11/09: monumental falla de seguridad

John Saxe Fernández
La Jornada.
México 30 de mayo de 2002.

Llama la atención de prensa y analistas la sistemática oposición de la Casa Blanca y de la comunidad de inteligencia (CI) a cualquier indagación independiente sobre la actuación del aparato de seguridad antes de la catástrofe del 11/09. Los obstáculos que Bush y la CI colocan ante esa iniciativa derivan del temor de que se debilite su capacidad de controlar los parámetros de cualquier investigación legislativa, que les podría acarrear graves daños políticos, judiciales y aun constitucionales.

Este rechazo no es menor si se tiene presente que la CI, con el Ejecutivo a la cabeza, incluye a la CIA, la FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la inteligencia militar. Pero para mantener el estado de derecho es imprescindible sentar, en palabras de Baltasar Garzón, "las responsabilidades por omisión culpable de todos los servicios de seguridad, inteligencia y policiales de Estados Unidos en la no prevención de la masacre". Para Bush et al la situación se complica por las crecientes contradicciones entre sus declaraciones públicas sobre lo que realmente sabían antes de la tragedia y lo que se ha dado a conocer en los últimos días, debido a varias fugas de inteligencia y documentos clasificados.

Se justifica el furor, tipo Watergate, en los medios político-legislativos y periodísticos por las contradicciones. Condoleezza Rice dijo que no se advirtió al público de los riesgos de ataques terroristas previos a la tragedia porque la información "era muy general y aparecía relacionada con operativos en ultramar" y que "nadie pudo haber previsto que esta gente... usaría un avión como cohete".

El vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, comunicó que "los secuestros (de aviones) antes del 11/09 y los secuestros después del 11/09 significan dos cosas muy, pero muy diferentes". Los reporteros de la fuente recuerdan que en la tarde del 11/09 le preguntaron "si el presidente había recibido alguna advertencia del ataque" y Fleisher respondió que no (no warnings). De igual modo Bush dijo: "Estados Unidos jamás se imaginó antes del 11 de septiembre que alguien nos atacaría". Aschcroft también se expresó así y añadió el 16/09 que "es necesario asegurarnos de que se asigne la más alta prioridad a la lucha contra el terrorismo". Ahora se sabe que meses antes del 11/09 Ashcroft rechazó solicitudes de la FBI para contratar a más analistas en contraterrorismo, mientras simultáneamente la FBI le recomendaba que por seguridad "sólo debía viajar en aviones chárter". Más grave: según Bob Woodward y Dan Eggen, del Washington Post (WP), en 1999 un informe preparado por el Consejo Nacional de Inteligencia, afiliado a la CIA, había advertido que "terroristas vinculados con Bin Laden podrían secuestrar un avión y estrellarlo contra el Pentágono, la Casa Blanca o la sede de la CIA".

Además, el WP (16 mayo 2002) publicó que en un memorándum clasificado, escrito por un agente del FBI desde Phoenix en julio/01, se establecieron "firmes vínculos entre un grupo de estudiantes de aviación y Al-Qaeda". El documento de cinco cuartillas fue enviado a la matriz de la FBI a principios de julio.

El republicano R. Shelby, del Comité de Inteligencia del Senado, aseguró que el memorándum de Phoenix "fue una advertencia muy importante y no se le prestó atención. No se distribuyó. No se actuó con base en el mismo" (WP, 15 de mayo). Por su parte, el senador demócrata Bob Graham, presidente del mismo comité, afirma que otro documento de la CIA había sido incluido en agosto como parte de la síntesis altamente secreta que recibe el presidente todas las mañanas, advirtiéndole que Bin Laden estaba planeando un gran ataque contra Estados Unidos. Según Newsweek (27 de mayo de 2002), el vicepresidente Cheney reiteró en entrevista que "las advertencias eran difusas... no hubo amenazas específicas sobre operaciones domésticas o del tipo que ocurrieron", y "no mencionó que los encargados del cumplimiento de la ley en Estados Unidos, incluyendo a George Tenet, director de la CIA, habían advertido de manera urgente sobre un inminente ataque doméstico".

La incompetencia llegó a extremos: según Anne M. Mergier (Proceso, 12 de octubre de 2001), se registraron operaciones de especulación bursátil antes del 11/09, con las acciones de empresas claves: United Airlines, American Airlines, Morgan Stanley Dean Witter & Co -22 pisos en las Torres Gemelas-; Merril Lynch, con oficinas en un edificio derruido cercano a las torres y de las aseguradoras Munich Re, Swis Re y Axa. Estas operaciones, que tipifican el delito de "aprovechamiento ilícito de informaciones privilegiadas", ¿tampoco fueron registradas por la NSA, una de cuyas principales funciones es detectar este tipo de ilícitos?
Si fue incompetencia, el caso es grave en extremo por la enorme pérdida de vidas. Y si no lo fue, y estaban al tanto de lo que se perfilaba en el horizonte, entonces, en comparación, las "operaciones negras" del equipo de Nixon responsable de Watergate van a lucir como las movidas de inocentes matronas jugando canasta.

