La cambiante relación Washington-Caracas

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México 18 de abril de 2002.

Los intereses empresariales y las necesidades geoestratégicas están por encima de los compromisos del gobierno de Bush en torno a la vigencia del estado de derecho y de los principios y procedimientos democráticos en el hemisferio.

Conforme pasaron las horas desde que abortó el complot empresarial, mediático y militar, se acumularon las evidencias y se comprobaron las pistas sobre la participación del aparato de seguridad de Estados Unidos en el intento golpista del 11 de abril en Venezuela. Para Bush el fiasco ha sido mayor, dentro y fuera de su país. El problema se complica porque las políticas económicas impulsadas por Estados Unidos desde el FMI-BM y BID, llegaron a los límites de la tolerancia político-social.

Después de décadas de aplicar recetarios que sólo pueden calificarse como una brutal guerra de clase, se observan respuestas populares que se extienden desde Buenos Aires hasta Chiapas, así como expresiones concretas y efectivas de construcción social de alternativas en Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil. La pregunta que surge, inmediatamente es: ¿cuáles son los factores que han impulsado al gobierno de Bush a tomar estos y otros riesgos en el plano regional y global?

La respuesta es necesariamente multifactorial. Pero no cabe duda de que una de las consideraciones mayores giran en torno a los problemas empresariales y geoestratégicos que se derivan de la creciente dependencia estadunidense de los suministros petroleros del exterior y que actualmente representan entre 60 y 65 por ciento del consumo total, mientras su reserva petrolera continúa desplomándose de manera acelerada.

Venezuela, junto con México, posee una de las principales reservas de petróleo convencional -y no convencional- del hemisferio y esto, en gran medida, explica el gran despliegue de todo tipo de instrumentos -económico-comerciales, políticos y militares-, realizado por Estados Unidos en las últimas décadas para acrecentar su impacto en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental como de las empresas involucradas: PDVSA y Pemex.

En nuestro caso es notable la docilidad y complicidad gubernamental para aceptar e implementar las políticas de privatización de facto de Pemex, al margen de la normatividad constitucional vigente . Desde De la Madrid a Fox ha sido persistente el sometimiento a los lineamientos del Banco Mundial, por ejemplo, en materia de petroquímica, de explotación y, más grave aún, de una ''reorganización administrativa'' orientada al desmembramiento operativo como paso previo a la privatización de la empresa.

En el caso venezolano se observa un intento del gobierno de Chávez por frenar la penetración estadunidense en el proceso de toma de decisiones, de asumir el control y dirección de la estrategia económica y con ello del destino y uso de la principal reserva petrolera del hemisferio, así como de la conducción de PDVSA. No es cosa de poca monta. Se trata de una de las empresas petroleras más importantes del mundo que el chavismo se ha atrevido a tratar de conducir dentro de parámetros orientados por el interés público nacional.

La implicación de la Casa Blanca en el esquema golpista indica un alto grado de preocupación por las medidas adoptadas por Chávez. Bush empezó a mover las fichas de manera urgente. El 25 de febrero nombró embajador en Venezuela a Charles S. Shapiro, conocido operador de inteligencia y hasta hace poco director de Asuntos Cubanos en el Departamento de Estado. Pocas semanas antes de la intentona golpista, un vocero del FMI hizo de conocimiento público que esa institución estaría dispuesta trabajar y colaborar con cualquier gobierno ''alternativo'' en Venezuela. Un reflejo inequívoco de la creciente irritación de la Casa Blanca con la política petrolera y exterior del chavismo.

Por esos días el secretario de Estado Powell se quejó ante el Congreso estadunidense de que el mandatario venezolano visitaba países ''extraños'' -Cuba e Irak-, a lo que la cancillería replicó que Venezuela es una nación soberana y no acostumbraba pedir permiso para actuar. La visita de Chávez a Bagdad en agosto de 2000 fue la primera realizada por un jefe de Estado a Irak desde la Guerra del Golfo en 1991, para invitar a Sadam Hussein a la cumbre de la OPEP en la que la coalición de exportadores tomó decisiones firmes en torno a la defensa de los precios del crudo.

La adhesión e impulso de Venezuela a los lineamientos de la OPEP en este renglón, su participación en el abasto de crudo a Cuba y su rechazo al uso del ''terror para combatir al terror'' -clara alusión a la postura de Bush en la materia-, habían exasperado a la Casa Blanca y a la derecha legislativa. Cuando el senador Jesse Helms, de Carolina del Norte, uno de los legisladores más preocupados por el nacionalismo petrolero venezolano, recibió la noticia de ''la renuncia'' de Chávez, exclamó que era ''una bendición y la voluntad del pueblo''. Luego recomendó que ''el gobierno de transición'' debía ''preparar a la brevedad posible una nueva elección nacional'', una línea de desacato constitucional que fue refrendada por la Casa Blanca, aprobada por el Pentágono e impulsada por el Departamento de Estado, y posteriormente coreada por varios presidentes latinoamericanos, entre ellos los ''demócratas'' Cardozo de Brasil y Rodríguez de Costa Rica.

