EU: el ascenso militar y el 11/09

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 9 de agosto de 2002.

Todo indica que los fundamentos de la estabilidad política y económica, gestados alrededor de la pax americana después de la Segunda Guerra Mundial, están siendo arrasados por la profundización de la crisis que abate al sistema capitalista como un todo y, de manera inquietante, a Estados Unidos, potencia con primacía global que observa un serio desgaste de su hegemonía económica, especial, aunque no exclusivamente, en las áreas monetaria y de integridad empresarial, que se expresa en frecuentes pánicos bursátiles. En estas circunstancias, Washington juega su "carta fuerte" por medio del ejercicio de una diplomacia centrada en la unilateralidad militar. Es en este contexto en que se deben interpretar las sorprendentes propuestas de Bush después del 11/09: ya hemos analizado cómo con la excusa de la ''guerra antiterrorista'' el Ejecutivo intenta modificar el esquema constitucional que equilibra las relaciones y funciones entre poderes, adquiriendo ahora una nueva dimensión: impactar las relaciones cívico-militares.

La usurpación de funciones es una inclinación que históricamente ha caracterizado a la presidencia imperial, pero después de los ataques contra las Torres Gemelas ha sido llevada al desenfreno por el equipo que maneja la Casa Blanca. El 30 de julio Rubén Navarrete, desde el servicio de noticias del New York Times, informó sobre la petición hecha por Bush al Congreso para modificar el Acta Posse Comitatus de 1878, que es la base formal del principio que impide que el personal militar se involucre en funciones no relacionadas con el mantenimiento de la ley y el orden doméstico. La presidencia imperial abre así las puertas al autoritarismo militar y al debilitamiento de la normatividad constitucional y de los derechos y libertades civiles. De acuerdo con Bush, ''...la amenaza del terrorismo catastrófico requiere una cabal revisión de las leyes, de tal suerte que se permita a los militares actuar en Estados Unidos''.

Al respecto caben dos observaciones: primero, si se revisa la historia de EU, de manera particular la evolución de su estructura de poder, es fácil discernir la existencia de tendencias de largo plazo que se acentúan de manera extraordinaria a raíz de la masiva movilización bélico-industrial de la Segunda Guerra Mundial, y desde ahí de la consolidación de una economía permanente de guerra. Se observa la persistencia y profundización de los persistentes lazos entre el Estado y la clase empresarial, que llega a lo que sólo puede calificarse de nuevo nivel, en el sentido de que la imbricación, como resultado de lo ocurrido a partir de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, impide concebirlas como dos mundos separados.

Charles Wright Mills, en su clásico La elite del poder (FCE, 1964), demuestra que el crecimiento de la rama ejecutiva, con todas las agencias por medio de las que supervisa una economía compleja, no significa sólo una mera ampliación de la actividad gubernamental o alguna suerte de autonomía burocrática, sino que ha reflejado el ascenso político de los altos ejecutivos empresariales y su ingreso directo a los directorios políticos. Después de la guerra el peso de esos ejecutivos aumentó al punto de dominio. Con una relación cercana con el gobierno que se fue acentuando a lo largo de los decenios, esos altos ejecutivos dirigen desde los directorios político-gubernamentales el esfuerzo bélico-industrial, relegando a muchos políticos profesionales en el Poder Legislativo a rangos medios. Tal es, entre muchos otros, el caso del vicepresidente Cheney y de Haliburton -y unidades a ella afiliadas-, la empresa de servicios petroleros que dirigiera hasta que asumió ese cargo, receptora, como pocas, de generosos contratos del Departamento de Defensa.

Los procesos y acontecimientos que hemos presenciado a lo largo de la guerra fría hasta hoy han consolidado la percepción de Mills de que la clave estructural del poder se centra en la relación entre la corporación y el Estado, esto último, especialmente, por medio del aparato militar, cuyo ascenso político también es impulsado como resultado de la Segunda Guerra y las que le han seguido en Corea, Vietnam, el Golfo Pérsico, Kosovo, y de manera muy particular e intensa, luego de los "catastróficos ataques terroristas" que ahora Bush utiliza como justificación para remover cualquier obstáculo formal a la consolidación del sector castrense como actor dominante en la dinámica política estadunidense. El imperio parece haber ingresado a la "etapa pretoriana" de su crisis hegemónica.