Fox y la privatización de Pemex

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 16 de mayo de 2002.

Desde una plataforma empresarial belga, el presidente Fox acaba de notificarle a la opinión pública mexicana (a la usanza salinista-zedillista) que en el próximo periodo extraordinario del Congreso se aprobarán las medidas legislativas necesarias para proceder con la agenda privatizadora del sector energético, incluyendo el petróleo. La propuesta, impulsada por Washington desde el Banco Mundial (BM), implica someter a la Carta Magna a "cirugía mayor". El hecho de que este sorpresivo anuncio se hiciera pocas horas después de una reunión sostenida por Fox con la cúpula priísta encabezada por Madrazo, ha llevado a algunos analistas a especular, o bien que se llegó a un "arreglo" en torno a las investigaciones en curso relativas al financiamiento externo de la campaña presidencial de Fox y el desvío de recursos de Pemex hacia las arcas electorales del PRI, o que estamos en presencia de otra iniciativa unilateral de Fox, que, como en casos anteriores, le resultó contraproducente. Se trata, en todo caso, de los intereses empresariales y geoestratégicos articulados por el BM desde Los Pinos, que son los de la Casa Blanca y los de la poderosa industria del gas y del petróleo de Estados Unidos. Téngase presente que las presiones y acciones encaminadas a la privatización y extranjerización del sector se observan desde el momento mismo en que Pemex dio inicio a sus operaciones y que posteriormente se intensificaron por el trauma estratégico que sufrió Estados Unidos, resultado del embargo petrolero de la OPEP de 1973 y de la creciente dependencia de suministros externos para mantener su economía civil y militar en funcionamiento.

La meta empresarial y geoestratégica estadunidense para revertir la nacionalización petrolera, tanto a nivel operativo como político-administrativo y eventualmente "constitucional", se ha venido realizando desde principios de los 80 del siglo pasado, por medio del BM propiciando la privatización, primero "indirecta" y luego "directa" de Pemex, y un control in situ de las empresas de Estados Unidos sobre las operaciones de Pemex. Como lo demuestro en La compra-venta de México (de próxima aparición en Plaza & Janés), la postura de los inversionistas extranjeros y sus socios o prestanombres locales articulada por el BM, y adoptada como suya por De la Madrid, Salinas, Zedillo y ahora Fox, se centró en cinco medidas: 1) permitir contratos de riesgo para la exploración y desarrollo petrolero, 2) permitir que exista inversión extranjera mayoritaria en petroquímica, 3) dividir a Pemex en empresas separadas y en competencia, 4) permitir la competencia interna e internacional frente a Pemex, y 5) privatizar Pemex.

Tres han sido los principales argumentos del BM para justificar este programa, contenidos en sus documentos y publicitados, entre otros, por la Fundación Heritage: 1) que Pemex no invierte lo suficiente, ya sea en exploración o en desarrollo o en petroquímica, 2) que desmembrar a Pemex en empresas separadas, cada una de las cuales operaría independientemente y con criterios de obtención de ganancias, permitiría la competencia interna y externa y, en consecuencia, Pemex "sería más eficiente", y 3) que privatizar totalmente a Pemex le permitiría a México pagar toda la deuda externa e interna. Las tres justificaciones son falaces. El gobierno mexicano impone a Pemex impuestos irracionalmente altos, representando 95 por ciento de las ganancias, destinándolos al servicio de la deuda y otros gastos no productivos de tal suerte que poco queda para el mantenimiento de la inmensa infraestructura de la empresa que cubre el territorio de la Federación.