Euro y fricciones transatlánticas

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 4 de abril de 2002.

Al reflexionar sobre la creciente militarización y unilateralidad que caracterizan a la política exterior del gobierno de Bush, Jorge Beinstein, de la Universidad de Buenos Aires, comentaba hace unas semanas que hecho el análisis desde una perspectiva que contemple tanto las fortalezas como las contradicciones del capital, en verdad "Estados Unidos está enfrentando situaciones que se le escapan de las manos y trata de resolverlas por la fuerza" (Granma, 15/02/02).

La necesidad permanente de intervenir sin ofrecer soluciones factibles, si bien evidencia como objetivo el control militar del planeta, especialmente de aquellas zonas con recursos naturales estratégicos -petróleo, gas natural, agua dulce, biodiversidad, minerales-, no es un indicativo de fuerza, sino de debilidad al acentuarse las vulnerabilidades propias de lo que Paul Kennedy advirtió como característica de las grandes crisis de sucesión hegemónica: la sobre-extensión imperial, caracterizada por una creciente brecha entre las capacidades económicas endógenas y la multiplicación de compromisos geopolíticos en todos los continentes.

Este proceso ocurre en estrecha relación con una crisis estructural que se viene observando desde principios de los años setenta del siglo pasado y que ya se manifiesta en la conformación de bloques económicos, con manifestaciones de orden mayor en varios rubros, pero de manera prominente en la transformación de la estructura de poder del sistema monetario internacional. Es un hecho que las instituciones económicas utilizadas como instrumentos de proyección de poder de los acreedores -FMI-BM-BID y OMC- experimentan una creciente erosión gestada al calor de las fuerzas centrífugas, que ahora ya no emanan exclusivamente desde Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y Asia, con China, Japón e India a la cabeza. El potencial para dividir la economía global en zonas monetarias se está concretando con enormes repercusiones, que para Washington son de particular importancia porque, después de todo, se trata de la presencia de retadores hegemónicos en el área monetaria, que ha sido y es crucial para la pax americana.

El ex banquero de Wall Street, consejero de presidentes y actual profesor universitario Jeffrey E. Garten, en un libro publicado en 1992 (A Cold Peace), dedicado al estudio de la lucha por la supremacía entre Estados Unidos, Japón y Alemania, recordaba que el primero derivó grandes beneficios por contar con la moneda más fuerte en el campo internacional. Podía imprimir dólares sin mayor disciplina en cuanto a los montos, ya que se partía de la premisa de que todo mundo deseaba esa moneda. Hoy los inversionistas tienen otra opinión. Podía, además, endeudarse en su propia moneda, y consecuentemente no preocuparse porque las tasas de interés incidieran en mayores costos en el servicio de la deuda externa, privilegio de enormes consecuencias, especialmente cuando, como ocurrió durante el gobierno de Reagan, se observan inusitados aumentos en el gasto público por la vía del parasitario sector militar.

El monopolio monetario permitió transferir a otros parte de los costos. También Estados Unidos obtuvo grandes beneficios políticos, ya que, como indica Garten, "el dólar representó algo más que una moneda: fue el símbolo del poderío estadunidense". El grado en que esas ventajas se verían mermadas hoy depende en gran medida del éxito de monedas como el euro, algo íntimamente vinculado con las contradicciones que está generando la unilateralidad militarista de Bush, por ejemplo en la relación entre la Unión Europea y Rusia, nación incorporada de nueva cuenta por el Pentágono a la lista de blancos potenciales de ataque nuclear.

