de nueva cuenta para nosotros no hay una relación más importante", declaración cuyo significado concreto fue rápidamente dilucidado, de manera didáctica, por JB Penn, subsecretario de Agricultura.
Según Andrew Watson, de The News, Penn advirtió de manera solapada al gobierno de Fox sobre "...todas las posibles consecuencias que podrían derivarse si el gobierno mexicano decidiera otorgar protección a los agricultores, cuando desaparezcan casi todas las fracciones arancelarias el año entrante. Aunque no hizo una amenaza específica (Penn) dijo que el apoyo al libre comercio se vería afectado por ese tipo de medidas". Penn envió al baúl de los olvidos las frecuentes infracciones al TLC por parte de Estados Unidos, incluyendo medidas proteccionistas contra importantes exportaciones mexicanas, así como manejos arbitrarios, por ejemplo, en torno a restringir el ingreso de nuestra flota de camiones a sus carreteras. El funcionario rechazó tajante cualquier insinuación de que la nueva ley agrícola de ese país (US farm bill), promulgada en mayo y que incrementó los apoyos a ese sector en 190 mil millones de dólares durante los próximos 10 años, fuera a afectar a nuestros agricultores. Y como la agricultura de ese país ya es de por sí una de las que reciben los mayores apoyos y protección en el mundo, Penn, como quien trata de presentar una excusa, primero hizo referencia a los sustanciales subsidios y protecciones que caracterizan a la política agraria de Europa y Japón, para rematar reconociendo que Washington efectivamente hace lo que le da la gana con el TLC y afirmar que su país está listo para abandonar los subsidios "...cuando los otros renuncien a los suyos".

Según Garza, la agenda, que sería tratada a partir de la visita de Powell et. al, considera como aspectos prioritarios: "...el comercio, el medio ambiente, la lucha contra el crimen, la seguridad y la migración". Aunque al menos durante su primera conferencia de prensa en el aeropuerto no mencionó ni discutió temas nodales de esa agenda en torno al sector agrícola y energético, ni aludió a la forma en que la Casa Blanca intenta vincular la política fronteriza con la "guerra contra el terrorismo" -asunto que presumiblemente sería tratado por Ashcroft con Creel-, lo cierto es que el currículum del embajador indica, de manera elocuente, que Bush espera una actuación sobre cuestiones sumamente delicadas, ya que toca aspectos vinculados con la privatización y extranjerización del complejo teproeléctrico (Pemex-CFE-CLFC) y con la jurisdiccionalidad territorial de la Federación mexicana.

Sólo el tiempo nos permitirá conocer en concreto las capacidades de Garza y del equipo de analistas y operadores de inteligencia que le acompañan. Su experiencia en el sector del petróleo y de la energía no es despreciable, aunque es curioso que el público mexicano fuera informado de ella de manera elíptica, por medio de una especie de lenguaje cifrado para diplomáticos, geólogos y especialistas en la materia.

En efecto, la prensa dio a conocer que hasta antes de asumir su nuevo cargo, Garza fungió como integrante nada menos que de la Comisión de Ferrocarriles de Texas (CFT), lo que equivale a un puesto en uno de los principales directorios encomendados de la política petrolera de Texas y Estados Unidos. La importancia de la CFT tiene que ver con petróleo y electricidad, no con los ferrocarriles. Aunque conservó su nombre original, desde hace años, y como producto de las excentricidades del aparato legal de Texas, la CFT está encargada del manejo de la industria petrolera y, por lo tanto, de regular y ajustar su producción con la demanda. Es un cártel público que opera bajo la égida de los barones del petróleo, como recuerdan Richard O'Connor en The Oil Barons (Little and Brown, Boston, 1971), y más recientemente Kenneth Deffeyes (Hubbert's Peak, Princeton, 2001).