Durante el sexenio de López Portillo los impuestos directos pagados por Pemex equivalían a 61 por ciento de sus exportaciones totales, con De la Madrid ascendieron a 84 por ciento y durante el salinato la carga fiscal de Pemex fue irresponsable e intencionalmente aumentada a 158 por ciento de sus ingresos por exportaciones, según datos recabados por José Luis Manzo en su esclarecedor ¿Qué hacer con Pemex? (Grijalbo, 1996, p.51). Mientras el BM auspició y Salinas-Zedillo implementaron el desmembramiento de Pemex (proceso conocido en Estados Unidos como divestiture), las grandes corporaciones petroleras operan en forma totalmente opuesta, incrementando su integración vertical para coordinar la producción, refinación y mercadeo del petróleo. El analista petrolero Michael Tanzer ha mostrado que si Pemex fuera privatizada, digamos por 150 mil millones de dólares (mmdd), -como ya lo planteó la Heritage Foundation-, la inversión vendría necesariamente de inversionistas extranjeros -DuPont, Exxon-Mobil, Shell, Amoco, etcétera- y como su mínima expectativa de ganancias es de 20 por ciento nuestra economía tendría que pagarles 30 mmdd anuales, en cinco años estaríamos endeudados más arriba del cuello y ya -como Argentina- sin el petróleo.

Cuba: reto al monroísmo hemisférico

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 2 de mayo de 2002.

A poco menos de dos semanas del affaire protagonizado por México y Cuba en torno a propuestas inadmisibles sobre las formas y tiempos de la participación del presidente Fidel Castro en la cumbre de Monterrey, han corrido tantos ríos de tinta que parece que transcurrieron meses. Conviene realizar un esfuerzo reflexivo sobre algunos asuntos de fondo.
En medio del abandono de los principios históricos de la política exterior mexicana y de su lamentable sometimiento a los lineamientos de Washington en relación con Cuba, resaltan dilemas e interrogantes: ¿por qué los gobiernos de Estados Unidos conciben a Cuba como una amenaza, aun después del fin de la guerra fría? Con 11 millones de habitantes y un aparato militar orientado a la defensa nacional, Cuba no representa peligro para Estados Unidos. Aun así, durante más de 40 años ha estado sometida a un brutal bloqueo comercial, financiero e industrial, y a continuas agresiones encubiertas de corte militar terrorista y bioterrorista, en este último caso no sólo contra la integridad física de Castro, sino también de la población, y las principales cosechas -azúcar, tabaco, etcétera- y el stock ganadero, lo que representa una persistente violación de derechos humanos, políticos y económicos fundamentales.

El mantenimiento del bloqueo no se explica por la naturaleza socialista de la economía cubana, si se tiene presente la creciente interacción económica de Estados Unidos con China y Vietnam. El problema se centra en los intentos cubanos por lograr un manejo soberano en torno a sus principales ejes de acumulación, que virtualmente durante toda la historia de la independencia fueron abrumadoramente controlados y usufructuados por empresas de Estados Unidos. La hostilidad y codicia estadunidense en relación con la soberanía y riquezas, así como la posición geográfico-estratégica de la isla son patentes incluso antes de que existieran economías socialistas en el mundo. Ellas se recrudecieron durante el socialismo soviético y persisten después de su colapso.

En Geoeconomía y geopolítica del Caribe (UNAM, 1997) he postulado que los cambios que se observan en la relación entre México, Cuba y Estados Unidos en su dimensión mundial, hemisférica y regional son de relevancia para comprender algunos rasgos de los procesos de integración de corte monroísta, como los que fueron torpemente aceptados por Salinas y formalizados en el TLCAN y su pretendida proyección al resto de América Latina por medio del ALCA. Cuando se negociaba el TLCAN, el embajador Negroponte notó que se transformaría "en la piedra angular" para inducir un quiebre histórico en la política exterior mexicana a favor de Estados Unidos, aspiración que fue tomando cuerpo paulatinamente con Salinas y Zedillo, y que ahora se concreta bajo la conducción de Castañeda hijo, con tal encono que la dilucidación del fenómeno demanda un enfoque interdisciplinario que se extiende desde la ciencia política al sicoanálisis.

El esfuerzo diplomático que despliega Washington desde Tlatelolco se comprende mejor si se tiene presente que en medio de una creciente rivalidad inter-bloque, la Casa Blanca se esfuerza en articular un esquema signado por la colonialidad y la exclusividad comercial, monetaria y de inversiones en América Latina recrudeciendo su monroismo por medio de un ataque sistemático contra los principios del derecho internacional público, como lo es el derecho soberano de los Estados a recurrir a la reglamentación, nacionalización o expropiación de empresas extranjeras, cuando pongan en peligro el proyecto y la viabilidad misma de la nación, o bien sean de "utilidad pública". A Washington le incomoda la postura cubana en torno al servicio de la deuda externa, uno de los mecanismos fundamentales para el ejercicio de la hegemonía en función de su alto empresariado. Ese servicio constituye una carga intolerable sobre las balanzas de pagos, una merma de las reservas internacionales y una desviación del ahorro interno incompatible con la recuperación de nuestras economías. La actitud "post-monroísta" articulada por la Revolución Cubana es algo más que una piedra en el zapato de Washington.