Rusia realiza 80 por ciento de sus transacciones de comercio exterior en dólares, pero mientras su intercambio comercial con la UE es 40 por ciento del total, sólo 8 por ciento se realiza con Estados Unidos. Como indica una nota publicada por Brecha (1/02/02), para el exportador ruso operar en euros es atractivo porque evita cambios de divisa, lo que ciertamente tenderá a impactar el comercio mundial de materias primas estratégicas. Considérese que ya la mitad de las exportaciones de gas ruso del consorcio Gazprom -25 por ciento de las reservas mundiales- se realiza en euros y algo parecido pasa con la madera. Una Rusia sistemáticamente agredida por Washington, fácilmente puede fungir como caballo de Troya para introducir el euro en el mercado petrolero. Como advertía Fabián Estapé en el diario barcelonés La Vanguardia al discutir la viabilidad del euro: "el día que la compra y venta de petróleo se haga en euros, creeré en el euro". Es cierto que la relación estratégica entre Rusia y la UE es mucho más compleja que la derivada del comercio de materias primas estratégicas, pero uno de sus elementos básicos se centraría en el hecho de que, como apuntan los analistas de Brecha, abrir un boquete que desplace al dólar en asuntos energéticos es algo serio y cargado de implicaciones para el imperio mundial del dólar. "Rusia tiene reservas en dólares por 40 mil millones de dólares, China por 166 mil mdd y Japón por 350 mil mdd. Ese dinero es como un crédito sin interés para la economía estadunidense, que se perdería y crearía graves problemas en caso de una emigración significativa hacia el euro. El uso del euro en el comercio energético entre Rusia y la UE podría ser el principio de tal emigración... Rusia podría ser la gran oportunidad del euro".

Las contradicciones que genera el belicismo bushiano son mucho más extensas, ya que estados estigmatizados por la diplomacia estadunidense: Irak, Irán y Libia, entre otros -y crecientemente la Venezuela de Chávez-, bien podrían seguir el ejemplo de Gazprom. Agréguese a esto la profunda desestabilización de Medio Oriente, a consecuencia de la masacre de corte neohitleriano perpetrada por Sharon -con el aval de Bush- contra los palestinos, y se tendrá una aproximación del polvorín planetario que está gestando la ultraderecha instalada desde el 11/09 en los altos mandos político-militares de la presidencia imperial.

La presidencia imperial en Monterrey

John Saxe-Fernàndez
La Jornada.
México, 21 de marzo de 2002.

El espectáculo con visos de farsa y tragedia que se difunde urbe et orbi desde Monterrey, a raíz de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo, convocada por la ONU y con la participación de FMI, BM y BID -principales instrumentos de Estado y de clase para la proyección de poder de los acreedores encabezados por Estados Unidos-, debe ser interpretado, no tanto bajo la rúbrica de la "globalización", sino de lo que sigue siendo, según W. Tabb, el problema de fondo: "el poder y las contradicciones del capital".

La experiencia de Estados Unidos, después de la guerra civil y hasta nuestros días, muestra que el modelo capitalista que se proyecta nacional e internacionalmente opera bajo el impulso de la depredación, afectando profundamente las bases de la estabilidad social. En Monterrey se impuso la presencia y postura librecambista y de proteccionismo a ultranza a favor de la inversión extranjera directa de Bush. Su escamoteo a cualquier incremento de las migajas que se destinan para el desarrollo de la periferia, sometida como nunca antes a la explotación de sus recursos humanos y naturales, contrasta con la realidad.

Una investigación que realicé con Omar Núñez, publicada en Globalización, imperialismo y clase social (Lumen-Hvmanitas, 2001), muestra que entre 1976 y 1997 América Latina realizó una transferencia de excedentes a favor de los países ricos -por concepto de servicio de la deuda, transferencias unilaterales, fugas de capitales, utilidades netas remitidas de inversión directa, términos de intercambio, errores y omisiones-, conservadoramente estimada en 2 billones 51 mil 619.1 millones de dólares, deflactados al PIB 1990 de Estados Unidos. Ello encarna el enlazamiento y profundización de las desestabilizantes fuerzas de centrifugación capitalista, por la vía de los programas privatizadores y de ajuste estructural, con la correspondiente tendencia a la centripetación y proyección del poderío policiaco militar del Poder Ejecutivo, que caracteriza a lo que en la historiografía de Estados Unidos se conoce como la "presidencia imperial", término que no tiene nada que ver con el uso que algunos le han asignado en México para referirse a lo que en rigor ha sido una anacrónica autocracia presidencial.

Hoy, como antaño, la "presidencia imperial", por medio del FMI-BM-BID y, tristemente, de la ONU, está dedicada a fomentar, ampliar y proteger el interés privado nacional de Estados Unidos, a sus inversionistas y sus exportadores, así como los de sus "socios-competidores", en Europa y Asia.

El contraste entre las consecuencias prácticas de esta forma de organización de la economía con las proclamas a favor del orden y la estabilidad que acompañan el discurso de la política exterior de Washington constituye, sin duda, uno de los fenómenos históricos cuya relevancia, en especial para los países al sur del Bravo, es de lo más significativo.

La interrelación de la expansión capitalista (centrifugación) y la centralización, así como el uso del poder policiaco-militar presidencial, utilizado para restablecer el orden desestabilizado por el mismo accionar capitalista, se acentuó al calor de los acontecimientos del 11/09/2001, al punto de que conocidos editorialistas de Estados Unidos mencionan "los poderes dictatoriales" que se autoconfirió Bush con la excusa de la "guerra contra el terrorismo". No necesito detallar los efectos del modelo vigente sobre nuestro tejido social, porque a lo largo de los últimos años Julio Bolvitnik le ha ofrecido al público estudios rigurosos y estremecedores sobre la enorme capacidad y éxito del "modelo" para generar pobreza y desigualdad.