En segundo lugar, cabe tomar nota que lo curioso del razonamiento de Bush en la promoción del pretorianismo doméstico es que dicha promoción es realizada por el mismo mandatario, cuyo equipo de trabajo en el área de seguridad nacional, decidió prestar oídos sordos a lo que ahora, a raíz de recientes investigaciones legislativas, aparece como un impresionante cúmulo de advertencias previas al 11/09, hechas desde dentro y desde fuera de EU en torno a posibles ataques terroristas catastróficos en territorio estadounidense. A las urgentes llamadas de atención provenientes de Italia, Egipto y otros servicios de inteligencia del Oriente Medio se agregan los del M16, el servicio de inteligencia británico con relaciones muy estrechas con sus contrapartes estadounidenses, que desde el 1999 había prevenido a EU sobre planes terroristas de utilizar aviones civiles para "un ataque no convencional" semejante al que ocurrió el 11/09 (La Jornada, 10 de junio, p. 36).

La aparente ineficacia del aparato de seguridad para evitar o minimizar los atentados de septiembre, ocurre simultáneamente con la fuerte propensión de George W. Bush, el aparato bélico-industrial y fracciones importantes de la cúpula militar y de la Comunidad de Inteligencia -CIA, Agencia de Seguridad Nacional y FBI entre otras-, a recolectar el "maná político y presupuestal" derivado del "terrorismo catastrófico" que costó la vida a más de 3 mil civiles el pasado septiembre.

EU: crisis económica y guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 25 de julio de 2002.

"Infecciosa codicia". Así calificó Alan Greenspan la semana pasada la raíz causal de la generalizada crisis de confianza que abate a los inversionistas de Wall Street; "infección" gestada al calor de graves y dolosas manipulaciones contables y toda suerte de trucos especulativos de las cúpulas dirigentes de las empresas que cotizan en la bolsa. Cabe mencionar, de paso, que son las mismas "mafias" (para usar el calificativo que asignó el gobernador de California a los consorcios interesados en nuestro sector energético) que hoy por hoy se esfuerzan (mediante el neoporfiriato foxista, dedicado a la entrega y el saqueo del patrimonio nacional) en el apoderamiento de los activos y de los recursos naturales estratégicos: electricidad, petróleo, gas natural, minerales, agua y biodiversidad, entre otros.

Desde luego, nadie sabe cuánto tiempo se prolongarán los efectos de este crack y del "pánico bursátil" que le acompaña, pero, según algunos de los más experimentados analistas, entre quienes sobresale James Marmon, ex presidente del Eximbank y de la firma de inversionistas Schroder Wertheim & Co, "... este mercado no rebotará (will not boomerang) y las ganancias de las empresas más importantes que cotizan en él, durante los próximos años probablemente no podrán mantener el mismo ritmo de crecimiento del PNB". Es una opinión compartida por importantes economistas del sector privado y académico de EU. Se trata de un estallido de la burbuja especulativa, escalofriante por sus dimensiones y reminiscente a la década de 1930.
Como he apuntado en otra oportunidad (Geoeconomía y geopolítica del Caribe, UNAM, 1997), es indispensable la perspectiva histórica para la cabal dilucidación del crack bursátil que siguió al boom especulativo de la década de 1990, así como su contexto político-militar, especialmente en lo referido al uso del gasto público en tiempos de guerra como mecanismo anticíclico.

Thorstein Veblen, el más notable analista de la evolución del capitalismo industrial estadunidense del siglo XIX y principios del XX, mostró cómo la guerra de 1812 se vinculó con la gran depresión de 1808-1809, y que efectivamente propició la recuperación gradual y el auge experimentados plenamente en 1813-1814, ofreciendo luego estudios detallados de los acontecimientos de política exterior que siguieron al pánico bursátil de 1836 y de las condiciones de depresión generalizada de 1837 a 1843.

Después de la guerra contra México surgen oleadas de gran prosperidad como resultado de la gran especulación que siguió a la repartición de bienes raíces a troche y moche, resultado de la toma y absorción de poco más de la mitad del territorio mexicano. Posteriormente, los efectos de la guerra civil fueron igualmente estimulantes para la industria vinculada a la fabricación de abastecimientos y maquinaria de guerra.

En una obra publicada en 1904 (Theory of Business Enterprise), Veblen observaba que a partir de la década de 1870 el curso de los acontecimientos en el mundo empresarial había adoptado un cambio más permanente en relación con las crisis y las depresiones, y que el periodo de prosperidad que se cerraba a principios del siglo XX "... surgió de la guerra hispanoamericana (1898), que conllevó gastos en abastecimientos, municiones y servicios, colocando al país en pie de guerra, ayudando a desvanecer la depresión y llevando prosperidad a la comunidad empresarial" (ibid, p. 251).