Dado el dominio de la producción petrolera de Texas en el mercado de EU, la CFT ha actuado en forma tal que logró regular el resto de la industria petrolera del país permitiéndole incidir de manera efectiva en los precios, tal como hoy lo hace el cártel de exportadores de petróleo en relación con los precios internacionales del crudo. "La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -escribe Deffeyes- se estableció bajo el mismo modelo de la CFT. Sólo sustitúyase Arabia Saudita por Texas". Una vez descifrado el código, entonces es más fácil percibir el papel, las funciones y los servicios que Bush y la industria del gas y del petróleo de EU esperan del embajador Garza.

El uso patrimonialista de los recursos públicos no es algo nuevo en la experiencia de EU. Cualquier análisis que se haga pronto corroborará la aseveración de varios estudiosos, Walter La Feber y James Petras entre ellos, del contenido imperialista de la política exterior, fuertemente influida a lo largo de los siglos XIX y XX por los intereses cortoplacistas del alto empresariado. Y desde que el petróleo se posicionó como la mercancía de mayor importancia económica y estratégica del mercado mundial, la influencia de esa industria sobre el aparato de Estado ha sido notable. Pero nunca de manera tan evidente como hoy.

EU-Irak: guerra y recursos naturales

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 14 de noviembre de 2002.

La geopolitización de las relaciones económicas internacionales que se observa desde hace varias décadas en el área de los recursos naturales estratégicos (petróleo y minerales principalmente, aunque ahora la lista incluye el agua y la biodiversidad) se acentuó de manera pronunciada con el arribo a la Casa Blanca de una ultraderecha unilateralista, cuyo precario apoyo público, resultado de las irregularidades observadas en los pasados comicios presidenciales, se fortaleció después de los atentados del 11/9.

Sin duda, el efecto 11/9, o sea, el voto del miedo, junto con las torpezas y tibiezas del liderato demócrata, jugaron un importante papel en el triunfo republicano en las recientes elecciones de medio periodo, que le otorgaron a Bush, con 60 por ciento de abstencionismo, el control de ambas cámaras en el Congreso. A pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución que obliga a Irak a permitir la vuelta de inspectores de desarme, resultado de una negociación de Estados Unidos con otras naciones, Francia y Rusia entre ellas, la decisión de atacar y ocupar Irak ya fue tomada, dejando claro que la adherencia del gobierno estadunidense a los principios de comportamiento de una instancia multilateral como el Consejo de Seguridad es tenue y temporal y está supeditada a lo que el ocupante de la Casa Blanca concibe como "interés vital" en Irak y Medio Oriente, una definición fuertemente impactada por los intereses de la poderosa industria del gas y del petróleo de la nación norteña. Pero persisten factores en la ecuación regional que, hasta el momento, inhiben las operaciones militares.

La brutal política desplegada por el primer ministro israelí Ariel Sharon contra Palestina, fuente de un sangriento encadenamiento de acciones y reacciones es uno de los escollos que enfrenta Bush para "alinear" a las cúpulas gubernamentales árabes en un escenario bélico. Para Bush es un callejón sin salida con altos costos que espera controlar por medio de un escenario post Sharon, después de las elecciones del 28 de enero que se vio forzado a convocar, resultado de la reciente crisis política israelí. Pero aun así, el profundo y extenso involucramiento militar de Israel en los planes de guerra de Bush en la región tenderá a dificultar el apoyo árabe.

Existe un número considerable de unidades militares estadunidenses, de aire, tierra y mar, que se adiestran con la participación del ejército israelí y que realizan ejercicios intimidatorios. Son operativos que contemplan el uso de armamento de alta tecnología.