El post monroísmo materializado en Cuba implica un rechazo al régimen acreedor a ultranza impuesto a la región como resultado de la crisis deudora de 1982. En la esfera económica se expresa en políticas razonables, a nuestro alcance -diametralmente opuestas a los lineamientos auspiciados por Estados Unidos desde el FMI-BM-, por estar orientadas al bienestar social, el crecimiento sostenido, la defensa del aparato productivo y las monedas nacionales, la distribución equitativa del ingreso, la suficiencia alimentaria, la elevación del ingreso rural, la industrialización y construcción de infraestructuras productivas y de investigación y desarrollo propias, así como en su adhesión a principios rechazados formalmente por Estados Unidos como el derecho de las naciones a disfrutar y disponer soberanamente de sus recursos naturales.

La cambiante relación Washington-Caracas

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 18 de abril de 2002.

Los intereses empresariales y las necesidades geoestratégicas están por encima de los compromisos del gobierno de Bush en torno a la vigencia del estado de derecho y de los principios y procedimientos democráticos en el hemisferio.

Conforme pasaron las horas desde que abortó el complot empresarial, mediático y militar, se acumularon las evidencias y se comprobaron las pistas sobre la participación del aparato de seguridad de Estados Unidos en el intento golpista del 11 de abril en Venezuela. Para Bush el fiasco ha sido mayor, dentro y fuera de su país. El problema se complica porque las políticas económicas impulsadas por Estados Unidos desde el FMI-BM y BID, llegaron a los límites de la tolerancia político-social.

Después de décadas de aplicar recetarios que sólo pueden calificarse como una brutal guerra de clase, se observan respuestas populares que se extienden desde Buenos Aires hasta Chiapas, así como expresiones concretas y efectivas de construcción social de alternativas en Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil. La pregunta que surge, inmediatamente es: ¿cuáles son los factores que han impulsado al gobierno de Bush a tomar estos y otros riesgos en el plano regional y global?

La respuesta es necesariamente multifactorial. Pero no cabe duda de que una de las consideraciones mayores giran en torno a los problemas empresariales y geoestratégicos que se derivan de la creciente dependencia estadunidense de los suministros petroleros del exterior y que actualmente representan entre 60 y 65 por ciento del consumo total, mientras su reserva petrolera continúa desplomándose de manera acelerada.

Venezuela, junto con México, posee una de las principales reservas de petróleo convencional -y no convencional- del hemisferio y esto, en gran medida, explica el gran despliegue de todo tipo de instrumentos -económico-comerciales, políticos y militares-, realizado por Estados Unidos en las últimas décadas para acrecentar su impacto en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental como de las empresas involucradas: PDVSA y Pemex.

En nuestro caso es notable la docilidad y complicidad gubernamental para aceptar e implementar las políticas de privatización de facto de Pemex, al margen de la normatividad constitucional vigente . Desde De la Madrid a Fox ha sido persistente el sometimiento a los lineamientos del Banco Mundial, por ejemplo, en materia de petroquímica, de explotación y, más grave aún, de una ''reorganización administrativa'' orientada al desmembramiento operativo como paso previo a la privatización de la empresa.

En el caso venezolano se observa un intento del gobierno de Chávez por frenar la penetración estadunidense en el proceso de toma de decisiones, de asumir el control y dirección de la estrategia económica y con ello del destino y uso de la principal reserva petrolera del hemisferio, así como de la conducción de PDVSA. No es cosa de poca monta. Se trata de una de las empresas petroleras más importantes del mundo que el chavismo se ha atrevido a tratar de conducir dentro de parámetros orientados por el interés público nacional.

La implicación de la Casa Blanca en el esquema golpista indica un alto grado de preocupación por las medidas adoptadas por Chávez. Bush empezó a mover las fichas de manera urgente. El 25 de febrero nombró embajador en Venezuela a Charles S. Shapiro, conocido operador de inteligencia y hasta hace poco director de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado. Pocas semanas antes de la intentona golpista, un vocero del FMI hizo de conocimiento público que esa institución estaría dispuesta trabajar y colaborar con cualquier gobierno ''alternativo'' en Venezuela. Un reflejo inequívoco de la creciente irritación de la Casa Blanca con la política petrolera y exterior del chavismo.