Recuérdese que se trata de las operaciones militares mediante las cuales Washington impulsó la globalización de su comercio e inversión, tomando Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Según Veblen, frente a la tendencia crónica del sistema capitalista a la depresión, los "intereses creados" se las arreglan para montar "estímulos" con el fin de crear lo que denomina "consumo improductivo", por medio de políticas que alientan la preocupación popular -en el siglo XIX- por la "integridad nacional", o lo que durante la guerra fría se hizo en nombre de la "seguridad nacional" y hoy, como parte de la "guerra contra el terrorismo", por la "seguridad de la madre patria".

Quienes encuentren esta visión como algo irreal a partir de 1904, mejor recuerden que la economía de EU se salvó de una fuerte contracción gracias a la Primera Guerra Mundial y a la prosperidad que le siguió, y que luego volvió a hundirse en la más profunda depresión en los años 30, de la que se recuperó sólo después de su participación en la Segunda Guerra Mundial, y que las prosperidades que siguieron -también en ciclos recesivos- se han asociado con guerras frías y calientes, que han significado la inversión en el sector militar -en dólares constantes de 1970- de 4 billones 400 mil millones entre 1945 y 1990. En todas estas ocasiones se intensificaron las campañas de histeria xenofóbica, aunque resulta explicable que analistas decimonónicos, como Tocqueville, jamás pudieron imaginar el desenfreno militarista que se desató durante la guerra fría, y que Marcuse calificó como "un estado de guerra", en el cual el estado de bienestar se logra por medio de la movilización total de los recursos humanos y materiales para la eventualidad de una guerra, interna o externa, contra un enemigo, interno o externo, real o imaginario.

El antropólogo Jules Henry completó el cuadro marcusiano cuando se refirió a un aspecto nodal de la cultura del "estado de guerra": el miedo obsesivo a la aniquilación por una potencia extranjera. Aunque analistas como Tocqueville visualizaron muchas de las consecuencias humanas de la nueva tecnología y nueva ciencia que estaban surgiendo, jamás pudieron imaginarse, en palabras de Henry, "... el fantasma de muerte que crearían, o que llegaría a ser común que científicos y estadistas se imaginasen centenares de millones de cadáveres".
En la era de los armamentos termonucleares, químicos, biológicos y de la cohetería balística intercontinental, "eso" -que incluye la destrucción del marco de referencia bioquímico del planeta- es lo que está en juego.

EU: bioterrorismo de Estado

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 11 de julio de 2002.

Desde que Bush calificó de "fase dos" a los ataques bioterroristas que se registraron después del 11/09, resultó importante determinar sus vínculos con los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Aunque la Casa Blanca lo negó al principio, se acumularon evidencias que indican que sectores de la Comunidad de Inteligencia (CI) habían recibido abundantes advertencias sobre un potencial ataque utilizando aviones de pasajeros como armas de guerra, y por negligencia, incompetencia -¿o conveniencia?- no actuaron.

En ese contexto fue llamativa la oposición de Bush a cualquier investigación independiente sobre qué sabía el equipo de la Casa Blanca y la CI antes del 11 de septiembre. Si la sombra de la sospecha se cierne sobre la fase uno, ahora se hace pública información explosiva en torno a los ataques ocurridos en la "fase dos" usando ántrax.

Una reseña del drama político y legislativo que ocurrió en el contexto del clima de pánico e indignación generado por el bioterrorismo muestra, primero, cómo logró neutralizar el natural desgaste del choque sicopolítico ocasionado por el 11/09 y luego cómo facilitó la aprobación de un conjunto de medidas, incluyendo la Ley Patriota, documento central impulsado por Bush y Ashcroft, que implanta un estado de excepción que debilita los sustentos normativos y constitucionales de la democracia y de los derechos y libertades civiles.

La importancia de esclarecer la conexión entre estas dos fases se basa en que la FBI aceptaba como muy probable el origen doméstico del bioterrorismo, aunque su director, que opera bajo las órdenes del fiscal Ashcroft, se apresuró a atribuírselo a un "bioquímico solitario".