Hasta el momento la ONU no se ha dignado indagar y, mucho menos, a actuar sobre las armas de destrucción masiva de Israel, mientras su contrastante postura en relación con Irak indica que la resolución del Consejo de Seguridad será usada bajo la interpretación bushiana, es decir, como mampara propagandística en el ejercicio de la unilateralidad bélica. La situación es, desde luego, mucho más compleja, ya que el esquema estadunidense conlleva un dominio geopolítico y geoeconómico de la principal cuenca petrolera. Con un Estado hegemonizado como nunca antes por los grandes intereses petroleros, la "conciencia geográfica" de la Casa Blanca está impregnada de codicia. La riqueza petrolera de Irak, como la de Arabia Saudita, y en general las del Golfo, están en la mira por ser la única región del mundo, como reconocen los especialistas en geología petrolera, con "capacidad productora superavitaria", es decir, que cuentan con grandes magnitudes de reservas probadas de petróleo convencional que les permite aumentar, en poco tiempo, la producción petrolera en varios millones de barriles diarios. Así, la amenaza a Irak lo es también para la Organización de Países Exportadores de Petróleo en general y para Arabia Saudita en particular.

El ministro de Asuntos Exteriores saudita afirmó recientemente que "...nosotros acataremos la decisión del Consejo de Seguridad y de la ONU y cooperaremos con él, pero en cuanto a entrar en el conflicto o usar instalaciones, eso es otra cosa". Los ministros de relaciones exteriores de los 22 países de la Liga Arabe, al tiempo que apoyaron la resolución de la ONU, destacaron su rechazo "terminante" a cualquier atraque contra Irak, "ya que supondría una amenaza para la seguridad nacional de todos los países árabes". Pero, como casi simultáneamente lo informó la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, los unilateralistas en el poder ya decidieron intervenir militarmente para efectuar un "cambio de régimen" en Irak, en flagrante violación del artículo 2 de la Carta de la ONU, contemplando incluso un incremento de 50 mil a 250 mil soldados en escenarios que incluyen ataques aéreos selectivos y la ocupación, para el establecimiento de un protectorado militar semejante al establecido por Estados Unidos en Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Según informan los analistas financieros y del mundo de los negocios de varios programas televisivos estadunidenses, las principales empresas petroleras y constructoras ya anticipan el regime change y están disputándose el botín petrolero, ya sea por medio de un protectorado militar directo o por medio de un régimen títere o una combinación de ambos.

Desde la década de 1970 el acceso y control militar del Medio Oriente, es decir, la geopolitización del petróleo, se acentuó. Como lo reseña Richard Barnet en su sustancioso trabajo The Lean Years (Simon & Schuster, New York, 1980) ya en 1974 el secretario de Defensa James R. Schlesinger insinuaba que "la opinión pública" bien puede forzar al gobierno a tomar los pozos petroleros requeridos del Medio Oriente, una amenaza reiterada poco después por Henry Kissinger desde la revista empresarial Business Week. En todo caso, ya desde entonces se perfilaba la esquizofrenia de la cúpula gubernamental estadunidense entre el "libre comercio" y la "geopolitización" de las relaciones económicas internacionales. Como sintetiza el asunto Barnet: "...por una generación o más, Estados Unidos ha operado bajo el supuesto fundamental de que el control militar y político sobre las naciones de ultramar es esencial para lograr el acceso a los minerales, a precios favorables. A pesar de su ideología capitalista oficial, los administradores de la seguridad nacional han desconfiado profundamente de la capacidad del libre mercado para garantizar los recursos que necesitan o que piensan que necesitan" (p. 226).

El FMI-Banco Mundial en México

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 31 de octubre de 2002.

Pocos se sorprendieron y para muchos pasó desapercibido, quizás por ser algo rutinario, que el presidente Bush advirtiera que cualquier nación que no colaborara con EU en la guerra antiterrorista, o fuese sospechosa de albergar a terroristas, se le suspendería todo acceso a créditos por parte de las "instituciones multilaterales del ramo".

El sometimiento del BM-FMI a la Casa Blanca no es novedad. Quien revise la historia de Bretton Woods y la diplomacia económica desplegada por la presidencia imperial, pronto descubrirá que lejos de ser "instituciones internacionales o multilaterales" fueron concebidas y estructuradas en sus orígenes como importantes instrumentos de proyección de poder estatal, en función de los intereses de las grandes corporaciones estadunidenses -y de los otros polos capitalistas- en el Tercer Mundo.