Por esos días el secretario de Estado Powell se quejó ante el Congreso estadunidense de que el mandatario venezolano visitaba países ''extraños'' -Cuba e Irak-, a lo que la cancillería replicó que Venezuela es una nación soberana y no acostumbraba pedir permiso para actuar. La visita de Chávez a Bagdad en agosto de 2000 fue la primera realizada por un jefe de Estado a Irak desde la Guerra del Golfo en 1991, para invitar a Sadam Hussein a la cumbre de la OPEP en la que la coalición de exportadores tomó decisiones firmes en torno a la defensa de los precios del crudo.

La adhesión e impulso de Venezuela a los lineamientos de la OPEP en este renglón, su participación en el abasto de crudo a Cuba y su rechazo al uso del ''terror para combatir al terror'' -clara alusión a la postura de Bush en la materia-, habían exasperado a la Casa Blanca y a la derecha legislativa. Cuando el senador Jesse Helms, de Carolina del Norte, uno de los legisladores más preocupados por el nacionalismo petrolero venezolano, recibió la noticia de ''la renuncia'' de Chávez, exclamó que era ''una bendición y la voluntad del pueblo''. Luego recomendó que ''el gobierno de transición'' debía ''preparar a la brevedad posible una nueva elección nacional'', una línea de desacato constitucional que fue refrendada por la Casa Blanca, aprobada por el Pentágono e impulsada por el Departamento de Estado, y posteriormente coreada por varios presidentes latinoamericanos, entre ellos los ''demócratas'' Cardozo de Brasil y Rodríguez de Costa Rica.

Euro y fricciones transatlánticas

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 4 de abril de 2002.

Al reflexionar sobre la creciente militarización y unilateralidad que caracterizan a la política exterior del gobierno de Bush, Jorge Beinstein, de la Universidad de Buenos Aires, comentaba hace unas semanas que hecho el análisis desde una perspectiva que contemple tanto las fortalezas como las contradicciones del capital, en verdad "Estados Unidos está enfrentando situaciones que se le escapan de las manos y trata de resolverlas por la fuerza" (Granma, 15/02/02).

La necesidad permanente de intervenir sin ofrecer soluciones factibles, si bien evidencia como objetivo el control militar del planeta, especialmente de aquellas zonas con recursos naturales estratégicos -petróleo, gas natural, agua dulce, biodiversidad, minerales-, no es un indicativo de fuerza, sino de debilidad al acentuarse las vulnerabilidades propias de lo que Paul Kennedy advirtió como característica de las grandes crisis de sucesión hegemónica: la sobre-extensión imperial, caracterizada por una creciente brecha entre las capacidades económicas endógenas y la multiplicación de compromisos geopolíticos en todos los continentes.

Este proceso ocurre en estrecha relación con una crisis estructural que se viene observando desde principios de los años setenta del siglo pasado y que ya se manifiesta en la conformación de bloques económicos, con manifestaciones de orden mayor en varios rubros, pero de manera prominente en la transformación de la estructura de poder del sistema monetario internacional. Es un hecho que las instituciones económicas utilizadas como instrumentos de proyección de poder de los acreedores -FMI-BM-BID y OMC- experimentan una creciente erosión gestada al calor de las fuerzas centrífugas, que ahora ya no emanan exclusivamente desde Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y Asia, con China, Japón e India a la cabeza. El potencial para dividir la economía global en zonas monetarias se está concretando con enormes repercusiones, que para Washington son de particular importancia porque, después de todo, se trata de la presencia de retadores hegemónicos en el área monetaria, que ha sido y es crucial para la pax americana.

El ex banquero de Wall Street, consejero de presidentes y actual profesor universitario Jeffrey E. Garten, en un libro publicado en 1992 (A Cold Peace), dedicado al estudio de la lucha por la supremacía entre Estados Unidos, Japón y Alemania, recordaba que el primero derivó grandes beneficios por contar con la moneda más fuerte en el campo internacional. Podía imprimir dólares sin mayor disciplina en cuanto a los montos, ya que se partía de la premisa de que todo mundo deseaba esa moneda. Hoy los inversionistas tienen otra opinión. Podía, además, endeudarse en su propia moneda, y consecuentemente no preocuparse porque las tasas de interés incidieran en mayores costos en el servicio de la deuda externa, privilegio de enormes consecuencias, especialmente cuando, como ocurrió durante el gobierno de Reagan, se observan inusitados aumentos en el gasto público por la vía del parasitario sector militar.

El monopolio monetario permitió transferir a otros parte de los costos. También Estados Unidos obtuvo grandes beneficios políticos, ya que, como indica Garten, "el dólar representó algo más que una moneda: fue el símbolo del poderío estadunidense". El grado en que esas ventajas se verían mermadas hoy depende en gran medida del éxito de monedas como el euro, algo íntimamente vinculado con las contradicciones que está generando la unilateralidad militarista de Bush, por ejemplo en la relación entre la Unión Europea y Rusia, nación incorporada de nueva cuenta por el Pentágono a la lista de blancos potenciales de ataque nuclear.