La frustración y polarización acicatean la explosividad sociopolítica y militar. La vigencia de los parámetros históricos de la presidencia imperial se evidencia a diario. Por ejemplo, mientras el embajador de Estados Unidos ante la ONU, John D. Negroponte -de ingrata memoria para los hondureños por su involucramiento con grupos paramilitares de ultraderecha-, exaltaba los 5 mil millones de dólares (mmdd) que Estados Unidos destina al "desarrollo", así como el paquete ya pactado del Consenso de Monterrey (más del mismo y peligroso recetario que explotó en Argentina), en Washington se informaba que el presupuesto militar para 2003 ascenderá a 379 mmdd -un aumento de 48 mmdd-, sin incluir los fondos destinados al sector militar del Departamento de Energía ni los impactantes gastos del rubro de pensiones castrenses derivadas de guerras pasadas, presentes y futuras, contabilizadas como "gasto social".

Antes de su visita a Monterrey -de paso a El Salvador y Perú- Bush hizo un llamado al Congreso para aprobar las erogaciones para la "guerra ampliada contra el terrorismo". Lo hizo desde Fort Bragg, uno de los centros de adiestramiento de la oficialidad latinoamericana y en el transcurso de un "ejercicio antiterrorista", que plasma la convergencia de centrifugación y centripetación imperial. Según Adam Entour, de Reuters, ese simulacro se realizó en un país ficticio, Pineland, donde Bush personalmente enfrentó a una "amenazante turba de huelguistas callejeros", quienes habían quemado dos autobuses escolares y le insultaban, mientras se arrojaban sobre un tanque destruido. Pronto, seis agrupaciones de paracaidistas fueron lanzadas desde 3 mil metros de altura, con máscaras de oxígeno, mientras un helicóptero Blackhawk y dos M-47 Chinook descargaban comandos army rangers contra los huelguistas. Desde otro helicóptero, MH-6 Little Bird, se baleaba a una muchedumbre armada con palos que coreaba al unísono: "Go home USA."

Entour detalla que Bush pudo observar cómo las fuerzas especiales arrasaban varios edificios en los que se ocultaban huelguistas, "usando explosivos y ametralladoras". Poco tiempo después, "Bush envió un mensaje al comandante, indicando que la batalla había acabado, y el silencio cayó sobre 'Pineland'". Todo un ejercicio de la Rambo-kultur que caracteriza a la presidencia imperial.

EU: gobierno en la sombra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 7 de marzo de 2002.

La semana pasada se dieron a conocer informaciones sobre mecanismos y procesos de "seguridad nacional" instaurados al calor del efecto 11/09, que inciden, de manera inquietante, sobre la fundamentación constitucional y las relaciones cívico-militares en EU. Se supo, gracias a una fuente no identificada del Pentágono, que miembros del gobierno habían elaborado un dispositivo burocrático, la Oficina de Influencia Estratégica (USOSI, por sus siglas en inglés), que estaría bajo mando del brigadier general Simon P. Worden, de la Fuerza Aérea, y entre cuyas funciones destacan, según detalla Helen Thomas, de la cadena Hearst, la diseminación de información falsa en ultramar, creando historias ficticias, encaminadas a desinformar a "terroristas", con las que se "alimentaría" a la prensa internacional; la búsqueda de formas "para ejercer coerción sobre periodistas extranjeros y formadores de opinión pública" y la elaboración de esquemas para "castigar a aquellos que están difundiendo el mensaje equivocado".

También se reveló que, con antecedentes sentados por Eisenhower, Bush había formado un "gobierno paralelo", con altos funcionarios de los ministerios, cuyo número oscila entre un mínimo de 75 y un máximo de 150, encargados de mantener el gobierno funcionando en caso de que un ataque nuclear o químico-biológico paralizara sus centros vitales en Washington, DC, permitiendo "dirigir una respuesta inmediata a la agresión". Un integrante de este gobierno en la sombra informó al Washington Post que "...sin una estructura de mando invulnerable y apartada de Washington, la destrucción de la capital sería el fin".

Es necesario contextuar estos acontecimientos, porque, en primer término, ocurren en medio del torrente de drásticas modificaciones sobre toda la estructura jurídica de los derechos civiles por medio de la Ley Patriótica (USPatriotic Act). Elaborada por Michael Chertoff, el asistente del fiscal Aschcroft, con el endoso entusiasta de Bush, ya que concentra enormes poderes en el Ejecutivo, el sector castrense y la laberíntica "comunidad de inteligencia", esa ley fue promulgada por Bush el 26 de octubre, a escasos 45 días del 11/09.