El estudioso encontrará en el caso mexicano abundantes ejemplos de los préstamos diseñados para impulsar o abrirle espacios y negocios a las corporaciones multinacionales (CMN), así como de su uso político. La veda de créditos contra Salvador Allende, impuesta por Nixon-Kissinger como parte del programa de desestabilización político-económica, que finalmente desembocó en el sangriento golpe de Estado en 1973 o, por dar otro ejemplo más reciente, la advertencia de Clinton de supeditar los préstamos del BM o el visto bueno del FMI para abrir líneas de crédito de la banca comercial a la adhesión y eficiencia en la campaña antinarcóticos impulsada por Washington.

Pero hay más. Además de ser parte y parcela de la pax americana, el tipo de operaciones que desarrollan el FMI-BM como instrumentos de Estado y de clase, mediante la fuerza que emana de su "condicionalidad cruzada", es decir, la del FMI en materia macroeconómica y la del BM en ramas específicas de nuestra economía, permite que dichas instituciones se comporten en los países donde operan como si fueran un partido político con fondos ilimitados. Esto se desprende del uso de los préstamos para incidir en la dinámica interna, apoyando a diversas fracciones dentro o fuera del gobierno o de las paraestatales, cuyo colaboracionismo les resulta esencial. Los préstamos se usan para incidir en el diseño presupuestal, fortalecer a los grupos inclinados a la "constitucionalización del neoliberalismo" y para consumar la privatización y extranjerización del sector estratégico -ferrocarriles, gas natural, telecomunicaciones, petroquímica, electricidad, agua, etcétera- o para el "manejo" político encaminado al desmantelamiento de todo subsidio al campo, incluyendo los mecanismos de control de precios de los granos (Conasupo) y de los precios de garantía. En su calidad de "partido político", el BM despliega amplias campañas dirigidas a impactar a la opinión pública nacional. No son infrecuentes los engaños, subterfugios semánticos y las manipulaciones.

El pasado 19 de octubre los voceros del BM lamentaban que las cifras de pobreza en México fueran "inaceptablemente altas" y que en la base estuviera "el estancamiento de la economía", observado durante los primeros dos años del gobierno de Fox. Lo que no se explicitó fue el papel del BM y del FMI en la aplicación de políticas contraccionistas (reducciones de la masa monetaria, recortes presupuestales), innecesarias si la economía nacional e internacional estuviesen funcionando de manera adecuada, inadmisibles en un contexto recesivo con riesgos deflacionarios. El "férreo control del gasto público" impuesto por el FMI-BM y las principales corredurías de Wall Street, así como el desmantelamiento creciente de la inversión pública en el sector productivo y su brutal desvío al gasto no productivo (servicio de la deuda, rescates, Fobaproa-IPAB) son el eje desde el que se induce el remate de los activos nacionales. No es un problema aritmético, como dice Fox, sino esencialmente político y de "diseño presupuestal". Se privilegia a los acreedores y especuladores y se sacrifica al país y su patrimonio.

En cuanto a educación superior, el criterio del BM es que la universidad "...es un bien privado, no público", por lo que recomienda inducir la privatización de sus funciones por la vía de restringir sus presupuestos.

En materia de agua, hace poco se anunció un cañonazo del BM de 250 millones de dólares encaminado a la privatización -y control extranjero- de las operaciones hidráulicas bajo el principio de que el agua "...es una necesidad humana, no un derecho humano". Téngase presente que una necesidad puede ser satisfecha de diversas maneras, especialmente en favor de quienes pueden pagar por ella, en tanto que un "derecho humano" es algo de difícil comercialización.
Como lo recuerdan Maude Barlow y y Tony Clarke, autores de Blue Gold (Stoddart Publising, Canadá, 2002) -libro que ayuda a esclarecer el programa de préstamos para el agua del BM en México-, en el Foro Mundial sobre el Agua, celebrado en La Haya en marzo de 2000, se definió el vital líquido como una "mercancía", postura que forma parte central del gran negocio que actualmente está impulsando el BM en varios continentes y ahora del Bravo a la Patagonia en favor de las CMN.