Rusia realiza 80 por ciento de sus transacciones de comercio exterior en dólares, pero mientras su intercambio comercial con la UE es 40 por ciento del total, sólo 8 por ciento se realiza con Estados Unidos. Como indica una nota publicada por Brecha (1/02/02), para el exportador ruso operar en euros es atractivo porque evita cambios de divisa, lo que ciertamente tenderá a impactar el comercio mundial de materias primas estratégicas. Considérese que ya la mitad de las exportaciones de gas ruso del consorcio Gazprom -25 por ciento de las reservas mundiales- se realiza en euros y algo parecido pasa con la madera. Una Rusia sistemáticamente agredida por Washington, fácilmente puede fungir como caballo de Troya para introducir el euro en el mercado petrolero. Como advertía Fabián Estapé en el diario barcelonés La Vanguardia al discutir la viabilidad del euro: "el día que la compra y venta de petróleo se haga en euros, creeré en el euro". Es cierto que la relación estratégica entre Rusia y la UE es mucho más compleja que la derivada del comercio de materias primas estratégicas, pero uno de sus elementos básicos se centraría en el hecho de que, como apuntan los analistas de Brecha, abrir un boquete que desplace al dólar en asuntos energéticos es algo serio y cargado de implicaciones para el imperio mundial del dólar. "Rusia tiene reservas en dólares por 40 mil millones de dólares, China por 166 mil mdd y Japón por 350 mil mdd. Ese dinero es como un crédito sin interés para la economía estadunidense, que se perdería y crearía graves problemas en caso de una emigración significativa hacia el euro. El uso del euro en el comercio energético entre Rusia y la UE podría ser el principio de tal emigración... Rusia podría ser la gran oportunidad del euro".

Las contradicciones que genera el belicismo bushiano son mucho más extensas, ya que estados estigmatizados por la diplomacia estadunidense: Irak, Irán y Libia, entre otros -y crecientemente la Venezuela de Chávez-, bien podrían seguir el ejemplo de Gazprom. Agréguese a esto la profunda desestabilización de Medio Oriente, a consecuencia de la masacre de corte neohitleriano perpetrada por Sharon -con el aval de Bush- contra los palestinos, y se tendrá una aproximación del polvorín planetario que está gestando la ultraderecha instalada desde el 11/09 en los altos mandos político-militares de la presidencia imperial.

La presidencia imperial en Monterrey

John Saxe-Fernàndez
La Jornada.
México, 21 de marzo de 2002.

El espectáculo con visos de farsa y tragedia que se difunde urbe et orbi desde Monterrey, a raíz de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo, convocada por la ONU y con la participación de FMI, BM y BID -principales instrumentos de Estado y de clase para la proyección de poder de los acreedores encabezados por Estados Unidos-, debe ser interpretado, no tanto bajo la rúbrica de la "globalización", sino de lo que sigue siendo, según W. Tabb, el problema de fondo: "el poder y las contradicciones del capital".

La experiencia de Estados Unidos, después de la guerra civil y hasta nuestros días, muestra que el modelo capitalista que se proyecta nacional e internacionalmente opera bajo el impulso de la depredación, afectando profundamente las bases de la estabilidad social. En Monterrey se impuso la presencia y postura librecambista y de proteccionismo a ultranza a favor de la inversión extranjera directa de Bush. Su escamoteo a cualquier incremento de las migajas que se destinan para el desarrollo de la periferia, sometida como nunca antes a la explotación de sus recursos humanos y naturales, contrasta con la realidad.

Una investigación que realicé con Omar Núñez, publicada en Globalización, imperialismo y clase social (Lumen-Hvmanitas, 2001), muestra que entre 1976 y 1997 América Latina realizó una transferencia de excedentes a favor de los países ricos -por concepto de servicio de la deuda, transferencias unilaterales, fugas de capitales, utilidades netas remitidas de inversión directa, términos de intercambio, errores y omisiones-, conservadoramente estimada en 2 billones 51 mil 619.1 millones de dólares, deflactados al PIB 1990 de Estados Unidos. Ello encarna el enlazamiento y profundización de las desestabilizantes fuerzas de centrifugación capitalista, por la vía de los programas privatizadores y de ajuste estructural, con la correspondiente tendencia a la centripetación y proyección del poderío policiaco militar del Poder Ejecutivo, que caracteriza a lo que en la historiografía de Estados Unidos se conoce como la "presidencia imperial", término que no tiene nada que ver con el uso que algunos le han asignado en México para referirse a lo que en rigor ha sido una anacrónica autocracia presidencial.