Bajo un estado de "emergencia nacional" y la indignación generada por los ataques de ántrax "de alta tecnología", dirigidos a los medios y a ciertos miembros claves del Congreso, esa legislación fue aprobada sin las audiencias públicas y los procesos deliberativos que caracterizan a la legislatura. La versión final, nos lo recuerda Paul Hoffman, abogado especializado en derechos civiles (www.aclu.org), "fue el resultado de negociaciones secretas a espaldas del público". A su sombra se creó la oficina de Defensa Patria, con pretensiones de "ampliación jurisdiccional militar" sobre Canadá y México. En segundo lugar, cabe mencionar que con la instauración de tribunales militares secretos (decreto presidencial del 13 de noviembre de 2001), Bush asumió lo que William Safire del New York Times (NYT) calificó de "poderes dictatoriales". Este decreto desestabiliza los equilibrios entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, formalizados en la Constitución, precisamente por la ausencia de autorización alguna por parte del Congreso.

Finalmente, cabe observar, como de manera persuasiva y documentada lo planteó James Petras (La Jornada, 27 de febrero, p. 32), todavía no sabemos quién o quiénes son los responsables de las "dos fases" de ataques, el efectuado el 11/09 y los posteriores ataques bioterroristas, cuyos orígenes, con toda probabilidad, según el director de la FBI, son "domésticos", por lo que cabe retomar algunas características que, histórica y contemporáneamente, han caracterizado las operaciones ya sea de la ultraderecha o de la "comunidad de inteligencia". Me refiero, por ejemplo -y éste es uno entre varios casos históricos- a la serie de eventos creados y manipulaciones del aparato de inteligencia que llevaron al Congreso a promulgar la Resolución del Golfo de Tonkin, que otorgó al Ejecutivo "amplios poderes de guerra", resultado de "ataques no provocados", presumiblemente realizados por botes torpedo de Vietnam del Norte el 2 de agosto de 1964. Como lo he apuntado en otra oportunidad (Memoria, diciembre 2001) a lo largo de los cuatro años que siguieron apareció documentación que mostraba que el ataque había sido provocado por el propio ejército de EU que realizaba operaciones de sabotaje e incursiones contra Vietnam del Norte. Los documentos del Pentágono, consistentes en miles de informes y comunicaciones altamente secretas filtrados por Daniel Ellsberg y publicados por el NYT, mostraron que todo había sido un hábil montaje -un esquema encubierto u operación negra, conocida como OPLAN-34-, una suerte de golpe técnico realizado por los equipos de operadores del vasto sistema de inteligencia de esa nación, encaminado a manipular al Congreso con el fin de que otorgara poderes de excepción al presidente Johnson y justificar ante la opinión pública nacional e internacional la intensificación de la guerra y sorprendentes aumentos de tropa, equipo y presupuestos para las tres armas y los servicios de inteligencia.

Según el teniente Fletcher Prouty, las operaciones negras se han realizado con cierta frecuencia en EU, por lo que existen antecedentes, incluyendo la forma en que se manejó la información clasificada antes del ataque a Pearl Harbor, o en el Golfo de Tonkin, que obligan a ampliar la gama de hipótesis en torno a este grave asunto.

Economía y declaratoria de guerra

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 21 de febrero de 2002.

Un individuo o una organización criminal o terrorista no puede declarar una guerra. El ataque terrorista contra EU fue eso, un ataque terrorista, en una escala nunca vista, pero no fue una declaración de guerra en el sentido estricto y formal. Si la hipótesis del gobierno es correcta y Bin Laden es el culpable de los ataques terroristas en su "primera fase", (recuérdese que los ataques con ántrax de alta tecnología fueron llamados por George Bush "la fase dos", y que, además, todavía no se sabe exactamente qué pasó y cómo se vinculan esas dos fases), uno de los problemas para el gobierno estadunidense se deriva del hecho de que un individuo, que no es líder de un Estado soberano, no puede declarar la guerra. Peor aún, la respuesta de un Estado a un individuo no puede ser tampoco una declaración de guerra.

Esto, al menos, es lo que ha venido argumentando una fracción de la clase empresarial primermundista -de EU y de Europa-, que considera que con ello se ha ocasionado grave daño a una economía internacional que ya estaba amenazada por el estupor deflacionario. La desaceleración ya estaba ahí. También la crisis estructural desde los setenta, por lo que es necesario determinar los impactos económicos del 11/09.