Barlow y Clarke indican que entre esos entes están las empresas francesas Vivendi y Suez -conocidas como la General Motors o la Ford de la industria del agua-, así como Bouygues-SAUR, RWE-Thames Water, Bechtel-United Utilities, Enron-Azurix y American Water Works Company, entre otras.

La acción del BM como inductor de la privatización gasera, eléctrica, ferroviaria y petrolera en México genera sinergias en función de los intereses, cambios y fusiones que se observan en los conglomerados monopólicos, cuyos componentes industriales van desde el control de la electricidad y el gas, a la industria de la construcción y los servicios vinculados con el agua. Enron y otras CMN interesadas en nuestro gas, petróleo, electricidad y agua cuentan con el control de activos acuíferos en México, Brasil e Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Su actividad se centra en ciudades de más de 50 mil habitantes y la presa mayor es, desde luego, el Distrito Federal.

EU: autodefensa anticipatoria

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 17 de octubre de 2002.

El pasado 20 de septiembre se dio a conocer un documento detallando la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos (EU). Ese mismo día, en el curso de una mesa redonda dedicada al análisis del mundo después del 11/9, convocada por La Jornada y Casa Lamm, enfaticé la necesidad de analizar la doctrina estratégica contenida en ese documento, en la que se escuda la retórica del regime change que ahora utiliza la Casa Blanca para promover y "justificar" su política de intervención y de ataque militar unilateral.

Se trata del principio, vago, arbitrario, subjetivo, de "autodefensa anticipatoria" (preventive war), aparentemente centrado, como lo ironizó hace pocas semanas Arthur Schlesinger, "en las capacidades telepáticas" de la presidencia imperial de EU para determinar lo que otra nación pueda hacer en el futuro -por ejemplo, que Irak utilizara en su contra armas de destrucción masiva- y así atacar de manera "preventiva".

Bush nos está regresando a los tiempos del sacro imperio romano, cuando prevalecía la autoridad papal en las relaciones internacionales, basada, presumiblemente, en las directrices de la divinidad. Es un "principio de legitimación imperial" que ya el sistema internacional de los estados-nación, que se consolidaban al finalizar la primera mitad del siglo XVII, le había negado al Papa.

La "autodefensa anticipatoria" conlleva una modificación nodal al tipo de sistema mundial que se sentó desde 1648 con la Paz de Westfalia, basado en el principio de soberanía absoluta de los estados, su igualdad jurídica y la no intervención. Esto es lo que se gesta después del gran conflicto multidimensional de los Habsburgo austriacos y españoles contra las sucesivas coaliciones de estados enemigos desde 1618 hasta la Paz de Westfalia, periodo conocido como la Guerra de los Treinta Años. También en 1648 se concluyó la Guerra de los Ochenta Años entre los holandeses y españoles. En ese año los líderes de los principales poderes europeos firmaron tres tratados en las ciudades westfalianas de Muster y Osnabruch. La Paz de Westfalia es considerada uno de los fundamentos del sistema internacional contemporáneo.

Uno de los efectos de esos tratados fue negar legitimidad a las vagas pretensiones de mandato imperial por parte del papado. El imperio austriaco, sucesor del sacro imperio romano, como resultado de varias innovaciones de los protocolos diplomáticos, ya no era un primus inter pares -como pretende hoy la Casa Blanca-, sino simplemente una gran potencia en pie de igualdad con Francia, Inglaterra y España. La independencia de estados más débiles y pequeños fue sancionada de igual manera, como en el caso de las provincias unidas de los Países Bajos, resultado de un acuerdo de respeto a la libertad religiosa entre mandatarios protestantes y católicos. La esencia de la Paz de Westfalia fue el reconocimiento del equilibrio religioso y político dentro del sacro imperio romano, confirmándose las limitaciones de la autoridad imperial y la centralidad de la soberanía y la igualdad jurídica de los estados -principios no siempre respetados-, que han sido el cimiento de la paz precaria que vivimos.