Hoy, como antaño, la "presidencia imperial", por medio del FMI-BM-BID y, tristemente, de la ONU, está dedicada a fomentar, ampliar y proteger el interés privado nacional de Estados Unidos, a sus inversionistas y sus exportadores, así como los de sus "socios-competidores", en Europa y Asia.

El contraste entre las consecuencias prácticas de esta forma de organización de la economía con las proclamas a favor del orden y la estabilidad que acompañan el discurso de la política exterior de Washington constituye, sin duda, uno de los fenómenos históricos cuya relevancia, en especial para los países al sur del Bravo, es de lo más significativo.

La interrelación de la expansión capitalista (centrifugación) y la centralización, así como el uso del poder policiaco-militar presidencial, utilizado para restablecer el orden desestabilizado por el mismo accionar capitalista, se acentuó al calor de los acontecimientos del 11/09/2001, al punto de que conocidos editorialistas de Estados Unidos mencionan "los poderes dictatoriales" que se autoconfirió Bush con la excusa de la "guerra contra el terrorismo". No necesito detallar los efectos del modelo vigente sobre nuestro tejido social, porque a lo largo de los últimos años Julio Bolvitnik le ha ofrecido al público estudios rigurosos y estremecedores sobre la enorme capacidad y éxito del "modelo" para generar pobreza y desigualdad.

La frustración y polarización acicatean la explosividad sociopolítica y militar. La vigencia de los parámetros históricos de la presidencia imperial se evidencia a diario. Por ejemplo, mientras el embajador de Estados Unidos ante la ONU, John D. Negroponte -de ingrata memoria para los hondureños por su involucramiento con grupos paramilitares de ultraderecha-, exaltaba los 5 mil millones de dólares (mmdd) que Estados Unidos destina al "desarrollo", así como el paquete ya pactado del Consenso de Monterrey (más del mismo y peligroso recetario que explotó en Argentina), en Washington se informaba que el presupuesto militar para 2003 ascenderá a 379 mmdd -un aumento de 48 mmdd-, sin incluir los fondos destinados al sector militar del Departamento de Energía ni los impactantes gastos del rubro de pensiones castrenses derivadas de guerras pasadas, presentes y futuras, contabilizadas como "gasto social".

Antes de su visita a Monterrey -de paso a El Salvador y Perú- Bush hizo un llamado al Congreso para aprobar las erogaciones para la "guerra ampliada contra el terrorismo". Lo hizo desde Fort Bragg, uno de los centros de adiestramiento de la oficialidad latinoamericana y en el transcurso de un "ejercicio antiterrorista", que plasma la convergencia de centrifugación y centripetación imperial. Según Adam Entour, de Reuters, ese simulacro se realizó en un país ficticio, Pineland, donde Bush personalmente enfrentó a una "amenazante turba de huelguistas callejeros", quienes habían quemado dos autobuses escolares y le insultaban, mientras se arrojaban sobre un tanque destruido. Pronto, seis agrupaciones de paracaidistas fueron lanzadas desde 3 mil metros de altura, con máscaras de oxígeno, mientras un helicóptero Blackhawk y dos M-47 Chinook descargaban comandos army rangers contra los huelguistas. Desde otro helicóptero, MH-6 Little Bird, se baleaba a una muchedumbre armada con palos que coreaba al unísono: "Go home USA."

Entour detalla que Bush pudo observar cómo las fuerzas especiales arrasaban varios edificios en los que se ocultaban huelguistas, "usando explosivos y ametralladoras". Poco tiempo después, "Bush envió un mensaje al comandante, indicando que la batalla había acabado, y el silencio cayó sobre 'Pineland'". Todo un ejercicio de la Rambo-kultur que caracteriza a la presidencia imperial.

EU: gobierno en la sombra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 7 de marzo de 2002.

La semana pasada se dieron a conocer informaciones sobre mecanismos y procesos de "seguridad nacional" instaurados al calor del efecto 11/09, que inciden, de manera inquietante, sobre la fundamentación constitucional y las relaciones cívico-militares en EU. Se supo, gracias a una fuente no identificada del Pentágono, que miembros del gobierno habían elaborado un dispositivo burocrático, la Oficina de Influencia Estratégica (USOSI, por sus siglas en inglés), que estaría bajo mando del brigadier general Simon P. Worden, de la Fuerza Aérea, y entre cuyas funciones destacan, según detalla Helen Thomas, de la cadena Hearst, la diseminación de información falsa en ultramar, creando historias ficticias, encaminadas a desinformar a "terroristas", con las que se "alimentaría" a la prensa internacional; la búsqueda de formas "para ejercer coerción sobre periodistas extranjeros y formadores de opinión pública" y la elaboración de esquemas para "castigar a aquellos que están difundiendo el mensaje equivocado".