Dos meses después del evento, fuentes empresariales estimaban que sólo el valor accionario del mundo había caído 25 por ciento, argumentando que ello se debió a que los ataques en sus dos fases fueron aprovechados políticamente por la Casa Blanca por medio de una declaratoria de guerra, formal y operativamente inadmisible, ya que Bush colocó a EU en estado de guerra contra nadie en particular y contra cualquiera en general. De ahí que su equipo recurra a la retórica del "eje del mal", esforzándose por establecer alguna conexión entre los "terroristas" y los Estados que tiempo atrás el Pentágono colocó en la lista de "potencialmente enemigos". Como expresó Tom Rubyton, editor de Eurobusiness (noviembre, 2001): "...ahora Bush tendrá que gastar miles de millones de dólares para evitar que la economía de EU y la del mundo entren en una dinámica similar a la de 1929. Esos gastos harán palidecer las pérdidas megamillonarias de las aseguradoras. Es su culpa por transformar un problema de largo alcance en algo todavía peor".

Esa fuente indica que las compañías de seguros enfrentaron pérdidas por 50 mil millones de dólares (mmdd), en pagos a víctimas y empresas afectadas, nada comparado con los 250 mmdd de valor perdido en sus inversiones, ocurrido exactamente a la semana siguiente del evento. El malestar del sector empresarial que está desvinculado del complejo militar-industrial, se expresa de manera discreta -ante el furor "patriótico" que se generó-, pero existe.
En la mencionada revista se editorializa que "Bush le ha infligido más daño a EU que Osama Bin Laden. Su reacción, cerrando EU, fue la acción de política exterior más estúpida desde que Chamberlain visitó Munich" (literal: ...the most stupid piece of statesmanship since Chamberlain went to Munich).

Estas fuentes estiman que sólo para revitalizar la economía estadunidense se necesitarán entre 300 y 400 mmdd adicionales. El cálculo parece demasiado optimista, ya que no hay colchón para bajar más las tasas de interés y la de EU es una economía vinculada a un entorno internacional en crisis, primero, por la simultaneidad de la desaceleración europea y de la prolongada crisis deflacionaria japonesa, pero también porque el FMI y el Banco Mundial han impulsado a lo largo y ancho del tercer mundo, y en particular en nuestra región, radicales programas "procíclicos", que han desatado una verdadera guerra de clase contra el salario durante dos décadas y persisten en su empeño por hacer añicos los mercados nacionales y el aparato productivo. Son los mismos esquemas que llevan a Argentina al colapso económico y político, y que afectan gravemente a todos los países de la región.

Es necesario determinar los costos para la economía de EU y la economía mundial de la desproporcionada reacción que estamos presenciando por parte del gobierno de Bush. El aumento en el gasto militar propuesto para 2003, 45.5 mmdd, alimentará el derroche de un sector bélico-industrial que opera bajo el principio de la maximización de ganancias por la vía de la maximización -y no de la minimización- de los costos. Para 2007 el total acumulado del gasto bélico ascendería a 2.1 billones. Son "incentivos" altamente inflacionarios que, además, ya inciden en la generación, por primera vez en cuatro años, de un déficit fiscal oficialmente estimado en 106 mmdd, mismo que tenderá a incrementar las tasas de interés, por lo que existe escepticismo en cuanto al grado en que reactivarán la economía de EU y la del mundo. Lo que está en entredicho no es un modelo, sino el sistema.

Fuentes empresariales, críticas de las medidas adoptadas por Bush, perciben este predicamento así: "Después de que un boeing 747 fue derribado en Lockerbie, Escocia, por una bomba no se declaró la guerra contra Libia. Se buscaron a los terroristas. De igual manera Bush debió haber modificado su respuesta para capturar a los culpables y acabar con el terrorismo. Y lo que hizo fue movilizar a ejércitos enteros en el mundo... La forma en que Bush está castigando a los presuntos culpables desestabilizará la economía mundial de manera desproporcionada, y todo para lograr la satisfacción de la venganza. Ello incluso podría resultar fatal al capitalismo, como lo conocemos".

EU: el efecto 11/09 en perspectiva

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 5 de febrero de 2002

El informe anual de Bush, presentado el 29 de enero, no dejó la menor duda de que el equipo que ocupa la Casa Blanca intensificará la cosecha de ventajas derivadas de la transformación que experimenta la ecuación política de esa nación a raíz de los trágicos sucesos del 11/09. En sólo cuatro meses Bush transitó de una endeble posición derivada de las irregularidades electorales que plagaron los comicios presidenciales, y de una actuación mediocre durante los primeros nueve meses de su mandato, a la del presidente con mayor respaldo de la opinión pública en el primer año de su gestión (83 por ciento según encuestas) registrado en los anales históricos de Estados Unidos, todo gracias al efecto 11/09.