Ignorado significativamente por los medios electrónicos, el tema adquirió resonancia mayor desde el martes 2 de julio cuando el New York Times publicó una columna de Nicholas D. Kristof (Antrax? The FBI Yawns) en la que se pone en tela de juicio la hipótesis de la incompetencia de los organismos de seguridad y se ofrecen datos que dan plausibilidad a contemplar otras explicaciones más siniestras sobre la fase dos que, a decir de Rosa Townsed (El País, 7/07/02, p. 1), están siendo suscritas por un número cada vez mayor de científicos y medios de comunicación, "que denuncian una trama de encubrimiento al más alto nivel".

Una de las observaciones más importantes de Kristof se refiere a que la falta de resultados en la investigación de la FBI sobre el bioterrorismo, nueve meses después de ocurridos los atentados, se debe no al letargo, abulia o a la superabundancia de información que oficialmente se aduce como explicación a la incapacidad para evitar tanto la fase una como la fase dos, sino a un intento deliberado por encubrir el involucramiento de agentes gubernamentales del más alto nivel del gobierno y de la CI en las acciones bioterroristas. El principal sospechoso, que Kristof identifica como Mr. Z, y que, según Townsend, se llama Steven Hatfill, "es un científico ligado a la CIA y el Pentágono". Ni más ni menos. Además es acusado de causar el mayor brote de ántrax de la historia, que mató a 10 mil campesinos. Esta proeza la realizó mientras trabajaba simultáneamente para el ejército de Estados Unidos y el régimen racista blanco de la entonces Rodesia -hoy Zimbawe. Kristof y Towsend indican que Hatfill continúa trabajando en misiones especiales del gobierno de Bush en Asia Central.

Los análisis genéticos realizados confirman que las cartas con ántrax dirigidas a los senadores demócratas Tom Dashle y Patrick Leahy sólo podían ser obra de un experto en ántrax, vacunado contra el patógeno y con acceso al Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército en Fort Detrick (Maryland), donde se llevan a cabo experimentos secretos de biodefensa. Según Townsed, esto llevó a Steven Block, profesor de guerra bacteriológica en la Universidad de Stanford, a sugerir que la razón por la que la FBI está retrasando la investigación es porque "el autor (de los atentados) o bien tiene información sobre el gobierno de Estados Unidos o bien es el propio gobierno" (p. 2). Lo grave es que el aparente letargo del aparato de seguridad (FBI) al mando de Ashcroft ya permitió que se incinerara parte importante de la evidencia (ántrax) necesaria en la indagación.

Las implicaciones son de orden mayor. Hatfil continúa al servicio del gobierno de Bush a pesar de que realizó un ataque bioterrorista contra la integridad física de la población y del liderato demócrata en el Senado, lo que lleva a varios analistas a la conclusión de que el gobierno actúa como "facilitador", después de los hechos, o antes de que ocurran, de un programa de acción de la fracción en el poder, en su fase dos, que tiende a la eliminación física o política de la oposición legislativa que endosa la investigación sobre el 11/09 que se realiza a puertas cerradas.
La operación militar que se planea contra Irak, justo antes de las elecciones legislativas de noviembre, aparentemente se orienta, entre otros objetivos, a crear condiciones que permitan el dominio de ambas cámaras por parte del equipo de ultraderecha encabezado por Bush.

El Pentágono y la desinformación en Afganistán

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 27 de junio de 2002.

Estados Unidos se encuentra en estado de guerra. Es un hecho con profundas implicaciones. La situación es grave si se tiene presente el fundamentalismo del régimen de Bush, con su radical abandono de los instrumentos multilaterales y un peligroso desdén por la vigencia del estado de derecho, dentro y fuera de EU. Esto ocurre junto con una concentración y proyección unilateral del poderío militar estadunidense, afectando de manera profunda las relaciones cívico-militares, los equilibrios constitucionalmente establecidos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los derechos y libertades civiles. Al norte tenemos instalado un régimen de excepción con la excusa de una guerra contra el terrorismo, en el que se explicitan los elementos de Estado policiaco, que ya contenía, y se registra una inquietante usurpación por parte del Ejecutivo, especialmente de su aparato militar y de inteligencia, de funciones legislativas y judiciales.

Abundan casos de arbitrariedades. Uno de los que más llamaron la atención fue el establecimiento por parte del Departamento de Defensa de una oficina encargada de "desinformar" al mundo, como parte de la estrategia de la guerra. La propuesta llamó la atención pública nacional e internacional y concitó una natural indignación en EU por la amenaza que representa este tipo de arbitrariedad estatal de corte orwelliano-totalitario, lo que obligó al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a retirar la iniciativa. Pero lo que no se difundió suficientemente fue la intención, declarada por el mismo Rumsfeld, de persistir en lo mismo, pero usando otros canales disponibles desde la Segunda Guerra Mundial, dentro de la vasta estructura burocrática del Departamento de Defensa. Una de ellas, la Unidad de Guerra Psicológica Mundial del Ejército, ha sido ampliamente utilizada, aunque sólo de manera marginal se ha informado sobre su existencia.