Aunque las intervenciones ilegales de EU contra otras naciones han sido frecuentes, siempre buscó algún tipo de justificación legal. Ahora desecha de manera explícita los principios de la soberanía y la no-intervención, fundamento constitucional, recuérdelo Tlatelolco, de la política exterior mexicana.

La "autodefensa anticipatoria" pone en entredicho el consenso alcanzado a lo largo de más de 250 años, la centralidad de la soberanía nacional, como fundamento del derecho. La "autodefensa anticipatoria" acarrea enormes riesgos, precisamente en un mundo donde prolifera el armamento de destrucción masiva, sea nuclear, biológico o químico. Como ya son poco más de 20 estados los que cuentan con uno u otro tipo de estas armas, entonces, ¿por qué Irak?
Si bien son varias las excusas planteadas por Bush para atacar ahí, el meollo del asunto se centra, entre otros objetivos, en el control de los poco más de 79 mil millones de barriles de sus yacimientos de crudo, el desmantelamiento de la OPEP, una reconfiguración del mundo árabe y un "remapeo" de la principal cuenca petrolera del mundo. Como el petróleo no es Dios, entonces queda claro que hemos ingresado al mundo de la arbitrariedad, la subjetividad y del más peligroso aventurerismo estratégico centrado en grandes intereses empresariales, que mañana se le puede contagiar a India, Paquistán, Rusia, China, Inglaterra, Africa del Sur y a otros estados nucleares. Más grave aún, la "nueva doctrina" agrega una amenazadora incertidumbre a los sistemas de disuasión nuclear al quebrantar los frágiles instrumentos e instituciones del derecho internacional (Naciones Unidas) e inyectar la anarquía a las relaciones internacionales y estratégicas. Esto ocurre en un contexto en el que están desplegados, a lo largo y ancho del planeta, sistemas balísticos intercontinentales en aire, tierra y mar, en estado de alerta.

Finalmente, cabe recordar que la Carta de Naciones Unidas es uno de los principales acuerdos vigentes de derecho internacional en el que explícitamente se establece la ilegalidad de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Además, como lo mencionó hace poco William Pfaff, de Los Angeles Times, todo acto de guerra de "autodefensa anticipatoria... fue tratado específicamente como un crimen de guerra en los juicios de Nuremberg".

EU: la guerra por el petróleo

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 3 de octubre de 2002.

La política de fuerza contra Irak impulsada por el principal consumidor de combustibles fósiles del planeta y sus empresas, está encaminada al apoderamiento de los vastos yacimientos de crudo de esa nación y conlleva impactos internos y externos de gran magnitud. Conviene tener presente que la amenaza de utilizar instrumentos militares para que las petroleras estadunidenses asuman el control in situ de los yacimientos de Medio Oriente no es nueva, pero se ha intensificado desde el embargo petrolero aplicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contra Estados Unidos (EU) en 1973, mismo que puso al descubierto la vulnerabilidad esencial de la potencia norteña, derivada del abrupto agotamiento de sus reservas petroleras convencionales y de la correspondiente dependencia de fuentes externas para mantener su economía civil y militar en funcionamiento. La dependencia se acentuó como resultado de la resistencia al ahorro energético y al desarrollo de fuentes alternas de energía por parte de los principales grupos de interés centrados en la industria del gas y del petróleo, así como de la automotriz, mismos que ahora hegemonizan de manera directa y explícita los instrumentos de Estado bajo la presidencia de Bush.

Al complejo escenario es necesario agregar la existencia de crecientes indicios de un probable agotamiento del petróleo convencional de los principales campos petroleros del mundo, que varios estudios indican podría empezar a registrarse en la primera década de este nuevo siglo.
Los problemas y dilemas que se presentan son de orden mayor, tanto desde la perspectiva de la ecuación política internacional y doméstica como de los aspectos geofísicos y técnico-militares presentes. Son riesgos para la paz internacional que no impresionan a los encargados del diseño de la política de fuerza que aplica Washington. Se trata de un grupo (o "junta", como los calificó recientemente Gore Vidal) que opera desde la Casa Blanca y el Defense Policy Board del Pentágono: un puñado de halcones extremistas liderados por personajes como el secretario y el subsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, respectivamente -este último conocido en los medios europeos como el velociraptor-, así como por conspicuos representantes del sector petrolero, liderados por Bush y Cheney.