Desde la televisión el "informe" ofreció una confirmación visual y dramatizada -gracias al "teleprompter presidencial", aparato que permite la lectura del texto desde varios ángulos- de la percepción que en octubre había ofrecido Norman Birnbaum en su Carta desde Washington, sobre la metamorfosis que se gestó en las Torres Gemelas: "prácticamente no hay oposición. Es como si, en vez de ciudadanos, fuéramos miembros de una iglesia, con el presidente como supremo pontífice, sin más teología que la sacralización de la nación, ninguna escatología que prediga otra cosa que el presente y ninguna jerarquía más que las instituciones visibles del poder y la riqueza en la sociedad. En esta fusión de pasado, presente y un futuro interminable, política y religión, Estado y nación, no sólo la disidencia y las perturbaciones son mal recibidas: se consideran, por principio, antinaturales". (Claves de razón práctica, No. 117, noviembre, 2001.) Cuando Birnbaum escribía estas reflexiones, el natural desvanecimiento del efecto 11/09 sobre la opinión pública fue neutralizado por ataques bioterroristas selectivos, con ántrax de alta tecnología, que Bush llamó "la fase dos" de las agresiones terroristas, pero cuya fuente doméstica pronto desplazó la versión oficial sobre su origen "islámico" y se consolidó como la principal hipótesis de organismos de seguridad como la FBI. El probable involucramiento de fuerzas domésticas -digamos de corte ultraderechista o internas del aparato de Estado- resulta una hipótesis razonable si se tiene presente la catástrofe de Oklahoma. Genady Onishchenko, viceministro de Salud de Rusia, junto con altos funcionarios de la Defensa, negaron categóricamente que las esporas con ántrax pudieran haberse originado en ese país. Genady dijo estar seguro "de que se prepararon en territorio estadunidense". Robert Mueller, director de la FBI, admitió la posibilidad de que los operativos bioterroristas "tengan origen en EU", aunque precisó que no descarta ninguna posibilidad, incluyendo un escenario tipo "Oswald", el improbable asesino de JFK. Públicamente la FBI menciona al "microbiólogo solitario". Datos publicados el 22 de diciembre por The Miami Herald indican que el ántrax usado proviene de una cepa muy virulenta conocida como "ames", desarrollada secretamente por el Ejército en una instalación localizada en el desierto de Utah, el Campo de Pruebas Dugway, y que fue almacenada por el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de Estados Unidos en Fort Detrick, Maryland, y enviada a otros centros con propósitos de investigación, entre ellos, el Battelle Memorial Institute, de Columbus, Ohio, importante contratista del Departamento de Defensa en la investigación y desarrollo de armas biológicas y de antídotos-vacunas.

Los más conspicuos beneficiarios de los acontecimientos que cimbraron a esa nación y al mundo -el presidente, el Partido Republicano en clave de ultraderecha fundamentalista, el aparato bélico-industrial y la llamada "comunidad de inteligencia"- muestran una no disimulada intención de mantener durante el mayor tiempo posible el efecto 11/09 que tanto les favorece. "Nuestra guerra contra el terrorismo apenas ampieza", declaró Bush, y la palabra "guerra" fue la más utilizada en un informe que nunca mencionó la existencia de investigación alguna sobre lo que, prima facie, es una falla monumental e histórica del aparato de seguridad. El problema es que esta no es una "guerra" con acontecimientos bélicos diarios como los observados en otras contiendas. Su acción es difusa y el enemigo invisible, mientras los acontecimientos en otros órdenes se colocan en el centro de la atención pública, como ocurre hoy con la debacle de Enron, que por su impacto puede calificarse como la versión económica del 11/09. La reflexión de Birnbaum es una instantánea del poder del capital, pero ocurre en un torrente de contradicciones, algunas inherentes a su funcionamiento. En un artículo de primera plana el Wall Street Journal sintetizó el asunto así: "El escándalo Enron amenaza con erosionar el gusto del país por los mercados desregulados y libres, mismos que se fortalecieron durante los diez años de auge económico que ahora está terminando". Como sugiere Porto Alegre, los días de la desregulación y del globalismo jactancioso están terminando. También es posible que, consecuencia de la crisis estructural que se vive desde los setenta, estemos en medio de una creciente incontrolabilidad del sistema -signada por la unilateralidad bushiana-, y de la activación de los límites absolutos del capital.

Unilateralidad y crisis hegemónica

John Saxe-Fernández
La Jornada.
México, 22 de enero de 2002.