Durante la masacre perpetrada contra la población afgana -James Petras acierta al rechazar el término "guerra de Afganistán" para referirse a una contienda en la que de un lado se registran seis bajas y más de 10 mil en el otro- esa unidad, según el Departamento de Defensa, fue vital. Especialmente, como informa Tom Vernon (Radio World, abril de 2002), el aparato militar estadunidense actuó por medio del ala de operaciones especiales 193, parte del comando de operaciones especiales de la fuerza aérea de EU, encargada en esa ocasión de "la difusión de mensajes de propaganda a la población local afgana y a los soldados talibanes".

La Unidad de Guerra Sicológica cuenta con equipos de la más alta tecnología que puede ofrecer la electrónica y la aeronáutica, lo que le permite recibir y transmitir en todos los canales de difusión internacional. Vernon nos informa que además de transmitir material para programas, "se pueden perturbar transmisiones locales para persuadir a los oyentes de que sintonicen las frecuencias de propaganda" y nos recuerda que aunque los orígenes de estas unidades se remontan a 1942, su misión actual de desinformación u "operaciones sicológicas" (PSYOP) comenzó en 1968 y permaneció como actividad clasificada "secreta" hasta 1989.

Estas unidades, especialmente la que funciona bajo el número 193, han llevado a cabo operaciones secretas en Vietnam, Corea del Sur, Puerto Rico, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait y durante el brutal ataque aéreo contra los barrios populares de Panamá en 1989.
La descripción que nos ofrece sobre los equipos utilizados indica una fuerte erogación a favor de grandes empresas, entre las que sobresalen Hewlett-Packard, Rockwell, Delta Electronics, Lockheed Martin Aeronautics, Ramko, Otari, Panasonic, etcétera. En esta esfera de relaciones bélico-industriales, la simbiosis del Estado con la corporación -eje central del fenómeno imperialista- es fundamental y genera un dinamismo propio, centrado en un índice de ganancias que sobrepasa en mucho lo que es usual en las transacciones que prevalecen en la economía civil. Los sobrecostos pueden oscilar de 500 hasta 6 mil por ciento. Así se canalizan "subsidios" masivos, en este caso a la industria electrónica y aeronáutica. Qué duda cabe que EU es el campeón en guerra sicológica, pero el principal problema con que se enfrentan técnicos y estrategas en Afganistán es ¿cómo perturbar transmisiones locales y persuadir a los oyentes a escuchar toda esa bien maquinada propaganda cuando son escasos los afganos que cuentan con un radio, ya sin hablar del televisor?

Toda esta alta tecnología usada contra la población afgana contrasta con su miseria y atraso. Sin embargo, el Departamento de Defensa y su clientela industrial cuentan con solución para todo, especialmente si representa un buen negocio. Este pequeño "detalle" recibe una solución del Pentágono, descrita por Vernon de la siguiente manera: "Uno de los problemas que ocasiona transmitir a un área como Afganistán es que pocas personas tienen radios. Pero el gobierno de EU decidió arrojar con paracaídas receptores a cuerda".

EU: el nacionalismo económico

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 13 de junio de 2002.

Todo indica que el Congreso de Estados Unidos se inclina a apoyar las gestiones de Bush para acelerar la aprobación del Acuerdo del Libre Comercio de las Américas (ALCA) por medio del cual se impulsa la ampliación -y maximización- hacia América Latina de las concesiones irresponsablemente formalizadas en el TLCAN por el gobierno de Salinas.
Impulsada bajo la retórica del "libre mercado y democracia" se realiza en medio de una profundización de la proyección de instrumentos policiaco-militares contrainsurgentes y de una acentuación del "nacionalismo económico" de Estados Unidos. Una postura que se concreta en la adopción unilateral de más proteccionismo y subsidio en áreas vitales como las de alta tecnología -aerospacial, microelectrónica, biotecnología, etcétera-, agrícola y acerera, así como en la aplicación de barreras verdes y una intensa campaña antimigratoria que permite mantener una diferencia fundamental entre el valor de la fuerza de trabajo estadunidense y latinoamericana.
El fenómeno no es nuevo: el contraste entre lo que la potencia norteña "dice" en torno al libre mercado y la democracia, y su práctica proteccionista y militarista caracteriza su política exterior. Ese nacionalismo no se restringe a un endurecimiento comercial, sino que incluye el reconocimiento de una vinculación importante entre la posición competitiva de la primera potencia imperial y su prosperidad doméstica. Un tema que ha suscitado una continua indagación de centros de investigación, por ejemplo del Economics Policy Institute (EPI), pero que no concita mayor atención al sur del Bravo, quizá como resultado de la saturación ideológica que se despliega bajo la rúbrica de la "globalización".