También se reveló que, con antecedentes sentados por Eisenhower, Bush había formado un "gobierno paralelo", con altos funcionarios de los ministerios, cuyo número oscila entre un mínimo de 75 y un máximo de 150, encargados de mantener el gobierno funcionando en caso de que un ataque nuclear o químico-biológico paralizara sus centros vitales en Washington, DC, permitiendo "dirigir una respuesta inmediata a la agresión". Un integrante de este gobierno en la sombra informó al Washington Post que "...sin una estructura de mando invulnerable y apartada de Washington, la destrucción de la capital sería el fin".

Es necesario contextuar estos acontecimientos, porque, en primer término, ocurren en medio del torrente de drásticas modificaciones sobre toda la estructura jurídica de los derechos civiles por medio de la Ley Patriótica (USPatriotic Act). Elaborada por Michael Chertoff, el asistente del fiscal Aschcroft, con el endoso entusiasta de Bush, ya que concentra enormes poderes en el Ejecutivo, el sector castrense y la laberíntica "comunidad de inteligencia", esa ley fue promulgada por Bush el 26 de octubre, a escasos 45 días del 11/09.

Bajo un estado de "emergencia nacional" y la indignación generada por los ataques de ántrax "de alta tecnología", dirigidos a los medios y a ciertos miembros claves del Congreso, esa legislación fue aprobada sin las audiencias públicas y los procesos deliberativos que caracterizan a la legislatura. La versión final, nos lo recuerda Paul Hoffman, abogado especializado en derechos civiles (www.aclu.org), "fue el resultado de negociaciones secretas a espaldas del público". A su sombra se creó la oficina de Defensa Patria, con pretensiones de "ampliación jurisdiccional militar" sobre Canadá y México. En segundo lugar, cabe mencionar que con la instauración de tribunales militares secretos (decreto presidencial del 13 de noviembre de 2001), Bush asumió lo que William Safire del New York Times (NYT) calificó de "poderes dictatoriales". Este decreto desestabiliza los equilibrios entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, formalizados en la Constitución, precisamente por la ausencia de autorización alguna por parte del Congreso.

Finalmente, cabe observar, como de manera persuasiva y documentada lo planteó James Petras (La Jornada, 27 de febrero, p. 32), todavía no sabemos quién o quiénes son los responsables de las "dos fases" de ataques, el efectuado el 11/09 y los posteriores ataques bioterroristas, cuyos orígenes, con toda probabilidad, según el director de la FBI, son "domésticos", por lo que cabe retomar algunas características que, histórica y contemporáneamente, han caracterizado las operaciones ya sea de la ultraderecha o de la "comunidad de inteligencia". Me refiero, por ejemplo -y éste es uno entre varios casos históricos- a la serie de eventos creados y manipulaciones del aparato de inteligencia que llevaron al Congreso a promulgar la Resolución del Golfo de Tonkin, que otorgó al Ejecutivo "amplios poderes de guerra", resultado de "ataques no provocados", presumiblemente realizados por botes torpedo de Vietnam del Norte el 2 de agosto de 1964. Como lo he apuntado en otra oportunidad (Memoria, diciembre 2001) a lo largo de los cuatro años que siguieron apareció documentación que mostraba que el ataque había sido provocado por el propio ejército de EU que realizaba operaciones de sabotaje e incursiones contra Vietnam del Norte. Los documentos del Pentágono, consistentes en miles de informes y comunicaciones altamente secretas filtrados por Daniel Ellsberg y publicados por el NYT, mostraron que todo había sido un hábil montaje -un esquema encubierto u operación negra, conocida como OPLAN-34-, una suerte de golpe técnico realizado por los equipos de operadores del vasto sistema de inteligencia de esa nación, encaminado a manipular al Congreso con el fin de que otorgara poderes de excepción al presidente Johnson y justificar ante la opinión pública nacional e internacional la intensificación de la guerra y sorprendentes aumentos de tropa, equipo y presupuestos para las tres armas y los servicios de inteligencia.

Según el teniente Fletcher Prouty, las operaciones negras se han realizado con cierta frecuencia en EU, por lo que existen antecedentes, incluyendo la forma en que se manejó la información clasificada antes del ataque a Pearl Harbor, o en el Golfo de Tonkin, que obligan a ampliar la gama de hipótesis en torno a este grave asunto.