Aunque la tendencia se observa desde hace varias décadas y se agudiza en los años noventa del siglo pasado, es durante el gobierno de George W. Bush que se percibe de manera más contundente la consolidación de la unilateralidad y el uso de una diplomacia de fuerza como característica dominante de la política exterior de Estados Unidos. Las ramificaciones de este cambio, así como sus fundamentos causales y consecuencias político-estratégicas, son amplias y complejas. La frecuente utilización de instrumentos militares y de inteligencia es uno de sus derivados, por lo que es necesario prestar atención a los cambios en las relaciones cívico-militares del sistema político de Estados Unidos, tema que adquiere peso después de los atentados de septiembre pasado, con repercusiones internas de orden constitucional relacionado con los derechos y libertades civiles y los equilibrios entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Su impacto en las relaciones hemisféricas y globales es considerable.

Este gobierno republicano, de corte ultraderechista, abandona de manera radical dos pilares de la estrategia de la pax americana, utilizados después de la Segunda Guerra Mundial: uno, la diplomacia basada en el uso preponderante de instrumentos multilaterales, como la ONU, hegemonizados por las cinco naciones vencedoras, lideradas por Estados Unidos; y el otro, la "civilidad estratégica" en torno a las otras potencias poseedoras de armamento termonuclear y de cohetería balística intercontinental, centrada en el Tratado Antibalístico de 1972 (ABM), en las convenciones sobre armamento químico y biológico y en la disuasión; es decir, en la balanza de terror fundada en la credibilidad tecnológica de las capacidades mutuas de respuesta aniquilatoria en caso de un primer ataque sorpresivo.

Desde una perspectiva histórica, estos cambios dramáticos son síntomas de una crisis estructural que se desencadena desde la década de 1970, y que por ahora y en primera instancia me atrevería a categorizar como una "crisis de sucesión hegemónica". Ello significa, primero, que aunque tengamos hegemón para rato, existen retadores actuales o potenciales con suficiente sustancia económico-monetaria, política y bélico-industrial; segundo, que se trata de procesos cuyo desenvolvimiento histórico es muy extenso. La transición de la pax británica, después de Waterloo, a la pax americana después de la Segunda Guerra Mundial, tomó más: 120 años. Y tercero, que, como lo muestra la historia del periodo posrenacentista, la guerra entre las potencias ha sido el árbitro último de todas y cada una de las sucesiones hegemónicas, lo que significa reflexionar sobre este proceso en un mundo en el cual existen armamentos de destrucción masiva en un estado de proliferación, así como vastas estructuras balísticas capaces de alcanzar con este tipo de armamento cualquier rincón de la Tierra en lapsos que oscilan entre ocho y 25 minutos. Un medio ambiente en el que, como advirtió el Defense Board desde 1998 ante el Departamento de Defensa (DD), la adopción de estrategias no convencionales fácilmente puede neutralizar las asimetrías tecnológicas y de poder. En septiembre pasado se confirmó ese diagnóstico: es un mundo en el que todos estamos al alcance de todos.

El uso de la fuerza y de la unilateralidad del gobierno de Bush están ampliamente establecidos. La acumulación de operaciones en esta dirección es un signo ominoso de lo que sigue: el retiro del Protocolo de Kyoto; la decisión de apuntalar a la industria aeroespacial por medio de la promoción y construcción de un sistema nacional antibalístico, con el consiguiente abandono del ABM; el boicot contra la Convención de Armas Químicas y Biológicas efectuada a principios de diciembre de 2001; el bombardeo contra Afganistán, al margen del derecho internacional, y el rechazo a la Corte Penal Internacional. En lugar de establecer un espacio universal para tratar crímenes de guerra y contra la humanidad, englobando al terrorismo, incluso cuando éste es parte de una política de Estado, Bush asume poderes dictatoriales por la vía de un decreto que instaura tribunales militares secretos con una autoconferida autorización de operar unilateralmente de manera extraterritorial. Los primeros indicios documentales y oficiales de que esa unilateralidad y abandono de la civilidad estratégica están vinculados a la mencionada crisis de sucesión hegemónica aparecieron a principios de 1992, cuando el New York Times publicó en la primera página de su edición del 8 de marzo un documento del DD, por aquel entonces a cargo de Dick Cheney, el actual vicepresidente, y de Paul D. Wolfowitz, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Política del Pentágono. Según el DD, el meollo de la estrategia después del colapso de la URSS consiste en "asegurarse de que no se permita el surgimiento de otra superpotencia rival en Europa occidental, en Asia o en el territorio de la ex URSS". El gobierno de Bush padre en varias ocasiones informó al público su disposición para funcionar en el marco de instancias multilaterales, la ONU y los organismos internacionales de comercio entre ellas, "pero se reservaba la opción de actuar unilateralmente o bien por medio de coaliciones selectivas... para proteger los intereses vitales de Estados Unidos".