El resurgimiento económico europeo y asiático observado a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado de manera paulatina transformó la concepción básica de los estadunidenses, uno de cuyos principales ingredientes es la intensificación del nacionalismo económico. La estrecha interrelación entre las condiciones económicas y político-militares en ultramar con las domésticas, adquiere dimensiones muy complejas con repercusiones inmediatas hasta la Patagonia, que es necesario evaluar en el contexto del debate sobre el ALCA. En la base del relanzamiento de la paz americana por la vía militar (por ejemplo, el Plan Colombia), en el TLCAN y el ALCA, está el persistente cambio de la posición relativa de las grandes firmas de Estados Unidos que dominaron de manera abrumadora el aparato productivo mundial durante los primeros 25 años después de la Segunda Guerra Mundial.

Ya para 1999, según lo documenta el listado de Fortune (julio 24, 2000), de las 500 empresas más importantes por su nivel de ventas 179 eran de Estados Unidos, 148 de la Unión Europea (UE), 107 de Japón, 12 de Canadá, 12 de Corea del Sur, 11 de Suiza, 10 de China, siete de Austria y tres de Brasil. De igual manera se observan cambios importantes en la posición exportadora de Estados Unidos que pasa de una amplia dominación mundial después de la guerra a la situación de hoy. Según la dirección de estadísticas del FMI, en 1999 las exportaciones totales de Estados Unidos hacia Japón y la UE fueron de 687.5 mil millones de dólares, las de Japón de 421 mil millones de dólares, y las de la UE de 2 billones 92.3 mil millones de dólares.

En materia de inversión extranjera directa las cifras son de 861 mil millones de dólares, 372 mil millones de dólares y un billón 309 mil millones de dólares, respectivamente. Lo anterior muestra la importancia de concretar un traspatio hemisférico como espacio para impulsar las multinacionales de Estados Unidos frente a una UE y un Japón fuertemente preocupantes. Al mismo tiempo que se fortalece el aparato normativo de Estados Unidos, que incluye severas restricciones a la inversión extranjera en áreas estratégicas bajo el rubro de seguridad nacional -aeronáutica, transportación marítima y terrestre, exploración y perforación petrolera, reservas mineras, de gas y agua, sistemas satelitales, etcétera. Proceso que en el contexto post 11/09 se intensifica.

Una síntesis ofrecida por el EPI de encuestas realizadas a lo largo de los años 80 y 90 por Gallup, CBS, NBC, Harris Poll, entre otras, el nacionalismo económico es tema central y el público está "muy preocupado" por el aumento del control extranjero sobre la propiedad de empresas y activos, lo que perciben como "una amenaza a la autonomía del país". Las encuestas indican que el ciudadano promedio siente que la extranjerización del aparato productivo constituye "el símbolo más poderoso de la debilidad económica estadunidense". En una encuesta del Times Mirror (1989), 70 por ciento opinó que la inversión extranjera era "mala" para la economía. Nación de propietarios, los estadunidenses rechazan que los extranjeros dominen su vida económica. Cuando se les preguntó por qué se oponían a la inversión extranjera, la respuesta más común fue que "...los estadunidenses deben ser dueños de Estados Unidos". Esto contrasta con el sistema aperturista de corte imperial que se trata de imponer a América Latina por medio del ALCA.

11/09: monumental falla de seguridad

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 30 de mayo de 2002.

Llama la atención de prensa y analistas la sistemática oposición de la Casa Blanca y de la comunidad de inteligencia (CI) a cualquier indagación independiente sobre la actuación del aparato de seguridad antes de la catástrofe del 11/09. Los obstáculos que Bush y la CI colocan ante esa iniciativa derivan del temor de que se debilite su capacidad de controlar los parámetros de cualquier investigación legislativa, que les podría acarrear graves daños políticos, judiciales y aun constitucionales.