Desde hace más de un año, varios miembros de esta camarilla, incluyendo a James Woolsey, ex director de la CIA, han venido impulsando, mediante documentos internos, artículos periodísticos y programas televisivos la ampliación de las operaciones militares en Afganistán hacia Irak. Esta línea de acción, auspiciada por la "junta", privilegia los intereses cortoplacistas del alto empresariado de la industria del gas y del petróleo, incluyendo grandes empresas contratistas, Haliburton y Bechtel, entre ellas. Sus miras están centradas en el establecimiento de un nuevo régimen iraquí que les facilite el control y usufructo de los pozos petroleros actualmente en operación, con capacidad de producir 3 millones de barriles diarios y de otros campos petroleros ya identificados en Irak, que pueden generar, en un plazo relativamente corto, 5 millones de barriles adicionales. Este es el fundamento de la insistencia de la Casa Blanca, no tanto en el "desarme" de Irak, como en el regime change, término con el que se encubre una política abiertamente intervencionista que conlleva capacidades para el desmantelamiento o control estadunidense de la OPEP, de Arabia Saudita y la ambicionada dominación regional. Esta postura desproporcionada, centrada en intereses cortoplacistas, no sólo deja a un lado los factores políticos, económicos, sociales, legales y morales, sino también otros de corte militar.

Según los análisis de los estrategas del Departamento de Defensa, el "éxito" de tal operación sólo se lograría: a) tomando intactas las instalaciones petroleras requeridas; b) asegurando su control por semanas, meses o años; c) restaurando lo más rápidamente posible las instalaciones destruidas; d) operando las instalaciones a pesar de que no cuenten con el consentimiento de sus dueños legítimos, y e) garantizando las líneas marítimas y terrestres de suministros petroleros.
La "junta" tendría que desplegar decenas de miles de soldados y técnicos para mantener el control de los campos petroleros que se extienden en regiones de miles de kilómetros cuadrados, y cada uno de ellos, incluyendo un conjunto impresionante de instalaciones y unidades: pozos, estaciones de separación del gas y petróleo, plantas estabilizadoras, plantas de inyección de gas y agua, oleoductos, estaciones de bombeo, tanques, refinerías, plantas de generación e instalaciones portuarias. Se trata de complejos interdependientes en los que cualquier unidad con problemas puede afectar la operación total; consecuentemente son altamente vulnerables al sabotaje. Finalmente, los problemas y retos a la capacidad militar que se plantea por medio de esta operación son inmensos. Sola Arabia Saudita tiene más de 800 pozos conectados por más de 4 mil 800 kilómetros de oleoductos. El perímetro alrededor de sus cinco pozos principales comprende un área de 16 mil kilómetros cuadrados, es decir, un área dos veces la superficie de Connecticut.

Quienes dentro del Pentágono llaman a la cordura fundamentan su caso desde un análisis de la movilización cotidiana de fuerzas estadunidenses en el mundo para concluir que una intervención militar en el Medio Oriente, como la que contemplan Bush y la industria del gas y del petróleo, supondría enormes costos y una verdadera globalización de las vulnerabilidades de EU, ya que tanto desde el punto de vista político como militar, las unidades militares que conforman el comando europeo, incluida la sexta flota, quedarían atadas. Lo mismo ocurre con la mayoría de las unidades desplazadas en Alaska, Asia, las Américas y el Pacífico. Un estudio realizado con anterioridad advertía que "... las capacidades de defensa y de disuasión quedarían desvirtuadas a un grado impredecible si dichas fuerzas fueran movilizadas al Golfo Pérsico por periodos prolongados".