Este rechazo no es menor si se tiene presente que la CI, con el Ejecutivo a la cabeza, incluye a la CIA, la FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la inteligencia militar. Pero para mantener el estado de derecho es imprescindible sentar, en palabras de Baltasar Garzón, "las responsabilidades por omisión culpable de todos los servicios de seguridad, inteligencia y policiales de Estados Unidos en la no prevención de la masacre". Para Bush et al la situación se complica por las crecientes contradicciones entre sus declaraciones públicas sobre lo que realmente sabían antes de la tragedia y lo que se ha dado a conocer en los últimos días, debido a varias fugas de inteligencia y documentos clasificados.

Se justifica el furor, tipo Watergate, en los medios político-legislativos y periodísticos por las contradicciones. Condoleezza Rice dijo que no se advirtió al público de los riesgos de ataques terroristas previos a la tragedia porque la información "era muy general y aparecía relacionada con operativos en ultramar" y que "nadie pudo haber previsto que esta gente... usaría un avión como cohete".

El vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, comunicó que "los secuestros (de aviones) antes del 11/09 y los secuestros después del 11/09 significan dos cosas muy, pero muy diferentes". Los reporteros de la fuente recuerdan que en la tarde del 11/09 le preguntaron "si el presidente había recibido alguna advertencia del ataque" y Fleisher respondió que no (no warnings). De igual modo Bush dijo: "Estados Unidos jamás se imaginó antes del 11 de septiembre que alguien nos atacaría". Aschcroft también se expresó así y añadió el 16/09 que "es necesario asegurarnos de que se asigne la más alta prioridad a la lucha contra el terrorismo". Ahora se sabe que meses antes del 11/09 Ashcroft rechazó solicitudes de la FBI para contratar a más analistas en contraterrorismo, mientras simultáneamente la FBI le recomendaba que por seguridad "sólo debía viajar en aviones chárter". Más grave: según Bob Woodward y Dan Eggen, del Washington Post (WP), en 1999 un informe preparado por el Consejo Nacional de Inteligencia, afiliado a la CIA, había advertido que "terroristas vinculados con Bin Laden podrían secuestrar un avión y estrellarlo contra el Pentágono, la Casa Blanca o la sede de la CIA".

Además, el WP (16 mayo 2002) publicó que en un memorándum clasificado, escrito por un agente del FBI desde Phoenix en julio/01, se establecieron "firmes vínculos entre un grupo de estudiantes de aviación y Al-Qaeda". El documento de cinco cuartillas fue enviado a la matriz de la FBI a principios de julio.

El republicano R. Shelby, del Comité de Inteligencia del Senado, aseguró que el memorándum de Phoenix "fue una advertencia muy importante y no se le prestó atención. No se distribuyó. No se actuó con base en el mismo" (WP, 15 de mayo). Por su parte, el senador demócrata Bob Graham, presidente del mismo comité, afirma que otro documento de la CIA había sido incluido en agosto como parte de la síntesis altamente secreta que recibe el presidente todas las mañanas, advirtiéndole que Bin Laden estaba planeando un gran ataque contra Estados Unidos. Según Newsweek (27 de mayo de 2002), el vicepresidente Cheney reiteró en entrevista que "las advertencias eran difusas... no hubo amenazas específicas sobre operaciones domésticas o del tipo que ocurrieron", y "no mencionó que los encargados del cumplimiento de la ley en Estados Unidos, incluyendo a George Tenet, director de la CIA, habían advertido de manera urgente sobre un inminente ataque doméstico".

La incompetencia llegó a extremos: según Anne M. Mergier (Proceso, 12 de octubre de 2001), se registraron operaciones de especulación bursátil antes del 11/09, con las acciones de empresas claves: United Airlines, American Airlines, Morgan Stanley Dean Witter & Co -22 pisos en las Torres Gemelas-; Merril Lynch, con oficinas en un edificio derruido cercano a las torres y de las aseguradoras Munich Re, Swis Re y Axa. Estas operaciones, que tipifican el delito de "aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas", ¿tampoco fueron registradas por la NSA, una de cuyas principales funciones es detectar este tipo de ilícitos?
Si fue incompetencia, el caso es grave en extremo por la enorme pérdida de vidas. Y si no lo fue, y estaban al tanto de lo que se perfilaba en el horizonte, entonces, en comparación, las "operaciones negras" del equipo de Nixon responsable de Watergate van a lucir como las movidas de inocentes matronas jugando canasta.

Fox y la privatización de Pemex

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 16 de mayo de 2002.

Desde una plataforma empresarial belga, el presidente Fox acaba de notificarle a la opinión pública mexicana (a la usanza salinista-zedillista) que en el próximo periodo extraordinario del Congreso se aprobarán las medidas legislativas necesarias para proceder con la agenda privatizadora del sector energético, incluyendo el petróleo. La propuesta, impulsada por Washington desde el Banco Mundial (BM), implica someter a la Carta Magna a "cirugía mayor". El hecho de que este sorpresivo anuncio se hiciera pocas horas después de una reunión sostenida por Fox con la cúpula priísta encabezada por Madrazo, ha llevado a algunos analistas a especular, o bien que se llegó a un "arreglo" en torno a las investigaciones en curso relativas al financiamiento externo de la campaña presidencial de Fox y el desvío de recursos de Pemex hacia las arcas electorales del PRI, o que estamos en presencia de otra iniciativa unilateral de Fox, que, como en casos anteriores, le resultó contraproducente. Se trata, en todo caso, de los intereses empresariales y geoestratégicos articulados por el BM desde Los Pinos, que son los de la Casa Blanca y los de la poderosa industria del gas y del petróleo de Estados Unidos. Téngase presente que las presiones y acciones encaminadas a la privatización y extranjerización del sector se observan desde el momento mismo en que Pemex dio inicio a sus operaciones y que posteriormente se intensificaron por el trauma estratégico que sufrió Estados Unidos, resultado del embargo petrolero de la OPEP de 1973 y de la creciente dependencia de suministros externos para mantener su economía civil y militar en funcionamiento.

La meta empresarial y geoestratégica estadunidense para revertir la nacionalización petrolera, tanto a nivel operativo como político-administrativo y eventualmente "constitucional", se ha venido realizando desde principios de los 80 del siglo pasado, por medio del BM propiciando la privatización, primero "indirecta" y luego "directa" de Pemex, y un control in situ de las empresas de Estados Unidos sobre las operaciones de Pemex. Como lo demuestro en La compra-venta de México (de próxima aparición en Plaza & Janés), la postura de los inversionistas extranjeros y sus socios o prestanombres locales articulada por el BM, y adoptada como suya por De la Madrid, Salinas, Zedillo y ahora Fox, se centró en cinco medidas: 1) permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero, 2) permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia, 4) permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex, y 5) privatizar Pemex.

Tres han sido los principales argumentos del BM para justificar este programa, contenidos en sus documentos y publicitados, entre otros, por la Fundación Heritage: 1) que Pemex no invierte lo suficiente, ya sea en exploración o en desarrollo o en petroquímica, 2) que desmembrar a Pemex en empresas separadas, cada una de las cuales operaría independientemente y con criterios de obtención de ganancias, permitiría la competencia interna y externa y, en consecuencia, Pemex "sería más eficiente", y 3) que privatizar totalmente a Pemex le permitiría a México pagar toda la deuda externa e interna. Las tres justificaciones son falaces. El gobierno mexicano impone a Pemex impuestos irracionalmente altos, representando 95 por ciento de las ganancias, destinándolos al servicio de la deuda y otros gastos no productivos de tal suerte que poco queda para el mantenimiento de la inmensa infraestructura de la empresa que cubre el territorio de la Federación.

Durante el sexenio de López Portillo los impuestos directos pagados por Pemex equivalían a 61 por ciento de sus exportaciones totales, con De la Madrid ascendieron a 84 por ciento y durante el salinato la carga fiscal de Pemex fue irresponsable e intencionalmente aumentada a 158 por ciento de sus ingresos por exportaciones, según datos recabados por José Luis Manzo en su esclarecedor ¿Qué hacer con Pemex? (Grijalbo, 1996, p.51). Mientras el BM auspició y Salinas-Zedillo implementaron el desmembramiento de Pemex (proceso conocido en Estados Unidos como divestiture), las grandes corporaciones petroleras operan en forma totalmente opuesta, incrementando su integración vertical para coordinar la producción, refinación y mercadeo del petróleo. El analista petrolero Michael Tanzer ha mostrado que si Pemex fuera privatizada, digamos por 150 mil millones de dólares (mmdd), -como ya lo planteó la Heritage Foundation-, la inversión vendría necesariamente de inversionistas extranjeros -DuPont, Exxon-Mobil, Shell, Amoco, etcétera- y como su mínima expectativa de ganancias es de 20 por ciento nuestra economía tendría que pagarles 30 mmdd anuales, en cinco años estaríamos endeudados más arriba del cuello y ya -como Argentina- sin el petróleo.